Sentencia 39595 de agosto 28 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39595

Acta Nº 30

Magistrado Ponente

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Bogotá, D.C., veintiocho de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: VII. Consideraciones de la Corte

Sea lo primero señalar, que el alcance subsidiario de la impugnación, referente al salario integral, constituye un hecho nuevo, no planteado ni debatido en las instancias; luego no es la esfera casacional el escenario propicio para solicitar algo no suplicado en el escrito inaugural del proceso, pues de permitirse dicha actuación se lesionaría de manera frontal los derechos al debido proceso, defensa, igualdad y contradicción.

Ahora, valga recordar que de acuerdo con lo normado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de la Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es indispensable que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y además, como lo ha sostenido la Corte, que su existencia aparezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la falta de apreciación o errada valoración de una prueba calificada.

El fundamento de la decisión absolutoria del tribunal consistió en que la presunción de subordinación consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, fue ampliamente desvirtuada por la demandada, quien aportó elementos de prueba suficientes y contundentes que proporcionan la certeza de que la prestación de servicios que existió entre las partes tuvo su origen en un contrato de prestación de servicios profesionales, y no en un contrato laboral, “en atención a que no se presentó en dicha vinculación el elemento característico y esencial del contrato de trabajo: la subordinación. (…)” (fl. 292).

A continuación, se examinarán las pruebas denunciadas por el censor, para determinar si la sentencia impugnada se ajusta a la legalidad.

El Acta Nº 51 del consejo directivo de Fedesmeraldas, señala:

“6. Nombramiento del presidente ejecutivo y representante legal de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia, Fedesmeraldas. (…) los consejeros se retiran a deliberar por espacio de diez minutos, regresando con un acuerdo unánime en el sentido de nombrar al Dr. Adolfo Pacheco Hernández como presidente ejecutivo y representante legal de la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia, Fedesmeraldas, a partir de la fecha.

Presente el Dr. Adolfo Pacheco, es solicitado al seno del consejo directivo y se le informa de la decisión tomada, (…) Dr. Adolfo Pacheco agradece la designación y anuncia que acepta (…) finalizada la intervención del Dr. Adolfo Pacheco, toma posesión (…).

La Sra. Luz Marina Riveras (sic) propone definir seguidamente el salario del presidente ejecutivo de la federación y considera que una cifra como la de $ 6.000.000 de pesos puede ser una partida integral conveniente. (…).

El ingeniero Germán Bernal plantea que una cifra de consenso integral entre todos puede ser la suma de $ 6.500.000, propuesta que es aprobada por unanimidad” (fls. 154 vto. a 155).

A su vez, el Acta Nº 60 del consejo directivo de Fedesmeraldas, calendada el 8 de marzo de 2001, reza:

“El consejo directivo, luego de deliberar solicitó el regreso del Dr. Pacheco y el Dr. Alfonso Medellín le comunico (sic) que se había decidido su reelección en las mismas condiciones en que venía (…)” (fl. 56 vto.).

Al respecto, advierte la Sala, que el juez colegiado las valoró razonablemente, pues no distorsionó su contenido, y nada distinto a lo que de ellas dimana vislumbró, cuando dijo, que “consta que el demandante fue elegido presidente ejecutivo de la federación, el 8 de marzo, de 1999” (fl. 290) y “por la cual se efectuó la reelección del demandante como presidente ejecutivo de la federación una vez vencido su periodo”, respectivamente.

De otra parte, de los referidos textos de las actas, no se desprende necesariamente una relación de índole laboral, ni prueban que el demandante prestó sus servicios de manera subordinada.

En cuanto al salario propuesto en el Acta Nº 51, este por sí solo no tiene la virtualidad de demostrar la existencia de un contrato de trabajo, lo mismo se vislumbra en lo atinente al Acta Nº 55 del consejo directivo de Fedesmeraldas, denunciada como no apreciada, cuyo tenor reza:

“3. Honorarios presidencia ejecutiva

El Dr. Bernal dijo que es necesario llegar a un acuerdo sobre los honorarios que se le deben al Dr. Adolfo Pacheco como presidente ejecutivo de la federación. (…).

