Sentencia 39609 de febrero 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 39609

Acta 4

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruíz

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: « IV. Consideraciones

Sea lo primero precisar que, si bien el alcance de la impugnación, en los términos en que fue redactado, no es justamente un modelo a seguir, en interpretación de la demanda, la Sala entiende que el interés del recurrente es que se case la sentencia del tribunal, para que, en sede de instancia, revoque la sentencia absolutoria del a quo y se acceda a las pretensiones de la demanda.

El ad quem negó las pretensiones solicitadas con fundamento en el supuesto despido injusto sufrido por el actor estando protegido por el fuero circunstancial derivado de la negociación colectiva, por considerar que la calificación de grave de la violación de las obligaciones y prohibiciones que configuran la justa causa prevista en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo debía ser realizada por quien aplique la norma y, a su juicio, “la a quo no erró al calificar la causa alegada como grave”; amén de que, en su criterio, así el trabajador estuviera protegido por el fuero circunstancial, al ocurrir la justa causa, sí era posible que la empresa hiciera uso de la terminación motivada del contrato, como lo dispone el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. Por tanto, al encontrar probada la justa causa de despido del actor, le negó las pretensiones sin más análisis, por estimar innecesario, por sustracción de materia, el estudio de lo referente al fuero circunstancial.

La censura comienza por enrostrarle al tribunal el no dar por demostrado, estándolo, que el actor no cometió los hechos que se le atribuyen en la carta de despido. Más adelante, puntualiza su queja, diciendo que el ad quem se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que los cables hallados tirados en las instalaciones de la empresa fueron conectados a la red de funcionamiento de la planta; y en no dar por demostrado, a pesar de estarlo, que, en la carta de desvinculación laboral del actor, por ninguna parte se menciona o se hace alusión a los hechos que se recogen en el acta de descargos de fecha 6 de enero de 2005.

Antes de proceder al examen de si la censura tiene razón al formular los anteriores reparos de orden fáctico contra la sentencia, la Sala advierte que, si bien, en la formulación del cargo por la vía indirecta, el recurrente denuncia la “interpretación errónea” de las normas sustantivas allí relacionadas, en vez de acusar la aplicación indebida de estas, lo que sería apropiado conforme a las reglas que regulan la formulación del recurso de casación, esta Sala considera que dicho dislate no alcanza a restarle mérito al cargo para ser estudiado de fondo, pues, de los argumentos presentados en su demostración, se pueden extraer los elementos necesarios en un cargo por la vía indirecta, como son el señalamiento de los yerros fácticos supuestamente cometidos por el juzgador, junto con la indicación de las pruebas cuya valoración es objeto de crítica y la comparación de las deducciones derivadas de estas por el ad quem con las que, a juicio del recurrente, debió tomar y no lo hizo. Así pues, se procede a estudiar el cargo, bajo el entendido que de darse los yerros fácticos señalados por el censor, la violación de las normas acusadas no pudo ser otra distinta que la aplicación indebida.

Para el ad quem, las pruebas documentales obrantes en el expediente le indicaron el hecho de que la empresa Parmalat “utilizó” la energía eléctrica producida en la planta de Coolechera, por permitírselo el jefe de planta, esto es, el demandante; que si bien no estaba dentro de las funciones del extrabajador el hacer una vigilancia específica de todo cuanto ocurriera en la planta, como su representante, él sí debía procurar estar al tanto directamente o a través de sus empleados de los asuntos propios de la planta a su cargo, mucho más si se trataba de hechos prohibidos y cuando ya había sido avisado, según su dicho, de lo que se podía presentar al ser consultado por el contratista de Parmalat; además que estaba demostrada la comunicación de sus superiores de lo ocurrido y la orden expresa de estos de no permitir la instalación del cable, pese a ello, el día de la auditoría todavía se encontraban “los cables instalados”. (Destaca esta Sala).

Conviene precisar ahora que, al referirse el ad quem a las pruebas documentales en general, indica que él examinó todas la que obraban en el expediente de esta naturaleza, por lo que hizo bien el censor al quejarse de la errada apreciación no solo de las fotos de los cables de folios 105 a 122, del acta de descargos del 6 de enero de 2005 (fls. 156 a 158), a las que hizo expresa mención el juzgador de segundo grado, sino también de la carta de despido.

La censura se duele de que, en la carta de despido, no aparece en parte alguna referencia al acta de descargos de fecha 6 de enero, por malos manejos en la compra de leche (fl. 156); que los hechos a los que se refiere la carta de despido se contraen al mes de mayo de 2005.

Ciertamente, como lo dice el recurrente, según la carta de despido visible a folios 66 y 67 del plenario, el motivo del despido no guarda relación alguna con hechos referentes al acta de descargos de fecha 6 de enero de 2005, pues allí nada se le recriminó sobre malos manejos en la compra de leche.

En la mencionada carta de despido, de fecha 1º de junio de 2005, la empresa le reprocha al actor lo siguiente:

“En visita de auditoría del 25 de mayo de 2005 este departamento encontró que usted estaba incumpliendo gravemente sus obligaciones laborales como jefe de planta de Fundación, al permitir que la empresa vecina y competencia nuestra, Parmalat, conectara sus cables de energía en la planta de Coolechera sin ninguna autorización, y lo peor contradiciendo la orden de su jefe inmediato, Luz Pallares, quien expresamente le manifestó que los contratistas de Parmalat no estaban autorizados para tomar energía de la Laguna de oxidación de la planta que usted tiene a cargo, tal como usted mismo lo reconoce en acta de descargos que se practicó el día 27 de mayo de 2005. (Destaca esta Sala).

