Sentencia 39516 de enero 8 de 2011

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39516

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta 03

Bogotá, D.C., ocho de enero dos mil once.

EXTRACTOS: «III. El recurso de casación

Lo interpuso Enka de Colombia S.A. y con él pretende que la Corte case totalmente la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, confirme la del juzgado.

Con esa intención propuso dos cargos, que fueron replicados.

Cargo primero:

Lo plantea así:

“Lo invoco al ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, por la vía indirecta, en el error de hecho que se identifica y lleva a la aplicación indebida de la norma sustantiva, contenida en el Decreto 2351 de 1965 articulo (sic) 7º literal A numerales 4º y 6º (L. 48/68, articulo (sic) 3º), artículos 13, 21, 58 numerales 1º y 5º, 60 numerales 1º y 8º, 105, 107, 108 numerales 15 y 16, y 140 del Código Sustantivo del Trabajo, Ley 50 de 1990 articulo (sic) 6º parágrafo transitorio, que modifica el articulo (sic) 8º del Decreto 2351 de 1965, concordado con los artículos 353 (modificado por la L. 584/2000 articulo (sic) 1º), 467 del Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 2351 de 1975 artículos 37 y 38 que modifica los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos, 51, 60 y 61 del Código de (sic) Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

“A) Errores manifiestos de la sentencia.

“No dar por demostrado que la terminación fue por justa causa legal y reglamentaria.

“No dar por demostrado que la empresa, dio cumplimiento al debido proceso convencional para dar por finalizado el contrato de trabajo.

“No dar por demostrado que mediante la autonomía de voluntad colectiva, el trabajador no es titular del reintegro al mismo cargo”.

Arguye que apreció mal el texto de la sentencia de tutela de 10 de febrero de 2004, que ordenó el reintegro con un nuevo trámite disciplinario convencional (fls. 182 a 190), la boleta de reingreso de 27 de febrero de 2004 (fls. 172 y 173), la respuesta al actor sobre reintegro de 25 de febrero de 2004 (fl. 170), la notificación de 26 de febrero de 2004 de la falta disciplinaria (fls. 147 y 148), el acta de la diligencia de descargos de 2 de marzo de 2004 (fl. 175) con el escrito del demandante (fls. 176 a 178), la carta de despido de 4 de marzo de 2004 (fls. 133 y 134), el recurso de apelación de 8 de marzo de 2004 (fls. 253 a 259), la decisión del recurso de apelación de 10 de marzo de 2004 (fls. 116 a 120), el reglamento interno de trabajo (fl. 53), la convención colectiva (fl. 52), la confesión espontánea de la demanda en el hecho segundo (fl. 4), el manuscrito de César Augusto Cadavid de 24 de septiembre de 2003 (fls. 164 y 165) y los testimonios de César Augusto Cadavid Castrillón (fls. 419 a 422) y Federico López Arteaga (fls. 243 a 432).

Asevera que no apreció el manuscrito firmado por Federico López A. y Ángel Eduardo Morales de 29 de octubre de 2003 (fls. 204 a 208), el informe de José Helver Salazar de 20 de septiembre de 2003 (fls. 168 y 169) y la confesión en interrogatorio de parte al demandante (sic) (fls. 476 a 479).

Para su demostración dice que el ad quem revocó la decisión del a quo, luego de efectuar un recorrido por los distintos medios de prueba, para concluir que no se acreditó la justa causa de abandono del sitio de trabajo para desplazarse a otro no asignado, y estimar que la empleadora no cumplió los términos convencionales para ordenar el reintegro, no previsto en la convención colectiva de trabajo.

Aduce que la prueba documental que fue mal apreciada enseña que atendió el mandato perentorio y reintegró al actor al mismo cargo y cumplió el artículo 24 de la convención colectiva, antes de comunicarle la terminación del contrato, proceso que se inició una vez se produjo el reingreso el 26 de febrero de 2004, porque antes no fue posible, dado que la convención exige que la notificación a descargos se realice dentro de la empresa y hasta la comunicación de terminar el vínculo laboral, por existir un comportamiento negativo que genera desequilibrio para que aquella pueda continuar vigente, solo que el tribunal, sin una motivación técnica para expresar dónde concluye en la libre formación de su convencimiento, dijo estar frente a unos términos no cumplidos y una justa causa no probada.

