Sentencia 3959 de febrero 22 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Dr. Filemón Jiménez Ochoa

Rad.: 110010328000200600021 00

Radicado interno número 3959

Demandante: Viviana González Cano

Demandados: Representantes a la Cámara-Departamento del Cauca

Acción electoral-Única Instancia

Bogotá, D.C., veintidós de febrero de dos mil siete.

La Sala procede a dictar sentencia de única instancia en el presente proceso de nulidad electoral.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

1. Competencia y oportunidad.

Conforme a los artículos 128-3 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, en armonía con el artículo 13 del reglamento interno de la corporación, esta sección es competente para conocer en única instancia de la presente acción pública electoral.

La demanda fue presentada dentro del término previsto en el artículo 136 numeral 12 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.

2. El acto electoral demandado.

Se demanda la nulidad del acto administrativo por el cual la Comisión Escrutadora Departamental del Cauca declaró electos como representantes a la Cámara por ese departamento a los señores Gema López de Joaquí, Crisanto Pizo Mazabuel, José Gerardo Piamba Castro y Felipe Fabián Orozco Vivas, para el periodo 2006-2010. Dicha declaración está contenida en el acta parcial de escrutinio de votos para Cámara de Representantes depositados el 12 de marzo de 2006 en la circunscripción electoral del Cauca, suscrita el 19 de marzo (formulario E-26, fls. 107 a 126).

3. Marco legal y jurisprudencial.

La función judicial en materia electoral está asignada a la jurisdicción contencioso administrativa por los artículos 237-1 de la Constitución Política y 82 del Código Contencioso Administrativo, y reglamentada en el capítulo IV, tít. XXVI, libro cuarto del mismo código, artículos 223 y siguientes, que contienen el régimen de los procesos electorales. Su objeto es preservar la trasparencia del sufragio restableciendo el genuino sentido de la votación, anulando los actos proferidos por las autoridades que declaran un resultado electoral viciado por causales de ilegalidad, alterando la voluntad popular.

Se ha establecido a través de la jurisprudencia de esta Sala que además de las causales especificas señaladas en los artículos citados, la acción electoral también puede ser ejercida por las causales generales de nulidad del acto administrativo contempladas en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, dado que a través de ella se busca ejercer un control de legalidad de un acto administrativo que, si bien tiene un contenido jurídico especial, se desarrolla mediante una confrontación objetiva directa entre la norma que se considera violada y la decisión administrativa que se acusa (1) .

A través de los procesos contencioso electorales se realiza un juicio de fondo, cualitativo, en el que el juez, con base en los planteamientos de la demanda de nulidad electoral, evalúa si se configuran las causales de anulación de los registros electorales previstas en la ley, y además, si esa nulidad afecta el resultado electoral. La competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, entonces, está delimitada por la demanda que se analiza.

Esta Sala se ha expresado así al respecto:

“En relación con la demanda de nulidad electoral la jurisprudencia de la Sala ha determinado que si bien la acción que se ejercita es de carácter público y como tal puede ser intentada por cualquier ciudadano a quien no se le puede exigir un gran rigor técnico, en ella no pueden omitirse exigencias mínimas que hagan posible el adelantamiento del proceso. Así, no se pueden dejar de indicar los hechos, las normas violadas y el concepto de la violación de manera que al interpretar la demanda el juez pueda realizar el control de legalidad sobre esas bases, dado que el contencioso electoral no permite el ejercicio de un control general de legalidad, sino circunscrito a la acusación contenida en la demanda (justicia rogada) (2) .

La jurisdicción de lo contencioso administrativo es rogada por lo que el análisis debe circunscribirse a los hechos, normas y concepto de violación expuestos en la demanda que se constituyen en el marco de litis, no siendo jurídicamente posible para el juzgador salirse de tales parámetros para analizar de manera oficiosa, aspectos que no se plantean en la demanda” (3) .