Como corolario, encontramos que usted no hizo ninguna actuación tendiente a impedir que utilizaran indebidamente los bienes de la cooperativa, ni siquiera le dio aviso a sus superiores para que tomaran las acciones del caso, por el contrario, fue totalmente pasivo ante la irregularidad que claramente conocía desde el día 23 de mayo y que el 25 de mayo todavía se presentaba, tal como lo detectó el departamento de auditoría en inspección sorpresiva que se practicó en esa última fecha.

A usted se le llamó a descargos el día 27 de mayo de 2005, sin que justificara sus comportamientos reprochables, todo lo contrario sus respuestas demuestran que está comprometida su responsabilidad laboral”. (Negrillas de esta Sala)

De acuerdo con la citada comunicación de finalización del contrato, la empresa le reprocha al extrabajador el haber permitido que la empresa Parmalat conectara sus cables de energía a la planta de la empresa, sin ninguna autorización y, peor aún, “...contradiciendo la orden de su jefe inmediato, Luz Pallares, quien expresamente le manifestó que los contratistas de Parmalat no estaban autorizados para tomar energía de la Laguna de Oxidación de la Planta que Usted tiene a cargo, tal como usted mismo lo reconoce en acta de descargos que se practicó el día 27 de mayo de 2005...”.

Por tanto, según el texto de la misiva de despido que se acaba de trascribir, no tenía porque el ad quem aludir al acta de descargos de fecha 6 de enero de 2005 por malos manejos en la compra de leche, para efectos de verificar la ocurrencia de los hechos que sirvieron de fundamento al despido. Sin embargo, como el ad quem también basó su conclusión en el contenido del acta de comentarios de folio 59, del acta de descargos de folio 61 y en las imágenes de las fotos de los cables de folios 105 y ss., de las que, igualmente, su valoración ha sido cuestionada por la censura, lo que sigue es examinar si las restantes reflexiones del ad quem sobre la comprobación de la justa causa concuerdan con las documentales señaladas como mal apreciadas.

Para el impugnante, el tribunal se equivocó al dar por demostrado, sin estarlo, que los cables hallados tirados en las instalaciones de Coolechera en Fundación fueron conectados a la red de la planta y que la empresa Parmalat se sirvió de la energía de la demandada, pues tales pruebas solo indican que los cables se encontraban en el lugar, sin conexión, por lo que, si no hubo conexión, la empresa Parmalat no pudo usar energía de la planta de Coolechera, como, sin razón, lo alegó la empresa en contra del extrabajador para despedirlo.

Según el acta de comentarios de folios 59, de fecha 25 de mayo de 2005, elaborada el mismo día de la auditoría practicada, se desprende que el actor, en dicha oportunidad manifestó que, tan pronto, el contratista de Parmalat le preguntó si podía tomar energía de la planta de la empresa empleadora, él le respondió que se necesitaba la aprobación de los jefes directos de la administración en Barranquilla; que le comentó sobre la petición de Parmalat a su jefe inmediato, señora Pallares, quien le respondió con un rotundo no, lo cual se lo comentó a los contratistas y ellos respondieron que realizarían las gestiones a través de la gerencia de Barranquilla; al preguntársele “por qué instalaron los cables”, él respondió que el lunes, más o menos a las 2 y 30 de la tarde, cuando se marchó de la planta, los cables no estaban pegados, y que, en la mañana del martes, al pasar por el lugar, se dio cuenta que “...se encontraba el cable de energía tendido entre las instalaciones de Parmalat y la de Coolechera”. Y a la pregunta de si en algún momento ellos utilizaron energía de la empresa, él respondió que no sabía, porque al salir para la casa no observó un movimiento especial o extraño.

Conforme a la precitada documental, el actor no aceptó que hubiese dado autorización al contratista para conectarse a la energía de la empresa y, menos, que efectivamente se hubiese dado la mentada conexión de energía; únicamente admitió que, frente a la solicitud del contratista de la empresa vecina, él les dijo que se necesitaba autorización de los jefes, que le comentó a su jefe inmediato el asunto, quien le dio un no rotundo; entonces, él así se lo hizo saber al contratista; que él solo vio el cable tendido entre las instalaciones de Parmalat y Coolechera.

Del acta de descargos de fecha 27 de mayo de 2005 (fl. 61), en la cual sí participaron los miembros del sindicato, como lo dijo el tribunal, el actor repite que el día lunes, el contratista le preguntó si podía tomar energía de la laguna y él le respondió que de poder, sí se podía, pero con previa autorización de la administración de aquí de Barranquilla; que el martes 24 de mayo de 2004, cuando se dirigía hacia la planta, observó los cables que cruzaban la carretera Parmalat para Coolechera, de esto informó a su jefe cuando ella lo llamó, a lo que ella le había contestado “categóricamente” que no, lo que le fue manifestado inmediatamente al contratista de Parmalat, y ellos respondieron que harían las gestiones por la gerencia. Y a la pregunta de por qué no les dijo que retiraran el cable cuando su jefe le dio un categórico no, manifestó que “cuando yo les comenté que no ellos me comentaron que iban a gestionar eso directamente de la gerencia”. Aceptó que no quitó el cable, pues confió en su buena fe y que ellos lo quitarían; a la pregunta de si “eres consciente del daño que le hubiesen causado a Coolechera por estar ese cable ahí aun cuando NO estuviese pegado”, contestó que no; al final agregó que “los cables estaban tirados en el potrero y en ningún momento los vi conectados a la red y ninguno de los funcionarios de la planta lo vio, o sea pueden estar las escaleras, la cinta pero los cables solo estaban tirados en el potrero”.

