Sentencia 39369 de junio 20 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39369

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Acta 21

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Se considera:

Independientemente, de los vicios de técnica en que pudo incurrir el censor, el recurso no tiene vocación de prosperar.

Sobre las inconformidades planteadas por la censura relacionadas con la errada apreciación de unas pruebas y la falta de valoración de otras, por parte del ad quem, de cara al supuesto vicio del consentimiento de los ex trabajadores al celebrar el acta de conciliación con la empresa para dar por terminado el contrato de trabajo por mutuo acuerdo, encuentra la Sala que no se dan los supuestos yerros fácticos achacados al ad quem.

La censura para objetar lo concluido por el tribunal de apelaciones plantea trece errores de hecho, orientados a demostrar, principalmente, la existencia de vicios del consentimiento en el acto de retiro de los accionantes y la suscripción de la conciliación, con el firme propósito de invalidar dicho acuerdo conciliatorio y acreditar la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador sin mediar justa causa para ello, para, consecuencialmente, dar paso a las pretensiones reclamadas.

Dijo que como consecuencia de la reducción de la planta de personal en los distintos frentes de trabajo de la demandada, por el traslado de la producción a otros centros de mayor eficiencia y menores costos, permite aplicar los beneficios convencionales contenidos en las cláusulas 14, 51 y 52; para lo cual acusó, de una parte, la errónea apreciación del acta de conciliación, la confesión del representante legal de la accionada al absolver el interrogatorio de parte y la prueba no calificada en casación que es la testimonial, y de otra, las comunicaciones emitidas por la demandada a nombre de cada trabajador indicando un supuesto acogimiento al plan de retiro con renuncia y de aceptación, relacionadas a folios 2060 a 2066 de la sentencia, las convenciones colectivas de trabajo vigentes de 1999 a 2002, la confesión del representante legal ya relacionada como mal apreciada, la resolución del Mintrabajo mediante la cual se sancionó a la demandada por violación de la convención colectiva de trabajo, actas relacionadas con el plan de retiro voluntario y visitas realizadas a la empresa por la autoridad administrativa del trabajo, el plan de retiro voluntario, y, en fin, otras comunicaciones sobre lo mismo.

Al remitirse la Sala a las pruebas calificadas, encuentra, objetivamente, que las mismas no logran demostrar ninguno de los yerros fácticos enrostrados, por lo siguiente:

Las actas de conciliación de marras no reflejan ningún vicio del consentimiento de los trabajadores, por cuanto todas coinciden en que las partes, de manera voluntaria, incorporaron el arreglo amistoso al cual llegaron, en virtud del cual se arribó a la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo y a cada trabajador se le reconoció una bonificación voluntaria en los valores registrados en cada una de las actas; luego no se equivocó el ad quem al afirmar que no encontraba vicios del consentimiento en la voluntad de los demandantes en la celebración de las conciliaciones puestas en entredicho.

Cabe señalar que lo que muestran las citadas actas es la conformidad de cada trabajador con el arreglo conciliatorio en torno a la ruptura del nexo contractual, sin que se evidencien visos de presiones o coacciones donde el demandante expresamente declara a paz y salvo a la Empresa Bavaria S.A., por todo concepto; acuerdo amigable que los contendientes del proceso pusieron a consideración del funcionario que actuaba como conciliador, quien lo aprobó por encontrarlo ajustado a derecho, con lo cual le brindó garantías legales con efectos de cosa juzgada.

Es bien sabido que, para quebrar la presunción de legalidad de la sentencia recurrida en casación, el yerro fáctico ha de inferirse de manera evidente, palpable, y no puede ser el resultado de una lectura posible de los medios probatorios calificados.

Por tanto, se reitera, no se equivocó el ad quem al concluir que la voluntad de los demandantes no estuvo viciada por error, fuerza o dolo dado que del texto del acto no sale a relucir vicio de consentimiento alguno. El censor persigue, infructuosamente, derribar la premisa de que los contratos de trabajo de los actores finalizaron por mutuo consentimiento según lo registrado en las actas, sobre la base de conjeturas posibles elaboradas con base en las documentales señaladas como no apreciadas pero que, por ser solo posibles conjeturas, no alcanzan a derribar las inferencias extraídas de las actas de conciliación donde se dejó constancia de la voluntad de las partes de dar por terminado el contrato de trabajo.

Respecto al reparo relacionado con que el ad quem no tuvo en cuenta que el acta de conciliación fue elaborada previamente por la empresa, no tiene la fuerza para derribar el pilar de la sentencia acusada, como quiera que la Corte tiene asentado lo siguiente:

“Adicionalmente, en relación con lo argumentado por la censura, en el sentido de que el acta de conciliación previamente estaba elaborada por la empresa, es del caso advertir, que conforme reza en esa prueba documental, las partes en ningún momento desconocieron o tacharon de falso, su contenido, pues fue tanto el trabajador demandante como la sociedad accionada, quienes solicitaron la audiencia pública especial de conciliación, dirigida por el funcionario competente, el cual impartió aprobación al acuerdo, cuyos términos quedaron plasmados en dicho medio probatorio.

