Sentencia 39475 de junio 13 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39475

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Acta 20

Bogotá, D.C., trece de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «X. Se considera

Pues bien, vista la motivación de la sentencia impugnada, entiende la Sala que el tribunal para confirmar el fallo de primer grado, fundamentó su decisión, esencialmente, en argumentos jurídicos derivados de la intelección que le dio a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificados por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, análisis que le permitió concluir que: (i) por regla general toda remuneración fija o variable que tenga la naturaleza de contraprestación o retribución directa y onerosa del servicio y que ingresa real y efectivamente al patrimonio del trabajador, tiene la naturaleza de salario; (ii) no tienen tal connotación los pagos efectuados por mera liberalidad del empleador, de carácter transitorio, ocasional o que no remuneran el servicio, así como tampoco los extralegales que las partes acuerdan expresamente que no constituyen salario, y (iii) la facultad que tienen las partes para pactar cuáles pagos constituyen salario y cuáles no, no es absoluta y no puede interpretarse de tal forma que implique su total arbitrio para negarle la condición de salario a retribuciones que por ley la tienen.

Las anteriores inferencias, no permiten abordar su estudio por la vía de los hechos escogida por el recurrente en el primer ataque, en la medida que implicaría el análisis de discernimientos de índole jurídico propios de la senda directa. En consecuencia, no es de recibo la argumentación de la censura tendiente a demostrar que el fallador de alzada, cuando analizó la naturaleza salarial de las primas de alimentación y de transporte cuestionadas, incurrió en los yerros fácticos achacados.

No obstante, previa advertencia de que a la luz de lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y a más de esto, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, desde una perspectiva meramente fáctica, observa la Sala, que los dislates que le atribuye al tribunal frente a las pruebas que acusa de errónea apreciación, no tienen fundamento por las razones que a continuación se exponen.

La documental que obra a folios 130 a 133, que contiene las comunicaciones que en los años 1997, 1998 y 2000, la empresa demandada le envió a Salgado Morales informándole el sueldo mensual, así como el reconocimiento e incrementos de los auxilios de alimentación y transporte sin incidencia salarial, y en las que, además, se lee que le correspondía al accionante firmarlas en señal de aceptación, no fueron valoradas con error por el juez ad quem, quien no dijo nada diferente de lo que de su tenor literal emana, pues al punto adujo que “En el expediente quedó plenamente demostró (sic) que el actor percibía de parte de la demandada dos auxilios, que denominaba de alimentación y transporte, y que ascendían cada uno a la suma de $2.187.500. (fl. 133), al momento de la finalización del contrato de trabajo. Igualmente, que el último salario pactado entre las partes ascendía a la suma mensual de $625.000. (fl. 132)”.

A igual conclusión se arriba al confrontar la conclusión de la sentencia con el contenido de la cláusula “novena” (sic) del contrato de trabajo (fl. 67), en tanto el juez de alzada la trascribió literalmente para destacar, cuál fue el acuerdo al que llegaron las partes.

El juicio de valor que le dio a las citadas probanzas, le permitió al juez colegiado concluir que: (i) los auxilios de alimentación y transporte se pagaban mensualmente, (ii) remuneraban directamente la prestación del servicio, (iii) el ingreso mensual del actor, junto con el sueldo nominal pactado equivalente a $650.000 era de $5.000.000, supuestos estos a partir de los cuales, bajo la égida de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo y con apoyo en la jurisprudencia emanada de esta Sala, hizo que se confirmara la decisión condenatoria de primera instancia.

La documental que obra a folio 95 del expediente que corresponde a un fragmento de la diligencia judicial en la que el actor absolvió el interrogatorio de parte; sin embargo nada dice el recurrente en su extenso memorial para explicarle a la Corte en qué consistió su confesión, único caso en que tal probanza podría ser objeto de acusación en sede de casación. Como la Sala no puede emprender de oficio su análisis de fondo, por lo rogado del recurso extraordinario, no prospera la acusación.

