Sentencia 39424 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39424

Magistrada Ponente

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL 834 - 2013

Acta Nº 37

Bogotá, D. C., trece de noviembre de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el demandante, contra la sentencia proferida el 30 de octubre de 2008, por la Sala Séptima Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del juicio promovido por Isidro Orozco Pestana al Instituto de Seguros Sociales.

Con respecto al mandato que obra a folio 58 del cuaderno de la Corte, conferido por el representante legal del Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala se abstiene de reconocerle personería en los términos y para los efectos del mencionado poder, por cuanto en este momento opera la sucesión procesal con Colpensiones. Así mismo la renuncia obrante a folio 77 del mismo cuaderno, no es dable aceptarla toda vez que no se le reconoció personería a dicho abogado.

En cuanto al memorial obrante a folios 75 a 76 del cuaderno de la Corte, téngase como sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales hoy en Liquidación a la Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, en armonía con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos laborales y de la seguridad social, por expresa remisión del artículo 145 del CPL y SS.

I. Antecedentes

El actor llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, para que se le condenara a reconocer y pagar la pensión de vejez desde que se originó el derecho; las mesadas pensionales y adicionales en la cuantía que establece el artículo 20, literal 2º del Acuerdo 049 de 1990; los reajustes de ley; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; los intereses moratorios de ley; la indexación y las costas del proceso.

En apoyo de sus peticiones refirió que el 20 de marzo de 1997 reclamó ante la demandada la pensión de vejez; que mediante Resolución 002337 del mismo año se negó la prestación económica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990; que nació el 15 de mayo de 1933 y que al 1º de abril de 1994 cuando entró en vigor la Ley 100 de 1993 contaba con más de 60 años de edad, por lo que cumplía con el supuesto de la edad; que se encuentra cobijado por el régimen de transición porque “desde que entró el sistema de pensiones cotizó para el ISS un total de 614 semanas”.

II. Contestación a la demanda

El demandado se abstuvo de contestar la demanda(1).

III. Sentencia de primera instancia

Con sentencia de 8 de noviembre de 2006, el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, con sustento en el artículo 1º del Acuerdo 016 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de esa misma anualidad, condenó al pago de la pensión de vejez a partir del 15 de mayo de 1993 y en cuantía no inferior al salario mínimo legal vigente para esa época, “con sus respectivos intereses de que habla el artículo 20 literal II del Acuerdo 049 de la Ley 100 de 1993 (sic), mas (sic) los incrementos legales ordenados en la ley, mas (sic) las mesadas adicionales”. Condenó en costas a la demandada(2).

IV. Sentencia del tribunal

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación de la parte accionada(3), el Tribunal Superior de Barranquilla con sentencia de 30 de octubre de 2008, revocó la decisión objeto de apelación(4).

Precisó que se encontraba probado que el ISS negó la prestación deprecada según la Resolución 002337 de 1997, por considerar “entre otras ‘... que según certificado de semanas cotizadas y categorías, el asegurado ha cotizado un total de 614 semanas, de las cuales 426 corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida…’ (fl. 8)”.

Refirió que el actor era beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1º de abril de 1994 tenía más de 60 años de edad y que en esa medida la normativa que juzgaba el asunto, era el Acuerdo 049 de 1990, vigente antes de la citada Ley 100.

Tras relatar los beneficios del régimen de transición, evidenció que la decisión del a quo fue desacertada cuando aplicó el Acuerdo 016 de 1983, pues la que correspondía era el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 por ser la norma inmediatamente anterior a la Ley 100 de 1993, y que de acuerdo con el artículo 36 ibídem, los 20 años anteriores a la edad requerida sería al 15 de mayo de 1973, por haber alcanzado los 60 años de edad el 15 de mayo de 1993. De igual modo, encontró que el último periodo de “afiliación” a pensión lo fue el 27 de julio de 1989.

Del examen que hizo de los folios 27 a 34, que discriminó, encontró “QUE LOS PERIODOS DE AFILIACION (sic) NO FUERON CONTINUOS SINO QUE EXISTIO (sic) INTERRUPCION (sic) EN LA AFILIACION (sic) A PATIR (sic) 06-30 DE 1981 Y EMPEZO (sic) NUEVAMENTE EL 14 DE JUNIO DE 1989”, de lo que resultó un total de 2.939 días, equivalentes a 419,85714 semanas.

Bajo tales supuestos, concluyó que no procedía la pensión de vejez, por cuanto el asegurado no cotizó 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de sus 60 años, “que es para este caso la edad mínima requerida” (resaltado del texto).