Así pues, observa la Sala que, de esta prueba, tampoco se desprende que el extrabajador, en momento alguno, hubiese admitido que autorizó la conexión de los cables y que estos se hubiesen conectado, solo que los vio cruzando la carretera, tirados en el potrero, es más agregó que ninguno de la planta los vio conectados.

Por otra parte, las fotos de folios 105 al 122 aludidas por el ad quem tampoco muestran que los cables estaban conectados. Se tratan de fotos donde aparecen árboles, y, en varias de ellas, se ve un cable, pero no se ve conexión alguna. En la del folio 114, aparece una escalera recostada al poste, al parecer de luz, pero no se observa un cable conectado.

En este orden de ideas, no comparte esta Sala la conclusión del ad quem sobre que las documentales eran pruebas “...más que suficientes...” para acreditar el hecho de que la empresa Parmalat utilizó la energía eléctrica producida en la planta Coolechera, por habérselo permitido el actor. Si el actor no admitió que se hubiese dado la tantas veces mencionada conexión, con su anuencia, se requería de una prueba que así lo indicara, para poder arribar a la conclusión a la que llegó el tribunal; pero no fue así, porque, de las documentales a las que dedicó su estudio el ad quem, ni las fotos ya estudiadas cumplen este propósito; menos servían para ello el contrato de trabajo y el acta de descargos por malos manejos de la compra de leche, a las que, sin razón, también hizo referencia el ad quem para reforzar su dicho.

Es más, con solo ver las preguntas formuladas al actor en los descargos (fl. 63), verbigracia la de “cómo se enteró usted que los cables estaban puestos para conexión”; la de “el señor... Contreras encargado de limpiar la laguna de oxidación y permanece cerca de este lugar observó o le comentó a usted algo sobre la posible conexión que pensaba hacer Parmalat”; la que indagaba sobre si “el vigilante de la SOS le comunicó sobre el movimiento de la posible instalación de cables de Parmalat a Coolechera”; al igual que la pregunta de si “eres consciente del daño que le hubiesen causado a Coolechera por estar ese cable ahí aun cuando NO estuviese pegado”; se deduce que, en dicha oportunidad, a él no se le acusó de haber permitido o autorizado conexión alguna, o se le afirmó que hubo conexión de parte de Parmalat; lo que le indica a la Sala que, para ese momento, la empresa no daba por hecho de que se hubiese operado efectivamente la conexión. Por tal razón, no podía el ad quem, con base en el acta de comentarios ni en el acta de descargos, menos en las citadas fotos, en el contrato de trabajo, ni en un acta de descargos ajena al asunto, dar por probado que el actor sí dio el visto bueno para que la empresa Parmalat utilizara la energía eléctrica de Coolechera y el haberse esta servido de dicha energía, y enrostrarle que permitió un hecho expresamente prohibido por el empleador, sobre el que ya se le había avisado que no se autorizaba.

De lo anterior se sigue que tiene razón el recurrente cuando acusa al tribunal de haber dado por probado, sin estarlo, con base en prueba documental, que los cables hallados tirados en las instalaciones de Coolechera en Fundación fueron conectados a la red de funcionamiento de la planta.

El ad quem, al encontrar probada la justa causa de despido, estimó que estaba liberado, por sustracción de materia, de estudiar lo referente al fuero circunstancial, como también de examinar los testimonios recaudados, “pues con lo escrito hasta ahora es más que suficiente para desestimar lo apelado, reiterando lo expuesto párrafos arriba”. Así las cosas, el desatino fáctico del juez de segundo grado recién constatado por la Sala que deja sin piso la prueba de la justa causa de despido, por falta de acreditación de los hechos que la sustentan, es suficiente para desquiciar la sentencia acusada en lo que toca con las pretensiones con causa en la terminación unilateral e injustificada del contrato de trabajo por parte de la empresa.

No sobra precisar que, en razón a que lo que se derrumba con el análisis probatorio anterior es la prueba de los hechos constitutivos de la falta, de contera la premisa asentada por tribunal de que lo ocurrido se trató de una violación “grave” de las obligaciones y prohibiciones del trabajador correrá la misma suerte, pues al no haber hechos probados, no puede atribuirse violación de las obligaciones y prohibiciones, menos aún que esta fue grave.

En consecuencia, el primer cargo prospera. Y no se estudiará el segundo cargo debido a que sus argumentos estaban dirigidos a cuestionar la calificación de grave de la falta, aspecto este que también resulta infirmado al prosperar el primer cargo conforme a lo ya dicho.

Tampoco se estudia el tercero, por cuanto, con él, la censura acusa la falta de aplicación del artículo 64 reformado por el artículo 28 de la 789 de 2002, por tratarse el caso del sublite, a su juicio, de una terminación unilateral del contrato sin justa causa; esta premisa es precisamente lo contrario de lo que concluyó el tribunal, según lo visto atrás. Por tal razón, si para el ad quem los hechos constitutivos de la justa de despido se probaron, era consecuencial que no aplicara dicha norma.

