Sentencia 3936 de octubre 16 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente:

Dr. Manuel S. Urueta Ayola

Exp. 3936

Actor: Luis Mario Duque

Santafé de Bogotá, D.C., dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete.

Considera la parte recurrente que la determinación de la estructura de la administración es función exclusiva de consejo municipal, pues la Constitución, tal como lo prevé en los órdenes nacional y departamental, no faculta a las corporaciones públicas para desprenderse o ceder las atribuciones constitucionales en dicha materia, de manera que el concejo municipal se extralimitó en sus funciones cuando otorgó al alcalde de Cali unas facultades indelegables por principio constitucional.

La Sala estima que asiste razón al tribunal a quo cuando establece como requisitos para el otorgamiento de facultades extraordinarias del concejo al alcalde que éstas versen sobre “...una función precisa y determinada...” cuyo ejercicio se halle limitado en el tiempo, pues la norma reguladora de la concesión de dichas facultades no contiene otras condiciones, ni establece excepción alguna. En efecto, el numeral 3 del artículo 313 de la Constitución Política prescribe que los concejos municipales pueden “autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al concejo”, sin que norma constitucional alguna reserve a dichas corporaciones, con el carácter de indelegable, la facultad de “determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias...”, ni de ninguna de las otras competencias previstas en el numeral 6 del artículo 313 constitucional.

La Sala observa que en materia de administración municipal, siguiendo la orientación que ha inspirado las normas en los órdenes departamental y nacional, la Constitución limita las facultades de las corporaciones de elección popular a determinar la estructura de la administración, correspondiendo al Presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes el desarrollo de dichas normas, las cuales en el caso de estos últimos funcionarios se manifiesta en la competencia para la supresión o fusión de entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos (C.P., art. 315-4), y en la creación, supresión o fusión de los empleos de sus dependencias, así como en el señalamiento de funciones especiales y la fijación de sus emolumentos con arreglo, a los acuerdos correspondientes (art. 315-7 ibídem). Por fuera de esta distribución de competencias, el texto constitucional no prohibe en parte alguna al concejo municipal delegar en el alcalde, por un tiempo limitado, la precisa función de determinar la estructura de la administración municipal. Antes bien, el artículo 91, literal D), inciso 2º del num. 3º, de la Ley 136 de 1994 prevé concretamente facultar al alcalde con la finalidad de suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales.

De otra parte, la Sala observa que el argumento expuesto por el recurrente en el sentido de que las facultades pro tempore deben ser analizadas teniendo en cuenta que el artículo 154 de la Constitución reserva al gobierno la iniciativa en materia de determinación de la estructura de la administración nacional (C.P., art. 150-7), así como que, a nivel municipal, la iniciativa para reformar la estructura de la administración municipal no debe corresponder al concejo sino al alcalde, no guarda relación con el problema de la indelegabilidad, pues se trata de dos cuestiones diferentes y no relacionadas necesariamente entre sí porque la reserva de la iniciativa tiene que ver con la presentación de los proyectos, mientras que la indelegabilidad de funciones hacen relación a los límites del uso del mecanismo de las facultades extraordinarias. La reserva de la iniciativa en cabeza del gobierno en ciertas materias legislativas implica un reforzamiento del poder ejecutivo, mientras que la indelegabilidad de algunas funciones de las corporaciones públicas, por el contrario, implica un fortalecimiento de éstas, a costa del gobierno. De allí que cuando se afirma que la facultad de una corporación es indelegable porque su iniciativa está reservada al ejecutivo se incurre en un planteamiento errado. La reserva de la iniciativa en cabeza del alcalde que hace el parágrafo del artículo 71 de la Ley 136 de 1994, en cuanto a las materias relacionadas con la adopción de planes y programas, el otorgamiento de facultades y la determinación de la estructura de la administración municipal, no implica la indelegabilidad de las mismas. Debe entonces, desde este punto de vista, considerarse ajustado a la Constitución el acuerdo controvertido.

Finalmente, la Sala observa que el riesgo de inestabilidad administrativa, que según el actor puede crear el otorgamiento de facultades extraordinarias al alcalde para reestructurar la administración municipal, no es problema de legalidad de las facultades otorgadas sino de oportunidad o conveniencia, que releva del juicio político del consejo municipal en un determinado momento.

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