Sentencia 39472 de noviembre 7 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado acta 411.

Magistrado ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Bogotá, D.C., siete de noviembre de dos mil doce.

Vistos

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve el recurso de apelación interpuesto por uno de los apoderados de las víctimas y el delegado del Ministerio Público, contra la decisión del 12 de junio de 2012, mediante la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá legalizó los cargos formulados por la Fiscalía 34 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, en contra del postulado Juan Francisco Prada Márquez, alias “Juancho Prada”, desmovilizado como comandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Antecedentes

1. Mediante la Resolución 91 de 2004, el señor Presidente de la República y sus ministros del Interior y de Justicia y de Defensa Nacional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002, y considerando que se encontraban dadas las condiciones para ello, declararon “abierto el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC de que trata el artículo 3 de la Ley 782 de 2002”.

En desarrollo del mismo, el 15 de julio de 2003 el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante AUC), suscribieron el “Acuerdo de Santa Fe de Ralito para contribuir con la Paz de Colombia”, entre cuyos puntos se destaca el compromiso que adquirió ese grupo armado al margen de la ley de desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzaría antes de terminar ese año y culminaría el 31 de diciembre de 2005, mientras que el Gobierno se comprometió a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil.

2. En el marco de dichas negociaciones de paz, se dispuso la concentración y desmovilización colectiva del frente Héctor Julio Peinado Becerra del Bloque Norte de las AUC, para lo cual el Gobierno Nacional reconoció en calidad de miembro representante a Juan Francisco Prada Márquez, mediante la Resolución 42 del 21 de febrero de 2006.

Durante el tiempo en que operó el grupo, se reportaron ataques criminales sistemáticos y generalizados en los departamentos de Cesar y Norte de Santander, los cuales respondieron a una política devastadora que iba dirigida en la mayoría de los casos contra miembros de la población civil, señalados, sin fórmula de juicio, como militantes o auxiliadores de grupos subversivos, o que causaban algún daño al conglomerado social.

El citado Prada Márquez fungió como comandante de dicho frente desde el año 1995 y hasta 2006, cuando operó la desmovilización colectiva, ocurrida del 4 al 6 de marzo de esa anualidad, en el corregimiento de Torcoroma del municipio de San Martín (Cesar), reconocido como “zona de ubicación temporal dentro del territorio nacional”, a través de la Resolución Ejecutiva Nº 045 del 24 de febrero de 2006.

3. El 27 de marzo de ese año, el desmovilizado Prada Márquez envió misiva al Alto Comisionado para la Paz, ratificando su voluntad de someterse a las ritualidades de la Ley 975 de 2005; en tal forma, con oficio del 15 de agosto siguiente fue postulado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior y de Justicia, para su especial procesamiento ante la Fiscalía General de la Nación.

4. El 30 de abril de 2007 asumió preliminarmente el asunto para el correspondiente trámite el Fiscal 10º de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, quien luego lo remitió a su homólogo 34 delegado, encargado de su conocimiento desde el 8 de abril de 2008 y que como tal, dispuso adelantar las gestiones pertinentes, entre ellas la elaboración, junto con el equipo de Policía Judicial asignado al despacho, del programa metodológico pertinente, así como la citación y emplazamiento de las posibles víctimas del actuar delictuoso del postulado, a través de edictos que se difundieron ampliamente por conducto de las prensas hablada y escrita, en medios de comunicación locales y nacionales.

5. La diligencia de versión libre precisó de múltiples sesiones surtidas ante el mencionado Fiscal 34 de la Unidad de Justicia y Paz, así: durante el año 2007, los días 14 y 16 de febrero, 11 al 13 de abril, 16 al 18 de mayo, 16 de agosto y 22 al 24 de octubre; durante el año 2008, los días 22 al 25 de enero; durante el año 2009, los días 8 al 10 de junio, 28 al 31 de julio, 2 al 4 de septiembre y 1 al 4 de diciembre; durante el año 2010, los días 21 al 25 de junio; y durante el año 2011, los días 17 al 20 de enero, 1 al 4 de marzo, y 15 y 16 de diciembre.

En estas declaraciones, que fueron recepcionadas en la ciudad de Barranquilla y retransmitidas en su gran mayoría a los municipios de Aguachica y Bucaramanga, se abarcaron cerca de 471 hechos, de los cuales 262 fueron aceptados por el procesado Juan Francisco Prada Márquez, 118 por línea de mando y 17 por haber ordenado directamente la comisión del delito, correspondiendo 173 a homicidios —1 tentado—, 3 a desaparición forzada, 4 a tortura, 1 a extorsión, 1 a apropiación de bienes protegidos, 1 a lesiones personales, 16 a secuestro simple y 8 a deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado, todos cometidos contra personas protegidas. Asimismo, el versionista aclaró las circunstancias bajo las que se cometieron 37 homicidios, un caso de tráfico de estupefacientes y aspectos relacionados con la conformación de varios grupos de autodefensas.

De igual modo, con la participación de las víctimas en dichas diligencias, fueron cobijados alrededor de 209 hechos adicionales, correspondiendo 162 a homicidios —2 en grado de tentativa—, 15 a desaparición forzada, 3 a tortura, 6 a secuestro, 1 a extorsión, 1 a amenazas, 1 a lesiones personales, 1 a apropiación de bienes protegidos y 4 a deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado, todos estos cometidos contra la población civil; también se evidenció un caso de despojo y la realización de una incursión armada. De tales hechos, el postulado aclaró que 10 correspondieron al accionar del frente Resistencia Motilona, 59 a otros grupos de autodefensas y 11 a grupos subversivos o de delincuencia común.

6. Acorde con estos antecedentes, el fiscal 34 solicitó ante un magistrado de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Bucaramanga, la realización de audiencias preliminares para formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, las cuales se llevaron a cabo entre el 14 y el 17 de marzo de 2010.

En el curso de las diligencias se verificaron los elementos de juicio sobre la plena identidad del postulado Juan Francisco Prada Márquez, quien es conocido con el alias de “Juancho Prada”, es hijo de José Miguel y Rosa María, nació el 14 de enero de 1953 en Galán (Santander) y se identifica con la Cédula de Ciudadanía Nº 7’134.865 expedida en San Martín (Cesar).

Igualmente, el Fiscal imputó al postulado varios cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida —algunos en grado de tentativa—, desaparición forzada, actos de terrorismo, secuestro simple agravado, tortura y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado.

La magistrada de control de garantías determinó que las imputaciones realizadas por la Fiscalía habían sido completas y correctamente formuladas en sus aspectos fáctico y jurídico, razón por la cual las declaró ajustadas a la legalidad. Asimismo, ordenó la suspensión de todos aquellos procesos que cursaran en contra del postulado que se encontraran sin sentencia condenatoria ejecutoriada, y accedió a la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario pedida por el fiscal.

7. La audiencia de formulación de cargos también se verificó en la ciudad de Bucaramanga, durante los días 13 al 15 de septiembre, 10 al 12 de octubre, y 8 de noviembre de 2011. En dicho acto, la Fiscalía verificó nuevamente la identidad del postulado y realizó la imputación de 82 cargos investigados por la comisión de 152 conductas delictivas, todos los cuales fueron aceptados por Juan Francisco Prada Márquez de manera libre, voluntaria y espontánea, estando debidamente asesorado por su defensor de confianza.

La magistrada de control de garantías estableció que las imputaciones realizadas fueron completas, correctamente formuladas y debidamente aceptadas, motivo por el cual las declaró ajustadas a la legalidad.

Audiencia de legalización de aceptación de cargos

1. La audiencia de legalización de aceptación cargos fue celebrada ante la Sala de conocimiento de justicia y paz del tribunal superior de Bogotá, en sesiones del 11 al 13, 16 al 20, 23 al 25, 30 y 31 de enero, 2 y 3 de febrero, 12 de junio y 4 de julio de 2012.

En el curso de ellas, una vez escuchadas las intervenciones del fiscal 34 de justicia y paz, el postulado Prada Márquez, el procurador 15 judicial penal II, los apoderados de las víctimas —tres en total— y el defensor del procesado, la Sala de conocimiento emitió auto el 12 de junio de 2012, en el cual se apoyó en el discurso del fiscal para realizar algunas consideraciones en torno a la competencia, la naturaleza de la diligencia, “el contexto en el cual fueron perpetrados los cargos formulados”, el conflicto armado interno colombiano, las AUC, el frente Héctor Julio Peinado Becerra, el surgimiento de los grupos de autodefensa, la constitución del grupo de autodefensa del postulado Prada Márquez, los grupos de autodefensas campesinas de Santander y el sur de Cesar, la política de grupo, el daño colectivo; la estructura, composición y dinámica; los grupos de autodefensa y las Convivir, los vínculos con las autoridades y con integrantes de la fuerza pública, la parapolítica, las finanzas y la desmovilización.

2. Luego de la anterior contextualización y antes de la enunciación de los cargos, el a quo se pronunció sobre algunos aspectos puntuales frente a las solicitudes incoadas en la audiencia pública, de los cuales se transcribe el apartado pertinente que posteriormente fue objeto de apelación:

“256. La anterior contextualización resulta pertinente para que la Sala dé respuesta a las dos solicitudes que fueron presentadas durante la audiencia pública de legalización de cargos, pues versan sobre aspectos fundamentales para el análisis de legalidad material y formal que debe realizar la Sala sobre aquellos cargos que le fueron formulados al postulado procesado Juan Francisco Prada Márquez y que éste aceptó.

(…).

258. También fue solicitado por parte del representante del Ministerio Público no legalizar aquellos cargos que le fueron formulados a Juan Francisco Prada Márquez en calidad de autor mediato a través de aparato organizado de poder, en la medida que en lo que ha transcurrido del proceso no se ha evidenciado el control efectivo de su Organización que dice ostentar el postulado procesado y por ende su desconocimiento frente a muchas situaciones y hechos que ponen en tela de juicio dicho control, postura que fue coadyuvada por el apoderado de víctimas Jairo Alberto Moya Moya, quien considera que no se puede desconocer que el postulado procesado no tenía conocimiento de los actos previos o de ejecución de los hechos delictivos, e incluso posteriormente, en algunos casos no se enteró de la ejecución de los mismos, circunstancia que impide imputar la autoría o atribuir ese grado de responsabilidad en la medida que si hubiera conocido del hecho, lo habría podido evitar.

259. Lo primero que la Sala quiere poner de presente es que la figura de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder fue diseñada para lograr endilgar la responsabilidad de aquellos mandos altos que en un escenario de macrocriminalidad, generado por una gran estructura para delinquir, en el que resulta imposible demostrar su participación material conformada en tales hechos, especialmente por existir una serie de subalternos con diferentes rangos que los separan de los autores materiales del hecho, quienes normalmente son los que terminan procesados. Entre más niveles de jerarquización hay se presenta mayor dificultad para seguir la cadena de mando, habiendo mayor probabilidad de que la cabeza salga impune.

260. Por ello, los personajes centrales de esta figura jurídica resultan ser por una parte, el autor mediato del hecho que es aquella persona que ostenta un rango superior al autor material y por ende tiene la facultad de dominar el hecho, y por otra parte el subordinado, que es la persona que ejecutará de manera directa el injusto y que si lo decide puede hacerlo directamente o puede ser remplazado fácilmente en la medida que al pertenecer a una macroestructura criminal hay otros sujetos que obedecen las órdenes, dan cumplimiento a las políticas y están en capacidad de materializarlas.

261. En jurisprudencia anterior, esta Sala ha reconocido que las asociación de los grupos paramilitares que llegaron a denominarse Autodefensas Unidas de Colombia, llegaron a

“(…) consolidar una estructura macrocriminal, concebida como una federación de grupos regionales que se autodefinieron como “organizaciones contraguerrilleras y aliadas del Estado en su lucha contrainsurgente”, que en un primer momento trabajó por la expansión territorial, aumentando la intensidad del conflicto y la vulnerabilidad de la población civil [bajo la utilización de un discurso “antisubversivo” encubrieron su] (…) atacar deliberado contra la población civil, quien por encontrarse en circunstancias de vulnerabilidad y exclusión social, era tildada arbitrariamente de informante, colaboradora, auspiciadora o parte de los grupos armados subversivos, convirtiéndose en objetivo militar dentro del conflicto armado interno colombiano y víctimas de homicidios, desplazamientos forzados, torturas, desaparecimientos, crímenes sexuales, entre otras graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”(1) (Negrillas fuera de texto).

262. Es por ello que debe entenderse que la concertación a la que se refiere el numeral 2º del artículo 340 del Código Penal, alude a “(…) una macro concertación criminal de personas, cuyas prácticas dejaron en evidencia que para su expansión, consolidación territorial y económica tuvo entre otras finalidades ilícitas “cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo (…) secuestro, secuestro extorsivo, extorsión (…) y conexos”, además en contra de población civil inmersa en graves condiciones de vulnerabilidad, lo que finalmente estimuló al Gobierno Nacional para la coordinación de un proceso de diálogo para el sometimiento de miembros, con los resultados que ya se conocen”(2).

263. En esa medida, cuando se ha endilgado la responsabilidad a postulados procesados en calidad de autor mediato por ser comandantes en algunas de las subestructuras que componen ese aparato organizado de poder, esta Sala ha dicho que estos se han ido especializando en sus funciones hasta llegar a ser

“(…) los encargados de la formulación e implementación de las políticas criminales propias de la estructura, mientras que a quienes están subordinados les corresponde ejecutar directamente las acciones criminales (…) [ostentando el dominio de la estructura] comoquiera que estableció los lineamientos de su estructura, mecanismos de financiación y modos de operación.

“En ese orden de ideas, es preciso manifestar que por la complejidad de estas estructuras delincuenciales, la dogmática se ha venido adecuando para sancionar a quienes realmente son los responsables de la comisión de tantos delitos en los que no importa quién ejecuta la acción sino la ejecución de la misma. En ese sentido, frente a aquellas acciones criminales perpetradas que no son resultado de una orden directa de quien ostenta posición de mando, pero que se corresponden con las políticas criminales de esta clase de estructuras, la responsabilidad es atribuible tanto a los superiores jerárquicos como a quien materializó el delito, pero el grado de la misma será proporcional a la posición ostentada al interior de la organización criminal(3).

264. Es en este último sentido es que se predica la responsabilidad del aquí postulado procesado Juan Francisco Prada Márquez, quien por ostentar la posición de mando más alta dentro del frente Héctor Julio Peinado Becerra, y por tanto tener el dominio frente a la misma, debe responder por aquellas acciones delictivas cometidas con ocasión de su mandato pero también por aquellas que se correspondían con los lineamientos y políticas dadas por él para el accionar del frente, que estaban encaminadas a atacar de manera generalizada y sistemática a la población civil del área donde se ejercía influencia (supra. apartado 6.2.3.4) hubiese o no dado la orden directa toda vez que nunca dejó de tener el dominio mediato de la ejecución de las mismas”.

3. A continuación, el tribunal realizó el control material de los cargos formulados por la Fiscalía y aceptados por el postulado Juan Francisco Prada Márquez, los cuales se resumen a continuación, en el orden en que fueron presentados y destacando cómo se concretaron en sus aspectos fáctico y jurídico, así como la decisión adoptada en cada evento:

Cargo 1: concierto para delinquir.

Conforme al contexto que se reseñó en los antecedentes del caso, a Prada Márquez se le atribuye haber iniciado relaciones con las denominadas AUC entre los años 1992 y 1993, época en la que su primo Roberto Prada Gamarra se encontraba al mando de un grupo de miembros de esa organización armada ilegal que operaba en algunos municipios y corregimientos del departamento del Cesar, prestándoles ayuda y colaboración.

De igual modo, a comienzos de 1994 ejerció el control y dirección de la organización de autodefensas que operaba en Yopal (Casanare), ostentado así el mando de la zona norte, hasta que conflictos con algunos familiares que lideraban otros territorios, le permitió hacerse también al control de la zona sur; así, desde 1993 geográfica y hostilmente se fueron expandiendo y consolidando las autodefensas de Santander y Sur del Cesar (AUSAC), hasta finalmente conformarse el frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC.

En ejercicio de ese rol de mando, control y dirección de la organización ilegal armada y en procura de su promoción y consolidación, el postulado “impuso y direccionó a sus subalternos hacia el cumplimiento de unas supuestas políticas antisubversivas y del ilegal ejercicio de la fuerza pública en la región, bajo cuyo propósito se cometieron aberrantes acciones delictivas, que pretendieron legitimar, aduciendo fines orientados a combatir a las subversión a sus auxiliadores y colaboradores, a la delincuencia común, llámese cuatreros, expendedores de estupefacientes o alcaloides, violadores, sectas satánicas y todas aquellas personas, que a juicio de los que conformaron el aparato organizado de poder ilegal, fueron considerados dañinos a la sociedad”.

En tal medida, se acreditó la comisión de múltiples conductas delictivas, asi como la existencia de la estructura criminal comandada por el procesado, y la pluralidad de sujetos activos que la conformaban, y de víctimas generadas con los delitos por él cometidos.

La condición de concertado del postulado se demostró con su versión libre, la ratificación ante el alto comisionado para la paz, y la sentencia proferida por el juzgado penal del circuito especializado de Valledupar el 12 de enero de 2006, que lo condenó a 380 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado —cometido el 21 de junio de 2001, siendo víctima Ayda Cecilia Lasso Gemade—.

Con base en lo anterior, a Prada Márquez se le acusó como autor del delito de concierto para delinquir agravado de que trata el artículo 340 —numerales 2º y 3º— de la Ley 599 de 2000, cometido en la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el numeral 2º del artículo 58 de la misma legislación, referida a que el hecho se perpetre por motivos abyectos o fútiles.

La judicatura legalizó dicho cargo, pero aclarando que la concertación aludida por la Fiscalía, se encuentra comprendida entre el 22 de julio de 2002 y el 6 de marzo de 2006, fecha de su desmovilización, toda vez que en su contra se había proferido la ya referida sentencia condenatoria por el mismo ilícito.

Cargo 2: porte ilegal de armas.

Sobre esta hipótesis, simple y llanamente aclaró el tribunal que acorde con la postura reiterada de esta Sala, la fiscalía se abstuvo de solicitar su legalización, ya que las “encontró subsumidas la conductas contempladas en los artículos 365 y 366 de la Ley 599 de 2000, por el tipo previsto en el artículo 340 numerales 2º y 3º de esa normatividad”.

Cargo 3: actos de terrorismo y desplazamiento forzado de población civil.