Explica en qué consiste la libre formación del convencimiento y transcribe lo que dice el libro “El Recurso de Casación”, de Enrique Pailas, tomo I, Editorial Jurídica Cono Sur Limitada, Santiago de Chile 1999, y añade que así queda demostrado el manifiesto error en que incurrió el juzgador al decir que no se dio cumplimiento al debido proceso convencional.

Luego dice:

“Ubicados en el tiempo, el proceso disciplinario, tuvo el orden cronológico, que se describe a continuación, encontrándose aportada al proceso la prueba.

• Fecha del fallo de tutela en segunda instancia del Juzgado 21 Penal del Circuito: febrero 10 de 2004.

• Fecha de notificación del fallo a las partes: febrero 12 de 2004.

• Fecha de respuesta de solicitud del Juzgado Veintiuno Penal del Circuito, donde la empresa solicita aclaración sobre el restablecimiento de los derechos del demandante: 18 de febrero de 2003, el año correcto es 2004.

• Fecha de solicitud de comunicación del demandante solicitando el reintegro: viernes 13 de febrero de 2004.

• Fecha de comunicación de respuesta al demandante sobre reintegro: miércoles 25 de febrero de 2004.

• Fecha reintegro a la empresa: jueves 26 de febrero de 2004.

• Fecha de notificación nuevamente del proceso disciplinario: febrero 26 de 2004.

“La comunicación de fecha marzo 04 de 2004, folio 133 y 134 del cuaderno uno, recoge la conducta del ex trabajador, que se ubica en ser justa causa legal y del reglamento interno de trabajo, artículo 87 numerales 4º y 6º, previo al trámite del artículo 24 de la convención colectiva vigente, todo con lo que se da cumplimiento al parágrafo final del Decreto 23251 de 1965 artículo 7º, es un deber ser para el juez que demostrado con los diferentes medios de prueba el hecho se produzca la sanción jurídica.

“Probado el hecho con la prueba objetiva y calificada en casación, se procede a demostrar el error manifiesto, como lo admite la jurisprudencia de esa corporación desde la sentencia de octubre 6 de 1972, proceso de Luis A. Ramirez (sic) contra Industria Electrosonora S.A. Sonolux, ponente doctor Juan Benavides Patrón, con la declaración de los señores Cesar (sic) Augusto Cadavid y Federico Lopez (sic) Arteaga, (fls. 419 a 433 cdno. dos) quienes de forma clara, responsiva y concreta relatan el hecho causal, el primero por un conocimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se presento (sic) el anormal comportamiento, respaldado en su informe escrito de folio 164 y 165 del cuaderno uno y el segundo de estos, señor Federico Lopez (sic) Arteaga, describe la conducta del ex trabajador posterior a los hechos, cuando se presenta para la audiencia de apelación (fls. 204 a 208, cdno. uno), aquí en una justificación a su comportamiento, introduce un elemento de la eventual responsabilidad de un tercero, declaración respaldada en el manuscrito suscrito por el testigo y el ex trabajador, quien en una conducta evasiva la desconoce en el interrogatorio de parte, con el cual se provoca la confesión, preguntas numero (sic) diez y once, folio 477 del cuaderno dos es evasivo y desconoce una actuación contrario (sic) a la realidad y verdad procesal.

“En la demostración del cargo, con cada uno de los manifiestos errores, reafirmando la existencia de la justa causa, se equivoca el juez al ordenar un reintegro, no contenido en la convención colectiva de trabajo, que fundamenta la presunta ilegalidad de la terminación del contrato, norma que invoca el ex trabajador para las pretensiones de la acción instaurada, concluyendo el juez contra derecho un reintegro por tener una vinculación superior a diez años el 31 de diciembre de 1990, aplicando el artículo 8º numeral 5º del Decreto 2351 de 1965, para lo que el error es lo que a continuación describo.

“La convención colectiva de trabajo, es un contrato solemne en su forma y su fondo, constituye fuente formal de derecho, con un ámbito de aplicación temporal y espacial a las personas que ordena la ley o se adhirieren a la misma, es la voluntad colectiva introducida a cada contrato de trabajo, ambito (sic) de aplicación que las partes pueden dejar al mandato del legislador o regular en su texto (cap. I, arts. tercero y cuarto de la convención vigente en la empresa demandada). Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia de fecha junio 1º de 1983, Sección Primera.