Es relevante además en esta clase de juicios originados en irregularidades en los procesos de elección popular, que en aras de la protección de la integridad de la elección misma, que se propone el legislador, lo que constituye la justificación de la acción electoral, no todas las irregularidades que ocurran durante el proceso electoral generan nulidad, sino solo los vicios graves y ostensibles que alteren o desconozcan la voluntad de los sufragantes, tal como lo ha sostenido en forma reiterada esta Sala (4) .

4. Los cargos.

Teniendo en cuenta los precedentes lineamentos legales y jurisprudenciales, se procede a analizar los cargos de la demanda, en los términos en que fueron formulados.

1. Alteración de los resultados de la votación:

Dice el demandante que se ha presentado una alteración de los resultados electorales “en las mesas de votación de los puestos y zonas de votación de los municipios del departamento del Cauca que se relacionan en los hechos de la demanda” (copia textual, fl. 52), por la inclusión de un número mayor o menor de votos a los que realmente se podían depositar por los sufragantes que concurrieron a votar en las elecciones del pasado 12 de marzo de 2006, permitida, realizada o auspiciada por los señores jurados de votación y comisiones escrutadoras de los distintos municipios donde sucedieron dichas irregularidades o por la comisión escrutadora departamental del Cauca.

Esta Sala ha considerado que es posible, sin que ello signifique alteración de la verdad electoral, que el número de votos registrado en los formularios E-14 sea inferior al que aparece en el E-11, si se tiene en cuenta que algunos sufragantes pueden dejar de votar por algunas corporaciones o autoridades cuya elección se proponga en el mismo evento democrático, como por ejemplo cuando se trata de elegir autoridades departamentales y locales, sin que esa omisión pueda ser considerada como una irregularidad, pero que por el contrario, la circunstancia de que en el acta de escrutinio de las mesas (E-14) los jurados de votación consignen mas votos que los que efectivamente fueron depositados (formulario E-11), sí produce una alteración de la verdad electoral que podría originar la anulación del acto definitivo de elección.

Al respecto se ha dicho:

“... sí constituye una irregularidad cuando el acta de escrutinio del jurado de votación —formulario E-14— registra un número mayor que la lista y registro de votantes —formulario E-11—, puesto que el número de votos no puede ser superior al número de votantes, por la sencilla razón de que cada ciudadano tiene derecho a un solo voto” (5) .

En los artículos 134 y 135 del Código Electoral se establece el procedimiento que deben observar las autoridades electorales para prevenir la presencia de mas votos en las urnas que votantes registrados en el formulario E-11, en los siguientes términos, en el entendido de que las expresiones “sobres” y “papeletas” equivalen a “tarjetas electorales”:

“ART. 134.—Inmediatamente después de cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en alta voz el número total de sufragantes, el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro total de votantes.

“ART. 135.—Practicadas las diligencias prevenidas en el artículo anterior, se abrirá públicamente la urna en que fueron depositados los sobres y uno de los jurados los contará uno a uno; si hubiera un número mayor que el de ciudadanos que sufragaron, se introducirán de nuevo en la urna y después de moverlos para alterar su colocación, se sacarán a la suerte tantos sobres cuantos sean los excedentes y sin abrirlos se quemarán inmediatamente.

En el acta de escrutinio se hará constar la circunstancia de que habla este artículo, con expresión del número de sobres excedentes”.

Revisada la demanda presentada por la señora Viviana González Cano, en su integridad, se encuentra que el cargo en referencia recae únicamente en la mesa 01 de la zona 0 del puesto 0 del municipio de Aguazul; dice el demandante que allí sufragaron 276 personas, pero se computaron 277 votos en el escrutinio realizado por los jurados de votación de la mesa (formulario E-14) (fls. 58 y 59).

