Sentencia 39462 de octubre 9 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado Acta 336

Bogotá, D.C., nueve de octubre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

1. Cuestión preliminar.

En cada una de las tres censuras, el defensor de José María Gutiérrez Quintero postula la violación directa de la ley sustancial, por la aplicación indebida de (i) las normas que regulan el proceso de dosificación punitiva, (ii) el precepto que consagra la rebaja de pena por indemnización de perjuicios en los delitos contra el patrimonio económico, y (iii) la disposición que contempla el beneficio sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena que le fue negado a aquel.

En ese orden, entonces, serán respondidos los planteamientos del casacionista, no sin antes aclarar que la Sala no aludirá a los ostensibles defectos de fundamentación advertidos en la demanda, pues, la previa admisión de la misma implica dejarlos de lado, toda vez que ha adquirido el derecho a que se resuelva de fondo.

2. Cargo primero: los errores en el proceso de dosificación punitiva.

El demandante denuncia dos irregularidades en que incurrió el fallador al momento de la delimitación de la pena de prisión(2): por un lado, asevera que se desatendió la regla punitiva del concurso de delitos consagrada en el artículo 31 del Código Penal, pues, se presentó una suma aritmética de sanciones; y, por el otro, afirma que se contradijo, ya que mientras para la conducta punible de falsedad documental se ubicó en el cuarto mínimo de movilidad, en lo que respecta a la de abuso de confianza lo hizo en los cuartos medios, contraviniendo las previsiones de los artículos 55, 58, 60 y 61 de la misma codificación.

Lo trascendente de ello, explica, es que se fijó una pena desproporcionada que por haber superado los 3 años de prisión, impidió que su prohijado cumpliera con la exigencia objetiva señalada en el artículo 63 ibídem, para acceder al sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Para responder las inquietudes del memorialista, a continuación la Corte repasará cómo fue el proceso de tasación de la sanción restrictiva de la libertad esbozado por las instancias, con el propósito de verificar si en efecto incurrieron en los yerros denunciados, para así adoptar los correctivos del caso.

En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de descongestión de Cali el 5 de agosto de 2010, el fallador parte por referirse a la gravedad del hecho, con lo cual anuncia que no impondrá el mínimo punitivo.

De igual modo, anticipa la ubicación en el cuarto mínimo de movilidad punitiva, debido a que en la acusación no se estructuraron circunstancias de mayor o menor punibilidad. Ello lo hizo en estos términos:

“El pliego de cargos se lo observa huérfano de motivos genéricos de mayor o menor punibilidad en términos de los artículos 55 y 58 del Código Penal, presupuesto de hecho que en derecho en la concreción de las penas nos obliga a atenernos a los cuartos mínimos”.

No obstante lo anterior, al dosificar la pena para el delito de abuso de confianza calificado, se ubicó en el primer cuarto medio.

Lo anterior consta en un confuso gráfico contenido en el texto de la providencia (p. 7), en el que si bien se delimita que el primer cuarto va de 36 a 45 meses, los medios de 45 a 63 meses y el máximo de 63 a 72 meses, en últimas el juez partió de 45 meses a los que hizo un incremento de 5 más —previamente sustentados—, para finalmente adoptar una pena de 50 meses de prisión para el atentado patrimonial.

Se advierte así un primer yerro en la tasación de la pena, debido a que si el juez de conocimiento había descartado la presencia de circunstancias de mayor punibilidad, como él mismo lo anunció, ese incremento de 5 meses debió aplicarlo a la menor pena de 36 meses (para un total de 41) y no a los 45 que demarcan el punto de partida de los cuartos intermedios.

Luego, también de manera ambigua fijó la pena para el ilícito de falsedad en documento privado en el mínimo de 12 meses, aunque en otro apartado de su cuadro ilustrativo parece referirse a 40 meses. Claro está, esta última proporción se descarta, no solo porque la primera es más beneficiosa, sino también porque es la que al final tuvo en cuenta al abordar las reglas de concurso.