En lo que corresponde al interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandada que obra folios 82 a 88 del plenario, omite el libelista su deber de indicarle a la corporación, cuál fue la confesión que allí supuestamente quedó consignada, la que en todo caso de haberse configurado, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, favorecería los intereses del demandante y no los de la accionada recurrente.

De otra parte, al revisar la liquidación final de prestaciones (fls. 60 y 61), se observa el monto que se le reconoció y pagó al trabajador por concepto de cesantías e intereses correspondientes al período anual de 2001. Eso, y nada diferente, fue precisamente lo que de su contenido extrajo el juez de alzada al afirmar que en esa documental, “tan sólo se certifica el pago de cesantías del año 2001 y no de años anteriores, que por virtud de la Ley 50 de 1990 debían ser consignadas ante un fondo destinado para tal efecto”, de modo que no se configura el dislate valorativo que le endilga la censura.

Ahora bien, como sobre este particular aspecto, también dijo el colegiado que “No existe en el plenario prueba de consignación o pago de las referidas cesantías” correspondientes a años anteriores, y la censura no debate en sede de casación alguna o algunas que, en las instancias, acreditaran lo contrario, no puede pretender que en este estadio la Corte valore la que allegó con el recurso extraordinario, porque su deber era aportarlas oportunamente al plenario, conforme a las reglas del debido proceso, del derecho de defensa y de lealtad procesal.

En cuanto a la pieza procesal del escrito de demanda (fls. 2 a 5), se quedó el recurrente en el simple enunciado de la errónea apreciación, pues en este caso como en los atrás indicados, prescinde indicarle a la Sala en qué consistió el erróneo juicio de valor y cuál fue su incidencia en la sentencia gravada. El ataque es impróspero.

En el segundo cargo, el argumento central del impugnante para atribuirle al tribunal la equivocada hermenéutica de los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, se hace descansar, exclusivamente, en la sentencia del 7 de febrero de 2006, Radicado 25734.

La citada providencia en efecto se refiere a la hermenéutica de que han sido objeto los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo, sin embargo bien se impone destacar que en dicha oportunidad, como en otras tantas, la Sala reiteró la doctrina que dejó sentada en la sentencia del 12 febrero de 2003, radicada bajo el número 5481, misma en la que el ad quem, en el presente caso, fundamentó su decisión.

Ciertamente, reza la sentencia impugnada:

“La Corte Suprema de Justicia ha señalado que la facultad establecida en la Ley 50 de 1990 y que el demandado reclama desconocida por el a quo, no puede interpretarse de tal forma que implique el total arbitrio de las partes para negarle la condición de salario a retribuciones que por ley la tienen. Así, ha sostenido:

‘Estas normas, en lo esencial siguen diciendo lo mismo bajo la nueva redacción de los artículos 14 y 15 de Ley 50 de 1990, puesto que dichos preceptos no disponen, como pareciera darlo a entender una lectura superficial de sus textos, que un pago que realmente remunera el servicio, y por lo tanto constituye salario ya no lo es en virtud de la disposición unilateral del empleador o por convenio individual o colectivo con sus, trabajadores. En efecto ni siquiera al legislador le está permitido contrariar la naturaleza de las cosas, y por lo mismo no podría disponer que un pago que retribuye a la actividad del trabajador ya no sea salario. Lo que verdaderamente quiere decir la última parte del artículo 15 de la Ley 50 de 1990, aunque debe reconocerse que su redacción no es la más afortunada, es que a partir de su vigencia pagos que son “salario” pueden no obstante excluirse de la base de cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales (prestaciones sociales, indemnizaciones, etc.