El cargo es infundado, pues en la circunscripción departamental del Cauca no existe el citado municipio, y por el contrario, como lo certifican los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Cauca, dicho municipio pertenece al departamento de Casanare (fls. 224 y 226), y como es obvio, la ocurrencia de alguna irregularidad en la votación para representantes a la cámara en el citado departamento de Casanare no tiene ni puede tener incidencia en la votación que se efectuó en el Cauca.

Se observa que en nota a pie de página la demandante informa que anexa los formularios E-11 y E-14 de la mesa cuestionada, pero ello no ocurrió, como es obvio.

2. Suplantación de electores.

Hace relación a la modalidad de fraude electoral por la actividad desplegada por quienes tienen acceso a las urnas para introducir en ellas votos no depositados por sufragantes y colocar a la vez nombres y apellidos de votantes ficticios, o trazos ilegibles, o cualquier otra expresión o señal distinta al nombre del ciudadano titular de la cédula que figura frente a la casilla dispuesta para ello en el formulario E-11, lista y registro de votantes; se trata de un proceso de suplantación de electores ausentes, generalmente realizado por miembros del jurado de votación, que configura la causal de nulidad por falsedad de las actas de escrutinio, porque en éstas se contabilizan votos ilegalmente depositados para obtener un resultado electoral distinto al que corresponde a la voluntad legítima del electorado.

Este fenómeno ha sido considerado por la jurisprudencia de esta Sala como una causal de nulidad de las actas de escrutinio de los jurados de votación, por falsedad (CCA , art. 223-2), que puede ser declarada por el juez contencioso administrativo. Así lo ha definido la jurisprudencia de esta sección:

“... modalidad de fraude electoral por la actividad desplegada por quienes tienen acceso a las urnas para introducir en ellas votos no depositados por sufragantes y colocar a la vez nombres y apellidos de votantes ficticios, o trazos ilegibles, o cualquier otra expresión o señal distinta al nombre del ciudadano titular de la cédula que figura frente a la casilla dispuesta para ello en el formulario E-11, lista y registro de votantes; se trata de un proceso de suplantación de electores ausentes, generalmente realizada por miembros del jurado de votación, que configura la causal de nulidad por falsedad de las actas de escrutinio, porque en estas se contabilizan votos ilegalmente depositados para obtener un resultado electoral distinto al que corresponde a la voluntad legítima del electorado. La irregularidad de tales votos se sustenta en la alteración de la realidad procesal mediante la adición de factores cuantitativos y cualitativos ficticios por parte de los jurados, en abierta violación del artículo 114 del Código Electoral” (6) (negrillas fuera del texto).

La irregularidad de los votos suplantados constituye causal de nulidad electoral, con fundamento en el artículo 223-2 del Código Contencioso Administratrivo en cuanto por su entidad constituyan una alteración de la realidad procesal, que debe ser sancionada con la exclusión de las mesas afectadas por contener elementos falsos o apócrifos.

La demandante deduce la suplantación de electores de la falta de coincidencia entre los nombres que figuran en los formularios E-11, manuscritos por los jurados de votación de las respectivas mesas de votación frente a los números de cédulas de los ciudadanos que sufragaron, y los que corresponden a esas cédulas según el ANI (Archivo Nacional de Identificación).

Debe tenerse en cuenta que, como lo ha estimado esta Sección en providencias anteriores, no toda incongruencia en los nombres registrados en los formularios E-11 de una determinada votación y los que corresponden en el ANI a una determinada cédula de ciudadanía permite deducir que hubo suplantación de electores, sino que puede originarse en errores en que incurran los jurados de votación en el diligenciamiento del formulario E-11, consistentes en la colocación del nombre del sufragante que aparece en el censo en renglón diferente al que corresponde, por la similitud del número de identidad, o equivocación en la escritura del nombre, etc.; tales errores no configuran suplantación y por tanto no conllevan falsedad ni hacen apócrifos los sufragios.

Además, como ya se dijo, para que la suplantación de electores se erija como una causal de nulidad electoral, en los términos del artículo 223-2 del Código Contencioso Administrativo, debe ser de tal entidad que incida efectivamente en el resultado electoral, circunstancia que debe ser evaluada una vez se haga la verificación de su ocurrencia.