Por constituir uno de los ejes temáticos de la impugnación, se transcribe íntegramente lo consignado por el tribunal:

“301. El 21 de junio de 2000, siendo las siete y treinta de la noche (07:30 p.m.) aproximadamente, los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra Juan Tito Prada Prada, alias “Tito” y Wilson Carrascal Salazar, alias “El Loro”, irrumpieron en la vivienda de Ayda Cecilia Lasso Gemade, candidata a la alcaldía del municipio de San Alberto-Cesar, ubicada en el barrio Villa del Prado de esa municipalidad, en momentos en los que se celebraba una reunión familiar, procediendo alias “El Loro” a propinarle tres impactos con arma de fuego que le causaron la muerte de manera inmediata, al tiempo que alias “Tito” le disparó a su menor hija Sindy Paola Rondón Lasso ocasionando de igual forma su deceso cuando pretendía infructuosamente auxiliar a su madre.

302. Estos acontecimientos, dada la excesiva agresión desplegada, la conmoción que de ordinario significa el disparar armas de fuego al interior de viviendas familiares ubicadas en zona urbana y, la especial significación social que implicaba el asesinato de una aspirante al cargo de libre elección más representativo del municipio, generaron en la familia de la víctima y en la comunidad de San Alberto (Cesar) sentimientos de zozobra y terror, que finalmente determinaron el desplazamiento hacia la ciudad de Bucaramanga de Luis Gabriel Lasso Gemade, hijo de Ayda Cecilia, y de su primo Luis Gabriel Gemade.

303. No obstante que por este asesinato fue proferida sentencia condenatoria en contra del procesado Juan Francisco Prada Márquez por el delito de homicidio, la fiscalía, para efectos de satisfacer los estándares de verdad que se imponen en este modelo de Justicia transicional, ilustró con suficiencia las comprobaciones aportadas al proceso y que permitieron acreditar las circunstancias que antecedieron y se sucedieron en relación con este hecho.

304. De esa forma, quedó establecido a través de las entrevistas a las víctimas indirectas Luis Gabriel Lasso Gemade, Efraín Lasso Gemade (hijo), Efraín Lasso Gemade (hermano), Sandra Constanza Lasso Gemade (hermana), Leonor Gemade de Lasso (madre) y Édgar Gemade Olaya (primo), así como de las versiones libres de los procesados Wilson Carrascal Salazar, alias “El Loro” y Juan Francisco Prada Márquez, que la orden del asesinato fue dada por este último a Rodolfo Pradilla, alias “El tuerto”, quien fungía como comandante paramilitar en San Alberto, durante una reunión que se celebró tres días antes del asesinato, y en la que participaron además Daniel Tolosa Contreras a. “el Cura” (hermano de una cuñada de la Víctima), José Daniel Cárdenas León a. “Angelito”, Juan Tito Prada Prada a. “Tito”, Giovany Lamus alias “Chupete”, Javier Zárate (candidato a la alcaldía de San Alberto, —Condenado—) y Gerardo Jaimes (alcalde de San Alberto, —Condenado—) y el sujeto conocido con el alias de “Nico”, como consecuencia de infundados señalamientos en contra de la víctima Ayda Cecilia Lasso Gemade de tener vínculos con la subversión.

305. No obstante lo anterior alias “El loro” en diligencia de versión libre manifestó que el asesinato de Ayda Cecilia Lasso obedeció a intereses políticos, hecho que se evidencia en los resultados de los comicios electorales del año 2000 en los que Javier Zárate, quien fue uno de los determinadores del homicidio, obtuvo la alcaldía de San Alberto.

306. Precisó la fiscalía que a las diligencias de versiones libres rendidas por los postulados Wilson Carrascal Salazar y de Juan Francisco Prada Márquez, compareció como víctima el señor Nelson Rondón, esposo de Ayda Cecilia Lasso Gemade, quien no obstante haber sido reconocido como tal en el SIJYP con Registro 375.326 del 8 de febrero de 2001 no ha manifestado interés de reparación alguna dentro de este proceso, pues según informó el doctor Jairo Moya, defensor de víctimas de la defensoría pública, este voluntariamente ha decidido acudir a instancias internacionales, razón por lo que no ha solicitado designación de defensor para este proceso.

307. Comparecieron en condición de víctimas indirectas del homicidio del que resultó víctima Ayda Cecilia Lasso Gemade, Luis Gabriel Lasso Gemade (hijo), Efraín Lasso Gemade (hermano), Sandra Constanza Lasso Gemade (hermana), Leonor Gemade de Lasso (madre) y Édgar Gemade Olaya (primo).

308. La fiscalía formuló el cargo contra el postulado Juan Francisco Prada Márquez a título de autor mediato, por el delito de desplazamiento forzado de población civil, previsto en el artículo 159 de la Ley 599 de 2000, del que resultaron víctimas Luis Gabriel Lasso Gemade (hijo) y Édgar Gemade (primo de la víctima directa).

309. No obstante en desarrollo de las presentes diligencias intervino Sandra Constanza Lasso Gemade, víctima reconocida mediante resolución del 3 de diciembre de 2007 y Registro 120091 del servicio de información de justicia y paz, SIJYP, quien enfáticamente señaló que la única persona que fue desplazada desde el municipio de San Alberto por la muerte de Ayda Cecilia fue su hijo Luis Gabriel Lasso Gemade, razón por la que cuestiona que se predique aquella condición de su primo Édgar Gemade, quien para la fecha de los hechos residía en la ciudad de Bucaramanga.

310. Comoquiera que con suficiencia fue clarificado que la condición del desplazamiento forzado sólo es predicable de Luis Gabriel Lasso Gemade, atendido que el postulado debidamente asesorado aceptó su responsabilidad en el hecho a título de autor mediato, la Sala dispone exclusivamente la legalización del cargo por el delito de desplazamiento forzado de Luis Gabriel Lasso Gemade a título de autor mediato.

311. En lo que tiene que ver con el desplazamiento forzado de Édgar Gemade y la reprobación que de esa condición hizo Sandra Constanza Lasso Gemade, hermana de la víctima directa, la Sala atiende lo dispuesto por la jurisprudencia nacional, en el sentido que la audiencia de legalización de cargos es “(…) [el] espacio adecuado para la forzosa controversia y discusión, en el cual las víctimas puedan ser escuchadas y se les permita abonar desde su conocimiento esa verdad (…) [relacionada] dentro de su contexto y definiendo en lo posible las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la correcta ubicación típica, que incluye el grado de participación, aspectos necesarios en aras de respetar, además de esos conceptos valiosos de verdad y justicia, el principio de congruencia”(4).

312. En ese sentido, teniendo en cuenta que la hermana y la madre de la víctima directa comparecieron a las diligencias, infirmando con razonabilidad la declaración rendida por el señor Édgar Gemade, la Sala no legaliza el cargo formulado por el delito de desplazamiento del que se dice ser víctima Édgar Gemade, al tiempo que, teniendo en cuenta que todo indica que con su gratuita atribución de la condición de desplazado, eventualmente se estaría en presencia del delito de fraude procesal, ante la fiscalía general de la Nación se compulsarán copias de las piezas procesales que interesen para que se adelante la investigación penal que corresponda.

313. La Sala manifiesta su más enérgico rechazo a esta situación, pues ello se traduce en la disminución de oportunidades de acceso a la reparación para quienes sí ostentan en realidad la condición de víctimas del conflicto armado interno que vive Colombia, quienes en exceso han sido ya lesionadas y disminuidas en su dignidad.

314. Finalmente habiéndose demostrado que las condiciones en las que se perpetró el doble homicidio generaron las obvias condiciones de temor y zozobra que vienen señaladas, se dispone legalizar el cargo formulado en contra de Juan Francisco Prada Márquez, en su condición de autor mediato por el delito de actos de terrorismo, teniendo en cuenta la cabal adecuación típica del comportamiento bajo el criterio de legalidad extendida que ha sido reiterado por la Jurisprudencia penal nacional, según el cual el comportamiento se corresponde con el descrito por el artículo 144 de la Ley 599 de 2000, sancionado con pena de prisión que oscila entre 15 y 25 años de prisión. No obstante, en atención al principio de favorabilidad, al momento de sancionar la conducta punible se deberán atender los extremos punitivos de entre 10 a 20 años de prisión establecidos en el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991 que modificó la Ley 100 de 1980, cometido en las condiciones de mayor punibilidad que consagra el artículo 58 numerales 2º y 3º de la Ley 599 de 2000, atendidos los fútiles argumentos que determinaron las ilicitudes y las condiciones de indefensión de las víctimas.

315. Sea esta la oportunidad para rectificar lo dicho por el apoderado de víctimas Jairo Alberto Moya, en relación con la supuesta aceptación de responsabilidad hecha por Juan Francisco Prada Márquez en audiencia de legalización por el homicidio de Sindy Paola Rondón Laso, precisando que verificados los registros no se constata tal evento, por lo que no resulta procedente legalizar un cargo que no se ha formulado atendiendo las ritualidades de la Ley 975 de 2005 y que no ha sido aceptado por el postulado”.

Cargo 4: actos de terrorismo.

A las 7:30 p.m. del 23 de febrero de 2001 irrumpieron al inmueble ubicado en la Calle 9 Nº 2N-59 del municipio de San Alberto (Cesar), Juan Tito Prada Prada, alias “Tito”, y José Daniel Cárdenas León, alias “Angelito”, integrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra, quienes al disparar proyectiles de arma de fuego causaron la muerte a Pablo Antonio Padilla López, vicepresidente del Sindicato de Indupalma y candidato al concejo municipal de esa localidad. Dicho acto, por haberse dirigido en contra de un líder de la comunidad, generó un estado de zozobra y terror en los integrantes de agremiaciones comunales, a quienes con tal acontecer se les transmitió el mensaje de que sus actividades eran calificadas por las autodefensas como “subversivas”.

Como por el homicidio de este ciudadano se emitió sentencia condenatoria en contra de Prada Márquez el 25 de febrero de 2009, sólo se formuló y legalizó el cargo por el delito de actos de terrorismo, en su condición de autor mediato, de conformidad con el artículo 144 del Código Penal de 2000, pero aplicando favorablemente la pena fijada en el artículo 4º del Decreto 2266 de 1991, que modificó el Decreto-Ley 100 de 1980. Se dedujeron, igualmente, las condiciones de mayor punibilidad consagradas en los numerales 2º y 3º del artículo 58 de aquella normatividad.

Cargo 5: homicidio de Martín Larrota Duarte.

La fiscalía retiró la solicitud de legalización de este cargo formulado y aceptado por el postulado, debido a que con relación al mismo, el 23 de febrero de 2009 un juez penal del circuito especializado dictó sentencia condenatoria.

Cargo 6: tortura, secuestro simple y desplazamiento forzado de la familia Gómez Díaz.

Aproximadamente a las 9:30 p.m. del 2 de abril de 2002, Juan Carlos Gómez Díaz, quien se desempeñaba como ayudante de construcción, no volvió a su casa, luego de salir con el propósito de encontrarse con Óscar Guerrero Gómez para devolver una bicicleta que le había sido prestada. En horas de la madrugada del día siguiente, el padre de Guerrero Gómez llegó a la casa de Gómez Díaz informando que los paramilitares se habían llevado a los dos jóvenes en un vehículo de servicio público, estableciéndose con posterioridad que los sujetos conocidos con los alias de “Chorola”, “El Paisa” y “Conejo” los llevaron al corregimiento de Puerto Mosquito (Aguachica), donde los asesinaron, arrojando sus cuerpos sin vida al río Magdalena con el fin de desaparecerlos, si bien el de Gómez Díaz fue hallado flotando ese día, con visibles muestras de haber sido sometido a torturas.

Por este hecho, que ameritó condena en contra del postulado por el juzgado penal del circuito especializado de Valledupar el 29 de julio de 2009, la familia de la víctima recibió amenazas de muerte por parte de sus ejecutores, propiciando así su desplazamiento forzado del municipio de Aguachica.

Se legalizaron, en consecuencia, los cargos por los ilícitos de secuestro simple, tortura en persona protegida y desplazamiento forzado de población civil agravado, formulados al procesado a título de autor mediato, en su calidad de comandante máximo del frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte de las AUC. Ello, conforme a lo previsto en los artículos 137, 159 y 168 del Código Penal, respectivamente, en concordancia con el artículo 58-2-3 ibídem, que consagra las ya mencionadas circunstancias de mayor punibilidad.

Cargos 7, 76 y 98.

Con relación a estos tres cargos, la Sala aclaró que por tratarse de hechos conexos, los legalizaría cronológica y consecutivamente, de esta forma:

Cargo 98: despojo en campo de batalla y desplazamiento forzado de Rosalba Acosta Muñoz, Margarita Hernández Ariza, Leslie Isabel Mendoza Larios y sus núcleos familiares.

El 15 de agosto del 2000, cuando Luis Fernando Rincón López, exburgomaestre y nuevamente aspirante a la alcaldía de Aguachica, se trasladaba a bordo de una camioneta en compañía de tres escoltas asignados por el Departamento Administrativo de Seguridad, por la vía que de la cabecera de ese municipio conduce al corregimiento de Puerto Mosquito, a la altura del lugar conocido como “Buturama” fue interceptado por un grupo de miembros de las AUC, quienes lo hicieron descender del vehículo y retuvieron a sus escoltas, siendo despojados de sus armas de dotación. Seguidamente Rincón López fue llevado hacia la finca “El Palmar”, en donde fue asesinado con arma de fuego.

Este hecho también generó el desplazamiento forzado del equipo de trabajo de la víctima, conformado por Miguel Malo Quiroz, Robinson Rocha Guzmán, Rosalba Acosta Muñoz, Margarita Hernández Ariza, Leslie Isabel Mendoza Larios, y Fredy Ernesto Ditta, quienes recibieron amenazas con posterioridad al asesinato.

Prada Márquez, que aceptó haber ordenado dicha muerte, fue condenado por el delito de homicidio en el juzgado penal del circuito especializado de Valledupar, el 24 de junio de 2010.

La imputación, entonces, recayó por los delitos de secuestro simple, en los términos del artículo 269 del Código Penal de 1980, modificado por la Ley 40 de 1993, y despojo en campo de batalla y desplazamiento forzado, consagrados en los artículo 151 y 159 de la Ley 599 de 2000, en su orden; ello, en armonía con las circunstancias de mayor punibilidad de que trata el artículo 58-2-5 ejusdem.

Todos los cargos fueron legalizados por el tribunal a quo, si bien el ilícito de despojo en campo de batalla fue adecuado en el de hurto calificado agravado previsto en los artículos 349, 350, 351-10 y 372 de la codificación de 1980.

Cargo 7: homicidio y secuestro simple de César Alberto Pazo Torres.

A eso de las 3:00 p.m. del 1º de septiembre de 2001, César Alberto Pazo Torres, quien se encontraba en inmediaciones del sitio conocido como “La Heladería” a la espera de Miguel Malo Quiroz, con quien adelantaba un proyecto comunitario asignado por la alcaldía para la canalización del caño “El Cristo”, fue interceptado por sujetos que se identificaron como miembros de las AUC y lo obligaron a abordar un vehículo, para llevarlo a una cita con “el jefe”. Luego, hacia las 6:30 p.m., sobre la carretera que del municipio de Aguachica conduce al corregimiento de Puerto Mosquito, a la altura del sitio conocido como “Cuesta del Barbudo”, Pazo Torres fue encontrado sin vida, con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en su cuerpo.

La conducta en comento fue adecuada y legalizada en los tipos penales de homicidio en persona protegida y secuestro simple agravado, contenidos en los artículos 135 y 168 y 170-11, respectivamente, del Código Penal de 2000; ambos a título de autoría mediata y bajo las circunstancias de mayor punibilidad previstas por el artículo 58 numerales 2º y 5º ibídem.

Cargo 76: desplazamiento forzado de Miguel Malo Quiroz.

Miguel Malo Quiroz, ex concejal de Aguachica en el año 1996 y reelegido por tercera vez para el período 2000-2004, era parte de la coalición política promovida por el entonces candidato a la alcaldía Luis Fernando Rincón López, con quien impulsaba el proyecto “Aguachica para todos”, que no fue del agrado de los grupos armados de la zona —tanto subversivos como paramilitares—, quienes lo declararon como objetivo militar y lo amenazaron constantemente, obligándolo a renunciar a su cargo y abandonar —al igual que su familia— la población, decisión que reforzó tras enterarse del asesinato de su colega César Pazo Torres.

Por este suceso, el ente acusador endilgó al postulado, en calidad de autor mediato, el delito de desplazamiento forzado de población civil de que trata el artículo 159 del Código Penal de 2000, en las circunstancias de mayor punibilidad reguladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem. Cargo que en tales términos fue legalizado por la judicatura.

Cargo 8: homicidio de Orlando Claro Santiago.

En la noche del 27 de julio de 2002, mientras se encontraba en la puerta de su residencia ubicada en la Calle 4 Nº 16-41 del barrio El Carretero en el municipio de Aguachica, Orlando Claro Santiago, quien era docente, sindicalista, líder comunitario e integrante de la ONG denominada “Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio”, fue asesinado por un patrullero de las AUC, que previamente había arribado en un vehículo de servicio público junto con otros tres miembros de esa organización armada ilegal, que lo tildaba de “subversivo”.

El cargo legalizado se formuló a título de autoría mediata por el delito de homicidio en persona protegida, regulado en el artículo 135 del Código Penal de 2000, con las circunstancias de mayor punibilidad establecidas en el artículo 58 numerales 2º y 3º ibídem.

Cargo 9: homicidio de Hugo López Quiroz.

En la tarde del 28 de julio de 1999, dos patrulleros del frente Héctor Julio Peinado Becerra llegaron al hospedaje “La Cordillera” del municipio de San Alberto (Cesar), en donde dieron muerte al exconcejal Hugo López Quiroz, mediante disparos de arma de fuego y heridas propinadas con arma cortopunzante.

Por este hecho no se solicitó legalización, dado que, obra fallo condenatorio del 8 de junio de 2010, proferido por el Juzgado Especializado del Circuito de Valledupar en contra del postulado.

Cargo 10: homicidio de José Mario Saldaña Flórez y desplazamiento forzado de Saida Sadith Sayas Zabaleta y su núcleo familiar.

En las horas meridianas del 24 de noviembre de 1999, José Mario Saldaña Flórez, concejal del municipio de Aguachica y quien fue señalado como “subversivo”, fue interceptado en la esquina de la carrera 14 con calle 6 de esa población cuando salía de un establecimiento comercial, por Alfredo Ballena, alias “Rancho”, Ómar Enrique Rincón, alias “El Chavo” y Luis Castillo, alias “Luis el Taxista”, miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, quienes le dispararon múltiples proyectiles con arma de fuego que le ocasionaron la muerte. Posteriormente, profirieron amenazas contra familiares de la víctima, generando su desplazamiento.