Así, siendo manifiesto que la pena dosificada más grave es la de la conducta punible contra el patrimonio económico, esto es, 50 meses, es sobre ella que procede el incremento de hasta en otro tanto reglado para la figura concursal en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000.

Sin embargo, dado a esa tarea, en una nueva irregularidad incurre el juzgador, ya que a pesar de que la pena la había determinado en 50 meses de prisión, partió de 52 (nunca explica de dónde surgen esos dos meses adicionales) y sobre este monto sumó 12 meses en razón del ilícito contra la fe pública, fijando así una sanción de 64 meses, a la que hizo la rebaja de la octava parte por el acogimiento a la sentencia anticipada, obteniendo como resultado final una penalidad aflictiva de la libertad de 56 meses de prisión.

Lo insólito del asunto es que no obstante lo ostensible de los yerros, el tribunal, en la sentencia de segunda instancia del 20 de marzo de 2012, omitió corregirlos, si bien en aplicación favorable de la ley y lo que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado, indicó que la rebaja por acogimiento a cargos correspondía a una tercera parte, en lugar de la octava tenida en cuenta por el juzgado penal del circuito.

En esa medida, redujo la pena a 42 meses y 20 días de prisión.

Ya sobre el reclamo formulado con relación a la fijación de la pena por el concurso, consideró que no era cierta la crítica del defensor apelante, en el sentido de que se trataba de una suma aritmética, ya que nunca se sobrepasó el tope máximo autorizado por el legislador para estos eventos.

Efectivamente, esto dijo sobre la forma en que se tuvo en cuenta el aumento previsto en el artículo 31 de la Ley 599 de 2000:

“Que, por ende, de cara a la norma en cita, habrá de decirse que no se advierte desacierto o ilegalidad en la dosificación hecha por el funcionario de primer grado, habida cuenta de que no excedió el doble de la pena individualmente considerada como la más grave —el abuso de confianza—, no se obtuvo un resultado superior a la suma aritmética de las que corresponderían en el evento de un juzgamiento separado de las distintas conductas y, finalmente, tampoco se superó el límite legal previsto en la norma en cita, motivo por el cual ningún reparo que sobre este específico aspecto ser haga resulta próspero.

Es necesario que se haga hincapié en que lo que la norma del Código Penal prohíbe es una pena por encima de la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas y que, siendo ello así, no existe impedimento alguno para que el funcionario judicial fije la pena para un concurso de delitos en una igual a la suma aritmética de las individualmente consideradas”.

Ahora bien, aunque la Corte comparte la argumentación del ad quem en lo concerniente a la delimitación de la pena para el caso de concurso de delitos, le reprocha sí que haya hecho caso omiso de los evidentes errores que se presentaron en el proceso de la dosificación de la pena de prisión, convalidando la actuación irregular del a quo.

A no dudarlo, ambos juzgadores aplicaron indebidamente los artículos 55, 58, 60 y 61 del Código Penal, determinando una pena ilegal, con lo cual violaron directamente la ley sustancial, tal como lo denunció el impugnante, con el aval de la delegada del Ministerio Público.

Desconocieron, igualmente, lo que reiteradamente ha dicho la Sala sobre las aludidas disposiciones, en lo atinente a las diferentes etapas que debe agotar el fallador para establecer la sanción, del siguiente tenor:

“... [l]o primero que ha de hacer el juez es fijar los límites mínimos y máximos de la pena, establecidos en el tipo penal por el que se procede, disminuidos y aumentados en virtud de las circunstancias modificadoras de punibilidad concurrentes, que se aplican con base a las reglas que prescribe el artículo 60 del Código Penal, conformándose de esta manera el llamado marco punitivo.

Enseguida procede establecer el ámbito punitivo de movilidad, para lo cual se ha de dividir el marco punitivo en cuatro cuartos, determinados con base en los fundamentos no modificadores de los extremos punitivos, esto es, las circunstancias de menor y mayor punibilidad señaladas en los artículos 55 y 58 ídem, ámbito que viene a servir de barrera de contención para limitar la discrecionalidad judicial, pues el juez solo podrá ejercer su arbitrio en la dosificación dentro del tracto formado por los respectivos cuarto.