Al respecto la Sala ha reiterado que la nulidad electoral por falsedad, por aplicación de la citada norma, debe obedecer a situaciones irregulares que afecten la verdadera voluntad popular, conforme al principio de la eficacia del voto consagrada en el numeral 3º del artículo 1º del Código Electoral, según el cual cuando una disposición electoral admita varias interpretaciones se preferirá aquélla que dé validez al voto que represente expresión libre de la voluntad del elector. De ahí que si la alteración de un dato o la falsedad de un registro no afectan el resultado electoral, el intérprete debe dar plena validez a los votos de la mayoría y hacer eficaz la decisión de esta. En otras palabras, la falsedad o el carácter apócrifo de un documento solo origina la nulidad de una elección si es de magnitud suficiente para modificar el resultado electoral (7) , conforme al principio de la eficacia de voto consagrado en el artículo primero, numeral 3º, del Código Electoral.

Las pruebas allegadas el proceso en relación con este cargo muestran lo siguiente:

A. Obran en el proceso los registros de votantes (E-11) de las mesas en las que recae el cargo de suplantación (dos CDs. folio 370 y copias en cuaderno de pruebas) del cual se extracta la siguiente información:

CódigoMunicipioZPMCs.C. supuesta/ utilizadas por suplantadadores según la demandaRango Cs.C. Formul. E-11Fl. Cuad. Pruebas
11001Popayán000001498809-108422-1188155-2009149-2052624No existe la mesa 
11001Popayán00000022993587-3270710-4189569-4193141No existe la mesa 
11001Popayán0000032422844-4193592-4294795-4294878No existe la mesa 
11001Popayán0000044295644-4296354-5831624-5832932-7212779-7219310No existe la mesa 
11001Popayán0000059432384No existe 
11001Popayán000069519163No existe 
11082Silvia00007965392810721882 a 1072239637-42
11082Silvia0000812456781-14235278-16346593-1731894410722397 a 1072287443-48
11082Silvia00001022829270-2332439910723333 a 1072380055-60
11082Silvia00001123724854-23724932-23725117-23725464-23726112-23738650-23739549-23809962-23826011(8)10723803 a2556038562-66
11082Silvia00001223861719-23861694-2402945925565881 a 2568163467-72
11082Silvia0000132422548225681644 a 2568248773-78
11019Caloto00001324225556-24225606-24225613-24225768-24225876-24225878-24225889-2422594034563364 a 34770322173-178
11019Caloto00001424226559-24226578-24226599-24226754-24226899-24226972-24227032-2422724134770323 a 34770793179-184
11019Caloto0000152422731634770794 a 34771249185-190
11061Piendamó00001524227721(9)10757038 a 2476281985-90
11061Piendamó00001624228008-24228015-24228088-24228015-2422808824764587 a 2554277991-96
11061Piendamó00001724228449-24228619-24228838-2422891225542788 a 2560996097-102
11061Piendamó00001824242820-24230133-24243539-28798941-30981818-3228822525609965 a 25611344103.-.108
11061Piendamó00001933645428-33645165-33645082-33645253-3364539425611349 a 25687336109-114
11061Piendamó00002033645668-33645617-33645806-3364585425687346 a 31918936115-120
11061Piendamó00002133645979-33645997(10)31924353 a 38444849122-126
11061Piendamó0000223364648840022983 a 48570733127-132
11061Piendamó00002336591202-3757626548570734 a 48571531127A-132A
11061Piendamó00002440035059-41498252-42489624-46350315-46351020-4635171848571532 a 48572171133-138
11061Piendamó00002646663603-46663904-47427418-47428822-47435212-4743842348572812 a 48573406145-150
11028Guapi0000101935640810389341 a 12912709CD1
11028Guapi00002647428822-47435212-474384231059445004 a 1089794040150A-155
11028Guapi00002752416316-52546798No existe 
11028Guapi00002974750379-74750324-74750634-74750843No existe la mesa 
11028Guapi00003074751107-74751111-74751327-74751751-74751787No existe la mesa 
11028Guapi00003174751991-74752020-74752088No existe la mesa 
11028Guapi00003374753295-74753446-74753472No existe la mesa 
11028Guapi00003474754139-74754249-74754304No existe la mesa 
11028Guapi00003574754556-74754558-74754629-74754815No existe la mesa 
11028Guapi00003674754965-74755075-74755284-74755302-74755308-74754951-74754995-74755014-74755015-74755083-74755115No existe la mesa 
11013Cajibío00003674755123-74755144No existe 
11013Cajibío00003774846858-74845057-74858795-79426331-79445894No existe la mesa 
11013Cajibío99151235804311189362 a 25272397311-316
11013Cajibío991524633685125272501 a 34569761317-322
11013Cajibío9950123862343No existe 
11013Cajibío9990124228744-74751159No existe 
11013Cajibío000011509091313540 a 4640284C.D. 1