Este entendimiento de la norma es el único que racionalmente cabe hacer, ya que aún cuando habitualmente se ha tomado el salario como la medida para calcular las prestaciones sociales y las indemnizaciones que legalmente se establecen en favor del trabajador, no existe ningún motivo fundado en los preceptos constitucionales que rigen la materia o en la recta razón, que impida al legislador disponer que una determinada prestación social o indemnización se liquide sin consideración al monto total del salario del trabajador, esto es, que se excluyan determinados factores no obstante su naturaleza salarial, y sin que pierdan por ello tal carácter. El legislador puede entonces también —y es estrictamente lo que ha hecho— autorizar a las partes celebrantes un contrato individual de trabajo, o de una convención colectiva de trabajo o de un pacto colectivo, para disponer expresamente que determinado beneficio o auxilio extralegal, a pesar de su carácter retributivo del trabajo, no tenga incidencia en la liquidación y pago de otras prestaciones o indemnizaciones. Lo que no puede lógicamente hacerse, ni por quienes celebran un convenio individual o colectivo de trabajo, es disponer que aquello que por esencia es salario, deje de serlo’. Sala de Casación Laboral, Rad. 5481, M.P. Hugo Suescun Pujois” (resaltado propio del texto).

Para la Corte, la exégesis que en el presente caso hizo el tribunal de la doctrina de esta Sala plasmada en la sentencia con Radicado 5481 de 1992, citada implícitamente por el recurrente y múltiples veces, expresamente reiterada por esta corporación, así como la que le imprimió a los artículos 127 y 128 del Código Sustantivo de Trabajo modificados en su orden por los artículos 14 y 15 de la Ley 50 de 1990, resulta razonable y ponderada. Ello, pues en el sub lite, el ingreso mensual del demandante estaba compuesto en un 87.5% por pagos “no constitutivos de salario”, mientras que sólo el 12.5% sí tenía tal incidencia. Esta proporción no resulta lógica a la luz de las normas que consagran el salario, al punto que el pacto que pregona la censura no puede desnaturalizar la esencia salarial que tenían los auxilios de alimentación y transporte que mensualmente devengaba el trabajador en forma permanente como retribución por sus servicios, ya que, como bien lo entendió y sentenció el juez de alzada, la ley no autoriza a las partes para que dispongan que aquello que por esencia es salario, deje de serlo.

Aún cuando lo expuesto es suficiente para dar al traste con la impugnación, importa recordar que el fallo de segunda instancia, al restarle valor al acuerdo entre las partes, acudió a varios de los principios superiores consagrados en el artículo 53 de la Constitución Política, al señalar que esa facultad no es absoluta y halla límites en los principios constitucionales, referidos a la primacía de la realidad, irrenunciabilidad de derechos laborales,derecho a la remuneración mínima, vital, móvil y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

Así, en criterio de la Corte, el Colegiado profirió su sentencia no solo bajo la égida de las normas legales pertinentes (CST, arts. 127 y 128); también, a la luz de los principios constitucionales consagrados en el artículo 53 de la Carta superior que por disposición directa remite a su vez al Convenio 95 de la OIT aprobado mediante la Ley 54 de 1962, ratificado por el gobierno colombiano el 7 de junio de 1963 ycuyo texto enseña:

“El término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.

Es decir, como bien lo entendió el juez de alzada, si bien las partes tienen la facultad para acordar que determinada suma no tenga incidencia salarial, esa facultad no es absoluta, tal y como también lo ha enseñado la jurisprudencia constitucional, al señalar en la Sentencia C-401 de 2005, lo siguiente:

“Las fuentes positivas que permiten desarrollar la noción integral del salario, no sólo se encuentran en los artículos de la Constitución y la legislación interna; es menester acudir a instrumentos de derecho internacional que se encargan de desarrollar materias laborales y que, por virtud del artículo 93 de la Carta Política, hacen parte de la normatividad iusfundamental vigente en nuestro país, a través de lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad (...).

Esto quiere decir que para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleado —sentido restringido y común del vocablo—, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras —entre otras denominaciones—, tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.

Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no sólo se encuentran en la ya referida necesidad de integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho ...”.

Ahora bien, en lo que corresponde a las acusaciones dirigidas a cuestionar la decisión impugnada, que condenó al pago de la indemnización moratoria consagrada en los artículos 65 del Código Sustantivo de Trabajo, así como a la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ha de recordarse que al punto dijo el tribunal:

“Ahora bien, a pesar de que la demandada afirma haber cancelado todas las prestaciones sociales, en la liquidación obrante a folios 60 y 61 tan sólo se certifica el pago de cesantías del año 2001 y no de años anteriores, que por virtud de la Ley 50 de 1990 debían ser consignadas ante un fondo destinado para tal efecto. No existe en el plenario prueba de consignación o pago de las referidas cesantías. Luego entonces, por ese sólo hecho, el empleador se encuentra en mora de consignar las cesantías de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, tal y como fue afirmado por el juez de instancia y no controvertido expresamente por el recurrente. Bajo dicho entendido, se justifica la imposición de la indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo después de finalizada la relación laboral.

