Sentencia 3961 de septiembre 23 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

CESIÓN DE DERECHOS ENTRE ASEGURADO Y ASEGURADOR

ES INEFICAZ

Magistrado Ponente:

Dr. Pedro Lafont Pianetta

Ref.: Expediente 3961

Santafé de Bogotá, D.C., septiembre veintitrés de mil novecientos noventa y tres.

Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casación, interpuesto por la Compañía Mundial de Seguros S.A., contra la sentencia proferida el 30 de marzo de 1990 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, en el proceso ordinario iniciado por esa sociedad y la Federal Compañía de Seguros S.A. contra Expreso Caribe Ltda.

I. Antecedentes

1. Mediante demanda que obra a folios 29 a 38 del cuaderno número uno, las sociedades Compañía Mundial de Seguros S.A., y la Federal Compañía de Seguros S.A., convocaron a un proceso ordinario de mayor cuantía a Expreso Caribe Ltda., para que, por la jurisdicción, se provea, en síntesis sobre las siguientes pretensiones:

1.1. Principales

1.1.1. Que se declare que la Sociedad Expreso Caribe Ltda., incumplió un contrato celebrado con la compañía Antonio Pacini y Compañía, SCA, —Plastilene— para transportar desde Cartagena hasta las instalaciones de esta última en Soacha (Cundinamarca), treinta mil kilos de polietileno, por lo cual es civilmente responsable de los perjuicios causados al remitente.

1.1.2. Que se reconozca como cesionarias de los derechos de Antonio Pacini y Cía., SCA, —Plastilene— a las sociedades Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Federal Compañía de Seguros S.A., en cuantías equivalentes al 70% y 30%, respectivamente y, en consecuencia, se condene a Expreso Caribe Ltda. a pagarles, en las proporciones indicadas, el valor de los perjuicios sufridos por la cedente en virtud del incumplimiento del contrato de transporte mencionado, celebrado por ella con la sociedad demandada, cuya indemnización “comprenderá el lucro cesante y el daño emergente, concepto éste en el que, además de lo que se pruebe en el proceso, incluirá el valor de la depreciación o desvalorización de la moneda según los índices del DANE, desde la fecha del incumplimiento hasta aquélla en que el pago se verifique” (fls. 30 y 31, c-1).

1.2. Subsidiarias

1.2.1. Que, en caso de no reconocerse a las compañías demandantes como cesionarias de la remitente en el contrato de transporte, se declare que la Compañía Mundial de Seguros S.A. y la Federal Compañía de Seguros S.A., se declare que éstas “se subrogaron en los derechos de Antonio Pacini y Cía., SCA, —Plastilene— derivados del incumplimiento del contrato mencionado”, en proporción de un 70% y un 30%, respectivamente, “en virtud del pago que hicieron a ésta en su calidad de aseguradoras, de conformidad con la póliza automática de seguro de transportes Nº 1430” (fl. 31, c-1).

1.2.2. Que, como consecuencia de la pretensión anterior, “se condene a Transportes Caribe Ltda. a pagar en favor de la Compañía Mundial de Seguros S.A. y de la Federal Compañía de Seguros S.A., en un 70% para la primera y en un 30% para la segunda, la suma de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000) equivalente al valor del pago del siniestro amparado por la póliza de transporte Nº 1430 de que da cuenta el certificado de seguro Nº 8568, más los intereses comerciales y el valor de la depreciación monetaria desde el 8 de enero de 1982”, fecha en la cual los demandantes pagaron la indemnización a la remitente en el contrato de transporte incumplido por Expreso Caribe Ltda., suma de dinero que la demandada habrá de cancelar a las demandantes, con los intereses comerciales y la depreciación monetaria, “hasta el día en que se verifique el pago” (fl. 31).

2. Como fundamentos fácticos para apoyar las pretensiones mencionadas, en síntesis, se expusieron por las demandantes los siguientes:

2.1. El 25 de septiembre de 1981, fueron entregados a Expreso Caribe Ltda., en las instalaciones de Dow Química de Colombia en Cartagena, 120 bultos que contenían 20.000 kilos de polietileno comprados a ella por Antonio Pacini y Cía., SCA, —Plastilene— para ser transportados desde allí hasta la sede de esta última en Soacha (Cundinamarca), “de lo cual da fe la remesa expedida por la sociedad demandada bajo el Nº 950” (fl. 32, c-1).

2.2. El contrato de transporte mencionado fue incumplido por la empresa transportadora demandada, pues no obstante haber recibido el pago de los fletes, según cuenta de cobro número 22361, Antonio Pacini y Cía., SCA, —Plastilene— no recibió la mercancía a cuyo transporte se obligó Expreso Caribe Ltda.

2.3. Las sociedades aquí demandantes “expidieron la póliza automática de seguro de transportes Nº 1430 el 5 de octubre de 1981 con el objeto de asegurar automáticamente a Antonio Pacini y Cía., SCA, —Plastilene— los despachos de mercancías, efectos y valores contra los riesgos de pérdida total y falta de entrega hasta por un valor asegurado de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) por cada despacho que se efectuara con posterioridad al 31 de agosto del mismo año”, en desarrollo de la cual se expidió el certificado de seguro número 08568 “en el cual se relacionaron, entre otros, el despacho de mercancías mencionado en los hechos anteriores” (fl. 33, c-1).