“En la autonomía de voluntad contractual, las partes sindicato y empresa, en el contrato colectivo que tiene fuerza de ley, regularon con destino a los beneficiarios de la convención, capítulo cuarto, artículo treinta y uno, “estabilidad tabla de indemnización”, en la cual se fija una escala de días por año de vigencia del contrato indefinido, superior y diferente a la fijada en el Decreto 2351 de 1965 artículo 8º, modificada en la Ley 50 de 1990, artículo 6º, con un parágrafo transitorio que admite el no reintegro a quien se acoge a un pago económico superior.

“La validez de esta cláusula de la convención, para una indemnización en valor económico, sin reintegro, tiene respaldo en el derecho laboral colombiano al aplicar el parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990 artículo 6º que dice: “Los trabajadores que al momento de entrar en vigencia la presente ley tuvieren diez o mas (sic) años al servicio continuo del empleador, seguirán amparados por el ordinal quinto del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, salvo que el trabajador manifieste su voluntad de acogerse al nuevo régimen”.

“No existe estabilidad absoluta y la manifestación de acogerse al nuevo régimen esta (sic) contenida en la norma convencional que es la invocada por el demandante, como la mas (sic) favorable a su situación legal y por lo tanto debió ser aplicada de forma integra (sic) al procedimiento de terminación y la consecuencia de indemnización si no es declarada la justa causa de la terminación, como lo ordena el articulo (sic) 21 del Código Sustantivo del Trabajo, principio de inescindibilidad de la norma.

“Con respecto a la inescindibilidad de la norma es de interés la sentencia de mayo 31 de 1995, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, magistrado ponente: doctor Rafael Méndez Arango, de la cual cito la tesis:

“Sin infringir el principio general sobre inescindibilidad en la aplicación de la norma más favorable al trabajador, es posible aplicar en un mismo caso normas del Código Sustantivo del Trabajo y de una convención colectiva de trabajo, por cuanto estas últimas normalmente tienen la finalidad de mejorar los contenidos de los derechos previstos como mínimos por el legislador o crear derechos nuevos (demandante: Donato Arango Betancur, demandado: Banco Comercial Antioqueño, Exp. 7431)”.

La réplica

Sostiene que el tribunal concluyó la inexistencia de la causal de despido con fundamento en las pruebas del proceso por lo que, de cara a la técnica que gobierna este medio de impugnación extraordinario, el ataque debió dirigirlo la censura a derruir los argumentos de ese juzgador, que fueron de orden fáctico y jurídico, los cuales deben orientarse por cargos separados.

Destaca que el recurso de casación exige un planteamiento coherente y lógico para que pueda aniquilar la sentencia acusada, por lo que al observar el escrito que lo sustenta no se ve por parte alguna que cumpla con esa exigencia, por partir de unos supuestos que el ad quem no halló demostrados y que inciden sobre el fondo del asunto.

Advierte que con la prueba calificada para el efecto la impugnante debió acreditar los dislates que le enrostra al tribunal, pero que hizo lo contrario al examinar primero los testimonios, que no son válidos para el recurso de casación por no estar previstos en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Explica que el ataque contiene una mixtura de argumentos jurídicos y fácticos que impiden dilucidar si la acusación está orientada por la vía directa o la indirecta, porque alude a la vez a la existencia de una justa causa para despedir, la no consignación del reintegro pactado en la convención colectiva de trabajo, así como a la aplicación integral y no parcial de ese convenio normativo, por lo que la impugnante debió plantearlo por la vía de puro derecho, y no por la fáctica como viene presentado, y que la sentencia que transcribe la recurrente no contradice la tesis del tribunal porque, al contrario, la reafirma.

Concluye que pese a que el cargo plantea elementos valiosos del derecho del trabajo, olvida que un cargo encauzado por la vía indirecta exige determinar no solo los errores de hecho y las pruebas que le sirven de soporte, sino mostrarle a la Corte la equivocación o la falta de valoración de los medios probatorios calificados, lo que estos enseñan y lo que de ellos dedujo el tribunal, si los valoró, y la incidencia de esos errores en la decisión acusada, lo que se echa de menos en el presente caso.

IV. Consideraciones de la Corte

Para demostrar que el tribunal incurrió en un error de hecho al concluir que para despedir al actor la demandada no cumplió con el procedimiento convencional, en el cargo se sostiene que “La prueba documental, identificada como mal apreciada, enseña que se dio el mandato perentorio a la empresa Enka de Colombia S.A. para reintegrar al empleado al mismo cargo y dar cumplimiento al artículo veinticuatro (24) de la convención colectiva de trabajo, por ser requisito del debido proceso, antes de comunicar la finalización del contrato, esto se inicio (sic) una vez se reintegro (sic), cuando el ex trabajador cumplió la obligación de hacer de volver (sic) al trabajo, lo que hizo el día 26 de febrero de 2004, antes no era posible; la convención exige que la notificación a descargos sea dentro de la empresa y hasta la comunicación de dar por terminado el vínculo laboral al existir un comportamiento negativo que genera un desequilibrio para que la relación laboral, de tracto sucesivo, precedida siempre de la confianza en la persona pueda continuar vigente”.