Pero a pesar de que el método para obtener el ámbito punitivo de movilidad ordena dividir el marco punitivo en cuatro cuartos, de acuerdo con el inciso 2º del artículo 61 solo existen tres (3) ámbitos de movilidad: el primero, conformado con el cuarto mínimo, “cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva”, el segundo, con los dos cuartos medios “cuando concurran circunstancias de atenuación y agravación punitiva” y, el tercero, con el cuarto máximo “cuando únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva”.

Obtenidos esos tres tractos de movilidad, el inciso 3º del artículo 61 ídem dispone que el juzgador impondrá la pena dentro del cuarto o cuartos que corresponda, ponderando la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto. Además, en los casos de tentativa, se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo y en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda”(3).

Acorde con lo anotado, si bien la Corte no encuentra ningún reparo frente a la decisión del fallador de primera instancia de apartarse de la menor pena en el caso del delito contra el patrimonio económico, comoquiera que lo motivó adecuada y suficientemente, sí repara en que se haya ubicado en los cuartos medios de movilidad punitiva, siendo claro que en contra del procesado Gutiérrez Quintero no se formularon circunstancias de mayor punibilidad de las previstas en el artículo 58 del Código Penal.

La ubicación en el primer cuarto medio desatiende lo normado en el inciso 2º del artículo 61 ibídem, acorde con el cual, el sentenciador deberá moverse en el cuarto mínimo de movilidad punitiva “cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación punitiva”.

No se trata, entonces, de una actuación discrecional —como sí sucede cuando el juez decide no aplicar el mínimo punitivo—, pues, en este caso su intervención se limitar a verificar si en la acusación se incluyeron circunstancias de mayor punibilidad, a efectos de confrontarlas con las de menor punibilidad, para luego seleccionar el cuarto correspondiente.

Como en este evento no se dedujeron situaciones agravantes de esa naturaleza, es claro que el juez penal del circuito se equivocó al desplazarse hacia los cuartos intermedios para dosificar la sanción para el delito de abuso de confianza calificado.

De igual modo, se equivocó nuevamente cuando a pesar de haber fijado la pena para ese ilícito en 50 meses de prisión, al momento de apelar a las reglas de concurso la aumentó en 2 meses más, sin ningún tipo de justificación.

Ya en lo que respecta al incremento por razón del concurso, ninguna crítica cabe hacer, toda vez que los 12 meses no superan la suma aritmética de las penas individualmente consideradas y porque dicha proporción tampoco sobrepasa el tope máximo hasta el cual puede moverse discrecionalmente el juzgador.

En este orden de ideas, el cargo primero prospera parcialmente.

Lo anunciado motiva la intervención de la Corte, habida cuenta de que debe proceder a redosificar la sanción de prisión, corrigiendo los mencionados yerros en que incurrieron las instancias.

Para empezar, la pena de prisión para la conducta punible de abuso de confianza calificado debe ubicarse en el cuarto mínimo de movilidad punitiva, es decir, el que oscila entre 36 y 45 meses.

Sobre la mínima pena procede un incremento proporcional que, como quedó anotado, el a quo fundamentó adecuada y suficientemente con base en la gravedad del delito, determinándolo en 5 meses.

Así las cosas, si partiendo de 45 meses realizó un incremento de 5 meses, sobre 36 el mismo sería de 4, lo que arroja una sanción de 40 meses de prisión para el atentado patrimonial.

Respecto de la pena tasada para el hecho lesivo de la fe pública no hay ningún reparo, ya que corresponde al mínimo de 12 meses.

Dosificadas así las sanciones principales para los dos ilícitos imputados, procede aplicar las reglas del concurso previstas en el artículo 31 del Estatuto Penal, en virtud de las cuales se tiene en cuenta la más grave —40 meses—, que puede aumentarse hasta en otro tanto, pero sin superar la suma aritmética de ambas penas establecidas.

