Sentencia 39357 de febrero 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39.357

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta Nº 4

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Previo al estudio de las pruebas que la recurrente indica como erróneamente apreciadas y dejadas de apreciar, como al tener que resolver el cuestionamiento jurídico que hace al fallo del tribunal, es del caso recordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Al respecto, resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, inédita, que fue ratificado por la Sala, entre otras, en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Rad. 11.111).

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

“Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

‘La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho’”.

Así las cosas, es del caso también recordar que, como está claramente enunciado en el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y lo ha explicado reiteradamente la jurisprudencia del trabajo, el fin de la casación no tiene por objeto volver a juzgar el litigio que enfrentó a las partes, sino establecer, si el recurrente sabe plantear el recurso, si la sentencia se dictó conforme a la ley.

Corresponde es a los juzgadores de instancia la facultad de establecer el supuesto de hecho al que debe aplicarse la ley, y de allí que el mentado artículo 61 del Código Procesal Laboral les haya otorgado la facultad de apreciar libremente las pruebas, lo que hace que resulte inmodificable la valoración probatoria del tribunal mientras ella no lo lleve a decidir contra le evidencia de los hechos en la forma como fueron probados en la proceso.

Por eso, dada la presunción de acierto y legalidad que ampara la sentencia acusada, la Corte, en tanto actúa como tribunal de casación, tiene el deber legal de considerar que el juez de segunda instancia, a quien, se repite, compete la función de establecer el supuesto fáctico al que debe aplicar la norma legal, cumplió con esa función y, por tanto, acertó en la determinación de los hechos relevantes del pleito, por no haber desvirtuado el recurrente esa presunción.

Cabe igualmente mencionar, que el recurso de casación no es una tercera instancia en donde libremente pueden discutirse las pruebas del proceso y por eso es dable extenderse en consideraciones subjetivas sobre lo que indican las pruebas, sino que, el análisis de la Corte se limita a los medios de prueba calificados legalmente y, siempre y cuando, de cuya observación por el juzgador de la alzada sea dable concluir un error manifiesto, protuberante u ostensible.

Y que, como lo asentara la Corte en sentencia de 11 de febrero de 1994 (Rad. 6.043), el error evidente, ostensible o manifiesto de hecho es aquel que “se presenta, según el caso, cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”; precisión que sirve para observar de una vez que los errores de hecho atribuidos al fallador de la alzada no se muestran evidentes u ostensibles de acuerdo con lo que surge de las pruebas del proceso, como se verá más adelante.

En ese orden, podría afirmarse que el primero de los ataques podría darse por reducido a los yerros 5 y 6 que atribuye la recurrente al fallo atacado, con lo cual, en modo alguno, no obstante llegar a ser plenamente probados, lo que tampoco ocurre como igualmente se verá posteriormente, se obtendría derruir las presunciones de acierto y legalidad que envuelven la sentencia atacada y que, como se recuerda, no desconoció que la actora prestó sus servicios a las demandados como ‘administradora’ de la copropiedad, lo cual debía implicar, necesariamente, un tiempo de actividad, una permanencia en dicho lugar e, inclusive, cierta continuidad.

Pero si se hiciera caso omiso de los reparos hasta ahora dichos, que no es posible atendido el carácter técnico del recurso, lo cierto es que para el tribunal las tareas cumplidas por la demandante en beneficio de los demandados se cumplieron en atención al reglamento de la copropiedad, del cual se desprende que lo debía hacer con plena autonomía, pero observando, obviamente, las funciones y directrices de la copropiedad para las cuales se le contrató.

La recurrente ni menciona ese medular medio de prueba que sirvió de estribo al tribunal para concluir su sujeción a los términos estatutarios de la copropiedad de los demandados, y de cuya lectura fácil es concluir que le competía, como tal, además de lo ordenado por la asamblea general y lo propio a la representación de la copropiedad, velar por la conservación, reparación, limpieza, estética, uso adecuado, orden y moral del edificio y sus usuarios, especialmente en cuanto se refiere a los bienes de uso común (fl. 219 vto.), lo que de suyo implica, entiende la Corte, atender con celo, prontitud y suma responsabilidad los requerimientos y necesidades que en esos aspectos demandara la copropiedad o cualquiera de sus moradores y los cuales, alega infructuosamente la recurrente respecto de otros medios de prueba, expresan subordinación laboral. De consiguiente, en cuanto a las funciones propias a la administración de la copropiedad que desempeñó la ahora recurrente, las conclusiones del jugador, por no ser atacadas, quedan incólumes, lo que por sí solo podría dar lugar a la estabilidad del fallo, dado que nada más allá de lo allí comprendido fue que alegó como su actividad para esta la recurrente en casación.