Ahora bien, como prosperó el cargo formulado por la vía indirecta, será en instancia que se resuelva sobre la suerte de las pretensiones respectivas y se estudiará la existencia del fuero circunstancial, también tema planteado en el tercer cargo y que no fue examinado por el ad quem en razón de haber dado por probada la justa causa.

Por tanto, se casará parcialmente la sentencia en cuanto negó las pretensiones derivadas del despido injusto alegado por el actor.

Fallo de instancia

Con fundamento en el despido injusto, se solicita:

“Condenar a Coolechera, al reintegro del trabajador por haberlo despedido injustamente estando vigente el conflicto colectivo, Y/O subsidiariamente al pago de la indemnización extralegal por despido injusto a que tiene derecho como beneficiario de la convención colectiva vigente, además de todos los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de cancelar durante todo el tiempo que dure por fuera de la empresa..., incluyendo las obligaciones contempladas en el sistema de seguridad social, subsidio familiar junto con sus respectivos ajustes salariales”.

Se aclara previamente que si bien la redacción de la pretensión no es muy afortunada, la Sala entiende que, principalmente, se está reclamando el reintegro junto con los salarios, prestaciones sociales legales y extralegales dejadas de cancelar durante todo el tiempo que dure por fuera de la empresa, más las obligaciones previstas en el sistema de seguridad social y el subsidio familiar. Y, subsidiariamente, la indemnización convencional por despido.

La parte actora formula recurso de apelación por considerar que, contrario a lo dicho en la carta de despido, el trabajador nunca autorizó al contratista Parmalat, en contravención de la orden del superior, la extensión y conexión de las redes, como se desprende del análisis del material probatorio arrimado al proceso, según él.

El a quo negó la condena por reintegro al considerar que fueron probados los hechos constitutivos de la falta registrados en la carta de retiro. Conclusión que no es compartida por esta Sala por las razones que seguidamente se exponen:

Para el juez de primera instancia, los hechos que motivaron el despido lo fueron el “El incumplimiento grave de las obligaciones laborales como jefe de planta de Fundación, al permitir que la empresa vecina ‘Parmalat’, conectara sus cables de energía en la planta Coolechera sin ninguna autorización y contradiciendo la orden de su jefe inmediato, por consiguiente incurrió en una utilización indebida de los bienes de la empresa” (Negrillas de esta Sala). Lo cual, ciertamente, concuerda con el contenido de la carta de despido, y, además, contradice lo alegado por la demandada en la contestación del hecho décimo quinto del libelo (fl. 93), sobre que “...la conducta que justifica la terminación del contrato, no es precisamente que hubiese habido efectivamente una conexión fraudulenta por parte del contratista de Parmalat o una pérdida a la cooperativa, sino que nuestro jefe de planta, haya negligentemente permitido, por lo menos, que tal conducta se intentara llevar a cabo o que no haya realizado ninguna actuación que impidiera la utilización indebida de los bienes de nuestra cooperativa”.

Frente a la actitud procesal de la defensa basta señalar que, conforme al parágrafo del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, “la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos”. Así las cosas, para efectos de comprobar la justicia del despido, la constatación ha de versar sobre los hechos contenidos únicamente en la misiva de despido y no, otros.

Siguiendo este derrotero, para más precisión, se cita nuevamente el texto de la carta de despido:

“En visita de auditoría del 25 de mayo de 2005 este departamento encontró que usted estaba incumpliendo gravemente sus obligaciones laborales como jefe de planta de Fundación, al permitir que la empresa vecina y competencia nuestra, Parmalat, conectara sus cables de energía en la planta de Coolechera sin ninguna autorización, y lo peor contradiciendo la orden de su jefe inmediato, Luz Pallares, quien expresamente le manifestó que los contratistas de Parmalat no estaban autorizados para tomar energía de la Laguna de Oxidación de la planta que usted tiene a cargo, tal como usted mismo lo reconoce en acta de descargos que se practicó el día 27 de mayo de 2005. (Negrillas de la Sala).

Como corolario, encontramos que usted no hizo ninguna actuación tendiente a impedir que utilizaran indebidamente los bienes de la cooperativa, ni siquiera le dio aviso a sus superiores para que tomaran las acciones del caso, por el contrario, fue totalmente pasivo ante la irregularidad que claramente conocía desde el día 23 de mayo y que el 25 de mayo todavía se presentaba, tal como lo detectó el departamento de auditoría en inspección sorpresiva que se practicó en esa última fecha.

A usted se le llamó a descargos el día 27 de mayo de 2005, sin que justificara sus comportamientos reprochables, todo lo contrario sus respuestas demuestran que está comprometida su responsabilidad laboral”. (Negrillas de la Sala).

Entonces, se hace hincapié que, en la carta de despido, la empresa acusó al actor de incumplir gravemente sus obligaciones laborales como jefe de planta de Fundación, al permitir que la empresa vecina conectara sus cables de energía en la planta de Coolechera sin ninguna autorización, y lo que era peor, según ella, que lo hizo contradiciendo la orden de su jefe inmediato.

Entonces, según los hechos motivos del despido anotados, era determinante que la empresa probara que, efectivamente, hubo la conexión de la fuente de energía de Coolechera por parte de Parmalat.

Ya se dijo, en sede casación, que la prueba documental no indicaba que, ciertamente, el extrabajador autorizó a Parmalat para que se conectara a la fuente de energía de la planta de Coolechera, y menos que efectivamente la conexión se hizo.

