Sentencia 39518 de agosto 14 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39518

Acta 28

Magistrado ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., catorce de agosto dos mil doce.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

Como se asentara cuando se hizo el itinerario procesal, el Colegiado para confirmar la condena dispuesta por el juzgador de primer grado en esencia sostuvo: (i) que la conducta del demandante debe estudiarse a la luz de lo estatuido en el numeral 6º, literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo; (ii) que “en efecto el trabajador se abstuvo de realizar el control de calidad del producto arrojado por la máquina encanastadora”; (iii) que la gravedad de la conducta omisiva de un trabajador puede ser determinada de tres formas: i) que la conducta haya sido calificada previamente como grave por el empleador en el reglamento interno o acordada por las partes en el contrato, pacto o convención colectiva; ii) que la falta haya causado un daño probado a la empresa o iii) que la falte grave se genere por la sistemática comisión de faltas leves. “Finalmente debe juzgador verificar si en la comisión de la falta concurren o no causales eximentes de responsabilidad respecto del trabajador”. Con fundamento en lo anterior concluyó que del análisis de las declaraciones rendidas por los señores Fabián Ochoa y Luis Carlos López, se colegía que “a favor del trabajador obran varias situaciones que lo eximen de cualquier responsabilidad por su conducta (…) pues la empresa tenía la obligación de asignar dos operarios a la máquina en la que laboraba el demandante, uno que controlara el funcionamiento de la máquina y otro para realizar el control de calidad del producto obtenido (…) el hecho de que el demandante fuera el único trabajador asignado a la máquina, da cuenta de un error de la empresa que contradice el normal funcionamiento del proceso productivo, por lo que la responsabilidad respecto del erróneo control de calidad no puede recaer sobre el demandante pues es la empresa la única responsable de la provisión de empleados suficientes para satisfacer el normal desempeño del proceso. Resulta entonces evidente que la empresa pretende hacer recaer su omisión en el trabajador, al despedirlo con base en que no logró realizar las labores que usualmente le correspondía desarrollar a dos operarios”.

Los dos primeros cargos están orientados a que se determine que la Sala sentenciadora interpretó erróneamente el artículo 7º literal a) en sus numerales 4º y 6º del Decreto 2351 de 1965, que subrogó el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y que consagran como causal de despido: “Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas” y “Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos”, respectivamente; por virtud de que en su decir, se equivocó el Tribunal al estimar que la conducta descrita en el ordinal 4º requiere de un comportamiento violento del trabajador, así como exigir acreditación de un daño por parte del actor a la empresa.

Pues bien, sobre la hermenéutica de los citados textos normativos ya ha tenido oportunidad de pronunciarse esta corporación, entre otras, en las sentencias que a continuación se memoran:

a) En la dictada el 18 de septiembre de 1973, se dijo:

“Es indudable que en el numeral 6º del aparte a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, se consagran dos situaciones diferentes que son causas de terminación unilateral del contrato de trabajo. Una es “cualquier violación grave de las obligaciones y prohibiciones que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo” y otra es “… cualquier falta grave calificada como tal en pactos o en convenciones colectivas, fallos arbitrales, contractuales o reglamentos...”.

“En cuanto a la primera situación contemplada por el numeral señalado, es posible la calificación de la gravedad de la violación (…)

“En cuanto a la segunda situación contemplada por el numeral referido, es claro que la calificación de la gravedad de la falta corresponde a los pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentarios en que se consagran esas faltas con tal calificativo…”

““El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, edición 1970 dice que falta en su segunda acepción es: “Defecto en el obrar, quebrantamiento de la obligación de cada una” y en cuanto a la violación indicada: “Acción y efecto de violar”, y define el verbo violar como “infringir” o quebrantar una ley o precepto”.

“Por lo anterior se concluye que la diferencia entre violación de las obligaciones del trabajador y la falta cometida por el mismo, no es lo que determina la diferencia entre las dos partes del numeral indicado. La violación de las obligaciones y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye por sí misma una falta, pero esa violación ha de ser grave para que resulte justa causa de terminación del contrato. Por otra parte, cualquier falta que se establezca en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, implica una violación de lo dispuesto en tales actos, que si se califica en ellos de grave, constituye justa causa para dar por terminado el contrato.