Del cuadro anterior, elaborado con la información que obra en el expediente, se deduce lo siguiente:

a) No existen las siguientes mesas de votación identificadas en la demanda:

1. En la zona 0 y puesto 0 del municipio de Popayán (fls. 59 y 60), pues en este su nomenclatura comienza por la zona 01, puesto 01, mesa 0001.

2. Mesas con nomenclatura 27 o mas de la zona 00, puesto 00 del municipio de Guapi, porque su nomenclatura máxima es 26.

3. Mesas de la zona 99 puestos 50 y 90, del municipio de Cajibío porque en esa zona solo existen 29 puestos.

b) Es falsa la información dada por la demandante en relación con los números de cédulas de los formularios E-11 de las demás mesas referidas en la demanda. Tampoco corresponden a las que en manuscrito fueron agregadas en los respectivos formularios, por corresponder a jurados de votación o de votantes autorizados, y en los tres (3) casos en que los números se hallan comprendidos en los rangos de cédulas que figuran en los respectivos formularios E-11, estos fueron examinados, descartándose la existencia en ellos de los números indicados en la demanda, tal como se indica en las notas al pie de página.

B. Los representantes demandados allegaron con sus contestaciones a la demanda sendas certificaciones de los delegados departamentales de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el Cauca, expedidas a solicitud de cada uno de ellos, de manera individual, en ejercicio del derecho fundamental de petición (fls. 192, 202 a 209, 224 y 226).

Dichas certificaciones, que fueron reconocidas como pruebas en el proceso (fl. 246), son reiterativas en afirmar que algunas de las mesas indicadas en los hechos de la demanda que sustentan el cargo de suplantación no existen, y que sin excepción, los distintos registros electorales que se mencionan en la demanda no pertenecen a la circunscripción electoral del Cauca sino a municipios de otros departamentos del país.

Específicamente en relación con los electores supuestamente suplantados, relacionados en el numeral 2.15.1 de la demanda (hojas 8 a 14, fls. 59 a 64), se informa en los referidos certificados que “... las mesas que se dicen de Popayán, no existen en esa nomenclatura por ser municipio zonificado electoralmente y en los demás municipios existen unas pero otras no, .... que las personas que dicen pertenecer al registro de votantes de esos varios municipios, no pertenecen al censo electoral de Cauca, sino a otros municipios de otros departamentos, entre otros y en su orden Aguazul (Casanare); Trinidad (Casanare); Tópaga (Boyacá), Sogamoso (Boyacá); Cali (Valle); Duitama (Boyacá)” (11) .

Como conclusión, del análisis del cargo de suplantación de electores propuesto en esta demanda con base en las pruebas que obran en el proceso se desprende sin lugar a dudas que dicho cargo está formulado sobre situaciones fácticas que no tienen ningún soporte en los hechos, elaboradas por la demandante al parecer utilizando información relacionada con otras circunscripciones territoriales, lo que permite deducir que es totalmente fútil y temerario y que la conducta de la demandante configura un abuso del derecho de acceder a la administración de justicia.