Las pruebas testimoniales tampoco arrojan una conclusión diferente.

A folios 337 y siguientes, obra la versión rendida bajo juramento del contratista de la empresa Parmalat, señor Beltrán Palacín, de la cual se desprende que, para la construcción de un centro de acopio de la citada empresa, se dirigió a la empresa de servicios públicos del municipio a solicitar la respectiva conexión de energía y agua potable, allí le dijeron que, en cuanto a la energía, la línea existente era de propiedad de Coolechera y, por lo tanto, debía solicitar el permiso ante ella, razón por la cual se dirigió al centro de acopio de Coolechera, donde lo atendió el señor Barraza (el demandante), que ante su solicitud le manifestó que eso debía tramitarlo directamente con la gerencia de Barranquilla; como esto no estaba dentro de sus funciones, habló con la empresa Parmalat y ellos se comprometieron a tramitar el permiso de gerencia a gerencia; inclusive le manifestaron que contara con eso, porque ellos le habían hecho favores a Coolechera; entonces, él procedió a conectar los cables desde el lote de Parmalat, salvaguardándolos de la vía, por lo alto, a través de unos árboles que se encontraban allí, para adelantar la instalación a petición del soldador, en espera de la orden de conexión; cuando el señor Barraza le manifestó, posteriormente, que de Barranquilla le habían manifestado que bajo ninguna circunstancia se podía hacer uso de la energía, se procedió a retirar los cables; aclaró que nunca estuvieron los cables conectados a la energía de Coolechera. A la pregunta de quién era la escalera que aparecía en la foto, en la torre de energía, no dio respuesta, y repitió que ellos solo se limitaron a extender los cables dentro del predio de Coolechera a ras de tierra.

Seguidamente se encuentra la declaración del señor Martínez Zambrano, vigilante del turno de la noche, quien dijo que, cuando llegó a la empresa a las 5 y 45 de la tarde, y venía por la carretera principal de Valledupar a Fundación, él se dio cuenta de un cable negro tirado que pasaba de Parmalat hacia Coolechera y terminaba en la cerca, no cogía para la acometida donde estaba la luz de Coolechera; de esto informó al señor Sánchez, quien le respondió que ya los gerentes de ambas empresas estaban enterados porque el señor Barraza (el demandante) había comunicado a su jefe, la señora Pallares, de esa anomalía, y que estaban esperando si autorizaban la conexión o no; que el vigilante del turno anterior le dijo que él no había visto los cables cuando pasó en la mañana, que si los habían colocado tuvo que ser en las horas de la tarde, que ese día el actor salió del trabajo antes que él llegara.

El actor, en el interrogatorio de parte, fue enfático en reiterar que “...los cables nunca estuvieron conectados a la empresa...”, que los cables estaban tirados en el potrero y que esos cables tirados no le hacían daño a la empresa, por lo que no los retiró y optó por dejar los rollos ahí en espera a que la empresa decidiera y le diera a él apoyo, folio 394 bis.

A folio 419, está la versión del señor Estrada Mendoza, trabajador de la empresa en la misma planta donde laboraba el actor para la fecha de la terminación del contrato, quien sobre los hechos referentes al despido del demandante dijo “No había luz ni conexión alguna, como lo dije anteriormente los cables estaban en los predios de Coolechera, pero no estaban conectados a ninguna de las redes allá...”, lo cual confirma que no hubo conexión.

A folio 429, está la declaración del contador Pizarro De La Hoz, quien fue uno de las personas que hizo la auditoría en el lugar de los hechos. Dijo que a ellos les informaron que a la empresa le estaban robando energía eléctrica, entonces se desplazaron al centro de acopio para verificar dicha queja “y, efectivamente, el día en que llegamos encontramos dos cables que salían de la planta en construcción de Parmalat al poste de la laguna de oxidación... se llamó al señor... Barraza y le preguntamos que por que (sic) permitió él eso, y el manifestó que eso lo pusieron en las horas de la noche cuando él no se encontraba y que le había solicitado a su jefe inmediato... si daba permiso para eso, sin embargo pese a que esta no dio el permiso se pegaron al poste, cuando llegamos había una escalera sobre el poste y habían desconectado los cables, allí se levantó un acta al señor Freddy y se le manifestó los inconvenientes que podrían presentar laboralmente por este suceso, el señor fue llamado a descargos a la jefatura de personal y de allí tomaron la decisión de desvincularlo debido a que él no tenía autonomía para regalar la energía eléctrica”; a la pregunta de “...cómo encontró el lugar donde ocurrieron los hechos, que objetos ajenos a la empresa habían en ese momento”, contestó “...la escalera estaba sobre el poste y los cables que estaban tendidos en el suelo y la cinta aislante de electricidad en señal de que fueron despegados esos elementos que eran de la compañía Parmalat o de los contratistas que estaba trabajando allá, en ese momento la planta de Parmalat estaba siendo construida”; a la petición de que manifestara si, cuando ellos llegaron, el actor se encontraba en la planta y qué les manifestó en ese momento, respondió “Como ya nosotros habíamos visto los cables tendidos, nos acercamos a la oficina del centro de acopio de Coolechera... y le solicitamos al señor... Barraza que nos acompañara a la laguna de oxidación, él nos acompañó y le tomamos fotos a donde estaba sitiado la escalera, el poste y los cables, el señor... Barraza cuando le preguntamos que por qué había aceptado que se tomara energía de Coolechera el manifestó de que ellos habían solicitado el permiso y que él le había dicho como dije anteriormente a la doctora... Payares si ella lo daba, sin embargo él se fue y en la mañana cuando llegó encontró los cables, pero pese a eso él debió ordenar el retiro de dichos cables de manera inmediata y no lo hizo”.