Entonces, si sobre la pena inicialmente fijada en 52 meses, el juzgado realizó un incremento de 12 meses por el concurso, aplicando la misma proporción a los 40 ya referidos, el incremento correspondería a 9 meses y 6 días, lo cual quiere significar que la sanción aflictiva de la libertad se fija provisionalmente en 49 meses y 6 días.

Es provisional porque aún queda por hacer la rebaja de la tercera parte —ya reconocida—, por virtud del acogimiento a sentencia anticipada durante la fase de la causa.

En tales condiciones, si la tercera parte de 49 meses y 6 días son 16 meses y 12 días, en últimas el sindicado José María Gutiérrez Quintero deberá purgar una pena principal privativa de la libertad de 32 meses y 24 días de prisión.

A esa proporción también se ajustará, en consecuencia, la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

3. Cargo segundo: el no reconocimiento de la rebaja de pena contenida en el artículo 269 del Código Penal.

La segunda censura, como lo anticipó la procuradora tercera delegada para la casación penal, no tiene vocación de prosperidad.

En esta oportunidad, el recurrente pide que se apliquen por favorabilidad las normas de la Ley 906 de 2004 concernientes a la disminución punitiva por aceptación de cargos y a la rebaja de pena por indemnización de perjuicios prevista en el artículo 269 de la Ley 599 de 2000.

En sustento de ello, asevera que su defendido indemnizó integralmente los perjuicios causados a la corporación Club Campestre de Cali, prueba de lo cual es que el juzgador de primera instancia lo absolvió por esa circunstancia.

Una pena que contenga las rebajas reclamadas, aduce para explicar la trascendencia de lo denunciado, se ubicaría por debajo de los 36 meses, lo cual implicaría que Gutiérrez Quintero sí cumpliría con la exigencia objetiva legal para que se estudie la posibilidad de que se le ampare con el beneficio sustitutivo de la condena de ejecución condicional.

Pues bien, en varias imprecisiones incurre el censor.

La primera radica en abogar por la aplicación de las normas del sistema acusatorio penal concernientes a la rebaja de pena por aceptación de cargos, olvidando que ese aspecto ya fue definido a favor de su representado por el tribunal.

Recuérdese que al aplicar la disminución punitiva correspondiente al acogimiento a sentencia anticipada en sede de la etapa de juzgamiento, el juzgado penal del circuito aplicó la proporción de la octava parte prevista en el artículo 40 del Código de Procedimiento Penal de 2000.

El tribunal, por su parte, se apoyó en precedente de esta Sala para aplicar favorablemente los descuentos de pena previstos en la Ley 906 de 2004, en virtud de los cuales reconoció una rebaja de la tercera parte y procedió a redosificar la sanción.

Adicionalmente, esa atemperación punitiva de la tercera parte reconocida judicialmente, fue la que se tuvo en cuenta en el acápite precedente al redosificar la sanción privativa de la libertad.

Así las cosas, como el punto ya fue resuelto en las instancias, la Corte, por sustracción de materia, de abstiene de volver sobre el mismo.

La siguiente imprecisión tiene que ver con la petición de que se aplique favorablemente la disminución de pena por reparación, pues, parece desconocer el libelista que la misma está consagrada en la Ley 599 de 2000, es decir, en el Código Penal que rige el asunto, y no en la codificación adjetiva atinente a la sistemática acusatoria penal que entró en vigencia en el año 2004.

En esa medida, si en el presente caso se dan los presupuestos de la disposición en cita —los cuales se examinarán a continuación—, la misma se aplica de manera directa, sin necesidad de invocar el principio de favorabilidad.

De ahí que se descarte la violación directa que aduce el actor, por la supuesta “aplicación indebida” de la citada garantía.

La tercera imprecisión concierne a lo afirmado por el defensor, en el sentido de que la absolución al pago de perjuicios decretada a favor de su defendido, obedeció a que ya indemnizó integralmente a la entidad ofendida.