Como por el ilícito de homicidio se dictó fallo condenatorio contra Prada Márquez el 23 de noviembre de 2010, en el juzgado penal del circuito especializado de Valledupar, los cargos legalizados, a título de autoría mediata, correspondieron a los delitos de amenazas, tipificado el artículo 347 de la Ley 599 de 2000, aunque teniendo en cuenta favorablemente la pena consagrada en el artículo 276 del Decreto-Ley 100 de 1980, y desplazamiento forzado, previsto en el artículo 159 de aquella normatividad.

Cargo 11: homicidios de Óscar Yobany Peñaranda Lázaro y Fredy León Ortiz.

El 13 de diciembre de 2004, a eso de las 8:00 p.m., cuando Óscar Yobany Peñaranda Lázaro y su escolta Fredy León Ortiz se encontraban en una calle del barrio Santa Bárbara del municipio de Ábrego (Norte de Santander), fueron interceptados por Daniel Guerrero Gélvez, alias “Gallardo”, y Luis Carlos Jiménez Pacheco alias “Julián”, miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, quienes desde una motocicleta les dispararon con arma de fuego, ocasionándoles la muerte; seguidamente, los despojaron de una escopeta y un revólver. Dicha muerte fue ordenada por Alfredo García Tarazona, alias “Arley”, ante señalamientos infundados relacionados con supuestos vínculos del primero con el grupo guerrillero EPL.

El ente acusador formuló cargos por el concurso de delitos de homicidio en persona protegida y despojo en campo de batalla, contemplados en los artículos 135 y 151 de la Ley 599 de 2000, en su orden, ambos a título de autoría mediata y con las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem.

El tribunal a quo legalizó ambas imputaciones, si bien ajustó la última a la conducta punible de hurto calificado agravado, regulada en los artículos 239, 240 y 241-10 de esa codificación.

Cargo 12: masacre de Cerro Redondo; víctimas: Néstor Yaruro Contreras, Héctor Flórez Pérez, Ramiro Antonio Manosalva Salcedo, Auden Julio Duarte y Miguel Ruiz Arango.

El postulado Prada Márquez aceptó haber autorizado a su comandante militar Alberto Durán Blanco, alias “Barranquilla”, para realizar una incursión armada en la vereda Cerro Redondo del corregimiento El Norián del municipio de Aguachica, conjuntamente con el frente Resistencia Motilona, agrupación paramilitar comandada por Jeferson Enrique Martínez López, alias “Omega”, debido a señalamientos en contra de varias personas de ser colaboradores del grupo subversivo ELN.

Fue así como un grupo que oscilaba entre 30 y 40 miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra se concentró en la finca San Fernando del municipio San Martín, quienes al mando de alias “César”, transitaron por varias veredas, hasta llegar a La Quiebra, en la que se reunieron con un grupo conformado por aproximadamente 40 hombres pertenecientes al frente Resistencia Motilona bajo el mando de Wilson Poveda Carreño, alias “Rafa”, quien en últimas asumió el control de la incursión armada en Cerro Redondo, sitio al que arribaron alrededor de las 6 a.m. del 6 febrero de 2000, portando uniformes camuflados, brazaletes distintivos y armas de corto y largo alcance, tales como ametralladoras, algunas de referencia MK-30, morteros, lanzacohetes referencia C-90, lanzagranadas y fusiles de diferentes referencias como G-E, Fal y Galil, con las cuales asesinaron en diversos lugares a cinco miembros de la comunidad, al tiempo que insultaban e intimidaban a los residentes de la vereda y cometían otros atropellos, como saquear casas y tiendas, irrespetar los cadáveres, incendiar la tienda comunal y una camioneta, y destruir el puesto de salud, donde también funcionaba el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Así, la Fiscalía adecuó los comportamientos señalados en el Código Penal de 2000, señalando al postulado como coautor de homicidio en persona protegida en concurso homogéneo y sucesivo; actos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos, y despojo en campo de batalla, tipificados en los artículos 135, 144, 154 y 151, respectivamente, con las circunstancias de mayor punibilidad que contemplan los numerales 2º y 5º del artículo 58 de la misma legislación.

La Sala legalizó la múltiple incriminación, a título de autoría mediata, si bien ajustó los ilícitos de despojo en campo de batalla —hurto calificado agravado— y terrorismo, a las descripciones previstas en Decreto-Ley 100 de 1980.

Cargo 13: masacre de Santa Rosa del Caracol; víctimas: Moisés Guerrero Garzón, Wilfer Angarita Suárez, Óscar Suárez Trillos, Carlos Julio Santana Flórez y Álvaro López Mateo y sus núcleos familiares.

El 8 de diciembre de 2001, por autorización de Prada Márquez, miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra se desplazaron hacia la vereda Santa Rosa del Caracol del municipio de Aguachica, con el fin de atentar contra personas señaladas como presuntas auxiliadoras de la guerrilla. En la ruta, retuvieron a Álvaro López Mateo, Wilfer Angarita Suárez, Óscar Suárez Trillos, Carlos Julio Santana Flórez y Moisés Guerrero Garzón, quienes se dirigían a cumplir con su rutinas laboral, el último, y religiosa, los cuatro restantes, los cuales fueron asesinados en un montículo ubicado en esa vereda, en tanto que, Guerrero Garzón fue trasladado a la vereda El Carbón, donde se le ultimó.

Por estos hechos, la Fiscalía formuló cargos al postulado como autor mediato del concurso de conductas punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, contemplados en su orden en los artículos 135 y 168 de la Ley 599 de 2000, en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem.

Dichos cargos fueron legalizados, junto con el de desplazamiento forzado de población civil, tipificado en el artículo 159 ibídem, el cual fue adicionado debido a que los familiares de las víctimas dejaron la región, ante las amenazas y actos de intimidación por parte de los grupos armados ilegales.

Cargo 14: homicidios de Raúl Fuentes Echávez, Richard Ramírez Trillos y Juan Estaban Almendrales Pascuales.

El 7 de febrero de 1999, Armando Madariaga Picón, alias “María Bonita” o “Wilson”, patrullero del frente Héctor Julio Peinado Becerra, desde una motocicleta conducida por Luis Manuel Zorrilla Contreras, alias “Rubiano”, disparó un arma de fuego en contra de Raúl Fuentes Echávez, Richard Ramírez Trillos y Juan Estaban Almendrales Pascuales, ocasionándoles la muerte, cuando se encontraban departiendo en una tienda del barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica.

Se legalizaron, por consiguiente, los cargos formulados a título de autoría mediata por el concurso homogéneo de delitos de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en concordancia con numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem.

Cargo 15: homicidio de Emiro Aconcha Arévalo y desplazamiento forzado.

Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica Pica”, y Alirio Páez Barrientos, alias “Raúl Guasaco”, miembros de las AUC, el 3 de abril de 2001 acataron la orden impartida por el también integrante de ese grupo Alberto Durán Blanco, alias “Barranquilla”, de asesinar a Emiro Aconcha Arévalo, conocido como “El Ruso”, quien fue abordado en la vía pública que de la cabecera del municipio de San Martín comunica con los corregimientos de Cuatro Bocas y Santa Lucía, en donde fue atacado con armas cortopunzante y de fuego. Este hecho condujo al desplazamiento de la región, de la compañera sentimental de la víctima.

La Fiscalía acusó a Prada Márquez a título de autoría mediata, por los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado de población civil y secuestro simple, consagrados en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000, cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad establecidas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem, y 269 del Decreto-Ley 100 de 1980, respectivamente.

Los cargos en comento fueron legalizados por la Sala de conocimiento.

Cargo 16: homicidio de Luis Alberto Badillo Quintero.

Alrededor de las 11:30 a.m. del 30 de marzo de 2000, cuatro miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra que se movilizaban en un taxi, llegaron al taller de “Carrocerías Santander”, ubicado en la vía 40 del municipio de Aguachica, y procedieron a agredir con arma de fuego a Luis Alberto Badillo, propiciando su deceso, por ser supuesto auxiliador de la guerrilla.

Por este hecho, el Tribunal legalizó el cargo formulado a Prada Márquez como autor mediato del ilícito de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 del Código Penal de 2000, en las circunstancias de mayor punibilidad establecidas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem.

Cargo 17: homicidio de Melquiceded Yance de León y desplazamiento forzado.

En la mañana del 5 de septiembre de 1998, en el municipio de Aguachica, cuando Melquiceded Yance de León se movilizaba en una motocicleta, fue abordado por cuatro integrantes de las AUC, uno de los cuales, Alfredo Ballena, alias “Rancho”, atendiendo a orden impartida por uno de los comandantes, le exigió detenerse y tenderse bocabajo al lado del camino, donde le propinó varios disparos con arma de fuego que le causaron la muerte. Dicho acto propició el posterior el desplazamiento de la familia de la víctima.

La Fiscalía adecuó las conductas a los delitos de homicidio en persona protegida y desplazamiento forzado, consagrados en su orden en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000, cometidos en circunstancias de mayor punibilidad establecidas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem, a título de autoría mediata. Ambas imputaciones fueron legalizadas por la Sala de justicia y paz.

Cargo 18: homicidio de Martín Castillo López y terrorismo.

Alrededor de las 10:00 p.m. del 9 de julio de 1998, los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra conocidos con los alias de “Rancho” y “Niño Escobar”, arribaron a la vivienda de Martín Castillo López, ubicada en el barrio María Auxiliadora del municipio de Aguachica, cuando se encontraba descansando con su familia; allí fue atacado con arma de fuego, hasta finalmente ser ultimado en la vía pública, hecho que por las circunstancias en que fue ejecutado, generó zozobra y terror en ese sector de la comunidad. La víctima era señalada de haber participado en actividades de delincuencia común.

La judicatura legalizó los cargos endilgados por el fiscal a título de autoría mediata, por las conductas punibles de homicidio en persona protegida y terrorismo, previstos en los artículos 135 y 187 de los códigos penales de 2000 y 1980, respectivamente.

Cargo 19: homicidio de Edith Cecilia Guevara Martínez.

Aproximadamente a las 7:00 p.m. del 15 de noviembre de 1997, cuando Edith Cecilia Guevara Martínez dejó la tienda conocida como “El Playón” para dirigirse hacia su residencia en el municipio de Aguachica, fue abordada por dos sujetos que cumpliendo órdenes de los comandantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra, le propinaron múltiples heridas con arma de fuego, ocasionando su muerte, pues, se le acusaba de ser colaboradora de la subversión.

El hecho fue encuadrado y legalizado en la hipótesis delictual de homicidio en persona protegida contenido en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en concordancia con los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem. Dicha incriminación se hizo a título de autoría mediata.

Cargo 20: homicidios de Edison Corredor Colmenares y Agustín Corredor Flórez.

A eso de las 8:00 p.m. del 27 de marzo de 2000, al establecimiento de billar ubicado en la carrera 39 con calle 9 del municipio de Aguachica, arribaron a bordo de un vehículo de servicio público los miembros de la citada organización armada ilegal conocidos con los alias de “Raúl el Buchón” y “Rancho”; en el sitio, accionaron una pistola calibre 9 mm en contra de las humanidades de los primos Agustín Corredor Flórez, quien falleció en el acto, y Edison Corredor Colmenares, quien huyó herido pero murió más tarde cuando era trasladado a un centro asistencial. La orden de asesinar a los parientes provino de la comandancia del frente, ya que los acusaban de ser milicianos de la subversión.

En este evento, se legalizó la imputación formulada contra el postulado a título de autor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, en los términos del artículo 135 del Código Penal de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem.

Cargo 21: homicidio y secuestro de Jorge Cárdenas Mandón y secuestro de Martha Judith Ochoa Cárdenas.

Alrededor de las 8:30 p.m. del 5 de abril de 2000, Jorge Cárdenas Mandón caminaba en compañía de su pareja Martha Judith Ochoa Cárdenas en la calle 3ª con carrera 15 del municipio de Aguachica, cuando fueron interceptados por Alfredo Ballena, alias “Rancho”, y el individuo conocido con el alias de “El Buchón”, patrulleros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, quienes se movilizaban como pasajeros de un taxi y luego de identificarse como miembros del DAS, los obligaron a abordarlo, para llevarlos con rumbo desconocido con el fin de realizarles unas preguntas. En la marcha, Cárdenas Mandón forcejeo con sus captores, quienes finalmente le causaron la muerte con arma de fuego, en tanto que, su compañera sentimental fue liberada unas cuadras más adelante del lugar del acometimiento. Al parecer, la víctima fue ultimada porque siendo exmilitar, rehusó ingresar a la citada agrupación ilegal.

Por estos hechos, la Fiscalía formuló cargos por los injustos de homicidio en persona protegida de que trata el artículo 135 del Código Penal de 2000, en circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem, y secuestro simple con arreglo a la descripción típica contenida en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980, agravado de manera genérica por los numerales 1º, 3º y 13 del artículo 66 ejusdem.

Ambos cargos fueron legalizados a título de autoría mediata.

Cargo 22: homicidios de Eutor Emilio y Rubén Antonio Bonilla Canónigo, actos de terrorismo y secuestro simple.

Aproximadamente a las 7:00 p.m. del 7 de junio de 2000, a la residencia de los hermanos Eutor Emilio y Rubén Antonio Bonilla Canónigo, arribaron en dos vehículos los miembros de las AUC Armando Madriaga Picón, alias “María Bonita”, Alfredo Ballena, alias “Rancho”, Luis Manuel Zorrilla Contreras, alias “Rubiano”, y el sujeto conocido con el sobrenombre de “Raúl el Buchon”, quienes los sustrajeron, ataron y llevaron hasta la cancha de fútbol conocida como Nueva Colombia del municipio de Aguachica, en donde uno de los retenidos intentó vanamente huir, pero fue alcanzado durante la persecución por impactos de armas de fuego propinados por Madariaga Picón y Ballena, en tanto, su hermano era asesinado en el mismo lugar, con impactos de arma de fuego propinados por los otros dos secuestradores. Ello, en cumplimiento a orden dada por los comandantes de zona, que los acusaban de ser milicianos de la subversión.

Tales hechos fueron adecuados y legalizados acorde con los tipos penales de homicidio en persona protegida, secuestro simple y terrorismo, regulados en los artículos 135 de la Ley 599 de 2000 —el primero— y 269 y 187 del Decreto-Ley 100 de 1980 —los restantes—, cometidos a título de autoría mediata, en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 de la primera normatividad citada.

Cargo 23: homicidio de José Saúl Guzmán Guzmán y desplazamiento forzado.

En las horas de la noche del 2 de agosto de 1998, en una caseta ubicada cerca de una estación de suministro de combustible del municipio de Aguachica, se encontraba Saúl Guzmán Guzmán departiendo con otras dos personas, cuando llegaron dos sujetos del citado grupo ilegal en una motocicleta, quienes después de indagar por el propietario del vehículo marca Dodge Dart estacionado frente al lugar, cuyo dueño era Guzmán Guzmán, le solicitaron que los llevara a la vereda Aguasblancas; como dicha petición fue rehusada, accionaron un arma de fuego en su contra, provocando el deceso de quien consideraban un auxiliador de la subversión, cuya familia recibió amenazas que propiciaron su desplazamiento.

La Fiscalía adecuó las conductas descritas a los delitos de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, previstos en los artículos 135 y 159 del Código Penal de 2000, en concordancia con el artículo 58-2-5 de la misma normativa. En tales términos fueron legalizadas ambas incriminaciones.

Cargo 24: homicidio de Luis Alfonso Suescún Alba.

El fiscal delegado retiró la solicitud de legalización respecto de este cargo, estimando que por sus modalidades, no satisfacía los estándares de verdad requeridos en el modelo de justicia transicional que implementó la Ley 975 de 2005.

Cargo 25: homicidio y secuestro de Yarilse Tarazona Romero.

El 1º de febrero del 2000, en el municipio de Ocaña (Norte de Santander), Yarilse Zapata Tarazona Romero fue sustraída en contra de su voluntad de su residencia ubicada en la Calle 10B Nº 17–06, por dos sujetos armados miembros de las AUC, que se movilizaban en una motocicleta negra. Poco tiempo después fue encontrado su cuerpo sin vida con varios impactos de arma de fuego a la altura del cráneo, en la vía que conduce hacia la Universidad Francisco de Paula Santander. Se le acusaba de ser informante de la subversión.

La legalización se declaró por los delitos de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de Ley 599 de 2000, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58-2-5 ibídem; y secuestro simple, consagrado en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980. Ambos, a título de autoría mediata.

Cargo 26: homicidio y secuestro de Albaner Manosalva Ochoa.

En la noche del 27 de abril de 2000, en el municipio de Aguachica, Albaner Manosalva Ochoa fue sustraído de manera violenta de su residencia ubicada en el barrio 20 de Julio por dos sujetos armados integrantes de la organización ilegal, que inicialmente lo acusaba de ser informante de la subversión y posteriormente de pertenecer a grupos de delincuencia común. El cuerpo sin vida de Manosalva Ochoa fue encontrado días después con varios impactos de arma de fuego, en la vía que de esa población conduce al corregimiento de Puerto Mosquito.

La conducta descrita se adecuó y legalizó a título de autoría mediata, acorde con los tipos penales de homicidio en persona protegida y secuestro simple, sancionados en los artículos 135 y 269 de los códigos penales de 2000 y 1980, respectivamente, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58-2-5 de la primera codificación.

Cargo 27: homicidio de Orlando Emiro Herrera Corrales.

A eso de las 8 p.m. del 22 de noviembre de 1997, Orlando Emiro Herrera Corrales, comerciante de 41 años de edad, cuando se encontraba departiendo en el establecimiento “El Paraíso Tropical”, ubicado en la Calle 5 Nº 45-58 del barrio Nueva Colombia en Aguachica, fue abordado por dos miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, quienes sin mediar palabra le propinaron varios impactos de arma de fuego ocasionándole la muerte, pues, lo señalaban como miliciano de la subversión.

Prada Márquez fue acusado en calidad de autor mediato del ilícito de homicidio en persona protegida regulado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem. En estos términos, la incriminación fue legalizada por la judicatura.

Cargo 28: homicidio de Hugo Leonidas Fajardo Rochel y despojo en el campo de batalla.

Miembros de las AUC identificados con el nombre de José Diomedes Peña Barrera y los alias de “Pipelón” y “Byron”, a eso de las 8:30 p.m. del 15 de enero del 2000 irrumpieron de forma violenta en el inmueble ubicado en la Calle 5 Nº 9-61 del barrio Milanés de Ocaña, en donde propinaron varios impactos de arma de fuego a Hugo Leonidas Fajardo Rochel, ocasionando su muerte, para luego huir en una motocicleta de su propiedad. La orden de asesinar a la víctima provino de la comandancia de ese grupo, por tratarse de una persona vinculada con la delincuencia común, que recientemente había salido de la cárcel.