Aclaró que las 614,8571 semanas cotizadas durante toda la vida laboral del actor, tampoco alcanzaban para consolidar el derecho, pues se requerían un total de 1.000 en cualquier tiempo.

V. El recurso de casación

Lo interpuso el demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.

Pretende el recurrente que la Corte “anule totalmente el fallo acusado”, y que en sede de instancia, “case la mencionada sentencia”, en su lugar, actuando “en sede de instancia” confirme la sentencia de primer grado.

Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, por distintas vías, que fueron replicados y se estudian conjuntamente, no obstante dirigirse por vía distinta vía y perseguir el mismo fin.

VI. Primer cargo

Dice el recurrente:

“Se denuncia la violación directa en la modalidad de infracción directa de las siguientes disposiciones: artículo 11 y 272 ley (sic) 100 de 1993; artículos 53 y 48 de nuestra Constitución Política, Acuerdo 016 de 23 de junio de 1983”.

En la demostración, se refiere a los artículos 11 y 36 de la Ley 100 de 1993; respecto de este último asegura que garantiza la aplicación, a quienes además de lo que indica esa norma, “para la fecha de entrada en vigencia de la ley, hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de jubilación o de vejez, con base en disposiciones favorables anteriores, aun cuando no se hubiere efectuado su reconocimiento”.

De igual modo alude al artículo 272 ibídem, y asegura que al aplicar el colegiado el Acuerdo 049 de 1990, dejó sin pensión al actor, menoscabó su derecho a la seguridad social y quebrantó su dignidad. Todo lo anterior, llevó a la violación y desconocimiento del artículo 53 superior, pues el sentenciador no acudió a “la situación más favorable” ni reconoció los beneficios mínimos, en este caso la pensión de vejez, “sino que según el concepto del tribunal en su fallo este beneficio de pensión tiene la naturaleza de renunciable”.

Asevera respecto al Acuerdo 016 de 1983, que esta Sala de la Corte ha sostenido que “no puede aplicarse literalmente, esto es, que para conceder la pensión, cumplido el requisito de la edad, deban contabilizarse las semanas anteriores cotizadas desde la fecha de la solicitud, pues bien puede suceder que cumplidos los dos requisitos exigidos, el beneficiario por cualquier circunstancia no eleve la petición en forma inmediata, lo cual no significa que por ello vea truncada la posibilidad de pensionarse. La precedente orientación ha venido siendo sostenida por la Sala Laboral de la Corte en distintas oportunidades, según decisiones del 19 de noviembre de 1992, Radicación 5264; del 30 de abril de 1993, Radicación 5742; del 3 de febrero de 1995 y del 7 de mayo de 1996 radicaciones 8366”.

VII. La réplica

Aduce que el alcance de la impugnación es deficiente; en lo que tiene que ver con el fondo del asunto, asegura que las normas de la proposición jurídica no se aplican al caso, pues el actor cumplió la edad para acceder a la pensión en vigencia de la Ley 100 de 1993; que por ser beneficiario del régimen de transición, la norma que cumple al caso es la inmediatamente anterior, esto es, el Acuerdo 049 de 1990.

VIII. Segundo cargo

Dice el recurrente:

“Acuso por vía indirecta la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por violación de la ley sustancial, al aplicar indebidamente o interpretar erróneamente (sic) el articulo (sic) 12 del acuerdo 049 de 1990”.

En la demostración del cargo, asegura que la sentencia acusada se basó de manera indebida en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990; que el tribunal dejó de lado el Acuerdo 016 de 1983 que es la norma que regula “las garantías pensionales del actor”.

Afirma que se encuentra demostrado que el demandante nació el 15 de mayo de 1933 y que cotizó al ISS “un total de 612 semanas válidas hasta el 30 de junio de 1981, luego cotiza 14 días, o sea dos semanas más del 14 de julio de 1989 al 27 de julio de 1989; pero ya tenía consolidado su derecho para pensionarse desde el día 30 de junio de 1981, pues tenía cotizadas más de 500 semanas, solo le restaba la solicitud que realizó el día 20 de marzo de 1997”.

Considera que debe tenerse en cuenta la posibilidad de “subsistencia en el tiempo de los efectos de un precepto derogado, en virtud de la ultractividad de la ley, para aquellos casos en que los derechos causados bajo su imperio sean reclamados posteriormente, estando ya en vigencia una nueva normatividad”.

Insiste que el tribunal no aplicó el Acuerdo 016 de 1983 y que incurrió en error al calcular las semanas cotizadas desde el 15 de mayo de 1973 al 30 de junio de 1981, solo para aplicar el Acuerdo 049 de 1990; que esta última normativa puede aceptarse en tanto no genere agravio al actor, lo que en efecto ocurre.

