SENTENCIA 3950 DE MAYO 8 DE 1992

 

•Sentencia 3950 de mayo 8 de 1992

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

NORMAS LOCALES

CARGA PROBATORIA TAMBIÉN PARA EL DEMANDADO

EXTRACTOS: «El asunto fundamental de la apelación está relacionado con la interpretación que del artículo 141 del Código Contencioso Administrativo hace el apoderado judicial de la entidad demandada, en el sentido de que la ley sólo obliga al demandante a aportar la prueba de la norma local, sin que pueda el juez dar una interpretación distinta a la declarada textualmente en la ley cuando su tenor es claro, so pena de violar el artículo 27 del Código Civil.

Dice el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo:

“Normas jurídicas de alcance no nacional. Si el demandante invoca como violadas normas que no tengan alcance nacional, deberá acompañar el texto legal que las contenga debidamente autenticadas, o solicitar del ponente que obtenga la copia correspondiente”.

El Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia ha sido exigente en la aplicación de la norma, señalando que efectivamente cuando el demandante funda su pretensión exclusivamente en normas de alcance no nacional, debe arrimar al proceso la prueba de su existencia, porque no podría el juez entrar a decidir con base en disposiciones locales, que no está obligado a conocer, si no están plenamente probadas, dentro de la oportunidad legal, en el proceso.

Naturalmente, que si el demandado al contestar la demanda funda sus objeciones en otras normas distintas, pero también de alcance local, está obligado igualmente a probarlas dentro del proceso no sólo en virtud del principio “actor incumbit probatio, reus in excipiendo fit actor”, sino, porque el mismo Código Contencioso Administrativo exige en el artículo 144 que, los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa, debe la parte demandada al contestar la demanda antes del vencimiento del término de fijación en lista hacer la petición concreta de las pruebas que pretenda hacer valer en el proceso.

Entonces, si las objeciones contra las pretensiones de la demanda se fundan en una prueba, como lo es la norma de alcance local, debe demostrarse plenamente su existencia dentro del proceso en la oportunidad establecida en la ley.

Porque si bien es cierto que con ocasión de la apelación la demandada aporta al proceso copia auténtica del acuerdo municipal echado de menos por el tribunal, dicha prueba no puede ser admitida en esta oportunidad porque no se dan ninguna de las causales taxativamente establecidas por el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, para hacer viable la petición de prueba en la segunda instancia».

(Sentencia de mayo 8 de 1992. Expediente 3950. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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