El Ministerio Público también encontró inexistentes los hechos que sustentan el cargo y consideró que ello era prueba de la mala fe y temeridad de la demandante (fl. 408).

3. Suplantación de personas fallecidas.

Esta modalidad de suplantación, formulada en forma separada del anterior cargo, comparte con él el mismo fundamento jurídico en la medida en que se trata de configurar una causal de nulidad electoral por la causal segunda del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, por la incorporación al escrutinio de votos que no han sido depositados por los titulares de las respectivas cédulas inscritas, en este caso por imposibilidad física y jurídica, por fallecimiento.

Para demostrar el fraude electoral por la votación a nombre de personas fallecidas debe probarse el hecho del fallecimiento, además de la existencia de los votos depositados, esto último a través de la constancia dejada por los jurados de votación en los registros de votantes, así como también la efectiva incidencia del fraude en el sentido de la votación.

Los casos de falsedad por esta causal que señala la demanda (fl. 65) son diecinueve en total.

Al igual que con el cargo anterior, la demandante incurre en la invención de mesas, y, en los casos en que ellas existen, los números de cédulas señalados no corresponde a los que figuran en el correspondiente registro de votantes o formulario E-11.

En efecto, para las elecciones del 12 de marzo de 2006 no se instaló en el municipio de Guapi una mesa que se distinguiera con el número 36 del puesto 0 de la zona 0. En dicho municipio, zona y puesto hubo 26 mesas.

Por su parte en el municipio de Cajibío tampoco existieron mesas 36 y 37 en la zona 0 y puesto 0, porque la enumeración de esas mesas estuvo comprendida entre el 1 y el 18.

En el municipio de Cajibío, igualmente, no hubo puestos 50 y 90 de la Zona 99, y por consiguiente no se puede hablar de mesas de votación en esos puestos, como lo hace la demandante.

La anterior información se deduce del respectivo CD que contiene las imágenes de los formularios E-11.

De manera que de las mesas de votación relacionadas en este cargo (num. 2.15.2, fl. 65) el 12 de marzo de 2006 solo funcionaron la número 1 de la zona 00, puesto 00 y las 1 y 2 de la zona 99, puesto 15 de Cajibío, pero los números de cédulas que se señalan como pertenecientes a personas que fallecieron antes del evento electoral y que sin embargo se registra su voto, no se encuentran en los respectivos formularios de esas mesas, según se desprende de la verificación hecha a través del CD y lo corroboran los extractos antes transcritos de las certificaciones de los delegados departamentales que fueron allegadas por los demandados, en los que se manifiesta que pertenecen a otras circunscripciones electorales.

Se corrobora así que este cargo, al igual que el anterior, es anodino y temerario.

4. Doble votación.

La acusación de apocrificidad de los documentos electorales que sirvieron de base para la formación de las actas de escrutinio de los jurados de votación, por la doble votación de ciudadanos, tiene como sustento jurídico el cómputo de los votos depositados por ciudadanos en mas de una ocasión, que resultan fraudulentos por infracción de los artículos 258 de la Constitución Política, 1º, 83 inciso 3º y 114 del Código Electoral y 391 del Código Penal (antes 252), y que como tales constituyen elementos falsos que afectan los escrutinios.

Dicha acusación, contenida en el número 2.15.3 de la demanda (fl. 65) e sustenta en una supuesta doble votación de algunas personas, debida, según la demandante, a la omisión o la laxitud de los señores jurados de votación, o cuando son ellos mismos quienes aprovechándose de su calidad de jurados ejercen dicho derecho en la mesa donde actúan y en la mesa de votación donde tienen inscrita su cédula.