IX. La réplica

Resalta que el cargo adolece de la técnica de casación, pues por vía indirecta acude a lineamientos jurídicos, y ataca bajo la modalidad de aplicación indebida o infracción directa que son excluyentes.

X. Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la oposición en la crítica que dirige contra lo solicitado por el recurrente en el alcance de la impugnación, pues si bien este presenta algunas inconsistencias que afectan su claridad, la verdad es que de él puede extractarse lo que se pretende. La impropiedad en la que incurre el censor, cuando solicita a la Corte que anule la sentencia del tribunal, y que en sede de instancia la case, para luego “en sede de instancia” confirme la de primer grado, logra ser superada, pues lo que se alcanza percibir es que pide a esta corporación que case la sentencia recurrida, para que en su lugar, se confirme la del a quo que condenó a la demandada, lo que es suficiente para satisfacer este requisito.

Dicho lo anterior, de acuerdo con el primer cargo que confronta la sentencia, por vía directa, no son objeto de debate: (i) que el demandante cumplió 60 años el 15 de mayo de 1993 por haber nacido en esa misma fecha en 1933; (ii); que cotizó 614,8571 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 419,85714 fueron efectuadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años; (iii) que la última cotización se hizo el 27 de junio de 1989; y (iv) que solicitó la pensión de vejez ante el ISS el 20 de marzo de 1997.

El tribunal precisó que las disposiciones del Acuerdo 016 de 1983 no resultaban aplicables al sub judice, por ser el actor beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que la norma que gobernaba el asunto era el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año, el cual exige 60 años de edad, si es varón, y 55 si es mujer, y un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de 1.000 semanas de cotización en cualquier tiempo. Bajo esa égida elucidó que el demandante no tenía derecho a la pensión de vejez, por cuanto durante toda su vida laboral sólo cotizó 614,8571 semanas, de las cuales 419,85714 correspondieron a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida, que lo fue el 15 de mayo de 1993.

Para confrontar el enfoque del colegiado, la censura alega la aplicación del Acuerdo 016 de 1983, por cumplir el demandante los 60 años el 15 de mayo de 1993; efectuar su última cotización para el ISS el 27 de junio de 1989; tener un total de 614 semanas, y sólo faltarle la “solicitud, la cual no hizo quizás por desconocimiento” el 15 de mayo de 1993, sino el 20 de marzo de 1997, de tal manera que se encontraban cumplidos “los presupuestos de las 500 semanas cotizadas antes de la solicitud”.

En ese contexto, la controversia puesta a consideración de la Sala, consiste en determinar si el tribunal erró jurídicamente al inaplicar el Acuerdo 016 de 1983, que es precisamente la que alega el actor se aplique al presente asunto.

Pues bien, el ad quem no incurrió en el yerro jurídico que se le endilga, por cuanto el Decreto 016 de 1983 aprobado por el Decreto 1900 del mismo año, para el 15 de mayo de 1993, fecha en la que el demandante solicitó el reconocimiento pensional ya había perdido vigencia a partir del 11 de abril de 1990, por derogación expresa del Acuerdo 049 de 1990, artículo 53. Además porque al ser beneficiario del régimen de transición concebido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la norma que correspondía tener en cuenta era el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 de ese mismo año, como bien lo dilucidó el tribunal.

La normativa que ruega el censor se tenga en cuenta previó dos requisitos concurrentes para aspirar a la pensión de vejez por parte del ISS, que para el caso del demandante se condensan, en los 60 años de edad y una densidad de 500 cotizaciones que debían sufragarse dentro de los 20 años anteriores a la presentación de la solicitud pensional, ninguno de los cuales acreditó, ya que los 60 años de edad los cumplió el 15 de mayo de 1993, y si bien contabilizaba 614 semanas cotizadas, la solicitud la presentó el 20 de marzo de 1997, cuando no se encontraba en vigor la norma en cita.

Esta corporación en sentencia de 26 de junio de 2012, Radicación 39494, sobre el tema de marras, consideró:

“En todo caso, el tribunal no se equivocó al determinar que la solicitud del demandante debía analizarse a la luz del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que aquel no alcanzó a cumplir los requisitos de edad y densidad de cotizaciones en vigencia del Acuerdo 016 de 1983, y por ende no podía hacer la solicitud de la pensión al amparo de esta disposición, ya que arribó a la edad en 1997 cuando ya la norma no existía pues había sido sustituida por el precepto inicialmente citado. En el presente caso no puede pregonarse la consolidación de un derecho adquirido en cabeza del demandante por el solo hecho de haber cotizado 500 semanas antes de entrar en vigencia el Acuerdo 049 de 1990, porque la concreción del derecho a la pensión no se da exclusivamente por el cumplimiento de la densidad de cotizaciones, sino que es también menester arribar a la edad correspondiente, requisito este que no se cumplió en vigencia de la norma anterior sino de la nueva, por lo que era indispensable atenerse a los dispuesto en el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre el efecto general inmediato de la ley laboral”.

