Sentencia 39413 de septiembre 7 de 2010

 

Sentencia 39413 de septiembre 7 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39413

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta Nº 32

Bogotá, D.C., siete de septiembre de dos mil diez.

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación interpuesto por la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública - Fondo Nacional de Bienestar Social - Programa Club de Empleados Oficiales contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 28 de noviembre de 2008, proferida en el proceso ordinario que le sigue Augusto Rueda Rodríguez.

I. Antecedentes

El recurrente demandó para obtener la pensión sanción, actualizada con el índice de precios al consumidor, sus reajustes anuales y mesadas adicionales.

Afirmó que se vinculó como trabajador oficial y prestó sus servicios a la demandada, mediante contrato de trabajo, entre el 15 de septiembre de 1976 y el 7 de noviembre de 1991, en que fue despedido sin justa causa con fundamento en el Decreto 2170 de 1992, por supresión del cargo, y con indemnización; y que agotó la vía gubernativa.

La demandada se opuso; admitió el hecho 8, y parcialmente y con explicaciones el 5, 6, 14 y 15; negó el 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 y 13; negó parcialmente y con explicaciones el 1 y 2, y del 16 adujo que no le consta. Invocó las excepciones de falta de jurisdicción y competencia, inconstitucionalidad y prescripción (fls. 58 a 73).

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, en sentencia de 19 de julio de 2007, condenó a pagar la pensión sanción, con la indexación.

II. La sentencia del tribunal

De la decisión de primer grado apeló la demandada y en razón de ese recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó.

En lo que interesa al recurso extraordinario el ad quem aseveró que el demandante estima que fue vinculado como trabajador oficial, porque el artículo 1º del Decreto 838 de 1975, que aprobó la Resolución 064 de 2 de abril de 1975, determinó que “Las actividades correspondientes a los empleados de planta de personal establecida para el club de empleados oficiales serán desempeñadas por el personal que tenga la calidad de trabajadores oficiales”.

Explicó que la accionada considera inaplicable el Decreto 838 de 1975, porque “sobre esta disposición opera la excepción de inconstitucionalidad, señalando que por tratarse de un decreto de carácter ordinario, no tiene el alcance de ley, y en esa medida no puede establecer la clasificación entre trabajadores oficiales y empleados públicos; trayendo a colación la Sentencia C-484 de 1995; señala que la clasificación de servidores públicos es una facultad exclusiva del legislador y de acuerdo con la clasificación que hace el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 son trabajadores oficiales quienes se dedican a labores de construcción o sostenimiento de obras públicas, y que la labor desempeñada por el actor de “Técnico en administración, clase I, grado 11” no puede considerarse como tal, sino que es propia de un empleado público”.

Precisó que en el justo entendimiento de que la demandada es un establecimiento público del orden nacional, y para resolver la controversia, copió dos artículos del Decreto 3135 de 1968 y del Decreto 838 de 1975, y arguyó que este último impartió aprobación a la Resolución 064 de abril de 1975, del Departamento Administrativo del Servicio Civil; indicó que este fue reorganizado por el Decreto 3967 de 1968 y que el artículo 11, ibídem, creó el Fondo de Bienestar Social, cuyo reglamento fue adoptado por el artículo 1º del Decreto 1226 de 1970, que le atribuyó la calidad de establecimiento público.

Expresó que en el Decreto 838 de 1975, “señaló que las actividades que pueden ser desempeñadas por trabajadores oficiales, incluyendo “las... correspondientes a los empleados de la planta de personal establecida para el Club de Empleados Oficiales...”, de donde se deduce que dicho decreto fue proferido con facultades legales, por tanto, se constituye así en una norma de igual jerarquía a la ley, por tanto, se puede concluir que el demandante estaba vinculado al Club de Empleados Oficiales mediante un contrato de trabajo, acreditando así la calidad de trabajador oficial” (fl. 339), y reprodujo un fragmento de una sentencia de la Corte, de 30 de octubre de 2007, que se abstuvo de identificar con número de radicación.

III. El recurso de casación

Lo interpuso la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública - Fondo Nacional de Bienestar Social - Programa Club de Empleados Oficiales y con él aspira a que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y, en su lugar, la absuelva.

Con esa intención propuso dos cargos, que no fueron replicados.

La Corte los integrará para resolver sobre el conjunto, pese a que están orientados por vías distintas, en razón de que acusan un elenco similar de preceptos legales, se valen de argumentos comunes y pretenden un idéntico propósito y adolecen de la misma deficiencia y por permitirlo el numeral 3º del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Cargo primero:

Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por interpretación errónea, los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968, 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 7º numeral 10 de la Constitución Política de 1886 y 125 de la Constitución Política de 1991, la Ley 171 de 1961 y el Decreto 1848 de 1969.

Para su demostración transcribe el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968 y arguye que la connotación de estatutos solo puede entenderse mediante la característica de estatutos básicos, de creación, de la entidad, por lo cual los actos administrativos como el Decreto Ordinario 838 y la Resolución 064 de 1975 no tienen ese alcance de estatutos, que no pueden establecer válidamente una clasificación de empleos estatales o determinar cuáles personas son trabajadores oficiales en un establecimiento público nacional, como lo era el suprimido Fondo Nacional de Bienestar Social.