2.4. Dado el incumplimiento del contrato de transporte de la mercancía aludida, las demandantes “pagaron la suma de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000) a Plastilene”, en virtud del contrato de seguro referido.

2.5. La remitente en el contrato de transporte incumplido por la demandada, “cedió a la Compañía Mundial de Seguros S.A. y a la Federal Compañía de Seguros S.A., en un 70% para la primera y en un 30% para la segunda, el 8 de enero de 1982 la totalidad de los derechos, acciones, indemnizaciones, resultantes del incumplimiento del transporte de las mercancías recibidas por Expreso Caribe Ltda., el 25 de septiembre de 1981”.

3. Admitida que fue la demanda y corrido el traslado de ésta y sus anexos a la demandada, ésta le dio contestación como aparece a folios 65, 66 y 67 del cuaderno número uno. En ella, acepta la celebración del contrato de transporte a que se refiere el proceso, admite haber recibido el pago de los fletes y expresa que si bien es cierto que la mercancía no se entregó por Expreso Caribe Ltda. en su lugar de destino, ello se debió a pérdida de la misma “a causa de piratería”, hecho este ajeno a su voluntad y por el cual se “está adelantando la investigación en busca de responsables”, por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cartagena, por lo que propone, como excepción de mérito, el acaecimiento de “fuerza mayor” que impidió el cumplimiento del contrato.

4. El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia dictada el 7 de marzo de 1987 (fls. 114 a 121, c-1), declaró que la empresa Expreso del Caribe Ltda. incumplió el contrato de transporte celebrado con Antonio Pacini y Cía., SCA, —Plastilene— reconoció a las sociedades demandantes como cesionarias de los derechos de la remitente en ese contrato de transporte “en los términos reconocidos por la ley mercantil” y, “por consiguiente”, como subrogatorias en proporción de un 70% por Compañía Mundial de Seguros S.A. y 30% la Federal Compañía de Seguros S.A., “en los derechos del asegurado derivados del incumplimiento del contrato de transporte y garantizados a través de la póliza automática 1430”, por lo que la demandada habrá de pagarles, en la proporción indicada, “la suma de un millón ochocientos mil pesos ($ 1.800.000) por concepto del siniestro que éstas pagaron” por concepto del seguro de que trata la póliza en mención (fls. 120 y 121, c-1). Además, en el fallo de primer grado, se decidió negar “las peticiones encaminadas a obtener el reconocimiento de lucro cesante, daño emergente, depreciación monetaria e intereses comerciales” y se declaró impróspera la excepción de fuerza mayor propuesta por la parte demandada (fl. 121, c-1).

5. Interpuesto por las sociedades aseguradoras demandantes el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá lo desató, mediante fallo pronunciado el 30 de marzo de 1990 (fls. 11 a 17, c-2), que confirmó el del a quo.

6. Inconforme entonces con lo decidido por el Tribunal, la Compañía Mundial de Seguros S.A., interpuso contra la sentencia de segunda instancia el recurso extraordinario de casación (fl. 19, c-2), el cual, luego de surtido el recurso de queja contra el auto de 18 de diciembre de 1990 que negó su concesión, finalmente fue concedido, por auto de 19 de mayo de 1992 (fl. 69, c-3).

7. Admitido y sustentado el recurso de casación aludido, de su decisión se ocupa ahora esta Corporación.

II. La sentencia del Tribunal

1. El Tribunal, luego de hacer una síntesis de la demanda y la posición asumida por la parte demandada, así como de la actuación surtida durante la primera instancia, encuentra cumplidos los presupuestos procesales y advierte que su competencia para decidir el recurso de apelación se halla limitada “a determinar la cuantía de la indemnización debida”, pues la sociedad demandada “ha consentido la sentencia en este punto relativo a la subrogación, a la existencia del pago, del amparo y del siniestro” (fl. 12, c-2).

2. A continuación, expresa el Tribunal que habrá de modificar —como en efecto lo hace en la parte resolutiva—, el fallo impugnado, en cuanto que la sociedad demandada es Expreso Caribe Ltda., y no Transportes Caribe Ltda., como equivocadamente aparece en la sentencia del a quo.

3. Estima luego el sentenciador de segundo grado pertinente puntualizar las diferencias existentes entre la cesión de derechos y la subrogación legal establecida a favor del asegurador por el artículo 1096 del Código de Comercio y asevera que “la consecuencia más notable que surge de tales diferencias reside en que de conformidad con la subrogación, el asegurador ve limitado su obrar al cobro estricto de las sumas que haya pagado a su asegurado, al paso que de reconocer la cesión, la acción contra el causante del siniestro sería integral” (fl. 12, c-2).

4. En ese orden de ideas, manifiesta el Tribunal que, dada la índole de la actividad aseguradora “al recibir la cesión de las acciones que el asegurado tiene contra el causante del siniestro”, el asegurador “está desbordando los límites de su propia actividad” y elude, de esa manera, “la cortapisa que intentó poner el legislador en el artículo 1096 del estatuto mercantil”, pues, a su juicio, “quiso el legislador que el causante del siniestro no quedara indemne, quiso además que el asegurado no intentara obtener una doble indemnización de manos del asegurador y del causante del siniestro, pero también quiso la ley que el asegurador limitara su acción de recobro que efectivamente pagó como consecuencia del siniestro” (fl. 13, c-2).

