Sentencia 39565 de junio 29 de 2010

 

Sentencia 39565 de junio 29 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39565

Acta 22

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., veintinueve de junio de dos mil diez.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2008, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso que Jorge Eliecer Falla Castaño le adelanta a la Sociedad Electrificadora del Huila S.A. ESP.

EXTRACTOS: «VII. Se considera

Se comienza por advertir que la demanda de casación debe cumplir con las reglas adjetivas que su planteamiento y demostración requieren, a efectos de que sea susceptible de un estudio de fondo, pues acorde con las normas procesales debe reunir los requisitos de técnica que aquellas exigen, que de no cumplirse puede conducir a que el recurso extraordinario resulte infructuoso.

Además, debe entenderse, como en numerosas ocasiones ha dicho esta corporación, que este medio de impugnación no le otorga competencia para juzgar el pleito a fin de resolver a cuál de los litigantes le asiste la razón, puesto que la labor de la Corte, se limita a enjuiciar la sentencia con el objeto de establecer si el juez de apelaciones al dictarla observó las normas jurídicas que estaba obligado a aplicar para rectamente dirimir el conflicto.

Visto lo anterior, encuentra la Sala que el escrito contentivo de la demanda de casación, presenta deficiencias técnicas que comprometen la prosperidad del cargo formulado, y que no es factible subsanar de oficio en virtud del carácter dispositivo del recurso extraordinario, y que a continuación se pasan a detallar, así:

1. El cargo carece de proposición jurídica, habida cuenta que el recurrente no indica las normas de carácter sustancial de orden nacional, que realmente hubieren podido ser transgredidas por la colegiatura, esto es, los preceptos sustantivos que sirvieron como fundamento a la sentencia o aquellos que verdaderamente consagran, modifican o extinguen el derecho negado, que no son otros que los que regulan y definen para el caso la situación pensional reclamada, sin que sea factible que la Corte realice indagaciones para determinar las disposiciones quebrantadas.

Ciertamente, no es posible satisfacer este requisito citando cualquier norma, y para el caso las preceptivas enunciadas en la proposición jurídica no cumplen con el anterior cometido, porque ninguna de ellas fueron base esencial del fallo censurado, ni consagran los derechos pretendidos en sede de casación como es el reconocimiento de la pensión especial de jubilación de origen convencional y los intereses de mora.

Es así que los artículos 9º, 14 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo, se refieren pero a principios generales, en su orden, a la protección especial de que goza el trabajo, el carácter de orden público de las disposiciones legales que regulan el trabajo junto con la irrenunciabilidad de derechos o prerrogativas, y a la favorabilidad.

Del mismo modo, los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, por sí solos no son suficientes para integrar dicha proposición jurídica, pese a la jerarquía supralegal que ostentan, puesto que para este caso era imperativo el acompañamiento de las normas sustantivas que en verdad gobiernan la situación jurídica en discusión o contengan los derechos laborales implorados.

Aquí es de aclarar, que las otras disposiciones acusadas “artículo 36 de la Ley 100 de 1993, artículo 1º de la Ley 33 de 1985”, no sirven para acompasarlas con los anteriores mandatos de rango constitucional, toda vez que las mismas no fueron llamadas a operar por el juzgador de alzada, y no tienen estrecha relación con los derechos cuyo reconocimiento judicial se solicita, dado que en esta litis no se reclama la pensión legal de jubilación para el sector oficial en virtud del régimen de transición, sino como atrás se dijo, se pretende un derecho pensional de índole extralegal o convencional.

Igualmente, la censura cae en una inconsistencia, al denunciar como transgredidas las “convenciones colectivas de trabajo celebradas entre Electrohuila S.A. ESP y SintraelectroHuila, desde 1975 hasta 2005”, catalogándolas como las “normas que consagran las pretensiones reclamadas”, como si se tratara de ley sustancial y al mismo tiempo señalarlas como pruebas mal apreciadas por el tribunal; si se tiene en cuenta, que las disposiciones de un estatuto de naturaleza convencional carecen de idoneidad para conformar la proposición jurídica, y en casación corresponden es a un medio probatorio y no a una norma sustancial del orden nacional, pues su ámbito de aplicación se circunscribe a quienes en aquel convenio colectivo intervienen.