Así mismo, resulta intrascendente la circunstancia de que el acta en comento estuviera preimpresa o elaborada por la propia empleadora, basta decir lo que en otras oportunidades ha reiterado esta corporación, en cuanto a que ‘El hecho de que el mencionado documento fuera elaborado por la demandada, no deja sin valor ni efectos jurídicos el consentimiento puro y simple del actor expresado allí. Ni es tampoco una circunstancia inequívoca con la que se permita arribar a la conclusión de que el acuerdo estuvo viciado por error, fuerza o dolo’ (Sent. abr. 4/2006, Rad. 26071)”(1).

De lo anterior se sigue que tampoco tiene razón la censura con dicho reparo.

Sobre la supuesta falta de competencia que alega la censura de cara a los centros de conciliación de las cámaras de comercio ante los cuales se celebraron algunos de los acuerdos de marras, no puede la Sala entrar a examinarlo por implicar un razonamiento de orden jurídico no viable en un cargo por la vía indirecta, como se señaló en la sentencia ya citada:

“De otra parte, en lo referente a la alegación del censor sobre la falta de competencia del centro de conciliación de la Cámara de Comercio de Neiva, por carecer para esa época de facultades legales para poder dirimir este tipo de conflictos, con fundamento en el fallo de constitucionalidad de la Ley 640 de 2001, valga decir, la Sentencia C-893 del 22 de agosto de 2001 que declaró inexequibles algunos artículos sobre esta materia; es oportuno precisar, que no es posible que esta corporación aborde su estudio en esta oportunidad, por corresponder a un planteamiento netamente jurídico ajeno a la vía escogida, que debió cuestionarse por la senda del puro derecho”.

Tampoco constituye un yerro fáctico la inconformidad sobre lo dicho por el ad quem de que a la conciliación le caben los mismos argumentos expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia de inexequibilidad del artículo 28 de la Ley 640 de 2001, en relación con el arbitramento, pues su estudio implica razonamientos de orden jurídico no pertinentes en la vía indirecta.

La alusión a prueba testimonial para desvirtuar las inferencias fácticas del fallador de segundo grado es inconducente para la prosperidad del cargo, dado que es bien sabido que las versiones de los testigos no son pruebas aptas para endilgar desatinos fácticos en casación.

Frente a la pieza procesal del interrogatorio de parte al representante legal de Bavaria S.A., en respuesta al preguntado 1, que, primeramente, la censura señala como mal apreciada, y, posteriormente, como no apreciada, a más de esta contradicción, la Sala observa que, en la demostración, omitió indicar qué fue lo confesado por el representante legal con trascendental relevancia en el resultado de la decisión de segunda instancia. Máxime que dicha pregunta (fl. 2688) alude a que los actores eran beneficiarios de la convención colectiva, por lo que, a primera vista, no contradice las premisas fácticas soporte de la sentencia acusada.

Para derruir la presunción de legalidad por la vía indirecta, no basta con relacionar una prueba como no apreciada, o mal apreciada, según el caso, sino que es indispensable que la censura identifique cuál fue la inferencia probatoria que no tuvo en cuenta el juzgador de instancia, pese a ser evidente, y afectó la legalidad de la sentencia, como quiera que el tribunal de casación no puede actuar oficiosamente dada la naturaleza del recurso de casación. Por tanto a nada conduce el señalamiento del interrogatorio de parte de la demandada.

Si bien el tribunal no hizo alusión expresa a las documentales acusadas de no apreciadas, no por ello tiene razón la censura al reprocharle al ad quem no haber dado por probado el vicio del consentimiento, pues dichos documentos solo indican que la empresa realizó cambios en su planta de producción y por ende afectó la planta de personal, ofreció estímulos a los trabajadores para que consideraran la posibilidad de terminar el contrato de trabajo y dedicarse a otras actividades, pero esto no contradice los acuerdos de voluntades celebrados con cada uno de los trabajadores demandantes.

Para la Corte, si el acuerdo de terminación del contrato elevado a conciliación estuvo motivado en el ofrecimiento de sumas de dinero y otros beneficios de parte de la empresa, no significa que los trabajadores accedieron a la terminación del contrato de trabajo de manera forzada como lo quiere hacer ver el censor.

Es criterio pacífico en la jurisprudencia laboral que el mutuo consentimiento de dar por terminado el contrato de trabajo no “... exige esencialmente que la gratuidad sea el móvil determinante para uno o para ambos contratantes cuando quieran de consuno fenecer el contrato de trabajo. Bien puede una de las partes ofrecer a la otra una compensación en dinero o en especie para que acepte resciliar el contrato, sin que esa oferta pueda calificarse por sí misma como una forma de coacción o de violencia ejercida sobre la contraparte”(2).