Por estos hechos, la Fiscalía formuló cargos a título de autoría por los delitos de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, y despojo en campo de batalla, previsto en el artículo 151 ibídem, cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en el artículo 58-2-5 ejusdem. Legalizados estos cargos, el a quo aclaró que la penalidad para el segundo hecho es la correspondiente al ilícito de hurto calificado agravado, en los términos de los artículos 349, 350-1-2-3 y 351-6-10- del estatuto penal de 1980.

Cargo 29: homicidio y secuestro de Marcelo Núñez Galván.

El 2 de octubre de 1998, Marcelo Núñez Galván se encontraba laborando como conductor en inmediaciones del municipio de Aguachica, cuando fue interceptado en la vía denominada “Once Reses al Marqués” por hombres de las AUC, quienes lo abordaron y obligaron a dirigirse hasta predios cercanos a la empresa Palmas Promisión, donde fue asesinado mediante disparos de arma de fuego, debido a que era señalado como integrante de una banda criminal.

El postulado Prada Márquez fue acusado por las conductas punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, contemplados en los artículos 135 y 269 de los códigos penales de 2000 y 1980, respectivamente, perpetradas a título de autor mediato, en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 de la primera codificación citada. De esa forma fue legalizada la doble imputación.

Cargo 67: homicidio de Marlene Pabón Pacheco.

A Marlene Pabón Pacheco, quien era acusada de pertenecer al mismo grupo criminal de la víctima relacionada en el cargo anterior, la asesinaron miembros de la AUC en las horas del mediodía del 29 de mayo de 1999, en la Calle 3 entre carreras 17 y 18 del barrio El Carretero de Aguachica, cuando se encontraba departiendo con vecinos del sector.

En tal medida, el cargo atribuido a Prada Márquez por la Fiscalía y legalizado por la Sala de justicia y paz, fue por el delito de homicidio en persona protegida señalado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem.

Cargo 30: homicidio de Juan de Dios Núñez Rodríguez.

El 12 de junio de 1999 fue asesinado Juan de Dios Núñez Rodríguez mediante disparos de arma de fuego, mientras esperaba un vehículo de transporte público en cercanías del caserío “Norián” del municipio de Aguachica, debido a que era señalado de integrar la banda criminal de la cual también hacían parte las víctimas relacionadas en los dos hechos anteriores.

Así las cosas, se legalizó el cargo por el ilícito de homicidio en persona protegida de que trata el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem, a título de autoría mediata.

Cargo 31: homicidio y secuestro de Javier Quintero Madariaga.

El 20 de febrero de 1999, Javier Quintero Madariaga fue retenido por miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra cuando se encontraba departiendo en un billar ubicado en la calle 5 entre carreras 14 y 17 del municipio de Aguachica, para ser llevado al sector conocido como “Aguas Claras”, en donde fue impactado por disparos de arma de fuego a la altura del cráneo y el brazo derecho, que le produjeron la muerte, la cual fue ordenada por la comandancia del grupo ilegal, debido a que infundadamente se le catalogaba como integrante de la guerrilla y vendedor de repuestos y autopartes hurtados.

Por este suceso, se legalizaron los cargos a título de autoría mediata, por los ilícitos de homicidio en persona protegida de que trata el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem, y secuestro simple, previsto en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980.

Cargo 32: homicidio de Leonel Torrado Durán.

En horas de la mañana del 22 de septiembre de 1999, Leonel Torrado Durán fue sorprendido por los patrulleros de las AUC Manuel de Jesús Solano España, alias “David”, “David Sánchez”, “Manuel España”, “El Policía” y/o “Atalaje”, y el sujeto conocido con el apodo de “El Paisa”, quienes a bordo de una motocicleta lo interceptaron en el camión de su propiedad que se encontraba estacionado en la Carrera 10 Nº 14-36 del municipio de Ocaña, y procedieron a asesinarlo mediante disparos ocasionados con una pistola calibre 9 mm, debido a que se decía que pertenecía a la red de apoyo del EPL asentada en el municipio de Hacarí (Norte de Santander).

En tal medida, se legalizó el cargo por el delito de homicidio en persona protegida de que trata el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem, a título de autoría mediata.

Cargo 33: homicidios de Tomás Ibarra Luna y Henry Hernández Flórez, y desplazamiento forzado.

El 29 de abril de 1999, mientras Tomás Ibarra Luna y Henry Flórez Hernández laboraban en el establecimiento conocido como “Montallantas Boulevard”, ubicado en la carrera 40 entre calles 6 y 7 del municipio de Aguachica, fueron sorprendidos por integrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra, quienes sin mediar palabra les dispararon con armas de fuego ocasionándoles la muerte, pues, se aducía que eran informantes de la subversión. El hecho generó profundo temor en la familia del segundo de los mencionados, la cual tuvo que desplazarse hacia la ciudad de Barranquilla.

Así las cosas, el fiscal acusó a Prada Márquez en calidad de autor mediato, por los delitos de homicidio en persona protegida, en los términos del artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem, y desplazamiento forzado de población civil, descrito en el artículo 159 de la Ley 599 de 2000. Ambos cargos fueron legalizados, si bien respecto del último, la funcionaria aclaró que la pena sería la establecida para el ilícito de constreñimiento ilegal consagrado en el artículo 276 del Decreto-Ley 100 de 1980.

Cargo 34: homicidios de William Angarita Solano, George José Mora Passo y Hermes Becerra, y actos de terrorismo.

El 20 de octubre de 2002 fueron encontrados los cuerpos sin vida de William Angarita Solano, George José Mora Passo y Hermes Becerra, en la vía a Buturama del municipio de Aguachica, con múltiples impactos ocasionados con arma de fuego y bajo la nota escrita dejada en uno de los cuerpos que literalmente señalaba “Por Atracadores y por acerce(sic) pasar por miembros de las autodefensas del Cesar”. El hecho de atribuyó a integrantes del frente Héctor Julio Peinado Becerra.

Contra el postulado se formularon y legalizaron cargos por las conductas punibles de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, consagrados en los artículos 135 y 144 de la Ley 599 de 2000, en su orden, cometidos a título de autoría mediata, bajo las circunstancias de mayor punibilidad atrás referenciadas.

Cargo 35: secuestro, tortura y homicidio de Lincon Antonio Martínez Prado; desaparición forzada y homicidio de Abel Martínez Prado, y desplazamiento forzado de Carmen Alicia Martínez Prado.

En la mañana del 17 de febrero de 2002, los hermanos Lincon Antonio y Abel Martínez Prado fueron sustraídos de manera violenta de su residencia ubicada en la Calle 14 Nº 9-33 del barrio Olaya Herrera del municipio de Gamarra (Cesar), por los miembros de las AUC Humberto Afanador Cárdenas alias “Chorola” y Ramiro Molina Garzón alias “El Paisa”, quienes procedieron a entregárselos a Francisco Alberto Pacheco Romero alias “El Negro”, el cual los condujo hasta Puerto Mosquito, donde Molina Garzón les disparó en repetidas ocasiones con una pistola calibre 9 mm, causando su deceso, para posteriormente arrojar sus cuerpos al río Magdalena, si bien el del primero de los citados, que presentaba signos de violencia, fue encontrado flotando al día siguiente, mientras que el de su consanguíneo continúa desaparecido. Con posterioridad al suceso, el mismo Molina Garzón obligó a una de las hermanas de las víctimas a abandonar la población.

Por los hechos anteriores, la Fiscalía formuló cargos a Prada Márquez por los delitos homicidio en persona protegida, desaparición forzada, secuestro simple, tortura, y desplazamiento forzado, previstos en los artículos 135, 165, 168, 137 y 159 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en el artículo 58, numerales 2º y 5º ibídem, en calidad de autor mediato. Los anteriores cargos, con excepción de los lícitos de secuestro simple y tortura, fueron legalizados por la judicatura.

Cargo 36: homicidio de Jhon Jaider Bacca Machado.

Jhon Jaider Bacca Machado fue asesinado el 12 de diciembre de 1999 en Ocaña, mediante disparos de arma de fuego propinados por los integrantes de la organización paramilitar conocidos con los alias de “El Paisa” y “Tito”, por orden de José Antonio Hernández Villamizar, alias “Jhon”, quien lo señaló infundadamente como miliciano del frente Armando Cauca Guerrero del ELN asentado en el Catatumbo.

El anterior hecho propició la formulación y legalización del cargo por el delito de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem, a título de autoría mediata.

Cargo 37: homicidio de Arismel Manosalva Navarro.

El 23 de mayo del 2002, en la vía conocida como “Agua de la Virgen” que conduce del barrio Santa Clara a la vereda Venadillo del municipio de Ocaña, Arismel Manosalva Navarro fue interceptado por varios miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, quienes procedieron a asesinarlo mediante disparos de arma de fuego, en cumplimiento de orden dada por José Antonio Hernández Villamizar, alias “Jhon”, debido a información relacionada con su pertenencia al grupo subversivo ELN.

El cargo formulado y legalizado fue por la conducta punible de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en calidad de autoría mediata, en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem.

Cargo 38: masacre del Cerro de las Flores.

Miembros pertenecientes al frente Héctor Julio Peinado Becerra de las AUC, cuyas zonas de ingerencia(sic) comprendían el sur del Cesar y Ocaña, el 25 de abril de 2002 incursionaron en las veredas Piedecuesta, El Espejo, Cerro de las Flores, Vereda Ramírez, Llano Grande, González (Sur del Cesar) y Otare (Norte de Santander), con la finalidad de ubicar y asesinar a personas señaladas como integrantes de grupos subversivos.

La dirección de la incursión corrió a cargo de Alfredo García Tarazona, alias “Arley”, quien le ordenó a un grupo conformado por aproximadamente 50 hombres bajo el mando de José Antonio Hernández Villamizar, alias “Jhon”, concentrarse en una finca del corregimiento Los Ángeles en el municipio Río de Oro (Cesar), desde donde avanzaron hasta la vereda Simañita del municipio de Ocaña; allí se encontraron con otro grupo, para luego arribar al municipio de González (Cesar), en donde aquél reunió a todos los pobladores en el parque central a fin de informar el motivo de su presencia e iniciar sus actividades delincuenciales, entre ellas, aprehender a Arturo Arenas Montaguth, señalado como miembro de las milicias subversivas que operaban en la vereda Cerro de las Flores del municipio de Ocaña, quien además de informar sobre una celebración que tendría lugar en el sitio, a la que asistiría el Jefe del frente Libardo Mora Toro del EPL Víctor Ramón Navarro, alias “Megateo”, fue utilizado como guía de la incursión armada.

Así, en la madrugada de la citada fecha, hicieron su arribo al Cerro de las Flores, organizados en grupos denominados escuadras, conformados por diez hombres, y custodiados por miembros armados apostados en la vereda Alto de Trinidad, quienes prestaban seguridad y acordonaban la zona, mientras alias “Arley” ingresaba al lugar del festín en busca de alias “Megateo”. En el acto, perpetraron hurtos, saqueos y retuvieron a varias personas, entre ellas, al agricultor Carlos Julio Sampayo Miranda, quien fue asesinado y su cadáver desmembrado y sepultado en fosa común, ya que se le señalaba de ser guerrillero.

De igual forma, dieron muerte con arma de fuego a Antonia Madriaga Santiago, a quien equivocadamente acusaron de facilitar el teléfono de su residencia a guerrilleros, burlándose de la situación al percatarse de su error. También fueron asesinados Paulo Emilio Amaya Torres y su hijo Alfonso Amaya Pérez, quienes fueron heridos con arma blanca en el cuello, abdomen y extremidades, hasta el punto que al primero le cercenaron la mano derecha, hecho por el cual la esposa y madre de ellos, María del Carmen Pérez, tuvo que desplazarse de la región, como también lo hicieron muchos pobladores.

Por este múltiple hecho, la Fiscalía atribuyó la responsabilidad del postulado a título de autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, despojo en campo de batalla y actos de terrorismo, previstos en los artículos 135, 168, 151 y 144 del Código Penal de 2000, respectivamente, cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad establecidas por el artículo 58-2-5 ibídem.

Dichos cargos fueron legalizados por el Tribunal, aclarando que respecto del despojo en el campo de batalla, la conducta se adecua al delito de hurto, destrucción y apropiación de bienes protegidos, tipificado en el artículo 154 de esa normatividad.

Cargo 39: secuestro y homicidio de Virginia Flórez Casadiego, y daño en bien ajeno.

Alrededor de las 2:30 p.m. del 9 de mayo de 2001, los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra conocidos con los alias de “Diomedes”, “Fuego Verde”, “El Iguano” y “Bigotes” irrumpieron en la vivienda de Virginia Flórez Casadiego, ubicada en la Calle 5 Nº 13-97 del barrio La Libertad de Ocaña, destruyendo la puerta y sustrayendo a su propietaria, quien fue conducida hasta una finca en la vereda El Danubio del corregimiento Agua de la Virgen de ese municipio, donde fue asesinada, pues, fue confundida con otra mujer a que le atribuían nexos con la subversión.

Los cargos formulados y legalizados a Prada Márquez, fueron a título de autor mediato de los ilícitos de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en concordancia con el artículo 58-2-5 ejusdem; secuestro simple previsto en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980, y destrucción y apropiación de bienes protegidos, contemplado en el artículo 154 de la aquella normatividad, aunque aplicando favorablemente la penalidad fijada para la conducta punible de daño en bien ajeno establecida en el artículo 370 del estatuto penal de 1980.

Cargo 40: secuestros y homicidios de Fernel Tarazona Rodríguez y Francelina Velásquez Acosta.

Con base en información suministrada por un miembro de las AUC infiltrado en la subversión y conocido con el alias de “Gerson”, se señaló a los esposos Fernel Rodríguez Tarazona y Francelina Velásquez Acosta como guerrilleros de la red urbana de Ocaña, quienes tenían planeado llevar a cabo secuestros en esa localidad; por tal motivo, el 6 de agosto de 1999 fueron sustraídos de su residencia ubicada en la Carrera 28 Nº 8-18 de Ocaña, por José Antonio Hernández Villamizar, alias “Jhon”, y los sujetos conocidos con los apodos de “El Paisa”, “Dayro”, “José Deiner” y “Tribilín”, quienes los llevaron hasta la vereda El Moñito, en donde les hurtaron joyas y dinero, y los asesinaron con armas de fuego.

Estos hechos fueron encuadrados a título de autoría mediata en los tipos penales de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000; secuestro simple previsto en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980, y despojo en el campo de batalla, en los términos del artículo 151 de aquella normatividad. Legalizados estos cargos, la judicatura precisó con relación al último, que se ajustaba al ilícito de destrucción y apropiación de bienes protegidos, contemplado en el artículo 154 ibídem, aunque aplicando favorablemente la penalidad fijada para la conducta punible de hurto agravado regulado en los artículos 349 y 351-10 del Código Penal de 1980.

Cargos 41: homicidio de Luis Ernesto Vergel Reyes y exacciones o contribuciones arbitrarias.

Luis Ernesto Vergel Reyes fue asesinado el 23 de octubre de 1999 por miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, cuando se encontraba en la estación de servicio La Masonia del municipio de Ocaña. Se adujo que la víctima se dedicaba al comercio ilegal de gasolina, razón por la que pagaba un impuesto a esa organización, así como que transportaba municiones y armas para la subversión.

Por estos hechos se formularon y legalizaron cargos al procesado en calidad de autor mediato de las conductas punibles de homicidio en persona protegida y exacción o contribuciones arbitrarias, consagrados en su orden en los artículos 135 y 263 de la Ley 599 de 2000, cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad contempladas en el artículo 58-2-3 de esa codificación. Se aclaró sí, que en cuanto al segundo ilícito, resultaba más favorable aplicar el artículo 355 del Decreto-Ley 100 de 1980 que establecía el delito de extorsión.

Cargo 42: homicidios —consumado y tentado— de José del Carmen Claro Romero y Jairo Alonso Claro Ortega.

El 8 de enero de 1998, cuando José del Carmen Claro Romero se encontraba en la tienda “El Playón” de su propiedad, ubicada en la Calle 39 Nº 9-41 del barrio Maira Eugenia del municipio de Aguachica, fue asesinado por los miembros de las AUC conocidos con los alias de “Rancho”, “Pacho Paraco”, “Mario Castro” y “Niño Escobar”, quienes lo acusaban de pertenecer a la subversión; en el hecho resultó gravemente herido Jairo Alonso Claro Ortega, hijo del decesado.

El postulado fue acusado como autor mediato del concurso de delitos de homicidio en persona protegida —consumado y tentado—, previsto en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem. Dicho cargo fue legalizado por la Sala de justicia y paz.

Cargo 43: homicidio de Nelson Ríos Pérez.

Nelson Pérez Ríos se encontraba departiendo en el establecimiento denominado “Billares Santander” el 5 de junio de 2000, cuando fue sorprendido por los sujetos conocidos con los apodos de “Rancho” y “Rubiano”, integrantes de las AUC, quienes le exigieron salir del lugar y ante su negativa procedieron a asesinarlo con arma de fuego; ello, en cumplimiento de orden impartida por Armando Madariaga Picón, alias “María Bonita”, debido a que la víctima había pertenecido a ese grupo armado y se tenia(sic) conocimiento de que exigía dinero a miembros de la población en nombre del mismo.

El cargo aceptado y legalizado fue formulado a título de autoría mediata en la conducta punible de homicidio en persona protegida, tipificada en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, en concordancia con el 58-2-5 ejusdem.

Cargo 44: homicidio de Eligio Manosalva Pedroza, secuestro simple, actos de terrorismo y tortura.

En la mañana del 29 de marzo de 1998, Eligio Manosalva Pedroza fue retenido por los miembros de las AUC Ómar Rivero Medina, alias “Niño Escobar”, y Alfredo Ballena, alias “Rancho”, quienes lo obligaron a abordar un taxi y lo llevaron hacia el sitio conocido como “Las Piñas” del municipio de Aguachica, en donde luego de golpearlo para que informara quiénes eran los miembros de la banda delincuencial del barrio Idema, lo asesinaron mediante disparos de arma de fuego, dejando un cartel sobre el cadáver advirtiendo que dicha muerte obedecía a su pertenencia a la delincuencia común.

El fiscal atribuyó la responsabilidad del postulado a título de autor mediato, en los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple, actos de terrorismo y tortura en persona protegida, previstos en los artículos 135,168, 144 y 137 de la Ley 599 de 2000, respectivamente. Se dedujeron, igualmente, las circunstancias de mayor punibilidad contempladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem.

Dichos cargos fueron legalizados, aunque aclarándose que en los tres últimos delitos, las penas aplicables eran las contenidas en los artículos 264,187 y 279 del Decreto-Ley 100 de 1980, en su orden.

Cargo 45: homicidio de Rafael Uribe Nieto, secuestro y desplazamiento forzado.