Reproduce el numeral 10 del artículo 76 de la Constitución Política de 1886 y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de 17 de febrero de 1998, Radicación 10213, y un fragmento de la sentencia de 28 de noviembre de 2006, Radicación 29077, por lo cual el decreto y la resolución antes determinados, por ser actos administrativos, “no pueden tener, conjunta o separadamente, la connotación de estatutos, en el que se pueda establecerse (sic) una clasificación de servidores públicos ajustada a derecho, ya que solo podía hacerse esta clasificación con facultades indelegables del legislativo”, circunstancia que no podía subsanarse con la expedición de dicho decreto, por carecer de fuerza material de ley.

Afirma que:

“No puede perderse de vista que las funciones que cumplió el operador del juicio en las instalaciones del Club de Empleados Oficiales no pueden considerarse como de construcción o sostenimiento de obra pública, en primer lugar, porque esa sede social y deportiva no estaba al servicio público general y gratuito como sucede con una calle, una carretera, un canal o un puente y, en segundo término, porque las funciones de técnico en administración, clase I, grado 11, de la división de personal, y por encargo las de jefe de registro y control de la división de personal cumplidas por el señor Augusto Rueda Rodríguez no corresponden a actividades determinadas por la ley para ser cumplidas por un trabajador oficial, sino que son propias de un empleo público” (fl. 12, cdno. de la Corte).

Copia unos breves trozos de las sentencias de la Corte, de 4 de febrero de 2009, Radicación 34258, 24 de junio de 2008, Radicación 33556, y reitera que por ello no podía tenerse al señor Augusto Rueda Rodríguez como trabajador oficial, ni accederse a reconocerle la pensión sanción y las demás condenas.

Cargo subsidiario:

Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 5º del Decreto 3135 de 1968, 177 del Código de Procedimiento Civil, 260 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º del Decreto (sic) Ley 171 de 1961, 37 de la Ley 50 de 1990, 133 de la Ley 100 de 1993, 2º, 5º y 74 del Decreto 1848 de 1969.

Dice que el ad quem incurrió en los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo que el cargo del demandante fue clasificado como de trabajador oficial por los “estatutos” del Fondo Nacional de Bienestar Social.

“2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandante tenía la calidad de trabajador oficial.

“3. No dar por demostrado, estándolo, que el señor Augusto Rueda Rodríguez tenía la calidad de empleado público, tal como se encuentran clasificados legalmente los cargos de “técnico en administración y jefe de registro y control, ambos de la división de personal”, en los establecimientos públicos nacionales”.

Señala como pruebas apreciadas equivocadamente la certificación de 22 de junio de 1993, del subgerente administrativo del Club de Empleados Oficiales (fl. 112), la Resolución 039 de 22 de junio de 1993 (fls. 115 y 116), el Decreto 838 de 1975, la Resolución 064 de 1975.

Para su demostración transcribe el numeral 10 del artículo 76 de la Constitución Política de 1886, el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, y algunos fragmentos de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 28 de noviembre de 2006, Radicación 29077, y del Consejo de Estado de 16 de marzo de 1983, que no identificó con número de radicación, y nuevamente de la Corte de 17 de febrero de 1998, Radicación 10213, en la que hace referencia a la prueba de la calidad de trabajador oficial vertida en una sentencia de la Sección Primera de la Sala de Casación Laboral, de 25 de noviembre de 1993.

Afirma que el Tribunal apreció con error la certificación de 7 de septiembre de 1993, del subgerente administrativo del Club de Empleados Oficiales, las resoluciones 039 de 22 de junio de 1993 y el Decreto Ordinario 838 de 1975, que determinaban que eran trabajadores oficiales las personas que cumplían funciones en el Programa Club de Empleados Oficiales del Fondo Nacional de Bienestar Social, sin que pueda perderse de vista que correspondía al Congreso de la República establecer la clasificación de los empleos estatales y las condiciones y requisitos para su ejercicio, con lo cual el juzgador no podía inferir la calidad de trabajador oficial del demandante, cuya carga le correspondía como parte actora, al tenor de lo previsto por el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

IV. Consideraciones de la Corte

Para resolver el pleito el tribunal se refirió al Decreto 835 de 1975, que, dijo (sic) aprobó la Resolución 064 de abril de 1975 en la que según lo anotó ese fallador se señaló que las actividades correspondientes a los empelados de planta de personal establecidas para el Club de Empleados Oficiales serán desempeñadas por el personal que tenga la calidad de trabajadores oficiales. Igualmente señaló que ese decreto fue dictado con facultades legales, luego se constituía en una norma de igual jerarquía a la ley.

En los dos cargos, con argumentos jurídicos semejantes, se afirma que esos actos administrativos, que el censor califica de simples, no pueden tener, de manera separada o conjunta, la calidad de estatutos de la entidad, con la virtualidad jurídica para establecer una clasificación de servidores públicos, aparte de que el Decreto 838 de 1975 es ordinario y no tiene fuerza de ley.

