Sentencia 39601 de febrero 21 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39601

Magistrados Ponentes:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Acta Nº 4

Bogotá D.C., veintiuno de febrero de dos mil doce.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

La disconformidad de la censura con el fallo fustigado estriba, en estricto rigor, en que el tribunal incurrió en desacierto al determinar que la acción de reintegro prescribía en el término de tres años, sin parar mientes en que el convenio colectivo establece un término de un año, a pesar de que el trabajador oficial legalmente no tiene derecho a reintegro.

De manera que del anterior reproche, emerge para la Corte el siguiente problema jurídico: ¿viola la ley sustancial en forma directa, en las modalidades de aplicación indebida o interpretación errónea, la sentencia de segundo grado que no reconoce relevancia a una cláusula convencional, aplicable a un trabajador oficial, que establece un término prescriptivo extralegal de un año para instaurar la acción de reintegro, y en su lugar aplica los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es decir, la prescripción trianual de estirpe legal, aduciendo que estas últimas normas son de imperativo cumplimiento, pues se refieren a una materia no sujeta a disposición o arbitrio de las partes, por ser de orden público?

Para esta Corporación, la respuesta es negativa.

Con el fin de explicar la respuesta en precedencia, la Sala formulará varias consideraciones generales con respecto a la prescripción en materia laboral. Posteriormente, con base en ellas, examinará los cargos formulados por la censura en el caso concreto objeto del recurso extraordinario.

A. Sobre la prescripción en materias laborales.

1) El artículo 13 del Código Sustantivo del Trabajo afirma: “Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este código contienen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto alguno cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo” (El resaltado es de la Sala).

Por su parte, el artículo 488 del mismo estatuto preceptúa: “Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto” (se resalta).

En los citados preceptos legales y en ciertos principios constitucionales (como los contenidos en la C.P., art. 53, entre otros), se encuentra el substrato normativo del llamado “orden público laboral”. Así, el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo dispone: “Carácter de orden público. Irrenunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y, por consiguiente, los derechos y prerrogativas que ellas conceden son irrenunciables, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley” (se resalta).

El “orden público” en general es un tópico, más que un concepto determinado, que refiere a las normas necesarias para la convivencia y el disfrute efectivo de los derechos dentro del estado. A su vez, el orden público laboral está conformado por normas (reglas y principios) constitucionales y legales imperativas y coercitivas, que rigen necesariamente en el ámbito de las relaciones de trabajo. Este concepto constituye, entonces, una limitante al principio de la libertad contractual, pues se configura por preceptos que el Estado ha erigido como guardianes de principios vitales de la sociedad, no renunciables ni susceptibles de ser modificados o derogados por las partes, salvo —como lo afirma la norma últimamente citada— “los casos expresamente exceptuados por la ley”, so pena de ineficacia. En lo atinente al derecho laboral, las normas de orden público establecen aquellos derechos mínimos que limitan la autonomía de la voluntad de empleadores y trabajadores, pues, dentro del espíritu eminentemente tuitivo del derecho laboral, protegen prevalentemente a estos. Vulneraría el orden público laboral, por ejemplo, la estipulación de jornadas superiores a la legal, o la renuncia a devengar recargos nocturnos o por trabajo en días de descanso obligatorio, salvo las excepciones legalmente consagradas.

Puestas en ese escenario las cosas, brota espontánea una primera conclusión: dado que las disposiciones que regulan el fenómeno deletéreo de la prescripción son normas de carácter imperativo, no es dable modificar los límites temporales por consenso de las partes —empleadores y trabajadores.

2) El artículo 2514 del Código Civil, se refiere a la renuncia de la prescripción. Esta Corte ha enseñado que “la ampliación del término [legal] de prescripción equivale a una renuncia anticipada de la misma, lo que no está permitido de acuerdo con el artículo 2514 del Código Civil, pues la prescripción solo puede ser renunciada después de cumplida. Se trata de una prohibición de orden público que ni aun en las convenciones colectivas, so pretexto de ser más favorable para el trabajador, puede eliminarse(1)”. Sea esta la oportunidad para que la Sala reitere esta doctrina, agregando que la dinámica de las relaciones laborales —cuyo énfasis es social más que patrimonial— exige prescripciones cortas, para lograr la inmediatez que favorece al trabajador. El derecho comparado y la historia del propio derecho del trabajo en Colombia, se encargan de confirmar esta característica(2). Las prescripciones largas en materias sociales, a pesar de que, en un primer análisis, pudieran ser consideradas como más favorables al trabajador, no terminan compaginando, en principio, con otro valor, la seguridad jurídica, que es de interés general y prevalente (C.P., art. 1º) en el Estado social de derecho. Además, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, “una prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a trabajadores la tenencia o conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio(3)”.

En sentencia proferida por el extinguido Tribunal Supremo del Trabajo, el 31 de octubre de 1950, se explicó lo siguiente:

“El orden público y la paz social están interesados en la consolidación de las situaciones adquiridas. Cuando el titular de un derecho ha estado demasiado tiempo sin ejercitarlo, debe presumirse que su derecho se ha extinguido. La prescripción que interviene entonces evitará pleitos cuya solución será muy difícil en virtud del hecho mismo de que el derecho invocado se remonta a una fecha muy lejana”.