Si se tiene en cuenta que la impugnación cita como equivocadamente apreciados 9 documentos, fuerza concluir que la anterior argumentación es vaga e imprecisa, porque no indica con claridad lo que cada uno de los documentos, individualmente considerados, acredita y en qué consistió su errada apreciación. La afirmación genérica de que ellos prueban que antes del 26 de febrero de 2004 no era posible reintegrar al actor, no logra ser demostrada porque no se indica, en concreto, en cuál de los medios de convicción ese hecho se acredita y no le es dado a la Corte revisar toda la documental, en su búsqueda, dadas las restricciones propias del recurso.

Y en cuanto a la convención colectiva de trabajo, única prueba documental a la que se hace alguna mención, en el cargo se afirma que ella exige que la comunicación de citación a descargos se haga en las instalaciones de la empresa. Sin embargo, no se indica en cuál de los 71 artículos que tiene ese convenio se establece esa obligación.

Al respecto, importa recordar que ha sido reiterativa la Corte en precisar que, cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o de su falta de apreciación, le es imperativo al impugnante exponer, de manera clara, qué es lo que ellas acreditan en contra de lo inferido por el juzgador y cómo incidieron tales fallas en el yerro de hecho evidente denunciado, demostración que ha de estructurarse mediante un análisis razonado y crítico de los medios de convicción, confrontando la conclusión de ese proceso intelectual con las deducciones acogidas en la resolución judicial.

Señalar simplemente la prueba que se considera mal valorada o no apreciada por el sentenciador, apenas indica la causa del supuesto error, pero no evidencia el error de hecho manifiesto que podría conducir a la violación de la ley sustancial, en caso de existir realmente y ser demostrado por el recurrente.

Este proceso de razonamiento, que incumbe exclusivamente a quien acusa a la sentencia, implica para él hacerle ver a la Corte la ostensible contradicción entre el defecto valorativo de la prueba y la realidad procesal, todo lo cual se echa de menos en el presente caso.

En el cargo se señala el orden cronológico que tuvo el proceso disciplinario seguido al actor, mas no se expresa de cuáles de los medios de convicción surge esa cronología, como tampoco cuál fue, en concreto, la errada valoración de esas probanzas.

La impugnante también alude a la validez del artículo 31 de la convención colectiva de trabajo, en el que se establece una tabla de indemnización, argumentando que en ella no existe estabilidad absoluta y que debió ser aplicada de forma íntegra al procedimiento de terminación del contrato y a la indemnización, de suerte que debió ser empleada de conformidad con el principio de favorabilidad del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.

En relación con ese argumento, cabe anotar que si el tribunal omitió dar aplicación al precepto sustantivo al que alude la censura, habría incurrido en su infracción directa, cuestión que es de puro derecho y, por lo tanto, no es susceptible de ser ventilada por la vía indirecta que orienta el cargo. Pero como igualmente se plantea en el segundo, dirigido por la vía directa, al darle respuesta la Corte estudiará tal razonamiento.

En cuanto a las declaraciones y documentos de terceros reseñadas en el cargo, no le es dado a la Corte su examen, toda vez que no se demostró un desacierto evidente en la valoración de la prueba calificada en casación.

El cargo, en consecuencia, se desestima.

Cargo segundo:

Lo plantea así:

“La invoco por ser la sentencia violatoria de la ley sustancial, presentada por la vía directa, en la modalidad de infracción directa, contenida en el Decreto 2351 de 1965 articulo (sic) 7º, literal A, numerales 4º y 6º (L. 48/56, articulo (sic) 3º), artículos 13 y 21, del Código Sustantivo del Trabajo, Ley 50 de 1990 articulo (sic) 6º, parágrafo transitorio, que modifica el articulo (sic) 8º del Decreto 2351 de 1965, artículos 353 (modificado por la L. 584/2000, articulo (sic) 1º) y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 2351 de 1965 artículos 37 y 38 que modifica los artículos 470 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo y los artículos 50, 51, 60 y 61 del Código de (sic) Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”.