Respecto a esta versión, observa la Sala que, cuando llegaron los señores de auditoría, directamente, al lugar de los hechos, sin avisar al actor, los cables no estaban conectados, pues estaban tendidos en el suelo según el propio dicho del testigo. El contador supone que por encontrarse una escalera y una cinta aislante, se acababa de desconectar el cable, pero, a decir verdad, esto es una conjetura del declarante que no merece respaldo por cuanto no proviene de un experto en electricidad, amén de que no se necesita de mucho conocimiento técnico para descalificarla, pues una cinta aislante no es prueba inequívoca de que un cable de alta tensión haya estado conectado a la fuente de energía.

La prenombrada prueba, antes de acreditar la conexión de energía, meollo del asunto, solo indica que, cuando se realizó la auditoría, no estaban los cables conectados, deducción que concuerda con la versión de los testigos y la declaración del actor ya examinados.

La declaración de la señora Pallares (fls. 431 y ss.), jefe inmediato del demandante, tampoco cambia la versión de que los cables no estuvieron conectados. Ella confirma lo dicho por el actor, de que él le había pedido autorización para darle energía eléctrica a Parmalat, quien estaba construyendo un centro de acopio, a lo que ella le respondió que no. Dice que recibió una llamada donde le informaban que la empresa le estaba facilitando luz a Parmalat porque allí estaban unos cables, de inmediato reportó la anomalía al departamento de auditoría; auditoría se desplazó al lugar donde pudo constatar que, efectivamente, existían los cables, hecho que fue considerado grave porque estaba desobedeciendo la orden. Dijo que no le constaba que el actor hubiere dado autorización, pero que él, como jefe de planta, debía responder por lo que sucediera en la planta.

Observa la Sala que la declarante tampoco asegura que los cables estaban conectados, menos que el actor autorizó la conexión. No dijo que la información que, supuestamente, le dieron en la llamada, sobre que Parmalat estaba obteniendo energía de la empresa, fue del todo confirmada, solo afirmó que había unos cables el día de la auditoría.

El testigo Uribe (fl. 439) no aporta nada al esclarecimiento de los hechos, pues en lo referente al motivo del despido solo dio una opinión personal acerca de la gravedad de la falta.

La declaración de parte de la representante legal de la empresa, solo se refirió al motivo del despido del actor de manera genérica, cuando dijo “conozco que se debió a grave incumplimiento de sus obligaciones como jefe de planta de Fundación” (fl. 544). Y el testigo Moreno Sierra, subgerente del área de mantenimiento de la empresa, sobre el despido del actor, dijo desconocer los motivos que tuvo la empresa para tomar esta decisión (fl. 547).

En este orden de ideas, se tiene que la empresa no probó la conexión de los cables por parte de Parmalat a la fuente de energía de Coolechera, como tampoco que el extrabajador hubiese autorizado la conexión en contravención de la orden de su superior. Por ende, mal hizo el a quo al concluir que sí se dio la justa causa de despido, dado que es evidente que no hay fundamento para afirmar que el extrabajador incurrió en la violación grave de sus obligaciones legales, contractuales y reglamentarias.

Precisado lo anterior, lo que sigue es verificar si, al momento del despido, el actor se encontraba gozando de la protección a la estabilidad laboral en razón del fuero circunstancial.

El a quo, no obstante que encontró probada la justa causa, se pronunció respecto al fuero circunstancial, para decir que la protección del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965 “...tiene como destinatarios específicos a los trabajadores comunes y ordinarios de una empresa, entendida esta como una unidad de explotación económica, y no aquellos que por su cargo y jerarquía puedan confundirse con el empleador, y ejerzan funciones de mando y dirección”, en atención a lo dicho por esta Corte al respecto en la Sentencia 26726 de 2006; a esto le agregó que, “... de las funciones y descripción del cargo desempeñado por el actor como es ser jefe de planta puede decirse que tiene la calidad de directivo, una de las funciones es mantener el buen funcionamiento de la planta a su cargo además de coordinación y monitoreo del centro de acopio, así se colige de la descripción del cargo...”.

Al punto, la parte actora manifiesta su desacuerdo en la apelación por considerar que la empleadora retiró injustamente al demandante violando la ley, en medio de un conflicto colectivo, como se infiere de las resoluciones del Ministerio de la Protección Social (fls. 406 y 407), del año 2005, donde se ordena la convocatoria a un tribunal de arbitramento a la demandada y a su sindicato de base. Y para rebatir la restricción del fuero circunstancial al cargo de jefe de planta anotada por el a quo, aludió a la Sentencia C-593 de 1993 que declaró inexequible el artículo 409 del Código Sustantivo del Trabajo que le restringía el fuero sindical a los empleados públicos.

En lo que atañe a la extensión del fuero circunstancial, esta Sala de la Corte, en la citada sentencia 26726, señala:

“En esas condiciones, la señalada protección del artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, tiene como destinatarios específicos a los trabajadores comunes y ordinarios de una empresa, entendida esta como una unidad de explotación económica, y no aquellos que por su cargo y jerarquía se confunden con el empleador mismo en tanto ostentan un poder de dirección y mando que lo comprometen, confundiendo sus intereses personales con los de la organización. Permitir a estos que a través del conflicto colectivo económico puedan mejorar sus condiciones de trabajo, sería tanto como permitir que fueran juez y parte y se aprovecharan en beneficio propio de sus especiales ubicaciones dentro de la escala jerárquica de la empresa, lo cual es contrario a la moral y la ética.