““En el primer concepto la gravedad debe ser calificada por el que aplique la norma, en el segundo la calificación de grave ha de constar en los actos que consagran la falta…”.

b) Siguiendo esa misma línea, ha enseñado la Corte que:

“Sobre esta facultad, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral ha esbozado en múltiples fallos que la calificación de la gravedad de la falta corresponde a los pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos en los que se estipulan esas infracciones con dicho calificativo. Por ello, cualquier incumplimiento que se establezca en aquéllos, implica una violación de lo dispuesto en esos actos, que si se califican de grave, constituye causa justa para fenecer el contrato; no puede, el juez unipersonal o colegiado, entrar de nuevo a declarar la gravedad o no de la falta. Lo debe hacer, necesariamente, cuando la omisión imputada sea la violación de las obligaciones especiales y prohibiciones a que se refieren los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo importante es que el asalariado incurra en una de las faltas calificadas de graves por el reglamento interno de trabajo, sin importar si ella, produjo daño o beneficio para la entidad patronal” (providencia del 19 de septiembre de 2001, radicación 15822).

c) En la sentencia del 7 de julio de 1958, el extinto tribunal supremo de trabajo, razonó:

“La conexidad entre el hecho grave y los perjuicios no puede erigirse en predicado universal. Lo que es grave no siempre produce perjuicios, y en cambio lo que es leve o insignificante a veces puede producirlos. La gravedad —cuyo neto sentido etimológico es peso— y que resulta de tan difícil mesura para el juzgador, suele ser, como en el caso del acuerdo 8º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo., el énfasis y encarecimiento con el cual el legislador ha querido rodear los hechos generadores de efectos jurídicos: la mala conducta del trabajador como causante de la terminación del contrato, etc., sin que ello necesariamente envuelva que tal hecho (mala conducta) haya producido perjuicios al patrono. Quiere la ley que circunstancias baladíes no se erijan por las partes contratantes en causales eximentes de cumplir el contrato, ni que puedan usarse por una de ellas en su exclusiva conveniencia y como instrumentos lesivos de los intereses de la otra. Y por ello ha ocurrido a la calificación de graves, sin atender a los efectos dañosos que hayan producido. Pero en la apreciación de la gravedad o levedad es natural que deje un amplio margen el juzgador; a este respecto, lo que objetivamente puede dejar de ser grave, subjetivamente puede llegar a serlo, y viceversa. En casos como los referentes a las obligaciones y prohibiciones especiales del trabajador a que aluden los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, y su violación grave, expresada así por el ordinal 8º del artículo 62 ibídem, el juzgador califica, con plena libertad, pero mediante el justiprecio de las circunstancias concurrentes, la gravedad de los hechos”. (G.J. LXXXVIII, números 2199, 2200, 2ª parte, página 819).

d) También ilustra la cuestión debatida, la doctrina recibida por esta Sala de la Corte en providencia del 13 de noviembre de 1964, en la que se dispuso:

“Conviene, sin embargo, para efectos de la unificación jurisprudencial encomendada a la Corte, rectificar la tesis demasiado absoluta del ad quem respecto de la aplicación del ordinal 8º del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, y que habla de “violencia grave” o “falta grave”, y no de “culpa grave”. No es exacto que la facultad consagrada en esa norma esté condicionada al “animus nocendi” del infractor, esto es, a su intención de causar daño a la contraparte. Cumplidos los presupuestos que allí se determinan (gravedad objetiva de la violación legal o previa calificación de la gravedad de la falta en pacto, convención colectiva, fallo arbitral, contrato individual o reglamento y agotamiento del respectivo procedimiento convencional o reglamentario), puede sobrevenir lícitamente la extinción del nexo jurídico-laboral a causa de negligencia o descuido culposo y no necesariamente por dolo del inferior”.

Del análisis de la recensión jurisprudencial en precedencia, emergen consiguientemente, las siguientes conclusiones: (i) en la primera de las hipótesis estatuida en el mencionado numeral 6º de la norma bajo examen, le corresponde al juzgador evaluar la conducta del trabajador y calificarla como grave; (ii) en el segundo supuesto la calificación de grave ha de constar en los actos que consagran la falta; (iii) para que se configure la falta grave así como como la grave negligencia no se requiere que efectivamente se haya ocasionado un daño, perjuicio o beneficio para el dador del laborío, y (iv) la falta grave y la grave negligencia no se encuentra condicionada al “animus nocendi” (intención de causar daño) del trabajador.

Descendiendo ya al episodio que ahora ocupa la atención de la Sala y trasladando los lineamientos expuestos, se tiene que si bien el juez de alzada condicionó o supeditó la justeza de la conducta del trabajador a que la misma hubiese causado un daño al empleador, que como se asentó, no es exigencia de la ley, también lo es que el tribunal tuvo otro báculo esencial para eximir al trabajador, toda vez que halló probado, con la prueba testimonial, que la responsabilidad durante todo el proceso de producción recaía en cabeza de la sociedad llamada a juicio, y que en este preciso caso no cumplió pues “el hecho de que el demandante fuera el único trabajador asignado a la máquina, da cuenta de error de la empresa que contradice el normal funcionamiento del proceso producto, por lo que la responsabilidad respecto del erróneo control de calidad no puede recaer sobre el demandante pues es la empresa la única responsable de la provisión de empelados suficientes para satisfacer el normal desempeño del proceso”, en la medida en que “por regla general el trabajo de control de la máquina y de diligenciamiento de las planillas de control de calidad debía ser desempeñados por más de un operario” y para el “día de los hechos el demandante se encontraba solo operando la máquina”.