El 10 de junio de 2000, los integrantes de las AUC Alfredo Ballena, alias “Rancho”, Armando Madarriaga Picón, alias “María Bonita”, y Luis Manuel Zorrilla, alias “Rubiano”, ingresaron a la vivienda de Rafael Uribe Nieto, gerente de la empresa de comunicaciones Telecom con sucursal en Aguachica, solicitándole que los acompañara a una reunión con el comandante del grupo armado ilegal operante en la zona; sin embargo, en el trayecto fue asesinado con arma de fuego, pues, se le señalaba infundadamente de ser informante de la subversión. Este episodio propició el desplazamiento de la esposa e hijos del occiso.

Prada Márquez fue acusado en calidad de autor mediato, por los ilícitos de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, secuestro simple previsto en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980, y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, sancionado en el artículo 159 de aquella normatividad. En tales términos, los cargos fueron legalizados.

Cargo 46: homicidio de José María Tovar Torres y desplazamiento forzado.

El 9 de junio de 2000, a la residencia del vendedor de pescado José María Tovar Torres en el municipio de Aguachica, irrumpieron Armando Madarriaga Picón, alías “María Bonita”, José Anselmo Quintero Uribe, alias “Pardillo”, Alfredo Ballena, alias “Rancho”, Luis Manuel Zorrilla Contreras, alias “Rubiano”, y Humberto Afanador Cárdenas, alias “Chorola“, quienes sin mediar palabra le dispararon con arma de fuego, causándole la muerte, bajo supuestos señalamiento infundados de ser colaborador de la subversión. El hecho acarreó el desplazamiento de la familia de la víctima.

El postulado fue acusado a título de autoría mediata, por los delitos de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, tipificados en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000, respectivamente. Estos fueron los cargos legalizados.

Cargo 47: homicidio de Joel Quintero Carrascal y desplazamiento forzado.

Joel Quintero Carrascal, comerciante en el corregimiento Norián del municipio de Aguachica, el 23 de septiembre de 2000 fue abordado en su lugar de trabajo por los miembros de la organización armada ilegal conocidos con los alias de “Manizales” y “María Bonita”, quienes lo asesinaron con arma de fuego, acusándolo de ser colaborador de la subversión. La familia de la víctima tuvo que desplazarse a raíz de este incidente.

Los cargos legalizados correspondieron a las conductas punibles de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, previstos en los artículos 135 y 159 del Código Penal de 2000, en su orden, a título de autoría mediata.

Cargo 48: homicidio y secuestro simple de Wilmar Reyes Ballena.

Por señalamientos infundados de ser colaborador de grupos subversivos y expendedor de drogas, el 24 de mayo de 2000 fue asesinado con arma de fuego Wilmar Reyes Ballena, luego de que fuera sustraído de un bar de la localidad de Puerto Mosquito (Cesar) donde departía, por parte de los miembros de las AUC Luis Manuel Zorrilla, alias “Rubiano”, y Armando Madarriaga Picón, alias “María Bonita”.

Contra el postulado se formularon y legalizaron cargos en calidad de autor mediato de las conductas punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, consagrados en los artículos 135 de la Ley 599 de 2000 y 269 del Decreto-Ley 100 de 1980, en su orden.

Cargo 49: homicidio agravado de Rene Vergel Álvarez.

El11 de enero 1999, en el parque San Antonio del municipio de Aguachica, cuando Rene Vergel Álvarez se encontraba en un puesto de comida rápida, fue asesinado con arma de fuego por parte de los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra José Anselmo Quintero Uribe, alias “Pardillo”, y Armando Madariaga Picón, alias “María Bonita”, quien lo señalaban infundadamente de ser auxiliador de grupos subversivos.

Por este suceso, se formuló y legalizó el cargo por el ilícito de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, a título de autoría mediata.

Cargo 50: homicidio agravado de Bautista Pedraza Téllez.

Bautista Pedraza Téllez fue asesinado con arma de fuego cuando se encontraba esperando el transporte público, por parte de los integrantes de las AUC Humberto Afanador, alias “Chorola”, y Luis Manuel Zorrilla, alias “Rubiano”, quienes así procedieron por cuanto de manera infundada se le acusaba de ser colaborador de la subversión. El hecho ocurrió el 11 de enero de 1999, en la carrera 40 con calle 7B del municipio de Aguachica.

El fiscal del caso adecuó la conducta descrita al tipo penal de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 del Código Penal de 2000. Como tal, el cargo fue legalizado en contra de Prada Márquez, en calidad de autor mediato.

Cargo 51: homicidio en persona protegida de Yolanda Rodríguez Carvajal, secuestro simple y desplazamiento forzado.

El 22 de febrero de 1998, en el municipio de Gamarra (Norte de Santander) los miembros de las AUC Raúl Prada Lamus, alias “Raulito”, Alfredo Ballena, alias “Rancho”, Giovanni Lemus García, alias “Chupete”, Juan Tito Prada Prada, alias “Tito”, Ómar Medina, alias “Niño Escobar”, y el individuo conocido con el sobrenombre de “El Cura”, sustrajeron de su domicilio a Yolanda Rodríguez Carvajal, quien fue conducida hasta un lugar despoblado cercano al corregimiento de Acapulco, en donde le propinaron disparos con arma de fuego que le ocasionaron la muerte, toda vez que la acusaban de ser informante de la subversión. Este hecho propició el desplazamiento del esposo y los hijos de la víctima.

El postulado fue acusado en calidad de autor mediato, por los ilícitos de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, secuestro simple previsto en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980, y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, sancionado en el artículo 159 de aquella normatividad. En tales términos, los cargos fueron legalizados

Cargo 52: homicidio de Leonardo Cuan Avendaño.

Señalado infundadamente de traficar armas y municiones para la subversión, Leonardo Cuan Avendaño fue asesinado el 27 de diciembre de 2001, en su residencia ubicada en el barrio El Retiro del municipio de Ocaña, por los miembros de las AUC Diomedes Peña Barrera, alias “Pocholo”, y alias “Rufino”.

El cargo formulado y legalizado correspondió al tipo penal de homicidio en persona protegida, regulado en el artículo 135 del Código Penal de 2000, el cual se atribuyó a Prada Márquez a título de autoría mediata.

Cargo 53: homicidio de José Antonio Sánchez García.

El 8 de marzo de 1999, en el barrio Santa Clara del municipio de Ocaña, cuando José Antonio Sánchez se encontraba departiendo en el establecimiento denominado “La Fuente de Olga”, cayó muerto por los miembros de las AUC Alfredo Ballena, alias “Rancho”, y alias “Cabeza de Puerco”, quienes ingresaron al lugar disparando armas de fuego indiscriminadamente, pues, tenían la orden de matar a otro individuo cuya identidad no se estableció, que también se encontraba presente en el lugar.

El cargo se adecuó y legalizó conforme a la conducta punible de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000; el mismo se formuló a título de autoría mediata.

Cargo 54: homicidio de Robinson Quintana León, actos de terrorismo y desplazamiento forzado.

Robinson Quintana León, catalogado infundadamente de delincuente común, fue asesinado en su residencia del barrio Camino Real del municipio de Ocaña el 20 de abril de 1999, por los miembros de la organización paramilitar conocidos con los alias de “José”, “Bayron” y “Luis”, quienes antes de ingresar a la morada amenazaron con utilizar granadas de fragmentación en caso de que no se les permitiera el acceso, luego derribaron la puerta y una vez en el interior, dispararon en contra de su humanidad, en presencia de su esposa e hijos, quienes tuvieron que desplazarse de manera forzosa de la región.

Por estos hechos, se formularon y legalizaron cargos por los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, previstos en los artículos 135, 144 y 159 de la Ley 599 de 2000, respectivamente. Lo anterior, a título de autoría mediata, con las circunstancias de mayor punibilidad contempladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem, y con la aclaración de que la pena aplicable para el segundo ilícito es la contenida en el artículo 187 del Decreto-Ley 100 de 1980.

Cargo 55: homicidio de Eligio Antonio Herrera Rincón.

El 26 de agosto de 1999, cuando Eligio Antonio Herrera Rincón se encontraba en un local de reparación y mantenimiento de llantas y neumáticos ubicado en el municipio de Aguachica, fue abordado por los miembros de las AUC Alfredo Ballena, alias “Rancho”, Armando Madariaga Picón, alias “María Bonita”, y Ómar Enrique Rincón Herrera, alias “Chavo”, quienes procedieron a darle muerte mediante disparos de arma de fuego, pues, se le señalaba infundadamente de ser colaborador de grupos subversivos que operaban en la región.

La conducta en comento se adecuó al tipo penal de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 del Código Penal de 2000. Dicho cargo fue legalizado a título de autoría mediata.

Cargo 56: homicidio de Óscar Norberto Rodríguez Cervantes.

Óscar Norberto Rodríguez Cervantes fue asesinado en el municipio de Ocaña el 19 de febrero de 2000, cuando salía del bar conocido como “La Potencia”, por los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra José Diomedes Barrera, alias “Diomedes”, y alias “Chivo” o “Gallardo”, quienes sin mediar palabra le propinaron varios impactos de arma de fuego, dado que, sin acreditación alguna se le acusaba de haber pertenecido al grupo subversivo ELN.

El cargo formulado y legalizado, a título de autoría mediata, correspondió al ilícito de homicidio en persona protegida, contemplado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Cargo 57: homicidio de Yurgen Prado Durán, secuestro simple y desplazamiento forzado.

El 26 de septiembre de 2000, Yurgen Prado Durán se desplazaba por vía que une los municipios de Aguas Claras y Teorama (Norte de Santander), cuando fue interceptado por los miembros del grupo armado ilegal José Diomedes Peña Barrera, alias “Diomedes”, Nelson Albero Gómez Silva, alias “El Mico”, José Antonio Hernández Villamizar, alias “Jhon”, y alias “El Iguano”, quienes luego de obligarlo a abordar el vehículo en el que se transportaban, lo llevaron hasta la vereda Lago de la Virgen, donde finalmente lo ultimaron con disparos de arma de fuego, pues, se le señalaba de ser colaborador del grupo subversivo EPL, hecho por el que el año anterior había sido igualmente sometido a retención ilegal. A raíz del incidente, la familia de la víctima tuvo que desplazarse del municipio de Ocaña.

Prada Márquez fue acusado como autor mediato de las conductas punibles de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, tipificados en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000, así como por la de secuestro simple, prevista en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980.

Cargo 58: homicidio de Ómar Arturo Díaz Rojas.

El 6 de abril de 2002, cuando Ómar Arturo Díaz Rojas se encontraba en las instalaciones de la empresa de transporte “Cotransunidos” ubicada en el barrio Santa Clara del municipio de Ocaña, fue abordado por los miembros de las AUC Nelson Alberto Gómez Silva, alias “El Mico”, José Diomedes Peña Barrera, alias “Diomedes”, Luis Cañizales Plata, alias “Fuego verde”, y alias “MacGuiver”, quienes procedieron a darle muerte mediante disparos de arma de fuego, bajo señalamientos infundados de ser miembro del grupo subversivo EPL.

La conducta en comento se adecuó al tipo penal de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 del Código Penal de 2000. Dicho cargo fue legalizado a título de autoría mediata, con las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58-2-5 de esa normatividad.

Cargo 59: homicidio de Jesús Elías Avendaño Guerrero, y actos de terrorismo.

El 12 de junio de 2000, en plena plaza de mercado del municipio de Ocaña, Jesús Elías Avendaño Guerrero fue sorprendido por los miembros de las AUC Luis Antonio Carrillo Ortega, alias “Franco”, y John Jairo Morales Durango, alias “Mora”, quienes le propinaron varios impactos con arma de fuego, provocando su deceso, al parecer por señalamientos infundados de ser miembro de la subversión.

Por estos hechos, se formularon y legalizaron cargos por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, previstos en los artículos 135 y 144 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, si bien se aclaró que respecto del último ilícito la pena aplicable es la contenida en el artículo 187 del Decreto-Ley 100 de 1980. De igual modo, se dedujeron las circunstancias de mayor punibilidad contempladas en el artículo 58-2-5 del estatuto penal de 2000.

Cargo 60: homicidio de Yony Jesús Ortega González y actos de terrorismo.

Yony Jesús Ortega González fue ultimado en el parque principal del municipio de Ocaña, el 23 de agosto de 1999, mediante disparos de arma de fuego realizados por Juan Tito Prada, alias “Tito”, Efraín Lindarte, alias “Cabeza de balín”, y alias “El paisa”, quienes lo incriminaban infundadamente de suministrar insumos a la guerrilla del ELN.

Prada Márquez fue acusado por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo, previstos en los artículos 135 y 144 del Código Penal de 2000, en su orden, aclarándose al momento de la legalización que respecto del último ilícito la pena aplicable es la señalada en el artículo 187 del Decreto-Ley 100 de 1980. Dicha imputación incluyó las circunstancias de mayor punibilidad contempladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 de la codificación citada.

Cargo 62: homicidio de Jesús Alirio Angarita Carrascal, secuestro simple, tortura, actos de terrorismo y hurto calificado.

El 2 de noviembre de 2000, cuando Jesús Alirio Angarita Carrascal se transportaba en una motocicleta en el municipio de Ocaña, fue interceptado por varios hombres armados pertenecientes a las AUC, entre ellos José Diomedes Peña Barrera, alias “Diomedes”, Nelson Alberto Gómez Silva, alias “El mico”, y los conocidos con los sobrenombres de “Salta montes”, “Fuego verde” y “Rufino”, quienes luego de obligarlo a bajar del vehículo lo llevaron a una zona de asentamiento de esa organización, en donde se le retuvo por varios días, durante los cuales fue torturado para que confesara su pertenencia a grupos subversivos. El cuerpo sin vida de Angarita Carrascal, el cual presentaba impactos de arma de fuego, fue hallado el 9 de noviembre siguiente en la vereda Venadillo de esa localidad.

Por el múltiple episodio, la Fiscalía acusó al postulado como autor mediato de las conductas punibles de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida, actos de terrorismo y despojo en el campo de batalla, tipificados en los artículos 135, 137, 144 y 151 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, cometidos bajo las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58-2-5 ibídem; asimismo, atribuyó el delito de secuestro simple previsto en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980.

La judicatura legalizó los cargos anteriores, con excepción del delito de terrorismo, y con la aclaración de que las penas aplicables para los de tortura en persona protegida y despojo en campo de batalla, son las reguladas, en su orden, en los artículos 279 y 350 —hurto calificado— del Código Penal de 1980.

Cargo 63: homicidio de Said Pacheco, secuestro simple y despojo en campo de batalla.

Encontrándose Said Pacheco en el parque principal del municipio de Ocaña el 18 de junio de 2000, varios hombres armados lo obligaron a abordar un vehículo campero que resultó ser hurtado, llevándoselo con rumbo desconocido. Dos días después, en la vereda Convención de esa población, fue encontrado su cuerpo sin vida con heridas de impactos de bala ocasionados con arma de fuego, ya que se le señalaba de pertenecer y colaborar con grupos subversivos.

A Prada Márquez se le formularon cargos a título de autoría mediata, por los delitos de homicidio en persona protegida y despojo en campo de batalla, contemplados en los artículos 135 y 151 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, y por el de secuestro simple, tipificado en el artículo 269 del Código Penal de 1980; cometidos en las circunstancias de agravación descritas en el artículo 66-1-3-13 ibídem, y las de mayor punibilidad señaladas en el artículo 58-2-5 de la codificación de 2000.

Tales fueron los cargos legalizados por el Tribunal, si bien se adecuó el ilícito de despojo en campo de batalla al de destrucción y apropiación de bienes protegidos, previsto en el artículo 154 de la Ley 599 de 2000, aunque aplicando favorablemente la pena establecida para el tipo penal de hurto calificado, en los términos del artículo 350 del estatuto sustantivo de 1980.

Cargo 64: homicidio de Leonardo Gregorio Urquijo Cañizares.

En la tarde del 26 de mayo de 2000, Leonardo Gregorio Urquijo Cañizares fue citado por miembros de las AUC en la cancha de fútbol del barrio Juan XXIII del municipio de Ocaña, en donde fue asesinado con arma de fuego por José Diomedes Peña Barrera, alias “Diomedes”, y alias “Giovanny”, quienes lo acusaban de traficar estupefacientes y extorsionar a integrantes de la comunidad en nombre de esa organización ilegal.

El cargo formulado y legalizado, a título de autoría mediata, correspondió al ilícito de homicidio en persona protegida, contemplado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Cargo 65: homicidio de Mirian Rodolfo Miranda Robles y desplazamiento forzado.

El 2 de septiembre de 2000, miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra, entre ellos Faber de Jesús Atehortúa Gómez, alias “Julio Palizada”, con el pretexto de comprar unos animales llegaron a la finca San Nicolás en la vereda Pita Limón del municipio de San Martín administrada por Mirian Rodolfo Miranda Robles, a quien dispararon armas de fuego que le causaron la muerte y luego le ordenaron a sus familiares abandonar el fundo, propiciando así su desplazamiento forzado.

La Fiscalía acusó a Prada Márquez en calidad de autor mediato, por los delitos de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, contemplados en los artículos 135 y 159 de la Ley 599 de 2000, respectivamente. Dicho cargo fue legalizado por la Sala de conocimiento.

Cargo 66: homicidio de Eliobardo Hernando Salcedo y despojo en campo de batalla.

En las horas meridianas del 6 de septiembre de 1999, cuando el agente de tránsito Eliobardo Hernando Salcedo se movilizaba en motocicleta por la avenida Nueva Colombia del municipio de Aguachica, fue interceptado por los miembros de las AUC Alfredo Ballena, alias “Rancho” y alias “El Chavo”, quienes lo obligaron a bajarse del vehículo para proceder a asesinarlo mediante un disparo de arma de fuego en la cabeza, pues, lo acusaban de ser colaborador de la subversión; posteriormente, los agresores huyeron en el vehículo de propiedad de la víctima.

Los cargos formulados y legalizados en contra del procesado, correspondieron a las conductas punibles de homicidio en persona protegida y despojo en campo de batalla, tipificados en los artículos 135 y 151 del Código Penal de 2000, en su orden, cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad de los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem. Se precisó sí, que la pena aplicable para el último ilícito, es la contemplada para el de hurto calificado en el artículo 350 del estatuto penal de 1980.

Cargo 68: homicidios de Pablo Emilio Quintero García y Hermes Salazar Pedraza, secuestros simples de Jauris Bayona y Fredy Chinchilla Montaño, actos de terrorismo, daño en bien ajeno y despojo en campo de batalla.