Debe recordarse, para corroborar el anterior criterio, que en materia de la aplicación de la convención colectiva de trabajo, la jurisprudencia pacífica tanto del extinguido tribunal supremo del trabajo como de esta corporación, se ha inclinado por considerar válido excluir a los representantes del empleador de los beneficios convencionales, exclusión que “obedece a un principio general de derecho, pues en toda obligación y en todo contrato, incluido el de trabajo, una misma persona no debe actuar como parte y contraparte, ni representar a ambas partes simultáneamente cuando sus intereses sean opuestos o puedan llegar a serlo. Esta consideración de la Corte fue expuesta en la sentencia del 12 de diciembre de 1986 y reiterada en la proferida el 9 de julio de 1992 (rad. 4685), al precisarse que dicha regla de nuestra legislación positiva explica la razón de ser de prohibiciones e incompatibilidades como las consagradas en los artículos 501, 1855, 2170, 2171 del Código Civil y 838, 839, 906 y 1274 del Código de Comercio, entre otras, según las cuales no es lícito que quien tiene el deber de cuidar los intereses económicos de otro, o de representarlo, pueda hacer negocios en su personal beneficio y en detrimento de aquel en cuyo nombre actúa, o ejecutar actos que puedan afectar negativamente los intereses de su representado, con lo que se afianza la certeza de que la convención colectiva de trabajo no debe aplicarse a todos los trabajadores de la empresa, pues de sus beneficios pueden ser excluidos aquellos que representan al empleador”, tal cual quedó explicado en la sentencia de homologación del 6 de septiembre de 1995, radicación 8127.

Ahora, en el asunto bajo examen no hay controversia entre las partes acerca de que el cargo ocupado por el demandante fue el de subgerente administrativo y financiero. Y aun cuando en el expediente no están acreditadas sus funciones, ni que dentro del conflicto hubiera actuado como negociador de la empresa, es dable suponer por sentido común, siguiendo las máximas de la experiencia, que era el que tenía a su cargo todo lo relativo a la parte administrativa y financiera de la entidad, conocedor, por tanto, del estado de la una y de la otra, lo cual es claramente demostrativo de que era un alto directivo de la empleadora con capacidad de compromiso y de representación, todo lo cual conlleva a la inevitable conclusión de que no podía estar amparado por la protección regulada por el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965, ya que, ciertamente, no podía pretender estar acogido por el pliego de peticiones que la organización sindical presentó, en tanto los intereses empresariales, de los cuales en su calidad de alto directivo lo comprometían, estaban en contraposición con los suyos propios, lo que resulta inadmisible.

La anterior motivación no es contraria a los preceptos superiores y legales que consagran el principio de igualdad, pues como también la expresado la corporación en varias oportunidades, las leyes laborales no deben aplicarse literalmente, con exactitudes matemáticas, contrariando la naturaleza humana que las informan, ya que no es atinado colocar en un pie de igualdad a los altos directivos de una empresa con los trabajadores rasos y comunes de la misma.

Desde luego, y continuando con esa precisión, debe advertirse que en los casos particulares y específicos que los jueces examinen, serán las circunstancias que en ellos aparezcan las que determinen la aplicación de la protección atrás mencionada, pues bien pueden aparecer situaciones en que un empleado sea considerado o clasificado como alto directivo y en realidad no lo sea, ya que los empleadores no pueden tener patente de corso y escudarse en pretextos formales para evadir la mencionada protección”.

De acuerdo con este precedente de la Sala, la exclusión del alto directivo de la protección del fuero circunstancial (que se fundamenta en la garantía al derecho de negociación colectiva) se justifica en la medida que sirve para contrarrestar el conflicto de intereses que se presenta cuando el trabajador, de un lado, tiene la calidad de representante del empleador y tiene incidencia en la suerte de la negociación, y de otro, resulta beneficiado de la convención que se pacte, en razón a que no se puede ser juez y parte, lo cual es contrario a la moral y a la ética.

Pero como se trata de la restricción de un derecho, esta ha de responder a sus justas proporciones. Por eso en el citado precedente, esta Sala también hizo la salvedad de que “... en los casos particulares y específicos que los jueces examinen, serán las circunstancias que en ellos aparezcan las que determinen la aplicación de la protección atrás mencionada, pues bien pueden aparecer situaciones en que un empleado sea considerado o clasificado como alto directivo y en realidad no lo sea, ya que los empleadores no pueden tener patente de corso y escudarse en pretextos formales para evadir la mencionada protección”.

Sucede que, en el sublite, el cargo de jefe de planta, si bien tiene cierto grado de representación del empleador, como se deduce de la declaración del mismo trabajador y de las pruebas testimoniales que hicieron alusión a las funciones desempeñadas por el demandante en la planta, dicho cargo no alcanza a tener el grado de representación que ejerce un alto directivo y que justifica la exclusión.