Los tratadistas advierten que aun cuando por principio el derecho de trabajo no contiene prescripciones de largo tiempo como las ordinarias del derecho común, sino que se ha orientado por las de corto tiempo, en busca de una pronta eficacia de los derechos del trabajador, la razón aducida para las de largo tiempo es equivalente para las de corto, por cuanto evidencian la falta de un interés directo, más aún cuando se trata de un interés de tipo laboral que, por esencia, es inmediato”.

Y en fallo de 17 de junio de 1987, Radicación 1103, la Corte razonó:

“La generosidad del empresario para beneficiar a sus trabajadores no puede llegar hasta el extremo de establecer una ‘prescripción convencional’, más amplia que la fijada por la ley, desde luego que es privativo del legislador determinar en qué plazo se extinguen las acciones o se adquieren los derechos ajenos por el decurso del tiempo sin un reclamo de su prístino titular, porque en ese fenómeno de la prescripción están involucrados el sosiego colectivo y la seguridad jurídica de las gentes, bases primarias del orden público social, que no permite la subsistencia indefinida de situaciones propensas al litigio, sino que debe llegar un momento, predeterminado por la ley, en que aquellas situaciones se consoliden definitivamente en favor de un titular cierto, el beneficiario de la prescripción”.

Por las anteriores razones, no pueden ser válidas las estipulaciones que consagran periodos de prescripción superiores a los estatuidos en la ley, aun cuando se refieran a derechos o beneficios extralegales. El orden público laboral, se reitera, exige periodos relativamente cortos de prescripción. De ahí que los establecidos por la ley constituyan, no solamente lapsos necesarios y no negociables dentro de los cuales deben reclamarse los derechos mínimos (legales), sino también un tope temporal máximo dentro del cual deben exigirse los derechos de índole extralegal.

3) Cuando en la convención o pacto colectivo de trabajo que estipulen derechos extralegales, no se consagre expresamente el término de prescripción para reclamarlos, debe acudirse, sin embargo a lo señalado en los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 41 del Decreto 3135 de 1968, reglamentado por el 102 del Decreto 1848 de 1969 (tres años).

B. El asunto bajo examen.

Dado que los cargos se dirigen por el sendero de puro derecho, no existe discusión en torno a los siguientes supuestos fácticos, debidamente acreditados en el plenario: (i) que el demandante laboró para la demandada desde el 10 de febrero de 1992 hasta el 8 de julio de 2002, fecha en la cual le fue terminado el contrato de trabajo sin que mediara justa causa; (ii) que el actor fue trabajador oficial; (iii) que el promotor del proceso presentó reclamación administrativa ante la entidad accionada el 4 de marzo de 2003; (iv) que no obra en el expediente respuesta a la reclamación administrativa; (v) que el artículo 146 de la convención colectiva de trabajo (1999-2000), dispuso que “el incumplimiento por parte de Emcali EICE - ESP de algunos de los procedimientos y requisitos establecidos para pedir o sancionar invalidará el despido o la sanción respectiva y en consecuencia el trabajador deberá ser reintegrado por Emcali EICE - ESP quien deberá pagarle los salarios y las prestaciones sociales correspondientes al tiempo cesante, el cual se computará como servido para efectos de aquellas prestaciones que se causen por razón del tiempo”; (vi) que el parágrafo 2º, ibídem, estatuye que “la acción de reintegro deberá ser ejercida ante la jurisdicción ordinaria laboral dentro del año siguiente a la fecha del despido, vencido este término dicha acción prescribirá”, y (vii) que la demanda fue presentada el 25 de julio de 2003.

Bajo las anteriores premisas, en ningún desaguisado jurídico incurrió el tribunal al desatar la controversia sometida a su escrutinio, pues era en perspectiva a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que son normas de orden público e imperativo cumplimiento, que consagran una prescripción trianual, a la luz de las cuales se tenía que analizar el fenómeno de la prescripción para el caso objeto de estudio, como en efecto se hizo, dado que, como se anotó, el término de prescripción de un año pactado en convención colectiva de trabajo no produce efecto alguno.

Por lo expuesto los cargos fracasan.

Sin costas, por cuanto no hubo oposición.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, en descongestión, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Óscar Granada Moreno contra Empresas Municipales de Cali —Emcali— EICE – ESP.

Sin costas.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese.

Magistrados: Carlos Ernesto Molina Monsalve—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Francisco Javier Ricaurte Gómez—Camilo Tarquino Gallego.

(1) Sentencia de 8 de agosto de 1983, Radicación 8641, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

(2) Antes de 1951, cuando fue expedido el actual Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 2543 del Código Civil instauró una prescripción de dos años para “la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos, por el precio de los artículos que despachan al menudeo” y “La de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc.”. La Ley 57 de 1915 (art. 17) la fijó en un año para reclamar la reparación por accidentes de trabajo. La Ley 203 de 1938, artículo 7º, señaló que los auxilios por muerte, enfermedad o cesantía, prescribían en cinco años. La Ley 165 de 1941 (art. 4º), indicó que las acciones para reclamar salarios prescribían en cuatro años, término que el Decreto 2350 de 1944 (art. 37) redujo a un año. En el sector oficial, antes de la expedición de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, la Ley 1054 de 1938 (art. 9º), instituyó en dos años la prescripción para reclamar el derecho a las vacaciones, como el del salario, y el artículo 5º del Decreto 484 de 1944 consagró una prescripción de cuatro años en relación con el salario, prestaciones por accidente de trabajo y vacaciones.

(3) Sentencia del 16 de noviembre de 2010, C-916, Corte Constitucional.