Como se constata fácilmente en la demanda, el cargo es temerario pues se limita a reproducir los primeros catorce (14) renglones de los casos que se formularon en el cargo de suplantación (fls. 59 y 60), que recaen sobre las mesas 1 a 4 del puesto 00 de la zona 00 de Popayán, que no existieron en los comicios del pasado 12 de marzo de 2006, pues como ya se dijo anteriormente y lo certifican las autoridades electorales, la nomenclatura de las zonas y puestos de votación en esa ciudad capital comienzan a partir del 01.

Cabe observar de otra parte que por los elementos que constituyen el cargo de doble votación, para comprobar el fraude el demandante debe señalar y aportar al proceso los correspondientes formularios E-11 de las mesas en las cuales se registra la supuesta votación de un mismo ciudadano, o los renglones de un mismo formulario, si la doble votación tuvo lugar en la misma mesa, no siendo necesario que se aporte registro en el ANI, de la respectiva cédula, como se hace en la demanda.

El cargo es infundado.

5. Votación de personas no inscritas en el censo.

El artículo 76 del Código Electoral, modificado por la Ley 6ª de 1990, artículo 7º, exige al ciudadano la previa inscripción en el censo electoral para acceder a depositar su voto. Se trata de un requisito de validez del voto, y su infracción conlleva la existencia de un voto fraudulento en los términos del artículo 391 del Código Penal.

La irregular votación por falta del registro en el censo se demuestra a través de los formularios E-11, sin que sea preciso confrontarlos con los registros del ANI.

El cargo contenido en el numeral 2.15.4 de la demanda (fl. 66), sobre la votación de personas no inscritas en el censo, en su condición de jurados de votación, en los municipios de Piendamó y Guapi, recae en su totalidad sobre los mismos registros de votantes en que se sustenta el cargo de suplantación (fl. 63, renglones 3 a 16, total 14 renglones).

En este caso resulta inútil entrar a examinar el cargo, teniendo en cuenta, además, que al revisar los fundamentos de hecho del cargo de suplantación se constató que las cédulas que allí se citan no corresponden a la circunscripción electoral del departamento del Cauca sino de otros departamentos.

6. Sufragio de personas no autorizadas.

El cargo contenido en el numeral 2.15.5 (fl. 67), se sustenta en la supuesta votación de personas cuyas cédulas de ciudadanía se hallaban bajo custodia de la Policía Nacional, en los municipios de Caloto y Piendamó, por lo cual no estaban autorizadas para votar, por hallarse en la imposibilidad de identificarse en el momento de ejercer su derecho al voto.

La cédula de ciudadanía es el único documento al que la ley le otorga el valor de prueba de la identificación personal para efectos de participar como votante en las elecciones, tal como lo establece el artículo 114 del Código Electoral, de manera que si se llegare a demostrar que el sufragio por personas que no tenían en su poder sus respectivas cédulas de ciudadanía por encontrarse éstas en manos de alguna autoridad, o por cualquier otra circunstancia demostrable, los votos así depositados son irregulares.

Sin embargo la infracción del artículo 114 del Código Electoral no acarrea por si mismo la anulación de las actas de escrutinio en los que se hubieran computado, conforme a lo establecido en el artículo 223-2 del Código Contencioso Administrativo, a menos que se demuestre que esos votos fueron depositados por personas distintas a las que son titulares de las cédulas de ciudadanía que aparecen en las correspondientes listas, es decir que se demuestre que los votos son falsos porque no fueron depositados por quienes figuran como sufragantes.

De manera que para probar el cargo de fraude electoral por la votación de personas que no tenían en su poder sus cédulas de ciudadanía se debe probar, además de este hecho, que las personas que efectivamente depositaron su voto no son los titulares de las cédulas que figuran en los respectivos registros de votantes (formularios E-11) de las correspondientes mesas de votación.