Alrededor de las 5:00 a.m. del 25 de noviembre de 1998, llegaron a la vereda El Limoncito del municipio de Aguachica varios miembros de las AUC, entre ellos José Anselmo Quintero Uribe, alias “Pardillo”, Mario Castro Fundango, alias “El gato”, Juan Tito Prada Prada, alias “Tito”, Alberto Durán Blanco, alias “Barranquilla”, Humberto Afanador, alias “Chorola”, y los individuos conocidos con los apodos de “Mecha fina”, “El churco”, “Chistorete”, “Canal A”, “Chinito”, y los hermanos conocidos como “Los grillos”, quienes destruyeron varias edificaciones con granadas de fragmentación, como la de la Cooperativa de venta de mercado, que además fue previamente saqueada, mientras golpeaban a un miembro de la comunidad cuya identidad se desconoce.

La incursión armada prosiguió hacia la vereda El Boquerón, en donde además de apropiarse de dos paneles solares, destruyeron el inmueble en el que funcionaba Telecom y asesinaron en su residencia a Hermes Salazar Pedraza, a quien le propinaron varios impactos de armas de fuego. Luego, de regreso, se encontraron con Pablo Emilio Quintero García, comerciante de ganado de la región, quien iba en compañía de sus ayudantes Jauris Bayona y Fredy Chinchilla Montaño, todos los cuales fueron retenidos, debido a que Quintero García era señalado de comercializar ganado hurtado con grupos guerrilleros y ya había sido advertido de las consecuencias de proseguir con dicha actividad. Por ese motivo, entonces, lo torturaron y asesinaron en la noche, en tanto sus ayudantes fueron liberados.

Por el múltiple hecho, se formularon cargos por las conductas punibles de homicidio en persona protegida, destrucción y apropiación de bienes protegidos, actos de terrorismo y despojo en campo de batalla, previstos en los artículos 135, 154 144 y 151 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, y las de secuestro simple y tortura, reguladas los artículos 269 y 279 del Decreto-Ley 100 de 1980, en su orden. Se dedujeron igualmente las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 del primer estatuto, y las de agravación punitiva señaladas en los numerales 1, 3 y 13 del artículo 66 de la segunda codificación.

Dichos cargos fueron legalizados, aclarándose que las penas para los ilícitos de terrorismo, destrucción y apropiación de bienes protegidos —daño en bien ajeno— y despojo en campo de batalla —hurto calificado—, son las contempladas en la normativa sustantiva de 1980.

Cargo 69: homicidios de Pedro Chinchilla Medina y Víctor Manuel Flórez Contreras y secuestro simple.

El 26 de junio de 1999, en la vereda San Benito del municipio de Aguachica, Pedro Chinchilla Medina y Víctor Manuel Flórez fueron sustraídos de su residencia y posteriormente asesinados con arma de fuego, por los miembros del grupo ilegal Armando Madariaga Picón, alias “María bonita”, Luis Manuel Zorrilla, alias “Rubiano”, Humberto Afanador, alias “Chorola”, y alias “Félix”, quienes infundadamente los incriminaban de pertenecer a la subversión.

Prada Márquez fue acusado a título de autoría mediata, por los delitos de homicidio en persona protegida, consagrado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, y secuestro simple, tipificado en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980. Los cargos así presentados fueron legalizados por la judicatura.

Cargo 70: homicidios de Diego Herrera Gallardo y José Raúl Torres Sánchez y despojo en campo de batalla.

Diego Herrera Gallardo y José Raúl Torres Sánchez fueron asesinados el 4 de junio de 1999, en la vereda San Benito, exactamente en la antigua vía que une los municipios de Aguachica y Aguas Claras, por los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra conocidos con los sobrenombres de “Félix” y “Wilson”, quienes los señalaban de pertenecer a la delincuencia común. En el acto, también se apoderaron de un revólver calibre 38 que llevaba consigo Torres Sánchez.

Por estos hechos, el postulado fue acusado como autor mediato de los ilícitos de homicidio en persona protegida y despojo en campo de batalla, previstos en los artículos 135 y 151 del Código Penal de 2000, respectivamente, cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad señaladas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem. Al ser legalizados dichos cargos, el Tribunal adecuó el segundo delito al de hurto calificado agravado, consagrado en los artículos 239, 240 y 241-10 de esa codificación.

Cargo 71: homicidio de Sandra Patricia Santos Rincón y secuestro simple.

El 30 de septiembre de 2003, en el municipio de Aguachica, miembros de las AUC ingresaron a la residencia de la señora Sandra Patricia Santos Rincón, a quien sustrajeron y obligaron a abordar un vehículo automotor. Horas más tarde, en la vía que conduce al corregimiento de Barranca Lebrija, su cadáver fue encontrado con impactos de arma de fuego. Se le acusaba de ser informante del Ejercito Nacional.

Los cargos formulados y legalizados corresponden a las conductas punibles de homicidio en persona protegida y secuestro simple, contemplados en los artículos 135 y 168 de la Ley 599 de 2000, en su orden, cometidos a título de autoría mediata, en las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58-2-5 ibídem.

Cargo 72: homicidio de Henry Alfonso Machado, actos de terrorismo, secuestro simple y desplazamiento forzado.

El 15 de noviembre de 1998, en zona rural del municipio de Río de Oro (Cesar) fue encontrado el cadáver del alcalde del municipio de San Calixto, Henry Alfonso Machado, quien horas antes había sido sustraído de su residencia por miembros de las AUC, entre los que se encontraban Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica-Pica”, Wilson Poveda Carreño, alias “Rafa”, Alfredo García Tarazona, alias “Arley”, Alfredo Ballena, alias “Rancho”, y los individuos conocidos con los sobrenombres de “Pacho”, “Harold”, “La muerte”, “Pecas”, “Simpson” y “Guacarnaco”. Este hecho propició el desplazamiento forzado del núcleo familiar de la víctima.

Prada Márquez fue acusado como autor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, regulados en los artículos 135, 144 y 159 de la Ley 599 de 2000, en su orden, perpetrados en las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58-2-5 ibídem; y secuestro simple descrito en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980.

Dichos cargos fueron legalizados por el Tribunal, precisándose que en cuanto al ilícito de actos de terrorismo, la pena aplicable es la señalada en el artículo 187 de la codificación sustantiva de 1980.

Cargo 73: homicidios —consumado y tentado— de Miguel Ángel Barberi y Ramón David Barbosa Castellanos, despojo en campo de batalla y actos de terrorismo.

Como Ramón David Barbosa Castellanos, diputado a la Asamblea Departamental del Cesar, y su escolta Miguel Ángel Barberi Forero, desatendieron una orden de pare proferida en un retén ilegal de las AUC en la vía que une los municipios de Aguachica y Puerto Mosquito, fueron impactados con arma de fuego que hirieron al primero y causaron la muerte del segundo. En el hecho, ocurrido el 9 de marzo de 2004, Barberi fue despojado de un avantel y un celular que llevaba consigo.

Los cargos formulados y legalizados corresponden a los ilícitos de homicidio en persona protegida —consumado y tentado—, despojo en campo de batalla y actos de terrorismo, tipificados en los artículos 135, 151 y 144 de la Ley 599 de 2000, respectivamente; cometidos a título de autoría mediata, en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58-2-5-10 ejusdem. Se precisó sí, que en lo concerniente a la conducta punible de despojo en campo de batalla, esta se adecúa a la de destrucción y apropiación de bienes protegidos, regulada en el artículo 154 ibídem.

Cargo 74: homicidio de Ana Ibis Cárdenas Cárdenas, despojo en campo de batalla, secuestro simple, actos de terrorismo y desplazamiento forzado.

El dieciocho 18 de octubre de 2003, Ana Ibis Cárdenas Cárdenas fue sustraída de su finca Planadas, ubicada en la vereda El Limoncito del municipio de Aguachica, por un grupo de aproximadamente 50 hombres armados pertenecientes a las AUC, entre ellos Alfredo García Tarazona, alias “Arley”, Luis Carlos Pacheco, alias “Julián” o “Loro nuevo”, Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica Pica”, y los individuos conocidos con los sobrenombres de “Fredy”, “Alex”, “El paisa” y “El gato”, quienes la llevaron con rumbo desconocido y la asesinaron con arma de fuego, dado que, sus hijos eran señalados infundadamente de pertenecer a la subversión. Por este hecho, la familia de la víctima tuvo que desplazarse de la región.

Ese mismo día, los agresores se apoderaron de aproximadamente 100 cabezas de ganado, una de las cuales correspondía a un toro de propiedad del vecino Luis Emigdio Luna Pava, que fueron vendidas por un monto cercano a los $35’000.000.oo para pagar la nómina de la organización.

La Fiscalía acusó a Prada Márquez en calidad de autor mediato de los delitos de homicidio en persona protegida, despojo en campo de batalla, actos de terrorismo, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y secuestro simple, tipificados en los artículos 135, 151, 144, 159 y 198 de la Ley 599 de 2000, respectivamente, cometidos en circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58-2-5 ibídem.

La judicatura legalizó dichos cargos, si bien adecuó la conducta punible de despojo en campo de batalla, a la de destrucción y apropiación de bienes protegidos, consagrada en el artículo 154 de la citada normatividad.

Cargo 75: homicidios de Humberto Afanador Cárdenas, Ramiro Molina Garzón y Nahún Afanador Gutiérrez, actos de terrorismo y secuestro simple.

Atendiendo orden directa emitida por el procesado Juan Francisco Prada Márquez, varios miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra asesinaron a los también integrantes de esa organización armada Humberto Afanador Cárdenas, alias “Chorola”, Ramiro Molina Garzón, alias “El paisa” y Nahún Afanador Gutiérrez, alias “El conejo”, el 11 de octubre de 2002, en el corregimiento El Márquez del municipio Río de Oro (Cesar). Dicha orden fue dada por cuanto las víctimas habían llevado a cabo actos no autorizados por la comandancia del grupo armado, como la desaparición de un funcionario del DAS que al parecer tenía vínculos con el narcotráfico; por ese motivo se les sancionó y a su lado fueron dejados carteles que decían: “Por efectuar acciones totalmente ajenas a la organización Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar ACSUC”.

Aunque la Fiscalía acusó a Prada Márquez como coautor impropio de los delitos de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y secuestro simple, previstos en su orden en los artículos 135, 144 y 168 del Código Penal de 2000, y cometidos en las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58-5 ejusdem, la Sala de conocimiento se abstuvo de legalizar el último de ellos.

Cargo 77: homicidio de Alexánder Centeno Becerra y tortura.

El 19 de noviembre de 2001, a la residencia de Alexánder Centeno Becerra, ubicada en el barrio Romero de Aguachica, llegaron los miembros de las AUC Humberto Afanador Cárdenas, alias “Chorola”, Ramiro Molina Garzón, alias “El Paisa”, y Nahún Afanador Gutiérrez, alias “Conejo”, quienes lo esperaron para luego atarlo, torturarlo y asesinarlo en presencia de su madre y una menor de 5 años de edad, pues, lo acusaban de pertenecer a la delincuencia común.

Los cargos formulados y legalizados, a título de autoría mediata, corresponden a las conductas punibles de homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida, regulados en los artículos 135 y 137 del Código Penal de 2000, respectivamente, perpetrados en las circunstancias de mayor punibilidad descritas en el artículo 58-2-5 de esa codificación.

Cargo 78: Masacre de la Gasolina. Homicidios de Carlos Alfonso Romero Pardo, Ángel Miguel Muñoz Amorocho, Gabriel Ángel Mesa Carrasquilla, Édgar Antonio Pobeda Lobatón —consumados—, y Antonio Badillo Torres —tentado—, desplazamiento forzado, actos de terrorismo y daño en bien ajeno.

Cuando Carlos Alfonso Romero Pardo, Ángel Miguel Muñoz Amorocho, Gabriel Ángel Mesa Carrasquilla, Édgar Antonio Pobeda Lobatón y Antonio Badillo Torres fueron sorprendidos extrayendo ilegalmente gasolina del oleoducto que cruza el municipio de San Martín, el 16 de abril de 1996, los miembros de las AUC Jhon Vega Alvernia, alias “Norris”, Manuel Antonio Villamizar Barrientos, alias “Mañe”, Juan Tito Prada, Alberto Durán Blanco, alias “Barranquilla” y los sujetos conocidos con los sobrenombres de “Piña”, “Muelas”, “Hostermana” y “Tripas”, procedieron a dispararles con armas de fuego ocasionándoles la muerte, con excepción de Badillo Torres, quien resultó herido y tuvo que desplazarse de la región.

En la misma fecha, los agresores también incineraron la tractomula que estaba siendo cargada con la gasolina hurtada, de propiedad de Gloria Estela Rivera, una camioneta perteneciente a Eduar Roldán Puentes, y un tractor.

Por el múltiple suceso, se le formularon cargos al procesado a título de autoría mediata, por los delitos de homicidio en persona protegida —consumados y tentado—, actos de terrorismo, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil y destrucción y apropiación de bienes protegidos, tipificados en los artículos 135, 144, 159 y 154 de la Ley 599 de 2000, en su orden; ejecutados en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ibídem.

Dichos cargos fueron legalizados, aclarándose que las penas aplicables para los delitos de terrorismo y destrucción y apropiación de bienes protegidos —daño en bien ajeno—, son las contenidas en el estatuto penal de 1980

Cargos 79 y 80: homicidio de Luis Alberto Piña Jiménez, secuestro simple y desplazamiento forzado.

El 23 de octubre de 1998, cuando Luis Alberto Piña Jiménez se movilizaba en un vehículo de servicio público en compañía de su menor hijo por la vía que conduce del municipio de Aguachica al de Gamarra, fue interceptado por los miembros de la AUC Ómar Guerrero Medina, alias “Niño Escobar”, y alias “El Loro”, quienes luego de bajarlo del rodante, le ordenaron al conductor llevar al menor a su residencia, al tiempo que retuvieron a Piña Jiménez, quien fue asesinado con arma de fuego, debido a que se le señalaba de ser informante de la subversión. Este hecho propició el desplazamiento del núcleo familiar de la víctima.

Prada Márquez fue acusado en calidad de autor mediato de las conductas punibles de homicidio en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, consagradas en ese orden en los artículos 135 y 159 del Código Penal de 2000, y secuestro simple, tipificada en el artículo 269 del Decreto-Ley 100 de 1980. En tales términos, los cargos fueron legalizados por el Tribunal.

Cargo 101: homicidios de José Gregorio Galván Arévalo y Juvenal Osorio.

Juvenal Osorio, alcalde del municipio de González, fue asesinado en compañía de José Gregorio Galván Arévalo el 11 de mayo de 2001, cuando se movilizaban en un vehículo por el barrio Santa Clara del municipio de Ocaña. El ataque fue perpetrado con armas de fuego, por parte de los miembros de las AUC Diomedes Peña Barrera y los conocidos con los alias de “La diabla”, “El mono” y “Rufino”, por haber desatendido la advertencia de no transitar en horas de la noche por el sector.

El cargo formulado y legalizado, a título de autoría medita, correspondió al delito de homicidio en persona protegida, contemplado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000.

Cargo 103: secuestros simples de Óscar Sánchez Duarte, Emiro Antonio Camacho Cuesta, A.C.M.(5), Luis Carlos Orozco Martínez, Jaime Miguel Arévalo Castrillón, José Ignacio Saltarín Hernández, Luis Eduardo Rocha Lengua y Efraín Marulanda Arenas, tortura, desplazamiento forzado y constreñimiento ilegal.

El 3 de abril de 2001, Óscar Sánchez Duarte, gerente del Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica, en compañía de su conductor Jaime Avendaño y sus escoltas, José Ignacio Saltarín Cerchar y Efraín Marulanda, comparecieron al corregimiento La Estación del Ferrocarril del municipio de Gamarra, para cumplir una cita impuesta por el comandante de las AUC Faber de Jesús Atehortúa Gómez, alias “Julio Palizada”; allí, fueron atados y amordazados por los integrantes del grupo ilegal, quienes los trasladaron a un sitio desconocido, en el cual se encontraba igualmente retenido el asesor jurídico de dicho hospital, Emiro Antonio Camacho, quien también había sido citado por la misma persona y acudió acompañado de su hijastro Luis Carlos Orozco Martínez y su hija menor A.C.M.

Al parecer, la retención se realizó con el fin de enjuiciar extrajudicialmente a los funcionarios públicos, por presuntos malos manejos administrativos del centro asistencial, propósito que no fue cumplido, ya que pese a las constantes amenazas de que serían asesinados, en la tarde fueron liberados, dada la mediación del Comité de la Cruz Roja Internacional.

Este episodio propició las renuncias obligadas de los funcionarios Sánchez Duarte y Camacho Cuesta, quienes igualmente tuvieron que desplazarse de manera forzada de la región, junto con sus respectivos núcleos familiares.

Prada Márquez fue acusado en calidad de autor mediato de los delitos de secuestro simple agravado y constreñimiento ilegal, descritos en los artículo 269 y 270-1-6-8, y 276 del Decreto-Ley 100 de 1980, en su orden; y tortura en persona protegida y deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, tipificados en los artículos 137 y 159 de la Ley 599 de 2000, respectivamente.

Los cargos en comento fueron legalizados por el a quo, previa aclaración de que respecto del ilícito de tortura, procede la pena contenida en el Código Penal de 1980.

Cargo 104: homicidio de Luis Adolfo Rincón Osorio.

El 8 de octubre de 2003, en el municipio de San Alberto (Cesar), cuando Luis Adolfo Rincón Osorio se encontraba laborando en el matadero público de la región, fue sorprendido por los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra Javier Antonio Quintero Coronel, alias “Pica pica” y los conocidos con los sobrenombres de “Pantera” y “Fabián”, quienes haciéndose pasar por agentes del Gaula, ordenaron a los presentes tenderse en el suelo, para proceder a accionar un arma de fuego contra Rincón Osorio, a quien acusaban infundadamente de ser comprador de ganado hurtado.

El postulado Prada Márquez fue acusado en calidad de autor mediato del delito de homicidio en persona protegida, tipificado en el artículo 135 de la Ley 599 de 2000, cometido en las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 2º y 5º del artículo 58 ejusdem. En estos términos, el cargo fue legalizado.

4. En cada uno de los anteriores eventos, la Sala de Justicia y Paz, además de reseñar el contexto dentro del cual fueron perpetrados los hechos, refirió el sustento probatorio y realizó los análisis pertinentes a la figura concursal y los principios de legalidad y favorabilidad.

De igual modo, verificó que i) el postulado cumple con los requisitos de elegibilidad, ii) el grupo armado ilegal se desmovilizó y desmanteló en acatamiento del acuerdo celebrado con el Gobierno Nacional, iii) fueron entregados bienes productos de la actividad ilegal, y iv) la organización nunca reclutó menores, cesó cualquier interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades individuales, así como cualquier otra actividad ilícita; asimismo, no se concertó para traficar estupefacientes o enriquecerse ilícitamente, y no tenía en su poder personas secuestradas.