Ello, porque lo que hizo el juzgado de conocimiento en su sentencia fue desestimar la exagerada pretensión indemnizatoria de la corporación Club Campestre de Cali, institución que se constituyó en parte civil en el proceso, lo cual es muy diferente a que haya declarado allí que el sindicado indemnizó integralmente los perjuicios a la totalidad de los perjudicados.

Por el contrario, el a quo precisó en el fallo que “los verdaderos ofendidos ni siquiera fueron las EPS ni los fondos de pensiones sino los trabajadores a quienes se les efectuaron unos descuentos cuyas sumas fueron a parar a los bolsillos del procesado”.

Hecha la anterior aclaración, miremos lo que dice la norma en comento:

“ART. 269.—Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”.

Precepto sobre el que reiterada y pacíficamente se ha pronunciado la Corte(4) de esta manera:

“En efecto, se ha señalado que la rebaja punitiva por reparación procede cuando el responsable restituya el objeto material del delito o su valor e indemnice los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado, tal como lo consagra la norma, sin que en ella se condicione a una motivación específica, explícita o implícita, el proceder de quien indemniza y/o restituye. Esas valoraciones subjetivas no hacen parte de las exigencias consagradas en la ley.

Se trata de un mecanismo de reducción de pena, no de una atenuante de responsabilidad. No se deriva de una circunstancia relacionada con el hecho punible que pueda incidir en la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad o en los grados de participación. Se trata de una actitud del imputado, posterior al delito, que no tiene incidencia en el juicio de responsabilidad y por tanto, solo afecta la pena una vez ha sido individualizada. La rebaja de pena está entonces relacionada con la dosificación que haga el funcionario judicial, no con los límites mínimo y máximo establecidos en los tipos penales que atentan contra el patrimonio económico. Significa esto que la citada disminución de la pena no afecta el término de prescripción de la acción penal, ni tiene incidencia en la determinación de la pena máxima a imponer para establecer la procedencia del recurso de casación.

De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena no es facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del ámbito especificado en la norma), que es de carácter objetivo, que la indemnización ha de ser integral, que la rebaja es extensiva a los partícipes (aunque no necesariamente en la misma cantidad dado que ello depende de los factores dosimétricos predicables frente a cada uno de ellos y su forma de participación), y que solo los demás sujetos procesales pueden objetar la estimación hecha por el ofendido, así, como que si este no reclama perjuicio moral, es porque lo consideró existente, por lo que el funcionario no puede cuestionar su pretensión indemnizatoria, aunque es su deber verificar frente a la fijación de los perjuicios por parte del ofendido, que ella recoja el querer de la ley, para que sea integral o completa, y no surja como consecuencia de un acto de rutina negligente y superficial, como suele ocurrir con muchos de los interrogatorios que se verifican sobre el particular”.

Pues bien, revisada la actuación, advierte la Corte que no es cierto que el acusado Gutiérrez Quintero haya indemnizado los perjuicios a las víctimas.

El hecho de que haya acreditado un cruce de cuentas con relación a los dineros denunciados por la corporación Club Campestre de Cali, lejos está de permitir afirmar que reparó completa e integralmente a los restantes ofendidos con su proceder delictivo, esto es, a los cerca de 200 trabajadores temporales que resultaron afectados con su ilícito comportamiento.

El mencionado cruce de cuentas, como bien lo determinó el fallador a quo, apenas permite determinar que los daños patrimoniales causados a esa entidad, no fueron de la magnitud con que quisieron hacerse ver en la demanda de parte civil. Por esta razón fue que al pronunciarse sobre dicha pretensión, la desestimó, eximiendo al incriminado de cancelar suma alguna por ese concepto a favor de la corporación.

Pero, respecto de las restantes víctimas no aparece constancia alguna de que hubiesen sido reparadas integralmente por el acusado, lo cual ni siquiera es mencionado por el defensor en su escrito casacional, en la medida en que fundamenta su petición única y exclusivamente en el cruce de cuentas con la corporación Club Campestre de Cali, como si esta hubiese sido la única afectada con el delito.