5. Por ello, —prosigue el sentenciador— si a los aseguradores se les otorgó por la ley “la acción de recobro de lo pagado, precisamente fue para mantener íntegro el patrimonio destinado por los socios a la actividad, mas no para incrementarlo con el fruto de recaudar la diferencia entre el valor del siniestro y la suma efectivamente pagada al asegurado, lo cual pugna con “la equidad natural”, que en tal caso, “se resiente porque nada ha dado la aseguradora a cambio, no hay modo de velar porque se le restituya al verdadero destinatario que sería el asegurado” (fls. 13 y 14, c-2).

6. Agrega el fallo recurrido en casación que, “formalmente tampoco aparece procedente la cesión de este tipo de derechos”, como quiera que la cesión que el Código Civil reglamenta no es la de deudas sino la “disposición de activo”, como lo tiene por sentado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 29 de marzo de 1942, de la cual cita algunos apartes (fl. 14, c-20).

7. A continuación expresa el sentenciador que, conforme a los antecedentes del actual artículo 1096 del Código de Comercio, ese texto legal fue adoptado por el legislador para poner “fin a las críticas y censuras que se hacían a la subrogación convencional” que consagraba el artículo 677 del Código de Comercio anteriormente vigente, aseveración en cuyo apoyo cita apartes de la sentencia de casación dictada por esta corporación el 6 de agosto de 1985 en proceso ordinario de Colseguros S.A. contra Conaltra S.A. (fls. 14 y 15, c-2).

8. De otra parte, —añade el Tribunal— “el asegurado que cede sus derechos al asegurador, sin contraprestación, en últimas está renunciando a reclamar la diferencia entre el valor real del siniestro y aquello que recibió del asegurador, renuncia que se halla prohibida por el artículo 1097 del Código de Comercio” (fl. 16, c-2).

9. Finalmente, a juicio del Tribunal no asiste razón a la presente actora en su reclamación de que se le paguen intereses y corrección monetaria sobre la suma pagada por concepto de seguro a la víctima del siniestro, como quiera que el derecho del asegurador se circunscribe a recuperar “el monto de la suma asegurada y no una cantidad superior”, de una parte; y, de otra, “porque la relación negocial que obliga a la sociedad demandada se deriva exclusivamente del contrato de transporte, dejándose de un lado, para estos efectos, el contrato de seguro que sólo vinculó a las demandantes con la empresa asegurada a la postre remitente de las mercancías perdidas y que por tanto tiene una incidencia sustancial para permitir que opere el fenómeno de la subrogación hasta el importe pagado”, según doctrina de la Corte, en sentencia de 16 de junio de 1988, a la cual pertenece el aparte anterior.

10. Así las cosas, —concluye el Tribunal— los yerros de que se acusa a la decisión del a quo son inexistentes y por ello debe confirmarse”, como en efecto se hace en la parte resolutiva del fallo impugnado ahora mediante este recurso extraordinario (fl. 17, c-2).

III. La demanda de casación

Dos cargos formula el recurrente a la sentencia impugnada, ambos con fundamento en la primera de las causales de casación consagradas en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por violación directa de normas de derecho sustancial, los cuales serán despachados en el orden en que fueron propuestos.

Primer cargo

Acusa el censor en este cargo la sentencia recurrida, de ser violatoria, por la vía directa, de los artículos 1670, 1959, 1964, 1613, 1614, 1627, 1649, inciso 2º y 1602 del Código Civil, así como de los artículos 1024, inciso 4º, 1031, 2º y 822 del Código de Comercio, todos por falta de aplicación; y, además, de los artículos 1096 y 1097 del Código de Comercio, “por aplicación indebida derivada de su interpretación errónea” (fl. 9, cdno. Corte).

En procura de sustentar el cargo así propuesto, manifiesta el recurrente que, “invocado por las demandantes como una de las pretensiones principales el reconocimiento de su calidad de cesionarias de todos los derechos, acciones e indemnizaciones de que fuera titular la sociedad denominada Antonio Pacini y Cía., SCA, —Plastilene— derivadas del incumplimiento del contrato de transportes celebrado entre ésta y la demandada Expreso Caribe Ltda., el Tribunal reconoció nominalmente su condición de cesionarias, al confirmar íntegramente la sentencia del a quo, y no obstante tal declaración, resolvió aquél limitar la condena solicitada y que como consecuencia lógica y jurídica de tal reconocimiento se imponía, para en su lugar limitar la cuantía de la indemnización deprecada a la suma pagada por las aseguradoras, al considerar equivocadamente que las mismas compañías demandantes se habían “subrogado” en los derechos del asegurado en los términos de la legislación mercantil”, lo que significa que el sentenciador, “no aplicó las normas sustanciales referidas al contrato de cesión de créditos”, o, dicho de otra manera, al decidir aplicarlas, contrarió “abiertamente su texto, lo que equivale a violarlas por falta de aplicación” (fls. 9 y 10, cdno. Corte).

En ese orden de ideas, expresa el censor que el Tribunal, ubicó en la sentencia “el caso sometido a consideración dentro del marco de las normas que disciplinan el instituto jurídico de la cesión, no obstante lo cual, al entrar a determinar los alcances que de ello se seguían, incurre el sentenciador en violación de la ley, al equiparar en su estructura y efectos la cesión por él considerada, con el instituto de la subrogación reglamentado específicamente en el artículo 1096 del Código de Comercio, y como consecuencia de ello le negó toda eficacia a un negocio jurídico, válidamente celebrado y ni siquiera discutido o puesto en duda por las partes en contienda”, lo que condujo al fallador “a no aplicar las normas denunciadas en este cargo, en especial las que determinan el alcance y contenido de la cesión y consecuencialmente las que establecen los derechos del remitente-propietario en punto de indemnización de perjuicios, cuya aplicación reclamaba el caso concreto” (fl. 10, cdno. Corte).