Ninguna de las pruebas acusadas por el censor dan la certeza de que los actores sufrieron actos de coacción que lo pusieran en la única situación posible de aceptar el ofrecimiento de la empresa, por lo que si los ex trabajadores decidieron celebrar el acuerdo conciliatorio puesto en entredicho a cambio de los beneficios ofrecidos por el empleador, bien podía el ad quem encontrar el citado acuerdo plenamente válido. “Aquella manifestación expresa de uno de los contratantes de aceptar lo ofrecido por su contraparte no puede calificarse como intrínsecamente inválida, puesto que no cabe olvidar tampoco que el error, la fuerza o el dolo no se presumen sino que deben demostrarse plenamente por quien alegue haberlos padecido”(3).

Ante la premisa establecida en el plenario de que el contrato de trabajo vigente entre las partes finalizó por mutuo acuerdo, resulta inane que el ad quem no examinara las convenciones colectivas vigentes entre el 10 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2002, de folios 172 a 228. Frente a dicho supuesto fáctico que se mantiene incólume conforme a lo atrás dicho, no estaba obligado, el juzgador de alzada, a aplicar la convención colectiva de trabajo para conceder los beneficios extralegales demandados, entre ellos, el estipulado en la cláusula 14ª “Cierre de fábricas o dependencias”, máxime que, como lo ha considerado esta Sala de cara a la citada cláusula, “... para tener derecho el demandante al pago de la indemnización o días de salario allí señalados, era menester que quedara acreditado en el plenario los presupuestos que trae la norma, lo cual no ocurrió, en especial, lo referente al traslado del trabajador por cierre total o parcial de alguna fábrica o dependencia o de reducción de personal, que conduzca a la decisión del operario de retirarse voluntariamente dentro de los 12 meses subsiguientes a la fecha de notificación de dicho traslado”(4).

Tampoco el contenido en las cláusulas 51 y 52 del mencionado texto convencional, puesto que dichas cláusulas consagran el derecho a pensión para los trabajadores despedidos sin justa causa, lo cual no fue el caso de los actores como ya quedó visto.

Finalmente, no está demás reiterar un vez más, en cuanto a la decisión de poner fin a la relación laboral por “mutuo consentimiento”, y que puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, la Corte ha dicho en casación del 3 de mayo de 2005 radicación 23381, reiterada en decisiones del 14 de julio de igual año y 1º de junio de 2006 con radicados 25499 y 26830:

“(...) Recientemente se pronunció la Sala sobre la validez de los acuerdos conciliatorios y más concretamente, con respecto a los celebrados por el BCH, en las mismas circunstancias que alega ahora el recurrente, en donde se dijo lo siguiente:

Así mismo, se tiene que en los ordenamientos legales que rigen en el país, para los trabajadores particulares y oficiales, se establece como modos de terminación de los contratos de trabajo el mutuo consentimiento, sin que en los mismos se consagre restricción alguna a esta facultad de las partes (CST, art. 61 y D. 2147/45, art. 47). Es evidente entonces que la decisión de poner fin a la relación laboral de mutuo consenso puede provenir bien sea del empleador o del trabajador, no importando la causa que la motive puesto que la única exigencia de esa potestad de las partes es la relativa a que su consentimiento no esté viciado por el error, fuerza o dolo.

Es un axioma que la propuesta que hace una de las partes a la otra de poner fin al contrato de trabajo obedece normalmente a una manera pacífica y normal de terminarlo por mutuo acuerdo, siendo de usual ocurrencia que medie un ofrecimiento económico del empleador cuando la iniciativa es suya, como tuvo lugar este caso.

No demuestra, por tanto, la acusación que el sentenciador de segundo grado se haya equivocado al concluir que la conciliación que suscribieron las demandantes para finalizar su relación laboral con el banco no fuera libre y voluntaria, de manera que en estas condiciones no se da el supuesto de la disposición extralegal que contempla la pensión reclamada por las demandantes, para que se consolidara en cabeza de ellas tal derecho, esto es, el de haber sido retiradas por causas independientes a su voluntad, no obstante que observaron buena conducta. En estas condiciones no aparecen erradas las apreciaciones de la decisión recurrida en cuanto a que las accionantes solamente tuvieron una mera expectativa> (Sent. abr. 19/2005, Rad. 23292)”.

Visto lo anterior, tras el examen probatorio de las pruebas calificadas cuya valoración del ad quem reprueba la censura, la Sala considera razonable la conclusión a la que llegó el tribunal, por cuanto las pruebas analizadas permiten darle plena validez a la conciliación, debido a que no se demostraron los yerros denunciados. Por tanto, la Corte está vedada para adentrarse en el estudio del testimonio propuesto.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Dado que hubo réplica, las costas se impondrán al recurrente, quien deberá pagar la suma de $3.000.000 por concepto de agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 30 de mayo de 2008, dentro del proceso ordinario laboral que José Domingo Acevedo Cely y otros noventa y nueve demandantes le promovieron a Bavaria S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».

(1) Sentencia 40003 de 2011.

(2) Sentencia 8415 de 21 de junio de 1982. Sala de Casación Laboral.

(3) Ibídem.

(4) Sentencia 40003 de 2011.