No es atinado predicar de la demanda y su contestación falta de apreciación alguna, por no ser concebible que el juzgador resolviera la alzada sin visualizar ambas piezas procesales, más aún, como en este caso, en que destinó dos extensos capítulos de su fallo para condensar las pretensiones y hechos de la primera y las respuestas, oposiciones y excepciones planteadas por los demandados en la segunda.

Sin embargo, no sobra hacer notar que del cuerpo de la demanda no es dable extraer el reconocimiento de hechos que benefician a su postulante, sino todo lo contrario, por ser esta una declaración de voluntad, el reconocimiento de hechos que la perjudican o que benefician a los demandados. Y su contestación, lo que traduce sin hesitación alguna es que los demandados negaron haber tenido vínculo laboral alguno con la demandante y que afirmaron que los servicios que esta les prestó lo fueron de acuerdo con lo estatuido por el reglamento de propiedad horizontal, y con total autonomía, al punto que era quien manejaba, según su particular criterio, los asuntos a su cargo, aún, con los trabajadores que sí estaban vinculados laboralmente a la administración, como también atendía la administración de otras copropiedades.

Las confesiones que cree ver la recurrente no lo son (CPC art. 195), pues en modo alguno las expresiones allí contenidas son expresas sobre los hechos que sugiere la recurrente, por lo que objetivamente solo pueden tenerse como meras apreciaciones subjetivas de parte, verdaderas alegaciones. Ni siquiera en lo que tiene que ver con la persona que contrató a la actora, pues si bien se menciona a Olga Buenaventura, lo es para señalar que no tenía facultades para comprometer en tal sentido a la copropiedad, como también, para aducir que la vinculación de la demandante lo fue para administrar la copropiedad, de acuerdo a lo estatuido por el correspondiente reglamento.

En los interrogatorios de parte no confesaron sus absolventes las premisas que sostiene la recurrente. Olga Cecilia Buenaventura Acevedo (fls. 347-349) desconoció tajantemente la condición que de subordinada laboral tuviera la demandante, que fuera ella quien la contrató, lo que devengaba como remuneración, y sostuvo el trato de administradora de la copropiedad que siempre se le dio. Piedad Pérez Herrera apenas comentó sobre el rol de administradora de la demandante en la copropiedad, sin que de esa actividad se advierta lo pretendido por esta como confesión (fls. 357-359). Lía Cecilia Jaramillo de García igualmente desconoció a la demandante como trabajadora (fls. 363-364) y Diana Patricia Covaleda Salas resaltó la autonomía de horarios que manejaba aquélla como administradora de la copropiedad que era (fls. 368-370). y Fernando Alfonso Tenorio Gnecco reiteró su vinculación a la copropiedad como ‘administradora’, pero no como trabajadora subordinada, y, por supuesto, las diferentes actividades cumplidas en ejecución de ese mandato (fls. 375-376).

En síntesis, fuera de aceptar que la demandante prestó sus servicios a la copropiedad como ‘administradora’, y que por eso les fueron visibles las actividades ejecutadas por esta en razón del cargo desempeñado, no es dable concluir de los dichos de los absolventes la proclamada subordinación laboral predicada en el recurso.

La carta de folio 60 nada prueba en beneficio de la actora, por ser un documento proveniente de ella misma; los apartes del acta de la asamblea de 26 de julio de 2002 que transcribe la recurrente, relacionan como puntos tratadas actividades propias de la administración de la copropiedad, pero en manera alguna tareas o hechos imputables a título de subordinación laboral, tales como afiliar a la portera a la seguridad social, adelantar los trabajos de reparación requeridos y sus cotizaciones, dar instrucciones a los copropietarios sobre el uso de parqueaderos y entregar informes de gestión a los mismos copropietarios.

A lo anterior se agregan otros documentos en el cargo que dan cuenta de las actividades de la demandante como administradora del edificio de la copropiedad, entre ellas la de representación en audiencias conciliatorias con trabajadores de la copropiedad (fls. 50, 54-58), de reclamaciones de dichos trabajadores (fl. 11, 12, 13, 14 y 15,), y de la solidaridad acordada respecto de esta en el pago de dichos débitos por no cumplir cabalmente con sus obligaciones como administradora, lo que es más que sabido resulta ajeno a una relación laboral subordinada.

La carta de terminación del contrato de administración (fl. 70), contiene, además de dicha decisión, lo propio a la entrega de los documentos y archivos a su disposición, la solución de situaciones laborales de personal a su cargo y la negativa al aumento de los honorarios acordados. Nada distinto a lo anotado se observa y, por tanto, objetivamente ningún dato probatorio que dé cuenta de un contrato de trabajo entre copropietarios y administradora, como esta lo alega conforme a su particular interés.