En cuanto a la cualidad de la conducta desplegada por la demandada, no se alegó la existencia de alguna situación excepcional que justificara la omisión en el pago de las prestaciones sociales. Mucho menos se allegaron pruebas en tal sentido. Frente a ello, debe hacerse hincapié en que es el empleador el que soporta la carga de probar todas aquellas circunstancias que justifican su omisión, por demostrar una conducta ceñida a la buena fe o una fuerza mayor o caso fortuito.

Finalmente, frente al hecho de que la demandada hubiese cancelado el salario y efectuado cotizaciones a la seguridad social actuado bajo la conciencia de haber suscrito documentos que le daban una naturaleza no salarial a los auxilios de alimentación y transporte, como lo reclama el recurrente, tales circunstancias no justifican la omisión en la consignación de las cesantías y el pago de prestaciones durante toda la relación laboral, respecto de los que, se insiste, no obra en el expediente prueba alguna”.

Así, lo primero que se advierte, en relación con la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, es que la fundamentación del fallo impugnado consistió, en que al plenario sólo obra prueba (fls. 60 a 61) del pago de cesantías correspondientes al 2001, sin que exista otra que acredite que al actor se le consignaron en períodos anuales anteriores. Estas aserciones obligaban al recurrente a enderezar su ataque por la vía de los hechos y no por la directa escogida.

Y en cuanto a la sanción moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, el discurrir del ad quem se basó en que la demandada no alegó, ni demostró, alguna circunstancia que justificará su omisión en el pago de las acreencias laborales reclamadas. Esta reflexión, no permite avizorar error alguno, porque no es propio del actuar de buena fe, que el 87.5% del ingreso mensual del demandante se hubiere pactado sin incidencia prestacional.

Con otras palabras, la sola presencia de las comunicaciones que obran a folios a 130, 131 y 133 del plenario, en las que la empresa le informa al demandante el monto de los auxilios de alimentación y transporte sin incidencia salarial, debidamente firmados por él en señal de aceptación, sin que concurran otras razones atendibles que justifiquen su conducta para haberse sustraído del pago de los derechos salariales y prestaciones adeudados y no cancelados en tiempo, no es suficiente para tener por demostrada la convicción de la entidad bajo los postulados de la buena fe.

Lo anterior obliga a que la Corte precise, que la existencia de un pacto que le resta el carácter salarial a algunos de los pagos que percibe el trabajador, no implica automáticamente la exoneración de las condenas moratorias, así como tampoco su automática imposición, porque en cada caso en particular deben revisarse las especificidades de la conducta de la empleadora, con el fin de establecer si se configuraron razones válidas y atendibles que la exoneren de la correspondiente sanción moratoria.

En este orden de ideas, conforme con las particularidades del presente caso, el mero acuerdo que le restó el carácter salarial al pago de los auxilios de alimentación y transporte, por si solo no es demostrativo del actuar de buena fe del empleador demandado y en este sentido, conviene traer a colación lo adoctrinado en reciente decisión del 2 de mayo de 2012, Radicado 38118. Allí dijo la Corte:

“Del texto trascrito, se observa que no podía derivarse una actitud revestida de buena fe del empleador, pues la sola circunstancia de acordar con el trabajador la ‘desalarización’ de unos pagos que por su misma naturaleza son constitutivos de salario, no conduce inexorablemente a inferir como equivocadamente lo dedujo el tribunal, un íntimo convencimiento de no ser factor salarial para liquidar las prestaciones sociales causadas tanto en vigencia de la relación laboral, como al momento de su terminación.