Así las cosas, el tribunal no incurrió en yerro jurídico alguno.

En cuanto al segundo cargo dirigido por la vía indirecta, el discurso argumentativo se soporta en cuestiones jurídicas como son los efectos ultractivos de la ley, la aplicación de disposiciones que considera se encuentran en vigor y que definen la situación del demandante, discernimientos que debió plantear por la senda apropiada, no por la fáctica elegida.

Es de remembrar que la vía indirecta se ocupa solo de aspectos fácticos, y con ella se pretende establecer si la decisión acusada incurrió en errores de hecho o de derecho al apreciar erróneamente o haber dejado de apreciar las pruebas calificadas.

En el sub judice, si bien se indicó que el juez de apelaciones erró al calcular las semanas cotizadas desde el 15 de mayo de 1973 al 30 de junio de 1981, no cumplió el censor con el ejercicio de demostrar en qué consistió, el error de juicio valorativo por la falta de apreciación o errónea estimación de las pruebas, que por cierto no citó y cómo tales falencias determinaron la decisión del tribunal, lo que impide que la Corte en razón del principio dispositivo pueda hacer un estudio al respecto.

En efecto, la exposición trata sobre la diferente percepción que tiene la censura respecto del fallo cuestionado, lo que, simplemente, deviene en un alegato de instancia, alejado de la racionalidad propia del recurso extraordinario.

Con todo, en lo que tiene que ver con la “ultractividad de la ley”, vale traer a colación lo dicho por esta Sala de la Corte en sentencia de 17 de octubre de 2008, Radicado 34904, en un caso de similares contornos al que aquí se expone, en la que se adoctrinó que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no tiene el alcance para darle efectos plusultractivos a normas derogadas.

Dijo entonces la Corte:

“Conviene precisar que la condición más beneficiosa, en la forma como lo ha entendido la mayoría de esta Sala, no ha encontrado cabida respecto de la pensión de vejez, pues su alcance y aplicación se ha circunscrito, de manera excepcional, a las pensiones de sobrevivientes y de invalidez. Supone esa regla que no se esté en presencia de un derecho adquirido y a ella se acude cuando un afiliado a la seguridad social alcanzó a cumplir la densidad de cotizaciones que a él o a sus beneficiarios le darían el derecho a las aludidas pensiones al amparo de la normatividad que precedió a la Ley 100 de 1993, y propende por la aplicación de la disposición anterior, en la medida en que la nueva no debe desconocer las condiciones creadas por aquella, a efecto de dar valor a las cotizaciones ya sufragadas, respetar la fidelidad al sistema de seguridad social y privilegiar la razonabilidad como pauta orientadora de todo sistema de seguridad social.

Pero ese principio no puede servir de guía para solucionar conflictos como el presente, pues supondría restarle vigencia a la nueva normatividad en materia de pensión de vejez, contrariando con ello el efecto general inmediato de la nueva ley, al amparo del cual podría esta gobernar situaciones surgidas con anterioridad, pero no podría ser utilizada para otorgar derechos que no pudieron ser adquiridos en vigencia de las normas legales modificadas o derogadas.

Importa anotar, igualmente, que los requisitos en materia de pensión de vejez no se gobiernan por la norma que se halle vigente cuando comenzaron ellos a cumplirse, de tal suerte que los nuevos preceptos pueden gobernar la adquisición de un derecho no consolidado en vigencia de la normatividad anterior.

(…)”.

Ello significa que para el caso concreto no procedía la aplicación de las reglas consagradas en el Acuerdo 016 de 1983 por encima de las establecidas en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, porque es esta y no aquella, la norma vigente al momento en que el demandante cumplió la edad para disfrutar del derecho, esto es el 15 de mayo de 1993.

Recuérdese que a nivel territorial la Ley 100 de 1993 adquirió vigencia a partir del 30 de junio de 1995.

En consecuencia, los cargos no prosperan.

Costas en casación a cargo del recurrente, por cuanto hubo oposición. Se tasan como agencias en derecho la suma de tres millones de pesos ($ 3.000.000).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 30 de octubre de 2008, en el proceso promovido por Isidro Orozco Pestana contra el Instituto de Seguros Sociales.

Costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(1) Ver folio 10 cuaderno principal.

(2) Ver folios 38 a 43.

(3) Ver folios 45 a 46.

(4) Ver folios 66 a 73.