El acta de la inspección judicial practicada en el proceso (fl. 406), nada diferente a lo hasta ahora visto acredita, pues las fechas del contrato y las instrucciones para el ejercicio del cargo no lo hacen per se de naturaleza laboral, y la pregunta 17 absuelta por la demandada Olga Cecilia Buenaventura Acevedo (fl. 349), a la que remite la observación del juzgado para establecer el último ‘salario’ devengado, no puede tenerse como confesión del pago de tal concepto, pues ello no es más que resultado de la observación de la absolvente sobre documentos directamente elaborados por la demandante, no por aquella, es decir, no refirió un hecho personal o de los que tuviera o debiera tener conocimiento (CPC art. 195), ni es un hecho que se puede ver aislado o descontextualizado de lo adicionalmente dicho al absolver el mismo interrogante, como de lo restante de su declaración, en donde fue enfática en señalar que no fue ella quien la contrató y que desconoció saber sobre la remuneración que esta recibía.

A pesar de no haberse demostrado que el tribunal incurrió en yerros de valoración probatoria con las características de mayúsculos, evidentes y protuberantes respecto de los medios de prueba ya anunciados, que no fueron todos los que como se dejó dicho en los antecedentes tuvo en cuenta el juzgador para adoptar su decisión, lo cual impediría a la Corte el estudio de los llamados medios de prueba no calificados en la casación del trabajo (L. 16/69, art. 7º), lo cierto es que los testimonios que cita el cargo, de Ligia Inés Henao Serna, Pompeyo Sanabria Arias y José María Díaz González, tampoco arrojan luces por sí mismos para concluir que entre las partes pudo haber un contrato de naturaleza laboral como el reclamado. Y ello es así, por cuanto la primera (fls. 393-395) apenas dio cuenta de la condición de administradora de la demandante y de la ejecución de sus tareas como tal, pero en relación con los demás aspectos nada dijo, fuera de que el horario en que regularmente esta cumplía sus actividades era de las 9 de las mañana a las 2 de la tarde, entendiendo que descansaba los días miércoles, sábados y domingos, hechos totalmente distintos a ese afecto a los afirmados en la demanda; el segundo (fls. 396-399) refirió un horario de labores distinto (de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, ‘por lo normal todos los días’), y que él estaba afiliado a la seguridad social, pero de quien fungió como su jefe (la administradora) nada sabía; y el tercero (fls. 401-404) dijo no saber nada directamente sobre los hechos discutidos, pero que asistía al edificio de la copropiedad permanentemente y en distintos horarios, pero que “nunca jamás la vi”.

Luego, en lo que tiene que ver con los medios de prueba ya relacionados, no es posible concluir un yerro de valoración que diera lugar al quiebre del fallo, muy a pesar de que se hiciera caso omiso de las precariedades del ataque, lo cual, como ya se ha reiterado, no es permitido, dado el carácter técnico del recurso.

Ahora bien, y esa la razón fundamental para conjuntar los dos cargos de la demanda de casación, reprocha la recurrente al fallo del tribunal que no diera eficacia probatoria a la declaración de ‘confesos’ que sobre algunos de los demandados se hiciera por el juzgado, pues no asistieron a la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (fl. 334). En el primer cargo como si se tratara de un error probatorio, cuando quiera que por referir la eficacia jurídica de un acto procesal, su resolución involucra, necesariamente, los razonamientos jurídicos que atañen a su discernimiento y aplicación; y en el segundo, por interpretación errónea del citado precepto, no obstante que ninguna exégesis particular hizo el juzgador al respecto, simplemente indicó, según igualmente se anotó en los antecedentes, que la calificación de ‘confesos’ de que fueron objeto Diana Covaleda y Juliana Jaramillo no bastaba para establecer el referido vínculo laboral, porque “esta fue desvirtuada a través de los medios probatorios que, como se concluyó, evidenciaron la inexistencia del contrato de trabajo que alegaba la actora”.