El Dr. Pacheco explicó la situación, comentando que en vista de que no se habían surtido los elementos por las partes para el pago de salarios, se podría llegar a un acuerdo de conciliación por los servicios pactados.

El consejo directivo determinó autorizar a los señores Germán Bernal Gutiérrez, Alfonso Medellín Duarte y a la Sra. Luz Marina Riveros R., para que a nombre de la federación suscriba el acuerdo de conciliación por el valor de setenta y ocho millones de pesos ($ 78.000.000) con el Dr. Adolfo Pacheco Hernández, con ocasión del contrato de prestación de servicios celebrado con el mismo, el día 8 de marzo del 2000” (fl. 69).

Se dice lo anterior, pues en la precitada documental el presidente del consejo directivo se refiere a la figura de los honorarios y el demandante al pago por salarios, conceptos disimiles, en tal virtud, dicha prueba no permite establecer con certeza si lo percibido por el demandante obedeció a un contrato de prestación de servicios o a un salario como retribución del servicio.

Igualmente, precisa la Sala, que lo plasmado en las mencionadas actas no logra derruir la conclusión del ad quem, frente a la ausencia del elemento subordinación en el sub judice.

Sobre el Acta Nº 64 del consejo directivo de Fedesmeraldas, el juez colegiado manifestó que, “en la que se advierte la renuncia del accionante a su cargo de presidente ejecutivo, el 28 de noviembre de 2002” (fl. 290) y, “pues de dichas documentales se colige que el fenecimiento del vínculo contractual fue el 28 de noviembre de 2002 y no el 8 de marzo de 2002, como se afirmó en la demanda; además, se corrobora que dicho finiquito obedeció a la renuncia presentada por el demandante, y no a la decisión unilateral de la demandada, como alega el actor” (fl. 291), afirmaciones que están acordes con el texto del medio probatorio.

Del mismo modo, observa la Sala, que de la anterior acta no es dable determinar la naturaleza del vínculo que existió entre las partes, en tal virtud, dicha prueba no cambia las resultas del proceso.

En relación con el interrogatorio de parte del actor también debe decirse que no es prueba calificada, porque, solo lo sería en cuanto a las situaciones adversas, esto es cuando se configura confesión, lo que no puede predicarse de las afirmaciones que hizo el interrogado a su favor.

Cabe recordar, que la prueba de interrogatorio de parte tiene como objetivo principal, la búsqueda de la confesión de la parte interrogada, razón por la que sólo pregunta la contraparte y, que las respuestas deban limitarse a lo preguntado. Tales razones hacen que el interrogado no puede alegar como prueba su propio dicho y, en tal sentido, no incurrió en error el tribunal al no dar por demostrado el contrato de trabajo con sustento en lo que el actor afirmó en su favor en el interrogatorio.

Situación diferente se predica, de las manifestaciones referidas a la ausencia de un horario fijo así como de los informes de gestión, que sirvieron de soporte a la decisión del juez colegiado para desvirtuar la subordinación, las cuales por ser adversas al demandante si contienen una confesión en los términos del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

De las funciones del presidente ejecutivo, establecidas en los estatutos de Fedesmeraldas, encuentra la Sala, que esta prueba no permite extraer de ella que entre las partes existió un vinculo laboral subordinado, pues las solas funciones, no son indicativas de la presencia de la subordinación, además, nada demuestran sobre la manera como se desarrolló en la realidad la relación de trabajo.

Sobre el reproche del recurrente, “si el doctor Pacheco Hernández debía informar su gestión únicamente al consejo directivo de Fedesmeraldas está reconociendo su subordinación (…)” (fl. 18), encuentra la Sala, que la circunstancia de que el actor informe su gestión al consejo directivo de Fedesmeraldas, no denota la subordinación que aduce la censura ni la existencia del contrato de trabajo.