Para su demostración copia un breve fragmento de lo que asentó el tribunal y dice:

“El fallador ad quem, quien tiene la competencia de revisar el acierto positivo o negativo del fallo de primera instancia, sin una motivación jurídica y razonada como lo ordena el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, concluye no haber dado cumplimiento la demandada al tarmite (sic) convencional del artículo 24 de la misma, para finalizar el contrato; aceptando que el hecho ocurrió, como se motiva en la comunicación de marzo 4 de 2004, pero desconoce, sin motivación seria y concreta los medios de prueba que se aportaron, para decir que estos no le ofrecen credibilidad, esta (sic) ausente de una crítica y razonabilidad al medio de prueba en su valoración, como se exige en el fondo de la misma, para concluir de manera subjetiva, no razonada, que no se demostraron las faltas que son la causa de terminación del contrato laboral, ubicando la situación en el denominado in dubio pro reo, del derecho penal, para concluir y ordenar el reintegró (sic) con la siguiente motivación:

“(...)”.

“Existe una norma clara en el ordenamiento jurídico colombiano, que es la Ley 50 de 1990, artículo 6º con un parágrafo transitorio que dice:

“(...)”.

“Producto del derecho de asociación sindical, se acuerda la convención colectiva de trabajo, en la cual se recoge la manifestación de voluntad de los afiliados, para crear en un ámbito espacial y temporal, un contrato colectivo con fuerza de ley, el que en su aplicación se incorpora a cada contrato laboral de los beneficiarios, cuando se concreta la situación; sin existir discusión de tener esta calidad el demandante, persona que de esta forma en la integridad de la norma convencional, modificatoria y que reforma los mandatos mínimos del Codigo (sic) Laboral, se acoge por esa condición de beneficiario a un régimen de indemnización diferente y superior al contenido en el Decreto 2351 de 1965 artículo 8º numeral 5º, con el acogimiento permitido en la autonomía de voluntad colectiva regulado en el artículo 6º parágrafo transitorio de la Ley 50 de 1990.

“La infracción directa a los diferentes mandatos que se presentan en la proposición del cargo, se dan (sic) por cuanto el fallador de instancia negó la aplicación de la norma contenida en la convención colectiva de trabajo, la cual es clara y no admite dudas, desconoció el mandato de inescindibilidad de la norma posterior y mas (sic) favorable como es la contenida en el articulo (sic) 31 titulada “Estabilidad tabla de indemnización”, a la que por mandato del ambito (sic) de aplicación se acoge el ex trabajador, creando de esta forma una sentencia contra derecho y en pugna con el sentido e interpretación de la convención colectiva de trabajo, constituyendo una ignorancia de la ley o rebeldía contra la misma, cuando el hecho esta (sic) demostrado al proceso.

“La combinación que realiza el juez ad quem, al mezclar para resolver el conflicto de terminación del contrato laboral, tomando la norma convencional para el debido proceso y la del Decreto 2351 de 1965 articulo (sic) 8º numeral 5º, desconoce el respeto a la inescindibilidad por la favorabilidad de la ley, tema en el cual es de interés la sentencia de febrero 15 de 1995, dictada por la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, ponente: doctor: Rafael Méndez Arango, de la cual cito la tesis:

“(...)”.

“Ordena la sentencia, consecuencia del reintegro, a restituir con indexación el valor deducido para la cooperativa, léase folio 794 cuaderno numero (sic) tres (3) sentencia de segunda instancia, decisión en la que también se revelo (sic) el juez de segunda instancia, ya que desconoce el sentido de la misma y para esto expongo que el artículo 50 del Codigo (sic) Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, regula la facultad al juez de única y primera instancia para dictar sentencia más allá o fuera de lo pedido, sujeto a los elementos de ser este hecho constitutivo del proceso, controvertido en el mismo, con la plenitud de las formas prescritas en la ley y que el hecho causal o rector se encuentre demostrado, facultad que no se concede al juez de segunda instancia.

“En un proceso, donde se debate la legalidad del trámite disciplinario para finalizar el contrato y la legalidad de la causa invocada, el juez revelándose (sic) contra el mandato procesal, ordena un pago indexado, creó derecho, decidió contra legem.