Entendida la cesión como negocio jurídico “de disposición de intereses —continúa el recurrente—, cuyo objeto final es la transmisión del derecho de crédito del cedente al cesionario, que en este caso lo constituyen las pretensiones indemnizatorias en contra del transportador incumplido, originadas en el incumplimiento y concretadas necesaria e ineludiblemente al perjuicio padecido por el cedente” (fl. 10, cdno. Corte), al cual van unidos los derechos accesorios como son los “intereses, frutos, provechos, daños y gastos”, que forman un todo con el crédito cedido, ha de concluirse que, cumplidos los requisitos del contrato de cesión, “el negocio es eficaz”, independientemente de “colaboración alguna de deudor cedido” (fl. 11, cdno. Corte). Es decir que, en adelante el cesionario se encuentra en la posición de “nuevo acreedor frente al deudor, para exigir en su propio nombre la realización de la prestación”, con independencia del “negocio subyacente”, dado que “es indiferente al ordenamiento el título a que se haga”, pues la cesión puede efectuarse “a cualquier título” conforme al artículo 1959 del Código Civil (fl. 11, cdno. Corte).

De otra parte, en la subrogación, se opera un cambio en la titularidad de un crédito (art. 1688 C.C.), que se lleva a cabo a favor del tercero que paga la obligación al acreedor. En este caso —prosigue el censor—, “el pago es lo determinante de que se opere el efecto de transmisión, si aquél no es integral, la subrogación en el crédito tampoco lo será, como que el acreedor original podrá perseguir del obligado lo que se le quede debiendo, la diferencia existente entre aquella proporción del crédito pagada por el tercero y, por ende, a éste transmitida ope legis, y el monto total, íntegro del crédito indemnizatorio; así se ve cómo la subrogación operada en estos casos no alcanzará sino la proporción en el crédito determinado por la parte pagada (art. 1670, inciso 2º, C.C.)” (fls. 11 y 12, cdno. Corte).

Asevera luego el impugnador que el artículo 1096 del Código de Comercio, “no obedece al pago de deuda por parte de un tercero”, sino “a razones de política legislativa que se inspiran en la necesidad de evitar el enriquecimiento del asegurado, ya indemnizado en términos del contrato de seguro, y que en ausencia del desplazamiento legal del crédito en favor del asegurador (1096 C. de Co.), quedaría con la posibilidad de perseguir adicionalmente del autor del daño una segunda indemnización por el mismo concepto (doble indemnización), a la vez que en la necesidad de impedir que el responsable del siniestro se viniera a favorecer de los efectos de un contrato celebrado sin su participación y al que él es ajeno por entero, enriqueciéndose en últimas por su acto ilícito, resultando reprochable a todas luces, así como en la consideración de mantener el capital social del asegurador, íntegro en términos reales y en condiciones de garantía para los beneficiarios de la actividad aseguradora (tomadores-asegurados-beneficiarios)” (fl. 12, cdno. Corte). A juicio del censor, si el pago no es integral al asegurado por el daño padecido, deja a salvo a favor de éste “la titularidad del crédito en la parte no pagada o cubierta con el seguro, operando sólo la subrogación en favor del asegurador en la parte o proporción del daño indemnizado y de allí el por qué el artículo 1096 del estatuto mercantil, previendo ello, establezca que la subrogación en los derechos del asegurado contra el responsable del siniestro se determina dependiendo del “importe” indemnizado, que en caso de no cubrir la totalidad del daño efectivamente padecido, no podrá subrogar al asegurador en tales derechos sino hasta concurrencia de él, pues se repite, respecto de la parte del daño no indemnizada, el asegurado conserva plena titularidad del crédito indemnizatorio” (fl. 12, cdno. Corte).

Si se trata de cesión —asevera el recurrente—, el crédito se traslada al cesionario “en idénticas condiciones, incluidos sus accesorios y privilegios, al paso que en materia de subrogación, dicho crédito puede trasladarse al otro patrimonio apenas parcialmente o en determinada proporción, cuando quiera que el pago verificado por el asegurador, objetivamente no alcanza plenos efectos indemnizatorios respecto del daño efectivamente padecido por el asegurado, en oposición a la cesión del crédito que, salvo acuerdo expreso y en contrario de las partes, comprende de suyo la totalidad del crédito con sus accesorios” (fl. 13, cdno. Corte).

El crédito sobre el cual opera la subrogación mercantil se halla “referido el origen del daño, pues que lo transmitido son los derechos que se tengan en contra del responsable del siniestro e, igualmente, salvo las expresas prohibiciones que en materia de seguros trajo el Código de Comercio (art. 1099), la subrogación opera de suyo ante la verificación del pago de la indemnización”, en tanto que “todos los créditos son cesibles, por regla general” (fl. 13, cdno. Corte).

De manera que, si en razón de haberse producido el hecho dañoso, se origina la obligación de indemnizar, ésta, por su naturaleza patrimonial, puede ser objeto de cesión, dado que constituye un crédito, es decir, un “activo patrimonial”, cuya cesión no está prohibida por la ley, en opinión del recurrente.