En ese orden, no acredita la censura que el juzgador de segundo grado se haya equivocado al concluir que en este caso no se configuró el elemento de la subordinación necesario para que se estructure un contrato de trabajo.

Es más, la anterior conclusión a la que arribó el ad quem, soportada en el análisis conjunto de las pruebas, la cual no luce desacertada, se mantiene incólume por cuanto ninguno de los medios probatorios denunciados logra desvirtuar tal inferencia.

Así las cosas, encuentra la Sala que el tribunal valoró de manera razonada el caudal probatorio, de conformidad con la libre apreciación de las pruebas que consagra el artículo 61 del C. P. del T. y de la S.S., y por lo tanto no pudo incurrir en ninguno de los dislates fácticos que le atribuyó la acusación.

De igual forma, debe indicarse que en la demanda inicial el actor deprecó que se declarara la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, lo cual fue objeto de debate en las instancias, razón por la cual no le asiste razón al censor respecto del primer error de hecho.

Con el fin de establecer si el tribunal incurrió en los errores de hecho contenidos en los numerales 5º a 10, es necesario aludir a la sentencia de esta Sala del 11 de febrero de 1994, Radicación 6043, donde se sostuvo que el error evidente de hecho es aquel que “se presenta, según el caso cuando el sentenciador hace decir al medio probatorio algo que ostensiblemente no indica o le niega la evidencia que tiene, o cuando deja de apreciarlo, y por cualquiera de esos medios da por demostrado un hecho sin estarlo, o no lo da por demostrado estándolo, con incidencia de ese yerro en la ley sustancial que de ese modo resulta infringida”.

En ese orden de ideas, el juez colegiado no pudo incurrir en los errores de hecho contenidos en los precitados numerales, relacionados con que el actor no recibió suma alguna por concepto de salarios, primas de servicios, vacaciones, auxilio de cesantías y sus intereses, y que no se efectuó la consignación de sus cesantías, porque no se concluyó que existiere una relación laboral.

Así las cosas, valga acotar, que el error de hecho se ha considerado como la percepción equivocada de la existencia o inexistencia de un hecho, es decir, el que se produce por equivocación sobre si una cosa ha sucedido o no ha sucedido. Situación diferente es, como aquí acontece, que esa apreciación equivocada del hecho por falta de apreciación o errónea estimación de un medio de convicción, conduzca a concluir un estado o situación jurídica particular, como por ejemplo establecer la condición de deudor o de no obligado, aspectos que, son de la esencia de la forma como se define la litis.

Recapitulando, de acuerdo con las fundamentaciones esbozadas en precedencia, a juicio de la Corte, la conclusión del ad quem en modo alguno constituye un desatino fáctico evidente, ni mucho menos trascendente, como es el que se requiere para formular un cargo en el recurso extraordinario de casación laboral.

Esta corporación ha sostenido que es un deber de la Corte, en su condición de tribunal de casación y en todos los casos en que no se configure error de hecho manifiesto, respetar las apreciaciones razonadas, como la que tuvo el tribunal en este asunto, después de analizar las circunstancias del proceso.

Por lo demás, debe decirse que la prueba testimonial no es calificada en casación laboral para estructurar yerros fácticos, esta solo podría estudiarse en la medida que prospere cualquiera de los otros yerros que se denuncian, respecto a la prueba calificada, lo cual no ocurre en este proceso, por manera que, al no darse tal circunstancia, es irrelevante consideración alguna al respecto.

Acerca de la argumentación del recurrente sobre “Es la misma ley la que dispone que los empleados de manejo y confianza se encuentran excluidos de las normas sobre jornada máxima” (fl. 18), es un planteamiento que no podía hacerse por la vía indirecta por la que este orientó los cargos al ser este punto de índole jurídico.

Sin que sean necesarias otras consideraciones, los cargos no prosperan.

Sin costas en el recurso extraordinario, dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 11 de diciembre de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., dentro del juicio ordinario laboral seguido por Adolfo Pacheco Hernández contra la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia, Fedesmeraldas.

Sin costas en el recurso extraordinario, conforme se indica en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».