Sobre este puntual aspecto, la Sala ha reiterado que no obstante la gran importancia de los acuerdos colectivos de trabajo en las relaciones obrero - patronales y en la formación del derecho del trabajo, jamás pueden participar de las características de las normas legales de alcance nacional, es así que en sentencia del 8 de octubre de 2002 Radicado 18946, puntualizó:

“(...) cabe precisar que a partir de la sentencia de 21 de febrero de 1990, ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala en el sentido de que las convenciones colectivas para efectos del recurso de casación, no pueden ser asimiladas a preceptos sustantivos de alcance nacional aptas para estructurar un yerro jurídico por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, sino que se les reconoce el carácter de pruebas y en tal condición solo pueden acusarse por el sendero indirecto por falta de apreciación o estimación errónea”.

Y en casación del 18 de junio de 2004 Radicación 22859, sobre esta misma temática la Corte expresó:

“(...) A pesar de que en el cargo se denuncia el equivocado entendimiento de las disposiciones legales que allí se indican, lo que en realidad los recurrentes cuestionan en la demostración del ataque es la errada inteligencia de los artículos 1º y 26 de la convención colectiva de trabajo, cuestión que, así presentada, demuestra que existe una discrepancia de índole fáctica con la decisión, dado que se involucra un elemento probatorio como lo es el aludido acuerdo convencional, que no puede ser considerado como una disposición sustantiva de carácter nacional, como lo exige el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social; además, según reiterada jurisprudencia de esta Corte, las convenciones colectivas de trabajo frente al recurso extraordinario de casación solo son una prueba, cuya falta de apreciación o indebida estimación únicamente puede conducir a la comisión de errores de hecho, mas no a yerros hermenéuticos”.

A lo dicho se suma, que a cambio de los preceptos denunciados, por tratarse el derecho principal demandado de una “pensión de jubilación de índole convencional”, la norma que era imperioso que se acusara y no se hizo, es aquella disposición legal que constituye la base de esta clase de derechos, que corresponde al artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, a más que ni siquiera se menciona en el desarrollo del cargo.

En efecto, el citado precepto legal de alcance nacional, consagra el derecho que tienen los trabajadores y sus empleadores de celebrar convenciones colectivas de trabajo, a fin de fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia; y por ende como tal mandato legal le da el carácter normativo a dicho acto jurídico, resulta forzosa su invocación al discutirse un beneficio o prerrogativa convencional, como sería para el asunto a juzgar la pensión de jubilación extralegal.

Cabe agregar, que ni siquiera a la luz de lo dispuesto por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, es posible considerar que con otras normas sustanciales como las enlistadas en la proposición jurídica, bastaría para tener por cumplida en el examine la exigencia legal de indicar como violada la disposición que le otorga fuerza legal al derecho convencional cuestionado por el recurrente, no derivado obviamente de los preceptos mencionados en el cargo, sino de lo estipulado en las convenciones colectivas de trabajo que se suscribieron entre los años 1975 a 2005, cuya apreciación se discute.

Respecto a la obligatoriedad de denunciar para estos eventos el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, en sentencia del 17 de febrero de 2004 radicación 20850, reiterada en decisiones del 7 de mayo de 2008 y 3 de junio de 2009, radicados 32506 y 33166 respectivamente, la Sala adoctrinó:

“(...) El cargo no puede estudiarse por la Corte, dado que el reintegro dispuesto por el tribunal a favor del actor, materia de cuestionamiento en el recurso extraordinario, es de origen convencional, lo que imponía a la censura la obligación de denunciar como violados, al menos, los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, preceptos estos de orden sustancial que son los que definen y consagran derechos de tal estirpe. Por ello, la proposición jurídica es insuficiente; y como la omisión tiene capital importancia y trascendencia para la cabal estructuración de la demanda de casación, según las exigencias del artículo 90 del Código Procesal Laboral y de la S.S., concretamente de la contenida en el ordinal 5º, el cargo, como ya se dijo, es inestimable”.

Y en decisión del 15 de septiembre de 2004, Radicación 22972, dijo:

“(...) Por otra parte, y a pesar de que uno de los derechos reclamados, esto es, los incrementos salariales, fue negado por el tribunal por cuanto consideró que los mismos habían quedado inmersos en el acuerdo celebrado en 1995 entre la Texas y su sindicato, los que a su vez incluían los previstos en el laudo arbitral y los del artículo 60 de la convención colectiva de trabajo vigente hasta esa anualidad, el recurrente no incluye en la proposición jurídica la norma legal sustantiva que se refiere a este tipo de fuente normativa, es decir, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el enunciado de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición, exigencia que sigue siendo válida aún después de la promulgación del Decreto 2651 de 1991 y de la Ley 446 de 1998, en donde se morigeró mas no se eliminó el requisito consagrado en el literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo.