5. La parte resolutiva del auto de legalización de aceptación de cargos es del siguiente tenor:

“En mérito de lo expuesto, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. Declarar que el postulado Juan Francisco Prada Márquez de generales de Ley consignadas en esta decisión, militó como comandante del frente Héctor Julio Peinado del Bloque Norte de las autodefensas unidas de Colombia AUC, condición bajo la que se desmovilizó entre el cuatro (04) y seis (06) de marzo de dos mil seis (2006).

2. De acuerdo con lo motivado, se DECLARA LA LEGALIDAD del cargo formulado en este asunto en contra del postulado Juan Francisco Prada Márquez por el delito de Concierto para delinquir agravado, concertación que se punibiliza a partir del 22 de julio de 2002 al 06 de marzo de 2006.

3. Declarar que en la presente actuación se registra evidencia que respalda la presunta responsabilidad del postulado Juan Francisco Prada Márquez, en los hechos materia de este proceso y que fueron objeto de solicitud de legalización.

4. Declarar que se encuentra acreditado que los delitos cometido por el postulado Juan Francisco Prada Márquez, durante el tiempo en que fungió como Comandante del frente Héctor Julio Peinado, del Bloque Norte de las AUC, por los que se formularon cargos por parte de la Fiscalía, fueron ejecutados durante y con ocasión de su militancia en la organización ilegal armada.

5. Declarar, conforme a la precisas motivaciones que vienen expuestas, que la ejecución de los hechos antes mencionados, guardan una estrecha relación con el conflicto armado interno que se vive en Colombia, de la misma forma se tiene verificado que constituyeron mecanismos que de manera sistemática y generalizada materializaron graves violaciones de derechos humanos de titularidad de la población civil protegida, por tanto han sido calificados conforme a las motivaciones precedentes como Crímenes de Guerra y Delitos de Lesa Humanidad simultáneamente.

6. Conforme a lo motivado, LEGALIZAR los cargos formulados contra el postulado Juan Francisco Prada Márquez, con excepción de los siguientes: Desplazamiento de Édgar Gemade (Cargo 3); Secuestro simple y tortura de Lincon Antonio Martínez Prado (Cargo 35); Actos de terrorismo (Cargo 62); y Secuestro simple de Humberto Afanador, Ramiro Molina Garzón y Nahún Afanador Gutiérrez (Cargo 75).

7. Así mismo se DECLARA que en relación con los acontecimientos delictivos legalizados resulta satisfecho el derecho a la verdad en su dimensión particular, pues se determinaron los móviles, los autores y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cada hecho, y en su dimensión colectiva, en la medida que se conoció del contexto general y particular de la zona donde se perpetraron los acontecimientos, develando aspectos claves del desarrollo del conflicto armando no internacional colombiano.

8. Declarar que hasta esta fase del proceso, los requisitos de elegibilidad que atañen al postulado Juan Francisco Prada Márquez se encuentran cumplidos.

9. Ejecutoriada esta decisión, ACUMULAR a la presente actuación los procesos que en contra del postulado Juan Francisco Prada Márquez, se encuentren suspendidos por la justicia ordinaria y que referencien hechos cometidos durante y con ocasión de la militancia del postulado en la organización ilegal armada frente Héctor Julio Peinado Becerra, Bloque Norte.

10. Superada la ejecutoria de esta decisión, proseguir la actuación conforme a lo establecido por el artículo 19 de la Ley 975 de 2005.

11. Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y apelación ante esta Sala y ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, los que en su orden se rituarán conforme a lo establecido en los artículos 26 de la Ley 975 de 2005 y artículo 90 de la Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 178 de la Ley 906 de 2004”.

6. En contra de la providencia de la Sala de conocimiento, interpusieron el recurso de apelación uno de los representantes de las víctimas y el delegado del Ministerio Público, quienes lo sustentaron en audiencia celebrada ante esa Corporación el 4 de julio de 2012.

Resumen de la audiencia de sustentación

1. Alegaciones de los recurrentes.

1.1. Del representante de víctimas determinadas.

En primer término, como apoderado de las víctimas en el caso 3, el impugnante pide a la Corte que se revoque la decisión de no incluir el homicidio de la menor Cindy Paola Rondón Lasso, lo cual solicitó y fue rechazado, debido a que ese delito, explica, no fue formulado en los términos de la Ley 975 de 2005, como tampoco fue aceptado por el postulado Juan Francisco Prada Márquez.

Sin embargo, estima que el procesado, tal como consta en el registro, sí lo aceptó y confesó en la audiencia de legalización de cargos, lo cual implica que tácitamente renunció a la cosa juzgada y, por ende, a la sentencia absolutoria emitida el 12 de enero de 2006 en razón de ese ilícito, en el juzgado penal del circuito especializado de Valledupar.

Lo manifestado por el procesado, reitera, constituye una confesión expresada de manera libre, voluntaria y espontánea, pues, se hizo ante funcionario público competente y en presencia de su defensor. Así las cosas, estima que por economía procesal, dicha renuncia tácita a la cosa juzgada permite que en el cargo número 3 se incorpore el homicidio de la menor, lo cual favorecería el interés de las víctimas, haría prevalecer los derechos de los menores dentro de los trámites judiciales y contribuiría de manera abierta a hacer efectiva la búsqueda de la verdad y la justicia, como objetivos de la ley de justicia y paz.

Adicionalmente, hace saber que el fiscal del caso detalló los hechos en los cuales perdió la vida la citada menor, siendo ello suficiente para que el homicidio se incluya en la audiencia de legalización de cargos y sea adicionado por la Sala de conocimiento.

En refuerzo de lo anterior, repite cómo ocurrieron los hechos y cita los fundamentos legales, constitucionales e instrumentos internacionales que sustentan su petición, encaminada a que se revoque la decisión del a quo y se adicione dicho homicidio, con base en lo expresado por el postulado en el curso de la diligencia y en las condiciones de mujer y menor de la occisa.

De igual forma, depreca que se reconozca como víctima indirecta a la señora Ginette Lasso Gemade, hermana de Aida Cecilia Lasso Gemade y tía materna de Cindy Paola, la cual no fue mencionada en el apartado respectivo de la audiencia, pese a haber declarado durante la misma.

En segundo lugar, el apelante cuestiona que se haya derivado la participación del postulado a título de autoría mediata en el noventa por ciento de los cargos, ya que ello no cumple con los estándares de verdad que se deben desarrollar en este tipo de actuaciones, pues, sin desconocer la organización piramidal y su posición de jefe de la misma, en materia de la ley de justicia y paz no es dable una aceptación mecánica de los cargos, sino que se debe contribuir con un mínimo de detalles en el esclarecimiento de la verdad, lo cual es también parte esencial de la reparación integral de las víctimas de estos grupos armados. Estima, por tanto, que la figura de la autoría mediata en que se ampara el procesado debe desaparecer, ya que en ese cometido, su aporte es mínimo.

1.2. Del delegado del Ministerio Público.

Como punto de partida, el representante de la sociedad también critica que se deduzca la autoría mediata para el postulado, con el argumento de que los ejecutores materiales de los delitos y comandantes militares del frente gozaban de plena autonomía para su comisión.

Lo anterior, añade, afecta el presupuesto de verdad, ya que los aportes del procesado con relación a ella, fueron escasos. Y si bien no puede desconocerse que los comandantes no conocían todos los actos de sus subalternos y no se les exige, por tanto, un “conocimiento absoluto” y detallado de las circunstancias, tampoco es de recibo aducir un “desconocimiento absoluto” porque se estaría en el otro extremo. Al efecto, manifiesta que no debe olvidarse que dichos jefes sí poseían un control sobre ellos y sabían de los hechos que se iban a ejecutar y los que efectivamente eran perpetrados, de donde debe diferenciarse que una cosa es el distanciamiento entre la orden y la ejecución del delito y otra la concesión de una autonomía absoluta a los comandantes militares para su ejecución, como en este caso, en el que se deja de lado el postulado de la verdad para la legalización de los cargos.

Dicha autonomía absoluta, precisa el recurrente, implica que los ejecutores materiales cometieron los delitos por sí mismos, de manera dolosa, antijurídica y culpable, y descarta una autoría mediata como la que se planteó para el procesado, pues, el dominio del hecho que se predica de esta figura no sería real sino ficticio. Acorde con ello, en este evento se estaría frente a un autor mediato con instrumento responsable, que en varios casos y conforme a criterio doctrinal, se ha resuelto por vía de coautoría o instigación.

Ese dominio, justamente, es sobre el que se genera la duda, en especial porque habiéndose interrogado acerca del tópico al postulado por el Ministerio Público y la judicatura, no brindó respuestas satisfactorias.

En soporte de su planteamiento, acto seguido el apelante lee apartados de precedentes internacionales y nacionales, así como doctrina alusiva a la materia, para concluir que se está aplicando extensivamente el concepto de autoría mediata, desatendiendo sus elementos objetivos y subjetivos, pues, no basta con que los comandantes digan que aceptan todos los delitos, sino que se requiere que contribuyan efectivamente al principio de verdad, pero no una “verdad a medias” como la que ha expresado el procesado apoyándose en los mandos medios, limitándose en la gran mayoría de los hechos a decir que los acepta por la cadena de mando.

Adicionalmente, dice tener objeciones desde el punto de vista conceptual frente a la figura de la responsabilidad del comandante, dado que, acorde con el Estatuto de Roma, se requiere un control efectivo de la organización, lo cual no se configura en el presente caso.

Para terminar, insiste en que en este asunto no se configura la forma de participación deducida, exalta el salvamento de voto, y pide a la Corte que no acceda a la legalización de los cargos imputados al acusado Prada Márquez a título de autoría mediata.

2. Intervención de los no recurrentes.

2.1. Del fiscal de conocimiento.

Como sujeto procesal no impugnante, el Fiscal 34 de la Unidad Nacional de Justicia y Paz partió por expresar su inconformidad con los apelantes, toda vez que en la presentación del contexto criminal que sucedió en el sur del Cesar, dio a conocer la dinámica de exterminio y violencia que allí operó, así como la existencia de un conflicto armado, todo lo cual fue aceptado por el postulado Prada Márquez, quien como comandante del frente Héctor Julio Peinado Becerra admitió haber creado la política de exterminio con la que degradó la zona, combatiendo todo lo que tuviera relación con la guerrilla o le causara algún daño a la sociedad.

Lo anterior, aclara, no se lo inventó la Fiscalía sino que provino del propio procesado, lo cual hace parte del principio de verdad. En tal forma, hace un recuento histórico, resaltando que las víctimas también comparecieron y de una u otra manera corroboraron lo dicho por los postulados, a quienes no puede exigirse tecnicismo jurídico, debido a sus bajos niveles intelectuales y culturales, y su escasa escolaridad. De ahí que presenten ese principio de verdad bajo su propia óptica, lo que a su vez fue aceptado en tales términos por las víctimas.

En cuanto el tema de la autoría mediata, a continuación reiteró que en este evento se acreditó la existencia de una política de exterminio que se traduce bajo el criterio del dominio del hecho, reflejada en la creación de la idea criminal emanada del comandante militar; por ello, una cosa es el dominio del hecho y otra su control, por manera que el conocimiento previo del comandante no se opone a la autonomía de sus subalternos, quienes tenían claro que de acuerdo con la política del grupo, debían acabar a todo aquel que se relacionara con la guerrilla o le causara daño a la sociedad.

Puede hablarse, por consiguiente, de aparatos organizados de poder y de la ejecución material de órdenes que llevaba a cabo un autor “fungible”, toda vez que no importaba quien lo cometía, pues, lo verdaderamente importante es que obedecía a la suficientemente decantada política de grupo. En esa medida, si bien el procesado Prada Márquez en su condición de jefe de la organización conocía los hechos y como tales los aceptó, ignoraba los detalles y las circunstancias que los rodearon, dado que, ni siquiera estuvo en los lugares que se llevaron a cabo.

En suma, como comparte la legalización de cargos decretada, solicita a la Corte que de acuerdo “a nuestra propia realidad” y a la jurisprudencia nacional, se confirme la decisión impugnada.

2.2. Del postulado.

Provisto del uso de la palabra, el procesado Juan Francisco Prada Márquez simplemente manifestó que en todo momento ha dicho la verdad y que los comandantes siempre actuaban atendiendo a la política de grupo, atacando a todo lo que se vinculara con la guerrilla y le causara un mal a la sociedad.

2.3. Del defensor del procesado.

El defensor del postulado se opuso a lo alegado por el delegado del Ministerio Público, aduciendo que no comparte su planteamiento en el sentido de que su defendido no ha dicho toda la verdad porque no ha relacionado con detalle los hechos, pues, opina que una exigencia de esa naturaleza desconoce la práctica de violencia que existió en aquella región, cuyos orígenes explica.

Así, tras aludir a la impunidad imperante antes de la expedición de la ley de justicia y paz y del poder que adquirió la organización ilegal de su representado, señala que no puede exigírsele un conocimiento exhaustivo de los hechos, ya que es una persona iletrada, agricultor y ganadero sin estudios, que no está en capacidad de expresar la verdad de forma diferente a como lo hace, reconociendo simplemente que él si(sic) dio(sic) esas órdenes y que de varios de esos hechos, apenas se enteró en el curso de este proceso, lo cual no descarta que hubiese tenido el dominio del hecho.

Acto seguido, asevera que comparte lo referido por el fiscal acerca de la contextualización del conflicto, y menciona los diferentes grupos ilegales que intervenían en la zona afectada, con el fin de asegurar que exigirle a su defendido una descripción minuciosa de los hechos, desconocería la realidad colombiana. Por esta razón, manifiesta que no comparte lo aducido en el salvamento de voto y pide a la Corte que confirme la decisión de legalización de aceptación de cargos.

Consideraciones de la Sala

1. Cuestiones preliminares.

De conformidad con lo establecido en los numerales terceros de los artículos 75 y 32 de las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, respectivamente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene plena competencia para pronunciarse de fondo en el asunto sometido a examen, en tanto, se trata de una decisión de primera instancia obra de un tribunal superior. Adicionalmente, respecto de las decisiones de las Salas de justicia y paz, esa legitimidad deviene directamente de lo contemplado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005.

Ahora bien, son dos los ejes temáticos que componen el objeto de la apelación:

En primer lugar, acorde con lo planteado por uno de los defensores de las víctimas, en el hecho 3 debe incluirse el homicidio de la menor Cindy Paola Rondón Lasso, el cual fue aceptado por el postulado Juan Francisco Prada Márquez, a pesar de que por ese delito el juzgado penal del circuito especializado de Valledupar dictó sentencia absolutoria el 12 de enero de 2006. Pide, por consiguiente, que el mismo se agregue al cargo 3, habida cuenta que el procesado renunció tácitamente a la garantía de la cosa juzgada.

Y, en segundo término, el mismo recurrente y el delegado del Ministerio Público, cuestionan que en la mayoría de los casos —no especifican en cuáles— se haya derivado la participación del postulado a título de autoría mediata, ya que ello no cumple con los estándares de verdad como principio de la ley de justicia y paz, por cuanto los aportes del procesado Prada Márquez con relación a ella, fueron escasos y mínimos, pues, se amparó en su posición jerárquica dentro de la organización y la cadena de mando para aceptar y confesar la totalidad de los hechos, sin ofrecer detalles sobre la forma como estos ocurrieron. Solicitan, por tanto, que se revoque la legalización de los cargos que aluden a dicha figura.

En ese orden, entonces, a continuación serán respondidos los planteamientos de los impugnantes.

2. La no inclusión del homicidio de la menor Cindy Paola Rondón Lasso en el cargo 3.

La Corte despachará negativamente la solicitud del representante de las víctimas recurrente y, en consecuencia, no incluirá el homicidio de la menor Cindy Paola Rondón Lasso dentro de las conductas punibles deducidas en el hecho 3 presentado por la Fiscalía.

En efecto, verificados los registros, actas y documentos que contienen las audiencias de formulación de cargos y legalización de aceptación de los mismos, la Sala advierte que si bien el caso tercero comporta múltiples episodios delictuales, la Fiscalía marginó de la imputación jurídica el homicidio de la joven Rondón Lasso, por cuanto en razón del mismo el postulado Juan Francisco Prada Márquez fue favorecido con sentencia absolutoria, dictada por el juzgado penal del circuito especializado de Valledupar el 12 de enero de 2006.

El suceso en comento, se reseña fácticamente en la providencia recurrida de la siguiente manera:

“El 21 de junio de 2000, siendo las siete y treinta de la noche (07:30 p.m.) aproximadamente, los miembros del frente Héctor Julio Peinado Becerra Juan Tito Prada Prada, alias “Tito” y Wilson Carrascal Salazar, alias “El Loro”, irrumpieron en la vivienda de Ayda Cecilia Lasso Gemade, candidata a la Alcaldía del municipio de San Alberto-Cesar, ubicada en el barrio Villa del Prado de esa municipalidad, en momentos en los que se celebraba una reunión familiar, procediendo alias “El Loro” a propinarle tres impactos con arma de fuego que le causaron la muerte de manera inmediata, al tiempo que alias “Tito” le disparó a su menor hija Sindy Paola Rondón Lasso ocasionando de igual forma su deceso cuando pretendía infructuosamente auxiliar a su madre.

Estos acontecimientos, dada la excesiva agresión desplegada, la conmoción que de ordinario significa el disparar armas de fuego al interior de viviendas familiares ubicadas en zona urbana y, la especial significación social que implicaba el asesinato de una aspirante al cargo de libre elección más representativo del municipio, generaron en la familia de la víctima y en la comunidad de San Alberto (Cesar) sentimientos de zozobra y terror, que finalmente determinaron el desplazamiento hacia la ciudad de Bucaramanga de Luis Gabriel Lasso Gemade, hijo de Ayda Cecilia, y de su primo Luis Gabriel Gemade”.

Ya en lo jurídico, la Fiscalía se refirió exclusivamente a los delitos de actos de terrorismo y desplazamiento forzado de población civil, cargos sobre los cuales solo podía pronunciarse —y de hecho se pronunció— la Sala de Conocimiento de justicia y paz, legalizando unos y descartando otros —por razones que no es necesario mencionar—, pero en todo caso, dejando por fuera los homicidios de la ciudadana Ayda Cecilia Lasso Gemade y su hija, por cuanto el ente instructor no los formuló, ya que fueron objeto de juzgamientos previos que culminaron con condena, en el caso de la primera, y con absolución, en el de la segunda.

La mención que se hizo de ambas muertes, se aclaró, obedeció a la necesidad de satisfacer los estándares de verdad que se imponen en este modelo de justicia transicional, con el propósito de ilustrar sobre las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores que rodearon los ilícitos que en últimas fueron deducidos por el fiscal del caso.