Para efectos de ser eximido de la indemnización moratoria, no puede el empleador argüir que no pagó las acreencias laborales del trabajador con el salario que verdaderamente devengaba, por el simple hecho de insertar una cláusula en el contrato para que ciertos pagos que irrefutablemente son salario por ministerio de ley no tengan tal incidencia, pues en modo alguno puede estimarse que las comisiones por ventas y los viáticos permanente por manutención y alojamiento se les reste la naturaleza salarial desdibujada por la denominación que se les dio en el contrato de trabajo y por la estipulación que en palabras del ad quem ‘no podía sin trasgredirse la ley darle validez dado el carácter de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, la ley laboral es de obligatorio cumplimiento y no existe ninguna razón que justifique su desconocimiento’, por lo no podía ser catalogada como una actitud de buena fe del empleador.

Precisamente, la Corte en un asunto de similares características a la que es objeto de debate en este proceso, indicó en la sentencia del 13 de mayo de 2008, Radicación 29806, lo siguiente:

‘Y esa naturaleza no podía ser desconocida con fundamento en lo pactado en el contrato de trabajo y en su adición, como se explicó anteriormente.

No resulta atendible la justificación esgrimida por la empleadora en el escrito de oposición para demostrar buena fe de su parte porque la sola circunstancia de considerar que lo pactado en el contrato de trabajo sobre exclusión salarial de cualquier beneficio, auxilio, recargo, prestación o bonificación extralegal permitía que lo pagado por comisiones fuera considerado como una prima de mera liberalidad, no puede servir de excusa para que se le exonere de la indemnización moratoria pretendida ya que, como se ha visto, no suministró mayores explicaciones que puedan dar lugar a pensar que ese convencimiento fue serio y razonado’.

Así mismo, en sentencia del 28 de octubre de 1998, Radicación 10951, la Corte en relación con el mismo tema de estudio, dijo:

‘Y esto porque por más consensual que ostente un pacto de esa índole, ese sólo hecho no sirve de pretexto para derivar a través de él una actitud de buena fe que permita eximir al empleador de la consiguiente indemnización monetaria, ante el pago deficitario de las prestaciones sociales del actor. En efecto, una cláusula contractual de esa naturaleza, que indudablemente resulta ineficaz por los claros términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, no tiene la entidad suficiente para desvirtuar la mala fe de la empleadora en el deficiente pago de aquella acreencia laboral, ya que no se requiere de mayor esfuerzo para deducir que el pago de comisiones, no podía encajarse en el art., 128 el Código Sustantivo del Trabajo, para negarle su naturaleza jurídica de salario’.

En consecuencia, le asiste razón al recurrente en cuanto a los desaciertos denunciados, pues los pactos sobre exclusiones salariales de cualquier beneficio, que por violar disposiciones legales se tornan ineficaces, no pueden servir de excusa por sí solos para exonerar al empleador del pago de la indemnización moratoria, pretextando una firme creencia de su validez, pues admitir lo contrario, sería tanto como patrocinar estipulaciones contractuales que riñan con el ordenamiento jurídico sin ninguna consecuencia”.

Así las cosas, la Corte no advierte descabellada la decisión del tribunal según la cual, el “hecho de que la demandada hubiese cancelado el salario y efectuado cotizaciones a la seguridad social actuado bajo la conciencia de haber suscrito documentos que le daban una naturaleza no salarial a los auxilios de alimentación y transporte, (...) tales circunstancias no justifican la omisión en la consignación de las cesantías y el pago de prestaciones durante toda la relación laboral, respecto de los que, se insiste, no obra en el expediente prueba alguna”.

Esa conclusión, además de estar amparados en los postulados legales consagrados en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que faculta a los jueces del trabajo apreciar libremente los medios probatorios, los razonamientos del tribunal se ajustan a la línea jurisprudencial adoctrinada por esta corporación.

Por lo visto, el tribunal no incurrió en los yerros endilgados y en consecuencia los cargos no prosperan.

Como hubo réplica, costas en sede de casación a cargo de la demandada recurrente, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos m/cte., ($6.000.000.00).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de julio de 2008, en el proceso ordinario que adelantó Germán Salgado Morales contra Radio Santa Fé Ltda.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».