A ese respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, el enlistamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, pero la inobservancia de este último mandato conduce inexorablemente al rechazo de la acusación por no ajustarse a los requisitos formales del recurso extraordinario, que es lo que acontece en esta oportunidad.

No basta, se insiste, que en la proposición jurídica aparezcan relacionadas varias disposiciones, sino que es obligatorio que dentro de las incluidas se encuentre por lo menos una que constituya base esencial del fallo o que haya debido serlo, norma que en el presente caso es la antes anotada, puesto que una de las controversias gira en torno a los referidos aumentos salariales establecidos de manera extralegal”.

De suerte que, el recurrente no cumplió con la exigencia del literal a) numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social, falencia que resulta suficiente para dar al traste con la acusación, e impide abordar el estudio del texto de las diferentes convenciones que alude tanto el tribunal como el ataque.

2. La censura al acusar la comisión de un “error de derecho” por parte del tribunal y en la sustentación del cargo referirse a pruebas, se ha de entender que el ataque se encaminó por la vía indirecta, y bajo esta órbita resulta improcedente invocar como modalidad de violación la “interpretación errónea”, a la cual se llega cuando el sentenciador le da una inteligencia al precepto legal que no corresponde, distorsionando o desconociendo así su genuino y cabal sentido, concepto que es propio pero de la vía directa.

3. En vista de que para estructurar la acusación, se le atribuyó al juez de apelaciones un “error de derecho”, el censor tenía el deber de indicar o explicar en que consistió tal desatino, lo cual omitió por completo.

En efecto, mirando en su contexto el desarrollo del cargo, ni siquiera se especifica cuál es la prueba que el tribunal admitió sin ser solemne, o cuál es el medio de convicción que no se tuvo en cuenta para probar un hecho en específico cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus.

El recurrente se limitó a aseverar inapropiadamente que el ad quem incurrió en “error de derecho por interpretación errónea” sin dar mayores explicaciones, así como a reprochar la apreciación de las convenciones colectivas de trabajo que se hizo en la segunda instancia, en lo que tiene que ver con las cláusulas de vigencia de las mismas y las que regulan el derecho pensional implorado; donde es de aclarar, que si el impugnante no se encontraba de acuerdo con la “valoración probatoria” que le imprimió la alzada a esos medios de convicción, debió acudir a la vía indirecta pero formulando errores de hecho.

Conviene señalar, que el “error de derecho” se presenta cuando se da por acreditado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, siendo que la ley exige para su comprobación una prueba solemne, o también cuando no aprecia, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene; mientras que en el “error de hecho”, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido la colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, que lo lleva a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia o crédito a lo que en puridad de verdad está acreditado en los autos, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de cualquiera de las tres pruebas calificadas en casación, esto es, conforme a la restricción legal prevista en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección judicial.

Las anteriores omisiones e imprecisiones dejan a la Corte sin el referente necesario, para poder asumir el estudio del ataque, desde la perspectiva del verdadero error que se esté denunciando.

4. Las alegaciones que contiene el cargo, en torno a la “validez jurídica” de una norma convencional, la aplicación del “principio de favorabilidad” en materia laboral, la observancia del “régimen de transición” pensional, y el respecto de “derechos adquiridos de los trabajadores”; son planteamientos que llevan consigo discernimientos jurídicos ajenos a la vía escogida, que debieron haberse planteado por la senda directa.

Entonces, constituye una inexactitud que la censura amalgame las vías directa e indirecta de violación de la ley que son excluyentes, por razón de que la primera conlleva es a un error jurídico mientras que la segunda a la existencia de uno o varios yerros fácticos o errores de derecho, debiendo ser su formulación diferente y por separado.

5. Finalmente, es de agregar, que la censura presenta una argumentación que más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, sin observar que como lo enseña la jurisprudencia, para su estudio de fondo, la acusación debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido (Cas., abr.18/69), lo cual en el asunto que en esta oportunidad ocupa la atención a la Sala no se acató.

Colofón a todo lo expresado, por las limitaciones que presenta la formulación del cargo, este se desestima.

De las costas del recurso extraordinario, no hay lugar a ellas por cuanto no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, no casa la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2008, por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en el proceso promovido por Jorge Eliécer Falla Castaño contra la Electrificadora del Huila S.A. ESP.

Sin costas en el recurso de casación.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».