Por manera que, el equivocado direccionamiento en los dos cargos de la demanda de casación sobre ese particular tópico de la sentencia del juez de la alzada, daría lugar a su desestimación in limine, esto es, de entrada. Pero, atendido el carácter jurisprudencial que compete a los fallos de la Corte, conviene rescatar el tema propuesto para, sencillamente, recordar: 1º) que de acuerdo con lo previsto por el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la confesión que no proviene de todos los litisconsortes necesarios tiene escasamente el valor de testimonio de tercero; 2º) igualmente, que de acuerdo con lo señalado por el artículo 201 del citado código procesal (nuevo CPC, art. 197), toda confesión puede ser infirmada, por supuesto, también la obtenida de las sanciones procesales de carácter probatorio como la ya anunciada, y eso fue lo que concluyó el juzgador que, con razón o sin razón, permanece incólume por ser inatacada; y 3º) que en tratándose de confesiones fictas, como es la que entiende de la Corte se deriva del mentado precepto del artículo 77-2 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad social, la jurisprudencia ha sostenido el criterio, que aquí se reitera, de que la dicha sanción probatoria no puede entenderse como de carácter genérico o indeterminado, sino que, para que se preserve el derecho de defensa y contradicción, esta requiere que verse sobre expresiones concretas, claras y precisas, por tanto, corresponde al juez indicar, al momento de su imposición, los específicos hechos sobre los cuales recae, los cuales, obviamente, deben ser susceptibles de ser confesados, es decir, deben reunir las exigencias subjetivas y objetivas de las normas que atrás se han mencionado.

En efecto, en sentido parecido a como lo recuerda la oposición, en sentencia del 23 de agosto de 2006, Radicación 27060, cuyas orientaciones fueron reiteradas en la sentencia de instancia del 17 de marzo de 2010, Radicación 29694, esto fue lo que sobre dicha temática a propósito del caso allí estudiado recordó la Corte:

“Como puede apreciarse, el juez del conocimiento pasó por alto la falta de concreción y especificación de los hechos que la parte interesada en la prueba estaba obligada a señalarle como director del proceso, pues aludió genéricamente a los hechos que pretendía demostrar la parte actora.

‘Esa alusión general e imprecisa a los hechos susceptibles de confesión que pretendía demostrar la parte demandante, impide determinar con claridad a cuáles hechos en concreto se refirió el juez de la causa, con lo que se omitieron los requisitos que en torno a la sanción jurídica consagrada en el artículo 56 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social ha fijado la jurisprudencia de esta Sala, que en sentencias del 23 de agosto de 2006, Radicación 27060, en la que se reiteró las del 23 de julio de 1992 Radicado 5159 y del 7 de abril de 2005, Radicado 24292, sobre este asunto, en lo que es pertinente al caso aquí debatido, precisó:

En efecto, la sanción prevista por el numeral segundo del inciso 7º del artículo 39 de la Ley 712 de 2001, consistente en presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión de la demanda cuando el demandado no comparece a la audiencia de conciliación, se halla concebida en términos similares a las consagradas en los artículos 56 del Código Procesal del Trabajo y 210 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que le resultan aplicables los mismos requerimientos que a estas para que pueda conducir a una confesión presunta. En relación con esas consecuencias ha precisado esta Sala de la Corte que es necesario que el juez deje constancia puntual de los hechos que habrán de presumirse como ciertos, de tal manera que no es válida una alusión general e imprecisa a ellos, como la efectuada en este caso, en que el que el juez de la causa se limitó a consignar en la audiencia celebrada el 8 de marzo de 2004 (fl. 67) que “... Se presumirán como ciertos todos aquellos hechos susceptibles de prueba de confesión contenidos en la contestación de la demanda y en las excepciones de mérito propuestas en la misma, pues de no admitir esa prueba, se tendrán entonces como un indicio grave en su contra”, pero sin precisar, como era su deber, cuáles de esos hechos se tendrían como ciertos, ni, por la misma razón, cuáles constituirían indicio grave, prueba que, como es sabido, no es hábil en la casación del trabajo”.

“Y esa irregularidad no puede entenderse subsanada con las manifestaciones efectuadas por el apoderado del actor sobre lo que pretendía probar con la diligencia, pues era deber del juez identificar con precisión si los hechos a los que aludió eran o no los mismos expresados por ese profesional del derecho, a fin de no dejar dudas sobre el particular. Por lo tanto, no puede la Corte en sede de instancia considerar confesado que el actor tenía derecho a devengar un salario de $ 15.000.000”.

En consecuencia, tampoco podía el tribunal, como lo persiguió la censura en el recurso extraordinario, dar el valor de confesión a un acto procesal que no era imputable a todos los demandados y que no cumplió los requisitos subjetivos y objetivos exigidos por la jurisprudencia para que tuviera ese valor.

De lo que viene de decirse, y sin que se menester resaltar más desatinos de los ya expresados, se desestiman los cargos.

Costas a cargo de la recurrente, porque hubo réplica. En su liquidación, inclúyase como agencias en derecho la suma de tres millones tres millones de pesos (3.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 24 de octubre de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá, en el proceso promovido por Elba Stella López Ordóñez contra Olga Cecilia Buenaventura Acevedo, Héctor Buenaventura Acevedo (QEPD), Patricia Covaleda Salas, Lía Cecilia Jaramillo De García, Juliana Jaramillo Naranjo, Piedad Pérez Herrera y Fernando Alonso Tenorio Gnecco.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».