Por ello, no es acertada, a juicio del censor la posición del Tribunal en cuanto “le niega plenos efectos a la cesión celebrada”, por una equivocada interpretación de los alcances del artículo 1096 del Código de Comercio, pues supone que “la circunstancia de que exista un pago indemnizatorio originado en el contrato de seguro impide, sin más, que otro negocio jurídico diferente, válidamente celebrado, entre personas plenamente capaces de disponer de lo suyo, tenga efecto alguno”, lo que resulta equivocado pues el artículo del estatuto comercial no impide la celebración del contrato de cesión (fls. 14 y 15, cdno. Corte). Tal interpretación, en últimas, desconoce al acreedor original su derecho a la indemnización a cargo del causante del daño, independientemente del contrato de seguro.

Es decir, el Tribunal desconoce que la cesión, como causa para pedir, es diferente de la subrogación y no se encuentra limitada por el artículo 1096 del Código de Comercio, que gobierna la subrogación legal en beneficio del asegurador. Ese erróneo entendimiento de la norma, en mención, llevó al Tribunal a restarle indebidamente efectos a la cesión y, por ese camino, dejó “de aplicar las normas que disciplinan la cesión de créditos y su alcance, y reenvía el negocio de cesión a un supuesto de hecho regulado en una hipótesis diferente, cual es la prevenida en el precepto del artículo 1096, para por ello darle indebidamente tratamiento de subrogación a la acción derivada del crédito cedido”, lo que equivale a aplicar indebidamente esa norma legal (fl. 15, cdno. Corte). Tal apreciación equivocada del Tribunal —en criterio del recurrente— le hizo incurrir en falta de aplicación de las normas que rigen la cesión (arts. 1959, 1964 y 1670, inciso 1º Código Civil) y, al propio tiempo, en falta de aplicación “de los preceptos que otorgan el derecho indemnizatorio al perjudicado por el incumplimiento del contrato de transporte (arts. 1024, inciso 4º, 1031 Decreto 1400 de 1971, 2º, 822 Código de Comercio, y artículos 1613, 1614, 1627 y 1649 inciso 2º del Código Civil)” (fl. 16, cdno. Corte).

Aduce luego el recurrente que, si las ventajas patrimoniales del asegurador derivan, en este caso, del contrato de cesión, es equivocado acudir al principio de la prohibición del enriquecimiento sin causa invocando el artículo 1096 del Código de Comercio, como limitante de la acción de “recobro” del asegurador, pues su eventual “provecho patrimonial” encuentra su fuente en la voluntad claramente manifestada por el cedente, y, en consecuencia —dice— “echar mano repetida y reiteradamente del principio, con la sola mira de no aceptar la realidad de la cesión, no sólo en su existencia sino en su eficacia, es contrario al derecho, y a la ley claramente manifestada en el precepto del artículo 1602 del Código Civil” (fls. 17 a 19, cdno. Corte).

Por otra parte, en sentir del censor, la interpretación del Tribunal respecto a la ineficacia de la cesión en el caso de autos, lleva necesariamente a colocar en una “situación privilegiada”, o dejar inmune al causante del perjuicio, sin tomar en cuenta que, de esa manera, “luego de reconocer la responsabilidad del causante del daño, con alcances indemnizatorios plenos, resulta patrocinándose un indiscutible enriquecimiento de éste, éste sin causa alguna, como que la existencia y efectos del contrato de seguro constituyen para él res inter alios acta” (fl. 20, cdno. Corte), lo cual resulta contrario a lo prescrito por el artículo 1096 del Código de Comercio, norma que no prohíbe, ni en forma expresa ni tácita la cesión de derechos al asegurador. Ello significa, entonces, que el contrato así celebrado entre cedente y cesionario ha de mantenerse y producir sus efectos mientras no se invalide por causas legales. De esta suerte, el juzgador, en lugar de respetar y acatar como era su deber el artículo 1602 del Código Civil, incurrió en desconocimiento del mismo, al restarle al contrato de cesión su fuerza normativa vinculante interpartes.

Agrega luego el impugnador (fls. 21 y 22, cdno. Corte), que partiendo de la base de que la actividad aseguradora se encuentra sometida a la vigilancia y regulación del Estado, está “fuera de toda duda” que las compañías de seguros, como sujetos de derechos, están habilitadas para la celebración de todo tipo de contratos, “en tanto los mismos no estén expresamente vedados o no impliquen contradicción a las inhabilidades o incompatibilidades específicamente previstas (art. 40 Ley 45/90 entre otras)”, de donde cabe deducir que el contrato de cesión de que se trata sí podía ser celebrado entre las partes, pues el artículo 1096 del Código de Comercio no prohíbe a las compañías de seguros su celebración, ya que la cesión es “un negocio jurídico autónomo, independiente y diferente del fenómeno de la subrogación” (fl. 22, cdno. Corte).

Entendido en la forma en que entiende el Tribunal el artículo 1096 del Código de Comercio, la cesión de derechos del asegurado al asegurador resultaría afectada por “ilicitud del objeto o de la causa” (fl. 23. cdno. Corte), lo que resulta contrario a derecho pues no es cierto que esa norma legal prohíba “la posibilidad de adquirir válidamente los derechos activos referidos al crédito indemnizatorio cuyo titular es el asegurado” (fl. 24, cdno. Corte).