De lo anteriormente discurrido resulta razonable entender que el tribunal le imputó toda la responsabilidad a la accionada justificando el actuar del trabajador demandante, y para el efecto la censura, en el tercero de los cargos, afirma que el juez de la apelación se equivocó al tener por acreditado que el promotor de la litis “tuvo un eximente de responsabilidad en la conducta omisiva frente al proceso de control de calidad”.

Para la demostración del yerro se remite al certificado de representación y existencia de la demandada, ya que denota “que una omisión en el control de calidad de un producto, en una empresa de bebidas alimenticias es grave”.

Del análisis objetivo de la anterior probanza no se evidencia, a primera vista, un yerro notorio, protuberante y manifiesto con la suficiente fuerza para derrumbar el colofón al que la Sala se viene refiriendo, habida cuenta que en ultimas el tribunal no desconoció la importancia de todo el proceso de producción, sino que, por el contrario, estimó que dada dicha connotación le correspondía al empleador ejercer un mayor control en el suministro del personal adecuado para la fabricación del producto.

A las antedichas conclusiones, arribó el juzgador de segundo grado luego del examen de las declaraciones rendidas por el ingeniero Fabián Ochoa y el señor Luis Carlos López, y al no haber quedado demostrado con la única prueba calificada denunciada los yerros fácticos endilgados, la Corte está vedada para adentrarse en el estudio de los testimonios, según la restricción legal contenida en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.

Lo anotado, sin mayores consideraciones permite descartar los errores de hecho que con carácter de ostensibles le son atribuidos por la recurrente a la sentencia impugnada, por ser sabido que en virtud de lo dispuesto por el artículo 61 del Código Procesal Laboral, en los juicios del trabajo los jueces gozan de libertad para apreciar las pruebas, por lo que si bien el artículo 60 ibídem les impone la obligación de analizar todas las allegadas en tiempo, están facultados para darle preferencia a cualquiera de ellas sin sujeción a tarifa legal alguna, salvo cuando la ley exija determinada solemnidad ad sustantiam actus, pues en tal caso “no se podrá admitir su prueba por otro medio”, tal y como expresamente lo establece la primera de las citadas normas.

Resulta pertinente traer a colación lo afirmado en sentencia de 27 de abril de 1977, que fue ratificado por la Sala en sentencia de 5 de noviembre de 1998 (Rad. 11.111).

“El artículo 61 del Código de Procedimiento Laboral les concede a los falladores de instancia la potestad de apreciar libremente las pruebas aducidas al juicio, para formar su convencimiento acerca de los hechos debatidos con base en aquellas que los persuadan mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso. Todo ello, claro está, sin dejar de lado los principios científicos relativos a la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del litigio y el examen de la conducta de las partes durante su desarrollo.

“Pueden, pues, los jueces de las instancias al evaluar las pruebas fundar su decisión en lo que resulte de algunas de ellas en forma prevalente o excluyente de lo que surja de otras, sin que el simple hecho de esa escogencia permita predicar en contra de lo resuelto así la existencia de errores por falta de apreciación probatoria y, menos aún, con la vehemencia necesaria para que esos errores tengan eficacia en el recurso extraordinario de casación como fuente del quebranto indirecto que conduzca a dejar sin efecto la decisión que así estuviera viciada.

“La eficiencia de tales errores en la evaluación probatoria para que lleven a la necesidad jurídica de casar un fallo no depende pues simplemente de que se le haya concedido mayor fuerza de persuasión a unas pruebas con respecto de otras sino de que, aun de las mismas pruebas acogidas por el sentenciador o de otras que no tuvo en cuenta, surja con evidencia incontrastable que la verdad real del proceso es radicalmente distinta de la que creyó establecer dicho sentenciador, con extravío en su criterio acerca del verdadero e inequívoco contenido de las pruebas que evaluó o dejó de analizar por defectuosa persuasión que sea configurante de lo que la ley llama el error de hecho”.

Por todo lo acotado y a pesar de que el tribunal no interpretó adecuadamente los preceptos denunciados, como inicialmente se explicó, no se casará la sentencia dado que la censura no logró derruir uno de los pilares fundamentales de la decisión y, por ende, las acusaciones no se abren paso.

Sin costas en el recurso de casación por no haberse causado.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso adelantado por Gustavo de los Ríos Lizaralde contra Bavaria S.A.

Sin costas en el recurso extraordinario.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».