Así las cosas, cuando el representante de las víctimas solicitó a la Sala de Conocimiento que incluyera en el hecho 3 el homicidio de la menor Rondón Lasso, argumentando que el postulado Prada Márquez lo había confesado en el curso de la misma diligencia, la petición fue acertadamente rechazada, debido a que se trata de un cargo que "no se ha formulado atendiendo las ritualidades de la Ley 975 de 2005 y que no ha sido aceptado por el postulado”.

Efectivamente, del registro respectivo puede destacarse cómo la Magistrada directora de la audiencia, al ser requerida para que agregara el homicidio de la menor, contestó de manera breve, pero categórica y legítima, que ese era un cargo no formulado por la Fiscalía.

Ello, al margen de que el procesado Prada Márquez lo haya aceptado, pues, reconoció genéricamente el hecho 3, aclarando que se trató de un acto ejecutado por sus hombres, quienes si bien tenían la orden única de matar a la política Ayda Cecilia Lasso Gemade, al final también ultimaron a su hija, cuando reaccionó ferozmente en defensa de su progenitora.

La Corte, por consiguiente, está de acuerdo con la decisión del tribunal a quo, toda vez que la titularidad de la acción penal en el modelo de justicia transicional implementado por la Ley 975 de 2005, radica exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación. De ahí que no puedan la judicatura ni las demás partes o intervinientes, formular o agregar cargos y delitos a su amaño.

Así lo dejó entrever la Sala en el auto del 18 de abril de 2012 (Rad. 38.526), en el que breve pero enfáticamente aseveró que en el modelo procesal de la Ley de justicia y paz, la Fiscalía es la “titular de la acción a quien compete definir la estrategia procesal correspondiente”.

Y lo reiteró de manera más categórica en reciente pronunciamiento, en el que partió por precisar que el proceso transicional, operativamente, está soportado en la iniciativa del Fiscal, quien por tanto actúa como requirente de la mayoría de las decisiones trascendentales de su dinámica.

En efecto, en el auto del pasado 17 de octubre de 2012 (Rad. 39.269), sobre las atribuciones del Fiscalía en el proceso de justicia y paz regulado por la Ley 975 de 2005, puntualizó:

“a) Es el encargado de verificar los requisitos de elegibilidad y la voluntad permanente del postulado dirigida a ser beneficiario de la pena alternativa, en consecuencia, a escucharlos en versión libre, a buscar y oír a las víctimas de cada desmovilizado y por tanto aubicar y traer para el proceso transicional aquellos adelantados en la justicia ordinaria por delitos perpetrados en su accionar armado, a solicitar la medida de aseguramiento por cada delito confesado, las medidas cautelares sobre los bienes entregados con fines de reparación y restitución, a elaborar y desarrollar el programa metodológico, a imputar y formular los cargos surgidos, lo mismo que a solicitar su legalización; a gerenciar el incidente de reparación integral, y en general, a cumplir con las cargas procesales que le asignó la Ley 975 de 2005.

b) En este contexto, es la Fiscalía General de la Nación la que debe contar con un mapa general de los objetivos de la justicia transicional, que a esta altura de su desenvolvimiento, ha de tener, por lo menos inventariados los hechos y delitos confesados, las víctimas generadas por ellos, el perpetrador o victimarios que responden por cada uno, las pruebas con fundamento en las cuales se losimputará, acusará y solicitará condena, aquellas con las cuales se acreditarán los perjuicios, y las medidas de reparación, tanto efectivas como simbólicas, individuales y colectivas.

c) En torno de ello debe proyectar los apoyos a las víctimas, al proceso y a su legalidad, a la investigación, a la garantía de los derechos de quienes intervienen ofrecidos por las otras instituciones públicas, las Organizaciones no Gubernamentales nacionales como internacionales, a los defensores de confianza, a los representantes contractuales de las víctimas, a peritos, etcétera.

En ese cometido asignado fundamentalmente a la Fiscalía General de la Nación, esta Sala, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 975 de 2005, en materia de unidad procesal, ha facilitado progresivamente su labor: primero, señalando que la imputación podría ser excepcionalmente parcial, luego que las imputaciones así realizadas debían juntarse en la audiencia de legalización de cargos, y posteriormente —criterio que actualmente se mantiene—, admitiendo la posibilidad de emisión de sentencias parciales.

(…).

Todo en aras de permitirle a la Fiscalía que fuera ella la que dispusiera, en su calidad de gestora, gerente y requirente dentro del proceso transicional, el rumbo del mismo; pues dicha institución es la que debe indicarle a los magistrados encargados de orientar los procedimientos, cómo proyectan la distribución de la totalidad de los casos que habrán de reflejarse en las sentencias. Es, de hecho, la que selecciona el orden en que se presenta, tanto los cargos como los desmovilizados a los efectos de las distintas audiencias.

d) Lo que se espera de dicha entidad, por tanto, es que tenga un plan general, una visión sistemática, de contexto, de aquello que está imputando y acusando, estableciendo la prioridad que la gravedad de los delitos, las condiciones y la cantidad de víctimas, un patrón o designio común, sus sitios de ubicación, la época de su comisión, la alarma social que causaron, la condición de mando de los perpetradores, entre otros aspectos, hagan más aconsejable.

Es también la Fiscalía la que califica los delitos —actividad en la cual se han presentado más discusiones de las necesarias habida consideración de tratarse de una justicia transicional—, para lo cual ha de tener —o estar en proceso de— una contextualización de la macrocriminalidad, especificando cuál es atribuible a los grupos subversivos y cuál a los paramilitares, dividiendo y especificando por bloques, o por lo menos por frentes, para ir decidiendo en cuántos procesos y en cuáles, y cuántas sentencias proferidas contra quiénes, se irá conteniendo la verdad que el país espera de este proceso de reconciliación” (destaca la Sala).

Acorde con lo que viene de señalarse, está claro que en el marco del procedimiento implantado por la Ley de justicia y paz, la titularidad de la acción penal radica única y exclusivamente en la Fiscalía General de la Nación, lo cual implica que en el desarrollo de su programa metodológico, sea la única parte facultada para imputar y formular los cargos y solicitar su posterior legalización.

La Fiscalía, entonces, es la que presenta los hechos y delitos confesados, sus perpetradores, las víctimas y el sustento probatorio con el cual formulará las imputaciones fáctica y jurídica en cada una de las etapas procesales.

También es, como se dice en el citado proveído, la encargada de distribuir la totalidad de los casos que habrán de reflejarse en las sentencias, calificándolos jurídicamente y seleccionando el orden de su presentación.

En esa medida, razón tuvo la Sala de Conocimiento cuando al ser requerida por el representante de las víctimas para que en el hecho tercero incluyera el homicidio de la menor, respondiera negativamente, con el sólido argumento de que ese episodio delictivo no había sido objeto de incriminación por parte del fiscal de conocimiento, quien, se repite, es el único llamado a determinar qué casos presenta ante el tribunal de justicia y paz.

La petición del impugnante, en consecuencia, nuevamente será despachada de manera desfavorable.

Finalmente, frente a la petición que hace el mismo apelante en el sentido de que se reconozca como víctima indirecta a la señora Ginette Lasso Gemade, hermana de Aida Cecilia Lasso Gemade y tía materna de Cindy Paola, por no haber sido mencionada en el apartado respectivo de la audiencia de legalización de aceptación de cargos, basta decir que la Sala verificó que se trató ello de una omisión involuntaria e intrascendente por parte del a quo que en nada afecta las garantías de la señora Lasso Gemade, quien aparece legítimamente reconocida como víctima dentro la actuación y bajo esa calidad ha intervenido en las diligencias correspondientes.

3. La supuesta afectación del postulado de la verdad.

Tampoco tendrá eco la segunda solicitud del representante de las víctimas, en la cual lo acompaña el delegado del Ministerio Público, de revocar la legalización de los cargos que se formularon al postulado Juan Francisco Prada Márquez en calidad de autor mediato.

Al margen de cualquier discusión dogmática y sin concretar cargo alguno, ambos recurrentes no están de acuerdo con la aplicación de dicha figura, por cuanto estiman que de esa manera no se satisface el postulado de la verdad, como requisito esencial del modelo de justicia transicional.

Ello aquí sucede, opinan los impugnantes, toda vez que si bien el procesado aceptó la totalidad de los cargos imputados apoyado en su posición jerárquica dentro del grupo armado y la cadena de mando, en últimas su aporte a la verdad es mínimo y escaso, pues, no ofrece detalles de la forma como ocurrieron todos los sucesos que se le endilgan.

Ahora bien, la Sala siempre ha reconocido la naturaleza sui generis del trámite procesal consagrado en la Ley 975 de 2005, atendidas sus finalidades y, particularmente, la necesidad de respetar y hacer actuantes los derechos de verdad, justicia y reparación que asisten a las víctimas.

En particular, sobre el concepto de verdad que es el invocado en este asunto, también ha sostenido reiteradamente que debe flexibilizarse, pues, atendiendo al tiempo transcurrido y a la criminalidad macro que se ha venido despejando en el marco de la ley de justicia y paz, en desarrollo de la cual se han denunciado miles de ilicitudes atribuibles a los integrantes de los grupos paramilitares, es prácticamente imposible ofrecer una verdad absoluta, concreta y detallada sobre la forma como se ejecutaron todos y cado uno de los episodios delictivos y más aún si se trata de los cabecillas de dichas organizaciones, quienes en muchos casos, como aquí sucede, ni siquiera conocen la totalidad de los delitos perpetrados por los hombres bajo su mando, situación que no ha sido obstáculo para que los mismos sean aceptados por ellos.

En este orden de ideas, como bien lo sostuvo el a quo, el instituto de la autoría mediata a través de aparatos organizados de poder fue diseñada para lograr endilgar la responsabilidad de aquellos mandos altos que en un escenario de macrocriminalidad generado por una gran estructura para delinquir, resulta imposible demostrar su participación material conformada en tales hechos, especialmente por existir una serie de subalternos con diferentes rangos que los separan de los autores materiales del hecho.

Para la Corte, la anterior consideración no se opone al postulado de la verdad, en la medida en que en muchas ocasiones, la práctica lo ha demostrado, esos ejecutores materiales son también procesados y se han encargado de relatar los delitos por ellos cometidos, destacando, en lo posible, las circunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores que los rodearon.

Adicionalmente, se tiene el aporte de las víctimas, quienes han comparecido a rendir declaración y aportar pruebas, participando de esa forma en la construcción de la verdad.

En este orden de ideas, la Corte le recuerda a los apelantes que acerca de la verdad en el proceso de justicia y paz, y la forma de llegar a ella, ya bastante se ha dicho, advirtiéndose las dificultades que en tratándose de delitos ejecutados por grupos al margen de la ley, comporta la reconstrucción histórica de los hechos en términos que satisfagan las legítimas aspiraciones de las víctimas, pues, en ocasiones estas exigencias riñen también con la naturaleza y finalidades de un proceso que a más de procurar por cubrir los derechos de esas víctimas, también ha de erigir mínimos procesales y probatorios encaminados a determinar la responsabilidad del postulado.

En efecto, en providencia del 31 de agosto de 2011 (rad. 36.125), reiteró:

“Precisamente, en atención a tantas cuantas limitaciones se ofrecen en el cometido básico de conocer lo ocurrido dentro de todo su contexto, se señaló que la investigación de los hechos debe ofrecer cierta laxitud, conforme los estándares internacionales establecidos para juzgar la macrocriminalidad, e incluso se advirtió cómo, finalmente, esa tensión entre lo procesal y la verdad histórica requerida por las víctimas, torna necesario acudir a mecanismos complementarios, ajenos a la intervención judicial, tal cual sucede con las llamadas Comisiones de la Verdad.

Para lo que se examina, la Sala estima pertinente traer a colación lo que sobre el tema se expuso en ocasión anterior, dentro de este mismo asunto(6):

“Lo dicho quiere significar que el rol de la fiscalía no es pasivo, puesto que tiene el deber institucional de practicar cuanto medio probatorio esté a su alcance, con el fin de confirmar o infirmar lo confesado por el desmovilizado, resaltándose que en esa labor de verificación, es apenas natural y obvio que las víctimas jueguen un papel preponderante, pues, a su turno, pueden aportar elementos de juicio en uno u otro sentido.

Sin embargo, se insiste, esa intervención de la víctima no puede entenderse en términos absolutos, pues su facultad de controvertir y discutir la confesión del procesado, no llega al extremo de impedir que el proceso de justicia y paz avance y termine de manera normal, pues, afirmar lo contrario conduciría a desnaturalizar los fines de la justicia transicional.

En este evento, debe hacerse una interpretación flexible sobre el concepto de verdad, a partir de lo aportado por el desmovilizado en su versión libre, dado que, como lo sostuvo la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-370 de 2006 (apartado 6.2.2.1.7.20), no puede perderse de vista que la Ley 975 está diseñada para ser aplicada a personas que han cometido múltiples y graves delitos, en desarrollo de los cuales apelaron a toda clase de maniobras para esconder su real dimensión y las pruebas de los mismos, lo cual necesariamente dificulta la labor investigativa.

Por esta razón, señaló dicha Corporación en esa oportunidad, que “se debe confiar en la voluntad de buena fe de quienes deciden entrar a la legalidad”.

También la Sala, en el auto antes citado, reconoció que la complejidad de la reconstrucción de los hechos por virtud de la degradación del conflicto y la barbarie de los métodos utilizados en la ejecución de las conductas (descuartizamiento, fosas comunes), sumado a las dificultades de huella histórica de muchos hechos, por deficiencias en el registro civil (nacimientos, defunciones), en los registros notariales y mercantiles, por los permanentes movimientos de las comunidades desplazadas, entre otras y tantas dificultades, obliga a exámenes de contexto y a la flexibilización de los umbrales probatorios, no solo respecto de la comprobación del relato del postulado, sino, sobre todo, del daño causado, el que deberá acreditarse con medios propios de la justicia transicional.

En este orden de ideas, resulta desproporcionado, como aquí se pretende, que se exija del desmovilizado, quien ha relatado genéricamente unos hechos ocurridos hace varios años y confesado la comisión de múltiples conductas punibles, que especifique todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon la ejecución de cada una de ellas.

No. A la confesión del postulado no puede imponérsele condicionamiento alguno, diferente al resultado probatorio que es consecuencia del examen de su valor suasorio, conforme a las reglas de la sana crítica.

Además, a lo que está obligado el postulado es a decir la verdad, su verdad, la que conoce, lo cual puede hacer relatando genéricamente unos hechos que le constan, sin que esté obligado a calificarlos jurídicamente, ya que ello es labor de la Fiscalía General de la Nación, de manera que si el ente instructor, en un momento dado no realiza alguna imputación de hechos confesados, dicha omisión no puede tener efectos desfavorables para el desmovilizado.

Cosa diferente es que el procesado guarde el secreto sobre lo ocurrido, manipule la verdad o niegue la ocurrencia de graves delitos cuya comisión le consta, porque en este evento sí se está frente a un verdadero atentado contra el derecho a la verdad, en sus dimensiones individual y colectiva, lo que acarrearía, necesariamente, consecuencias desfavorables para el postulado.

Pero para que ello suceda, es necesario que se aporte prueba idónea y no que, a partir de especulaciones o afirmaciones genéricas, se diga simplemente que el desmovilizado no rindió una declaración completa y veraz

(…).

Se repite, los criterios de racionalidad que han de gobernar la auscultación de un tan complejo aspecto como el de la verdad, impelen, exclusivamente para lo que corresponde al proceso regulado en la Ley 975 de 2005, que con la confesión del postulado, verificada en su credibilidad y efectos por la necesaria contextualización que haga la Fiscalía, se delimiten los hechos en concreto, una vez determinado que el desmovilizado narró en su totalidad lo que conoce, que la Fiscalía adelantó una tarea investigativa suficiente para corroborarlo y que, desde luego, lo referido no ha sido contradicho con argumentos serios o elementos suasorios suficientes.

Por ello, el horizonte de verificación judicial necesariamente ha de comprender esas limitaciones, precisamente consagradas por la ley cuando del postulado exige, para acceder a los beneficios de alternatividad punitiva, apenas que diga todo lo que sabe y entregue los bienes destinados a la reparación”.

Acorde con lo anterior, resulta un despropósito lo pretendido por el apoderado de las víctimas y el Procurador del caso, quienes prácticamente están abogando por un imposible, condicionando la legalización de los cargos a que el desmovilizado, quien en este caso es el líder de la organización criminal y como tal ha relatado genéricamente unos hechos ocurridos hace varios años y confesado la comisión de múltiples conductas punibles, ofrezca los pormenores que rodearon la ejecución de cada una de ellas.

Por ello, debe insistir la Sala en que la verificación de los hechos y, particularmente, la satisfacción del derecho a la verdad que acompaña a las víctimas, ha de fundarse en criterios de racionalidad, dadas las dificultades que ya ampliamente se han reseñado, que parten, como en el caso concreto, del rango que ocupaba el desmovilizado en la organización armada ilegal, a partir de lo cual lejos se hallaba de conocer motivaciones o finalidades en cada uno de los hechos ejecutados.

Así las cosas, si se atendiesen los planteamientos de los impugnantes, habría que marginar a Juan Francisco Prada Márquez del proceso de justicia y paz, simple y llanamente porque a pesar de exteriorizar su deseo de cumplir y acatar con los estándares allí previstos, no cumple con el presupuesto de verdad por no estar en condiciones de ofrecer detalles de los hechos cometidos por los integrantes de su organización.

En suma, no es cierto que en este caso la imputación jurídica deducida por la Fiscalía atente contra el postulado de verdad. De ahí que no se revocará la decisión de legalización impugnada.

4. Decisión.

Consecuente con lo consignado en precedencia, la Corte confirmará íntegramente la providencia apelada, por medio de la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá legalizó la aceptación de los cargos aceptados por el postulado Juan Francisco Prada Márquez.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión objeto de impugnación.

2. Devolver la actuación a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, para que continúe con el impulso del procedimiento.

Contra esta decisión no proceden recursos.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Leonidas Bustos Martínez—José Luis Barcelo Camacho—Fernando Alberto Castro Caballero—María del Rosario González Muñoz—Gustavo Enrique Malo Fernández—Luis Guillermo Salazar Otero—Julio Enrique Socha Salamanca—Javier de Jesús Zapata Ortiz.

(1) Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 1º de diciembre de 2011, Radicaciones 2008-83194 y 2007-83070.

(2) ibídem, párrafo 186.

(3) Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia del 7 de diciembre de 2011, Radicaciones 2006-81366 y 2007-82800.

(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Auto de 21 de septiembre de 2009, Radicado 32.022.

(5) Se trata de una menor de edad, cuyo nombre se omite, en atención a las previsiones del Código de la Infancia y la Adolescencia.

(6) Auto del 21 de septiembre de 2009, Radicado 32.022.