Luego de transcribir apartes jurisprudenciales respecto de la subrogación legal establecida en favor del asegurador por el pago del siniestro y hasta el importe de éste (fls. 26 a 28, cdno. Corte), manifiesta el recurrente que es igualmente equivocado el razonamiento del Tribunal en cuanto considera que “el asegurado que cede sus derechos está renunciando a reclamar la diferencia entre el valor real del siniestro y aquello que recibió del asegurador”, renuncia “prohibida por el artículo 1097” (del C. de Co.), pues esta norma se encuentra instituida “exclusivamente en orden a proteger al asegurador frente a posibles actos dispositivos del asegurado, desde luego respecto de terceros, que le impidan hacer efectiva la acción de subrogación a él concedida por el pago del siniestro, de lo cual se concluye sin mayores discernimientos, que si la cesión de derechos al asegurador comporta precisamente la transmisión de las acciones del asegurado en contra del responsable, tal cesión no puede entenderse prohibida con base en el artículo 1097” (fl. 28. cdno. Corte).

El Tribunal, en opinión del impugnador, equipara “renuencia a cesión”, al interpretar el artículo 1097 del Código de Comercio, y de esa manera incurrió en “manifiesta aplicación indebida” del mismo (fl. 29, cdno. Corte).

Si se tiene en cuenta que las causales de nulidad han de ser expresas, necesariamente, en criterio del recurrente, “ha de admitirse que el Tribunal encontró una prohibición para pactar la cesión de derechos del asegurado al asegurador en el artículo 1096 del Código de Comercio, la cual resulta contraria al texto del mismo. Es más, con evidente exageración llegó a considerar el sentenciador que tal cesión resiente la equidad natural” y así, “desconociendo la ley del contrato, pasando por encima de la legalidad”, le restó eficacia a la cesión “todo al parecer por prevención inadmisible, pues el mismo interés jurídico del que fuera titular el cedente, ese que el Tribunal quiere aparentemente tutelar, ese mismo del cual es necesario brindar protección para no permitir que se resienta la equidad natural, ese, el mismo, idéntico, pero ahora en cabeza del cesionario, por este solo hecho, ya no es digno de tutela” (fl. 34, cdno. Corte).

Reitera luego (fl. 35) que no existe prohibición normativa expresa que autorice al Tribunal para restarle eficacia a la cesión como lo hizo, razón por la cual quebrantó las normas denunciadas al formular el cargo y, por ello, estima que la Corte ha de proceder a casar la sentencia y, actuando a continuación en sede de instancia, despachar favorablemente las súplicas de la demanda en el sentido de reconocer a las compañías de seguros inicialmente demandante como cesionarias, para el pago por el responsable del siniestro de la indemnización integral (fl. 36, cdno. Corte).

Consideraciones

1. Dada la índole de los seguros de daños —regulados en nuestra legislación comercial por el capítulo II del título V del Código de Comercio—, es incuestionable que estos, sean reales o patrimoniales, tienen como finalidad económico-jurídica la indemnización al asegurado o al beneficiario, por acaecimiento del riesgo, cuando se ha producido una lesión en su patrimonio.

1.1. Es este el principio universalmente conocido como “de la indemnización”, principio que el legislador colombiano consagra en forma expresa en el artículo 1088 del Código de Comercio y respecto del cual, por razones de orden público, en forma perentoria establece que “jamás podrán constituir fuente de enriquecimiento” para el asegurado. Esta disposición legal, como se comprende con facilidad, se encuentra en plena armonía con lo prescrito por el artículo 1089 del estatuto mercantil, en cuanto fija como límite a la indemnización a cargo del asegurador el valor real del interés asegurado a la ocurrencia del siniestro, sin que pueda exceder, “en ningún caso” ni de ese valor, ni, tampoco, “del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario”.

1.2. En desarrollo del principio de la indemnización que informa la institución del seguro de daños, la propia ley estableció como medidas protectoras del mismo: la nulidad del contrato cuando en forma dolosa se acuda al sobreaseguro, esto es, cuando se produzca un exceso en el seguro elevando para el efecto “el valor real del interés asegurado” (art. 1091); la proporcionalidad en el pago de la indemnización al asegurado, según la cuantía de los respectivos contratos, en caso de existencia de coaseguros (art. 1092, Código de Comercio); y, por último, la subrogación del asegurador en los derechos del asegurado contra el responsable del acaecimiento del siniestro, hasta concurrencia del importe de la indemnización que hubiere sido pagada por ello (art. 1096, Código de Comercio).

2. Ahora bien, en caso de pago del seguro por parte del asegurador, advierte la Corte la necesidad de distinguir los efectos que se producen con relación a la compañía aseguradora y los que conciernen al asegurado.

2.1. En cuanto a los primeros, cabe afirmar delanteramente que, a diferencia de lo que acontecía antes, con el pago del seguro correspondiente se produce en favor de la compañía aseguradora la subrogación legal en los derechos del asegurado, pero limitada cuantitativamente “hasta su importe” (art. 1096, C. de Co.); y que, por sus efectos y por su naturaleza de orden público (arts. 1096, 1097, 1098, 1099 y 1139, C. de Co.), hacen que la cesión de derechos por parte del asegurado a aquélla, sea, según el caso, ineficaz por carencia de objeto, o por objeto ilícito directo o indirecto.