“El desconocimiento del juez de segunda instancia, para haber dictado sentencia fuera de lo pedido, con lo que es violatoria (sic)de la norma sustantiva, contenida en el derecho procesal, tiene el antecedente en la sentencia de diciembre 12 de 1996, de esta corporación, con ponencia del magistrado doctor Rafael Méndez Arango, de la cual cito la tesis:

“El fallo extra o ultra petita no viola el debido proceso. En cambio, el fallo por fuera de la causa petendi es francamente violatorio de esta fundamental garantía constitucional, en la medida en la que sin haberse discutido en juicio el hecho generante del derecho, con grave menoscabo del derecho de defensa, se sorprende al demandado con una condena basada en una causa no alegada y la que, por lo mismo, no tuvo oportunidad de controvertir” (demandante: Jacinto Santos Bocanegra, demandado: Bancafé, Exp. 8919)”.

La réplica

Transcribe un breve fragmento de la sentencia del tribunal y sostiene que este se refirió expresamente a las normas que la censura cita como infringidas directamente, con lo cual ordenó el reintegro legal, por lo que no pudo haberlas dejado de aplicar, como se aduce, pero que Ángel Eduardo Morales Roldán estuvo vinculado a la empresa entre el 6 de octubre de 1975 y el 23 de octubre de 2003, lo que comporta que el 1º de enero de 1991, fecha de inicio de la vigencia del parágrafo transitorio del artículo 6º de la Ley 50 de 1990, ya tenía cumplidos más de 10 años de servicios, por lo que era potencial beneficiario del reintegro que ordenó ese juzgador.

Copia el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo y arguye que la convención colectiva de trabajo no es norma jurídica de alcance nacional, sino una prueba del proceso, por lo que no hay conflicto entre dos preceptos jurídicos vigentes sobre trabajo, sino la aplicación de la disposición de alcance nacional para el reintegro, y aquella, para la justicia o ilegalidad del despido, y reproduce un corto pasaje de una sentencia de la Corte, de 31 de mayo de 1995, que antes de contradecir, reitera la posibilidad de aplicación de normas legales y convencionales, sin violentar el principio de inescindibilidad.

V. Consideraciones de la Corte

Las consecuencias de un despido sin justa causa y el procedimiento para sancionar o despedir a un trabajador, que en la convención colectiva de trabajo están ubicados en artículos diferentes, son instituciones jurídicas que, aunque eventualmente pueden estar relacionadas, son ciertamente diferentes, de suerte que no tienen que ser aplicadas de manera integral.

En efecto, la existencia de un trámite disciplinario tiene que ver con las formalidades del despido y con su validez, mientras que la indemnización establecida para el que se produce sin justa causa atañe a las consecuencias que surgen por la extinción del vínculo, por manera que nada impide que las normas que las regulan se apliquen de manera independiente. No se trata, entonces, de normas que regulen la misma situación de hecho, y por esa razón no es aplicable la jurisprudencia a la que se alude en el cargo.

Por otra parte, la existencia de esas dos regulaciones en modo alguno puede significar que el trabajador pierda el derecho al reintegro legal, que fue el que ordenó el tribunal, y obviamente la demandada carece de legitimación para decidir, en lugar del trabajador demandante, si a él le es más favorable el reintegro al cargo o la indemnización convencional.

Con todo, cabe agregar que en este caso el tribunal no hizo ningún juicio sobre la favorabilidad de las normas, legales o convencionales, susceptibles de ser aplicadas, de modo que no aplicó el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Y si ello es así, es claro que no se le puede endilgar la violación de la regla de inescindibilidad en la aplicación de la norma favorable contenida en ese precepto legal.

En la parte final de su alegato, la censura le atribuye al tribunal la violación del artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por haber condenado, por fuera de lo pedido, a la indexación, en un proceso en que se debatió la legalidad de un trámite disciplinario.

Empero, basta observar la demanda con la que se dio inicio al proceso para concluir que la indexación formó parte de las pretensiones del actor, razón por la cual el tribunal estaba facultado para imponer condena por ese concepto.

En efecto, en la parte final de la petición principal, que fue la de reintegro legal, luego de pedirse el pago de los derechos dejados de percibir, el pago de los gastos de salud y todos los derechos extralegales causados desde el despido hasta que el reintegro se ha efectivo (sic), con toda claridad se reclamó: “Indexación y costas del proceso”.

El cargo, en consecuencia, no sale avante.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 10 de octubre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que Ángel Eduardo Morales Roldán le sigue a Enka de Colombia S.A.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente, porque hubo oposición.

Se fijan como agencias en derecho cinco millones seiscientos mil pesos ($ 5’600.000) moneda corriente.

Por la secretaría, practíquese la liquidación de costas.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».