La misma situación laboral comprobada alrededor de los hechos motivos del despido, le indican a la Sala que el actor ejercía una autoridad reducida, ya que no era él quien decidía si la empresa vecina podía tomar energía de la planta; justamente, el quid del asunto en cuestión fue que la empresa le enrostró en la carta de despido que él no podía autorizar la conexión de los cables y más aún que lo hizo contraviniendo órdenes de los superiores. De acuerdo con esto, no le queda duda a la Sala que el actor ejercía la representación del empleador propia de un mando medio, no de un alto directivo.

Dada la situación de mando que ejercía el actor, conviene precisar, en esta oportunidad, que no es cualquier representación del empleador la que amerita la exclusión de los beneficios de la negociación colectiva y, por añadidura, de la protección del fuero circunstancial. La representación que justifica tal restricción es aquella que, de no aplicarla, pondría al trabajador que la ejerce en condiciones de ser juez y parte durante el proceso de negociación, es decir que por sus funciones, en nombre del empleador, tendría incidencia en la negociación colectiva y, a su vez, como trabajador, se beneficiaría personalmente del resultado. Por esto es que la Sala advirtió en la sentencia en cita que el juez debía examinar la situación real en cada caso.

Así las cosas, dado que el actor no era un alto directivo con incidencia en la negociación colectiva, no le cabe duda a la Sala que sí podía ser beneficiario de la convención colectiva y por ende de la protección del fuero circunstancial mientras la negociación estuviera en curso. Máxime que, conforme a la documental visible al folio 57, el actor estuvo cotizando al sindicato en su condición de beneficiario, desde el inicio de la relación laboral, y así lo admitió la propia demandada al contestar la demanda.

En cuanto a lo alegado por la empresa, de que, para la fecha el despido, no estaba vigente el proceso de negociación, la Sala considera, por el contrario, que sí lo estaba.

Si bien, en el curso de la mentada negociación se presentaron tropiezos en la etapa de arreglo directo, donde tuvo que intervenir el Mintrabajo para decir que la cooperativa no trasgredió el artículo 433 del Código Sustantivo del Trabajo, según las resoluciones 0587 y 0730 de 2004 de folios 353 a 364, también los es que allí no terminó el proceso de negociación, pues la misma entidad estatal, por solicitud de la empresa, mediante Resolución 03588 del 13 de octubre de 2005, ordenó la constitución del tribunal de arbitramento “para que estudie y decida el conflicto colectivo de trabajo existente entre la Cooperativa (...) ‘Coolechera’ y el sindicato de trabajadores de la Cooperativa de Productores de Leche del Atlántico”.

En la misma resolución que ordena la constitución del tribunal de arbitramento, se registra que la etapa de arreglo directo inició el 26 de marzo de 2004, lo cual es suficiente para concluir que el actor sí fue despedido en el interregno de la negociación colectiva, dado que el contrato le fue terminado el 1º de junio de 2005, no obstante que era beneficiario del fuero circunstancial, en arreglo a la prohibición establecida en el artículo 25 del D.L. 2351 de 1965, reglamentado por el artículo 36 del D.R. 1468 de 1978. Es decir que el actor no podía ser despedido sin justa causa, so pena de que tal terminación no pueda producir efectos como lo ha entendido la jurisprudencia(1).

De acuerdo con todo lo anterior, se concluye que, al haber sido despedido sin motivo justificado, en contravención de la protección del fuero circunstancial, el actor sí tiene derecho al reintegro al cargo de jefe de planta, junto con el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales y aportes a la seguridad social, desde el momento del retiro hasta que opere el reintegro, en el monto en que se hubieren causado de no haber sido despedido.

Así las cosas, se revocará la sentencia del a quo. En su lugar se declarará que el actor fue despedido sin justa causa, cuando se encontraba amparado por el fuero circunstancial. En consecuencia, se dejará sin efectos el despido y se ordenará el reintegro del trabajador al cargo de jefe de planta, junto con el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales y aportes a la seguridad social, desde el momento del retiro hasta que opere el reintegro, en el monto en que se hubieren causado de no haber sido despedido. Y para todos los efectos se tendrá que no hubo solución de continuidad

La demandada podrá compensar lo que le haya pagado al actor con causa en la terminación del contrato, con lo que debe pagar en virtud de la presente condena, en razón a la ineficacia del despido que aquí se declara.

Sin costas en el recurso de casación dado que prosperó el recurso. Las costas de las instancias a cargo de la parte demandada que resultó vencida.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA parcialmente la sentencia del 13 de agosto de 2008 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta dentro del proceso instaurado por Fredys Fernando Barraza Castro contra la Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica LTDA. Coolechera, en cuanto negó las pretensiones derivadas del despido injusto con fuero circunstancial.

En sede de instancia, se REVOCA parcialmente el ordinal primero de la sentencia de primera instancia, en cuanto absolvió de las pretensiones derivadas del despido injusto con fuero circunstancial, y, en su lugar, se dispone lo siguiente:

1. Se declara que el actor fue despedido sin justa causa, cuando se encontraba amparado por el fuero circunstancial.

2. Se deja sin efectos el despido sufrido por el actor y, en consecuencia, se ordena el reintegro del trabajador al cargo de jefe de planta, junto con el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales y aportes a la seguridad social, desde el momento del retiro hasta que opere el reintegro, en el monto en que se hubieren causado de no haber sido despedido, y para todos los efectos se tiene que no hubo solución de continuidad.

3. En razón a la ineficacia del despido que aquí se declara, la demandada podrá compensar lo que le haya pagado al actor con causa en la terminación del contrato, con lo que debe pagar en virtud de la presente condena.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Sentencia 11017 de 1998.