2.1.1. En efecto, primeramente advierte la Sala la variación legislativa colombiana sobre el particular. Antiguamente para dar solución a la situación que, en principio, podría presentarse cuando la víctima de un hecho dañoso intentase reclamar al responsable la reparación del daño, en forma simultánea con la compañía que le hubiere asegurado respecto del mismo, alegando la primera que la prestación pagada por el asegurador tiene como causa el contrato de seguro y la segunda que el siniestro se produjo por culpa del responsable y que, por ello, le asistía interés al asegurador para reclamarle el pago de la indemnización, el legislador colombiano bajo el imperio del Código de Comercio Terrestre de 1887, estableció en el artículo 677 que: “El asegurador que pagare la cantidad asegurada, podrá exigir del asegurado cesión de derechos que por razón del siniestro tenga contra terceros; y el asegurado será responsable de todos los actos que puedan perjudicar el ejercicio de las acciones cedidas”.

En cambio, en la actualidad el Código de Comercio vigente (Decreto-Ley 410 de 1971), que derogó expresamente el Código de Comercio Terrestre del antiguo Estado de Panamá adoptado como tal para toda la República por la Ley 57 de 1887, abandonó al punto la autorización que al asegurador le confería el artículo 677 del estatuto anterior para exigir al asegurado la cesión de derechos contra terceros por razón del siniestro, y lo sustituyó por una institución nueva en materia de seguros en el derecho colombiano, cual fue la subrogación especial creada por el artículo 1096, en cuya virtud el asegurador, por el solo hecho de pagar una indemnización al asegurado, se subroga, “por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro”, quienes sin embargo podrán oponer las mismas excepciones que podrían haber formulado “contra el damnificado”.

2.1.2. Ahora bien, la subrogación legal por el pago del seguro, no obstante los antecedentes que le preceden, constituye una institución especial de orden público.

Ciertamente es claro, que la obligación de reparación a cargo del autor del daño tiene como causa su hecho ilícito generador de responsabilidad civil (contractual o extracontractual, según el caso), mientras que la obligación de indemnizar por parte del asegurador halla su causa en el contrato de seguro. Es decir, que el asegurador que indemniza al asegurado, cumple al hacerlo con una obligación propia, surgida de ese contrato sinalagmático celebrado con el asegurado, indemnización que es la prestación a que se encuentra obligado y para cubrir la cual el asegurado, a su turno, se obligó al pago de una prima cuya tarifa se determina en proporción de la suma asegurada. De ninguna manera puede entonces predicarse que el asegurador, al pagar al asegurado cumple una obligación que le es ajena, la del tercero que debe la reparación del daño causado por el hecho ilícito que se le imputa, ya a título de responsabilidad civil contractual, ora a título de responsabilidad civil extracontractual.

Sin embargo, la ley no le da al pago del seguro, por parte de la compañía aseguradora al asegurado, un tratamiento ordinario sino uno especial, consistente, de un lado, como un pago con subrogación legal, y, del otro, le reconoce un interés público para su regulación. Con lo cual se erige a esta subrogación legal por parte del seguro como una institución de orden público. Lo uno se desprende del mandato expreso de “subrogación” a que alude el artículo 1096 del Código de Comercio; y lo otro, de la intención de este código, a diferencia del anterior, de regular, por motivos de política legislativa, en forma estricta los efectos de esta subrogación, que permite inferir su naturaleza de orden público. En efecto, la citada disposición no se limita a consagrar la institución, sino que, además, de una parte, la establece de manera imperativa, porque dice “se subrogará” “por ministerio de la ley”; y, de la otra, porque establece, igualmente en forma perentoria un límite cuantitativo, cuando expresa que “se subrogará... hasta concurrencia de su importe”. Complementa lo dicho la circunstancia de que el propio legislador provea a la cautela por la misma ley de los derechos del asegurador-subrogatario, como efectivamente ocurre con los artículos 1097 y 1098 del Código de Comercio, en el primero de los cuales expresamente prohíbe al asegurado renunciar a sus derechos contra los terceros responsables del siniestro y, en el segundo, ordena realizar “todo lo que esté a su alcance para permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogación”, normas éstas que, al igual que las contenidas en los artículos 1099 y 1139, que niegan la posibilidad de subrogación en las hipótesis allí señaladas. Ahora bien, estas normas, por sí solas, ponen de manifiesto la intención de no dejar esta relación a la regulación particular, porque al darle ese tratamiento (imperativo, limitativo, obligatorio y prohibitivo en ciertos casos), está sin lugar a dudas sustrayéndola a los intereses particulares, porque, seguramente, se estima superior el interés de equilibrio y seguridad que debía guardarse en este contrato, para beneficio general. De allí su naturaleza de orden público.

2.1.3. Siendo así las cosas, esta subrogación legal, además de sus efectos tiene el tratamiento correspondiente a su naturaleza.

