Sentencia 3960 de agosto 21 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

INVESTIGACIÓN TRIBUTARIA

TRATAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS

EXTRACTOS «La Administración de Impuestos Nacionales de Bogotá, ante la imposibilidad de efectuar visita contable al contribuyente, en razón de la no exhibición de libros, tomó como ingresos constitutivos de renta el monto de las consignaciones efectuadas en los bancos Popular y Cafetero y los adicionó a la renta declarada por él.

Es decir utilizó el llamado "método bancario" cuya utilización reiteradamente ha sido censurada por esta corporación desde el año de 1984, porque si bien es cierto que la ley autoriza a la Administración de Impuestos para realizar todas las investigaciones tendientes a la fiscalización y determinación del tributo, y para el efecto puede utilizar métodos directos o indirectos, tal facultad queda limitada por una parte por la norma que le enseña que:

"La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan probados en el respectivo expediente, por los medios de pruebas señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con aquellos" (subraya la Sala).

Norma de la cual se infiere que, para que un depósito bancario pueda adicionarse a la renta necesariamente exige que no quede duda, en primer lugar de que pertenece al contribuyente y en segundo lugar de que se trata de un ingreso capaz de producir incremento neto del patrimonio y que tales hechos deben estar plenamente probados.

No puede de la simple existencia de unas consignaciones en cuenta corriente inferirse válidamente que constituyen ingreso, porque tal consecuencia no la permite la ley.

Si bien los depósitos pueden constituir un indicio de un mayor ingreso, tal hecho no es suficiente ni puede tomarse como plena prueba del ingreso, menos aún cuando el mismo contribuyente repetidamente informa que no tiene dicho atributo pues no constituyen un enriquecimiento, que es lo que les imprime el carácter de renta.

Por otra parte tampoco puede desconocer el sistema ordinario de depuración de los ingresos establecidos en el artículo 15 del Decreto 2053 de 1974, para tomar como ingreso fiscal "susceptible de gravamen", el valor de las sumas consignadas por conceptos que ni siquiera la administración investigó a través de los giradores de los títulos valores consignados, ni con cruces de terceros.

El simple hecho de las consignaciones bancarias, sólo permite deducir que a una cuenta corriente han ingresado valores, pero no autoriza para deducir la naturaleza de las sumas consignadas, ni el concepto de las mismas.

Precisamente por no poder inferirse de ellas que sean constitutivas de mayor ingreso, y atendiendo a la incertidumbre y limitación al derecho de defensa, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 5 de mayo de 1988, declaró inconstitucional el artículo 78 del Decreto 2503 de 1987 que pretendió convertir en indicio grave de ingreso gravable, las consignaciones, depósitos y en general abonos en cuenta corriente o de ahorros al considerar que:

"La inversión injusta de la carga de la prueba es manifiesta en el proceso sometido a examen de la Corte mientras no se pueda tener como "indicio grave" tal o cual movimiento bancario, el Estado debe probar que las consignaciones o depósitos, corresponden verdaderamente a ingresos gravables. Pero una vez que una norma legal los tiene por tales, anticipa la demostración de omisión de ingresos y el contribuyente debe evidenciar lo contrario".

En consecuencia, si bien es cierto que las consignaciones constituyen un principio de partida para la investigación tributaria, con el fin de que complementada con la pruebas consagradas por la ley permitan a la administración probar que dichas consignaciones sí son ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio del contribuyente, ni son la prueba misma, ni constituyen conclusión del hecho.

Tampoco de la respuesta dada por el contribuyente al requerimiento puede inferirse que constituya una confesión pues en ningún momento ha admitido que los valores consignados constituyan ingreso fiscal y por la otra, para controvertir precisamente a la administración, presenta pruebas que ésta desconoce.

De otra parte si bien es cierto que la no presentación de los libros de contabilidad constituye indicio en contra del contribuyente, como lo precisa la apoderada judicial de la Nación, tal hecho en primer lugar no constituye un indicio necesario que sumado a depósitos bancarios, permita inferir que por dicha circunstancia quede plenamente probado el carácter de ingreso fiscal de las consignaciones en entidades financieras o bancarias, y en segundo lugar porque los efectos, están previstos en la misma norma, y son el desconocimiento de costos, deducciones y pasivos, salvo que se acrediten plenamente.

Es cierto como afirma la apoderada de la Nación, que no existe norma que prohíba expresamente la utilización del método bancario, pero al funcionario público conforme lo enseña la Carta Política, sólo le está permitido hacer aquello que la ley le faculta, mientras que los particulares pueden realizar todo lo que no esté prohibido en la ley. Y no existe ley que faculte a la administración para inferir válidamente que los depósitos bancarios constituyen ingreso fiscal».

(Sentencia de agosto 21 de 1992. Expediente 3960. Consejero Ponente: Dr. Guillermo Chahín Lizcano).

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