Para sustentar este cargo en la demanda de la señora Viviana González Cano también se incurre en la repetición de los nombres números de cédulas relacionadas en el cargo de suplantación de electores (renglones 25 a 30, fl. 61 y 1 a 9 fl. 62), incluyendo la columna en la que se indica el nombre en el ANI, que es un dato innecesario para este caso.

Por lo anterior, al igual que en los casos anteriores, es inútil entrar a examinar el cargo, teniendo en cuenta que al revisar los fundamentos de hecho del cargo de suplantación se constató que las cédulas que allí se citan no corresponden a la circunscripción electoral del departamento del Cauca sino de otros departamentos.

De otra parte cabe advertir que la demandante no allegó ni solicitó la práctica de prueba alguna que condujera a verificar el hecho que fundamenta el cargo, relacionado con la imposibilidad de los supuestos votantes de exhibir el documento de identificación al momento de sufragar, tal como lo ordena el artículo 114 del Código Electoral, por hallarse bajo custodia de la Policía Nacional.

7. Pérdida o extravío de los formularios E-11.

El formulario E-11 es la lista y registro de votantes de cada una de las mesas de votación, que se tramita por los jurados de votación en la medida en que se van depositando los votos en las urnas, con el objeto de identificar a los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto y determinar el número de sufragios depositados en la respectiva mesa.

Este cargo se halla formulado en la demanda de la señora González Cano en términos generales y abstractos en el folio 55, hoja 4 de la demanda, no está desarrollado en ninguna otra parte de la demanda, y sobre él la demandante no aportó ni solicitó prueba alguna que permitiera su concreción y veracidad. En tales condiciones solo cabe la posibilidad de negar el cargo.

5. Conclusión.

Conforme a lo expuesto, se halla suficientemente demostrado que la demanda electoral que ha dado lugar al proceso que se decide en esta providencia carece de fundamento fáctico y jurídico.

En consecuencia se denegarán las pretensiones de la demanda.

III. La decisión

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Se niegan las pretensiones de la demanda.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(1) Ver sentencia de 25 de enero de 2002, Exp. 2561.

(2) Sentencia del 13 de marzo de 2003, Exp. 2981.

(3) Sentencia 1471 del 28 de noviembre de 1995.

(4) Ver sentencia del 28 de julio de 1999, Sección Quinta. Exp. 2285. C.P. Mario Alario Méndez y sentencia del 9 de junio de 1995, Sección Quinta, Exp. 1184 Ponente Consejera: Denise Duviau de Puerta.

(5) Sentencia del 7 de diciembre de 2001, Exp. 2755.

(6) Sentencia del 27 de febrero de 2003, Exps. 2495-2487.

(7) Ver Sentencias de esta Sala del 28 de julio de 1999, Exp. 2285, del 12 de octubre de 2001, Exp. 2645 y del 20 de marzo de 2003, Exp. 2468-88, entre otros.

(8) Estos números de cédulas no figuran en el formulario E-11 de esta mesa, a pesar de hallarse dentro del rango de cédulas en ella registrada. (fl. 64 vto. cdno. pruebas).

(9) Si bien este número de cédula se encuentra dentro del rango de las registradas en esta mesa, no figura en el E-11 (ver fl. 90, cdno. pruebas).

(10) Estos números de cédulas no figuran en el formulario E-11 de esta mesa, a pesar de hallarse dentro del rango de cédulas en ella registradas (fl. 122, cdno. pruebas).

(11) Certificación del 22 de junio de 2006 (fl. 192), expedida a petición verbal del doctor Crisanto Pizo Mazabuel Con el mismo texto fue expedida la certificación del 27 de junio de 2006 (fl 226) a petición verbal del demandado Felipe Fabián Orozco Vivas, y en similares términos la certificación del 21 de junio de 2006 número 1176, dirigida a la doctora Gema López de Joaqui (fl. 202), aportada en copia simple al proceso, y la certificación del 22 de junio de 2006, 1178, dirigida al doctor Felipe Fabián Orozco Vivas (fl. 224).

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