En suma, solo en la medida en que los aproximadamente 200 trabajadores temporales a quienes se les descontó el dinero apropiado por el procesado Gutiérrez Quintero, declaren haber sido indemnizados integralmente, procedería la rebaja de pena contemplada en el artículo 269 del Código Penal.

Como ello no ha ocurrido en este evento, debe reiterarse que el segundo reproche no está llamado a prosperar.

4. Cargo tercero: la no concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Lo postulado en el tercer cargo no es propiamente un ataque casacional, sino la formulación de una petición cuya respuesta hizo depender el demandante de la prosperidad de los reproches anteriores.

En efecto, para el casacionista es claro que si la pena redosificada queda por debajo del tope de los 36 meses de prisión, su prohijado tendría derecho a disfrutar del sustitutivo penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el cual le fue negado debido a que no colmaba con la exigencia objetiva prevista en el artículo 63 del Código Penal.

Así las cosas, como ya la Corte anunció la prosperidad del primer reparo y consecuente con ello redosificó la pena privativa de la libertad en 32 meses y 24 días de prisión, es claro que, como lo sostiene el memorialista, se cumple con el requisito en comento, lo cual habilita el examen del requerimiento subjetivo consagrado en la misma disposición.

Acorde con el mismo, es necesario “que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena”.

Pues bien, el examen de la modalidad y gravedad de las hipótesis delictivas imputadas a Gutiérrez Quintero impide arribar a un criterio favorable respecto de la posibilidad de que no se exija la ejecución de la pena.

Esa mayor gravedad de la conducta se ve reflejada en la gran cantidad de personas que resultaron afectadas con la misma, alrededor de 200 trabajadores temporales al servicio de la corporación Club Campestre de Cali, a quienes les hicieron millonarios descuentos de sus salarios que en lugar de seguir el cauce normal, fueron a parar a las arcas del sindicado.

Desatendió el procesado, igualmente, la repercusión de su perverso proceder, pues, en la medida en que dejaba de cancelar esos dineros a las EPS y los fondos de pensiones, privaba a los beneficiarios de acceder a los servicios de salud y a otras prestaciones sociales a que tenían derecho.

Desde luego que el incriminado, quien, recuérdese, es abogado titulado, conocía de los efectos que la apropiación monetaria produciría en las legítimas expectativas y necesidades, algunas acuciantes, de los trabajadores perjudicados con su actuar.

Si no le importó afectar de manera profunda a esas personas, que se adivinan de escasos ingresos, dado el tipo de vinculación laboral, incluso pudiendo afectar la salud o la vida de algunos de ellos, la evaluación que cabe hacer remite a un tipo de personalidad carente de mínimos referentes sociales y por ello, menesteroso de tratamiento penal, para efectos de que los fines de la sanción cumplan con su propósito.

En síntesis, como tampoco se satisface la exigencia subjetiva reclamada por el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, al acusado Gutiérrez Quintero se le negará el beneficio sustitutivo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo cual quiere significar que continuará disfrutando del beneficio de la prisión domiciliaria que le fuera reconocido en las instancias.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR PARCIALMENTE la sentencia impugnada, respecto del primer cargo formulado en la demanda presentada por el defensor de José María Gutiérrez Quintero; en consecuencia, se redosifica en 32 meses y 24 días de prisión, la pena principal que debe cumplir el mencionado procesado, por haber sido declarado penalmente responsable del concurso de delitos de abuso de confianza calificado y falsedad en documento privado.

2. NEGAR al sindicado Gutiérrez Quintero el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

3. NO CASAR el fallo impugnado, respecto del cargo segundo de la demanda en cita, el cual se desestima.

4. En lo demás se deja incólume la providencia.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Ningún reparo hace, conviene precisar, frente a la delimitación de la sanción pecuniaria.

(3) Entre otras, en providencias del 30 de noviembre de 2006 y 29 de septiembre de 2010, radicados 26.227 y 34.939, respectivamente.

(4) Sentencia del 28 de septiembre de 2001, Radicado 16.562.