Por manera que el eje de la discusión se centra en la naturaleza jurídica del Decreto 838 de 1975 y de la Resolución 064 por ese acto aprobada.

Tropieza la Corte con un escollo que le impide estudiar los cargos: tales actos administrativos, que no tienen, según el recurrente fuerza de ley, y, por lo tanto, deben ser probados, esto es, son pruebas del proceso, no obran en el expediente, de suerte que es imposible verificar su verdadera naturaleza y, por lo tanto, establecer si pueden o no ser considerados como los estatutos de la entidad empleadora.

Si bien es reprobable la conducta del tribunal que dictó el fallo sin estar tales actos administrativos en el expediente, la impugnación no realiza ningún cuestionamiento sobre el particular.

Por esa razón, se estima necesario traer a colación lo que dijo la Sala en la sentencia del 30 de octubre de 2007, Radicación 31241, en la que, al pronunciarse sobre una situación idéntica a la aquí presentada dijo lo siguiente, respecto de un cargo, como el primero, dirigido por la vía de puro derecho.

“La recurrente señala que la Resolución 064 del 2 de abril de 1975 y el Decreto 838 del 5 de mayo siguiente, “siendo actos administrativos” no podían establecer la categoría de trabajadores oficiales en el establecimiento público demandado.

“El tribunal fundó su decisión —de considerar que la actividad desarrollada por la actora en el Club de Oficiales correspondía precisamente a un vínculo contractual—, en aquellos actos, que según se dijo al examinar la primera acusación, no obran en el expediente.

“De ese modo, según se estableció en aquel examen del cargo antecedente, correspondía a la censura controvertir esa consideración del juzgador, de tener en cuenta unos actos que no figuran en el informativo.

“No obstante, la impugnación no cuestiona ese proceder del sentenciador, esto es, nada dice sobre la necesidad o no de la aportación de los que ella señala como actos administrativos, sino que objeta es que no se tuviera en cuenta el citado artículo 5º del Decreto 3135 de 1968. Pero, como también se dijo, el tribunal estimó que era válido, precisamente con sujeción a esa preceptiva, que en el establecimiento público accionado se definieran estatutariamente las actividades que podían desempeñar personas vinculadas por contrato de trabajo, ya que tal reglamentación era la aplicable en este caso, en tanto la actora se desvinculó en 1993, y la Sentencia C-484 de 1995 solo produjo efectos futuros.

“Luego, sin cuestionarse el hecho de no hallarse en el plenario la Resolución 064 y el Decreto 838 de 1975 y a pesar de ello haberse sustentado la sentencia en ellos, bajo el supuesto de tratarse de los estatutos de la entidad, no puede la Sala ocuparse del tema, y de ningún modo cabe afirmar que el tribunal ignoró el artículo 5º del Decreto 3135, puesto que lo aplicó y tuvo en cuenta, eso sí atendiendo la redacción original de dicha disposición, como correspondía, de acuerdo con lo dicho al resolver el cargo anterior”.

Y en relación con un cargo enderezado por la vía de los hechos, como el subsidiario del presente recurso, se pronunció de la siguiente manera:

“Para concluir que la demandante era trabajadora oficial, el tribunal invocó el Decreto 838 de 1975 que aprobó la Resolución 064 del 2 de abril de 1975, emanada del Fondo Nacional de Bienestar Social, cuyo artículo 1º estableció que tendrían aquella condición los empleos de la planta de personal establecida para el Club de Empleados Oficiales.

“Para rebatir esa afirmación el recurrente propone este cargo por la vía indirecta en el que denuncia la apreciación equivocada del Decreto 838 de 1975 y la Resolución 064 de 1975.

“Ocurre, sin embargo, que los argumentos esgrimidos por la censura corresponden en realidad a cuestionamientos de índole jurídica, que no guardan correspondencia con la vía por la que encaminó el ataque.

“Por lo demás, la acusación planteada no es de recibo, porque los citados actos no aparecen incorporados como prueba en el expediente y tal circunstancia impide que la Corte pueda constatar si el juzgador tergiversó el texto de tales documentos, o si ellos no corresponden a los estatutos básicos o se refieren a otro tipo de regulación.

“Y si a pesar de no aparecer tales actos en el expediente, el tribunal procedió a tenerlos en cuenta para definir la controversia, es porque consideró que no era necesaria su presencia física por no ser susceptibles de acreditación dentro de un proceso judicial, aspecto que el cargo no controvierte de manera efectiva, estándole vedado a la Corte abordar su estudio oficiosamente”.

Por lo expuesto, los cargos no prosperan.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, de fecha 28 de noviembre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que Augusto Rueda Rodríguez le sigue a la Nación - Departamento Administrativo de la Función Pública - Fondo Nacional de Bienestar Social - Programa Club de Empleados Oficiales.

Sin costas en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gustavo José Gnecco Mendoza—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.