Por lo tanto, si el derecho del asegurado contra el responsable del daño nace en el momento mismo en que éste se produce; y, además, si es verdad indubitada que producido el siniestro y liquidada la pérdida se hace exigible al asegurador la obligación de indemnizarlo, resulta incuestionable que si ésta se cumple por parte de la compañía aseguradora, se produce, solo en el importe del pago, por ministerio de la ley (art. 1096, C. de Co.), la transferencia del derecho que la víctima tenía contra el autor del daño. De tal suerte que, a partir de ese momento, ese derecho se desplaza del asegurado al asegurador, a cuyo patrimonio se incorpora desde entonces. Ahora bien, a cuyo patrimonio se incorpora desde entonces. Ahora bien, la naturaleza de orden público de esta subrogación legal especial, conlleva, de una parte, su aplicación e interpretación restrictiva en la relación asegurador-subrogatario y asegurado-subrogado, sin posibilidad de extensión de su contenido, ni de aplicación de otras normas que la desvirtúen; y, de la otra, la imposibilidad de negocios jurídicos unilaterales de renuncia u otros negocios que directamente pretendan regular dicha relación jurídica, infringiendo directa o indirectamente (fraude a la ley o simulación fraudulenta) su preceptiva, los cuales en caso de presentarse, serían absolutamente ineficaces (arts. 15 y 16, C.C.).

2.1.4. Siendo ello así, fuerza es concluir que, si en ejecución del contrato de seguro y pagada la indemnización por el asegurador, se pacta una cesión de los derechos del asegurado al asegurador, ésta carece de efectos. Porque si la cesión versa sobre el derecho cancelado por el asegurador, dicho negocio es ineficaz por carencia absoluta de objeto, porque los derechos de los cuales éste sería cesionario ya los adquirió, en forma ipso jure por el pago, como asegurador-subrogatario legal. Y si la cesión mencionada tenía como objeto la diferencia que la víctima podía reclamar del autor del daño (esto es, la existente entre el valor del seguro y el mayor del daño asegurado), estaría afectada de ilicitud, porque de manera directa o indirecta (mediante fraude a la ley), se trataría de una regulación convencional, en una forma diferente, de la relación asegurador-subrogatario y asegurado-subrogado, porque los derechos de los cuales éste sería cesionario ya los adquirió como asegurador-subrogatario. Pues mediante dicho pacto se altera esta subrogación legal de orden público y limitada al importe, para hacerle producir abierta o fraudulentamente, un alcance superior, que no sólo le permita la restitución del valor pagado por el seguro, sino también la posibilidad de exigir al autor del daño la diferencia en esta cantidad y el mayor valor del perjuicio ocasionado. Contrariando así la ley que sólo autoriza y garantiza que el asegurador que ha pagado el seguro sólo reciba su “importe” y mediante “subrogación legal”, sin que pueda, directa o indirectamente, alterar voluntariamente esta regla (fraude a la ley o simulación fraudulenta), pues no hay libertad negocial para ello.

2.2. Pero diferente a la relación de la víctima frente al responsable del daño, que, de acuerdo con las normas generales de responsabilidad pertinentes, aquélla tiene el derecho a la reparación integral del daño, de tal manera que, siendo éste de mayor valor al pago parcial recibido del asegurador, tiene aquél derecho a reclamar del responsable el pago de la diferencia correspondiente, y el titular del mismo, conforme a las normas generales, puede cederlo real y lícitamente a cualquier tercero con excepción de quien como asegurador efectuó el pago parcial, por las razones anteriormente expuestas.

2.3. Por lo tanto, en caso de daño de mayor valor al seguro pagado, el responsable deberá resarcir los perjuicios ocasionados, así: Una parte al asegurador que ha hecho el pago pero sólo hasta el límite del importe de este último, siendo ineficaz la cesión que por el derecho a la reparación del mismo daño se haya hecho; y la diferencia entre esta cantidad y el mayor valor del daño, le corresponderá al titular de ese derecho, que bien puede ser la víctima, o un tercero-cesionario, diferente a dicho asegurador, que real y lícitamente lo haya adquirido.

Por el contrario, siendo el valor del pago del seguro igual o superior a la cuantía del daño ocasionado, el victimario solamente estará obligado para con el asegurador que ha pagado tomando como límite máximo el valor de los perjuicios causados.

3. Aplicadas las nociones anteriores al caso sub lite, deviene como conclusión que el Tribunal, no incurrió en quebranto de las normas sustanciales denunciadas por el recurrente y, antes bien, con su determinación de no reconocer efectos jurídicos a la cesión de derechos celebrada entre el asegurado y el asegurador después del pago por el primero al segundo de la indemnización derivada del contrato de seguro (fls. 24, 25 y 26, c-1), entendió las normas aplicables al litigio en cuestión, en orden a la plena realización del derecho objetivo según se desprende de los razonamientos precedentes, todo lo cual apunta a que, como lo dijo esta Corporación, en fallo de casación de 9 de octubre de 1980, “como ha sido principio rector en materia de seguros que este contrato no puede ser fuente de ganancia y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio (art. 1088 C. de Co.), es apenas obvio que circunscriba el derecho del asegurador que ha pagado el valor del seguro a obtener, del autor del daño, apenas el monto de la suma pagada y no una cantidad superior” (G.J. tomo CLXVI, número 2407, pág. 156).

Por lo dicho, el cargo no prospera.

Segundo cargo

Acusa en este cargo el recurrente la sentencia del Tribunal, de ser “violatoria por vía directa de normas de derecho sustancial, así: artículo 1096 del Código de Comercio por interpretación errónea; artículo 2822 del Código de Comercio y artículos 1614 y 1649, inciso 2º del Código Civil por falta de aplicación” (fl. 36. cdno. Corte).

En desarrollo de la argumentación para sustentar la censura, manifiesta el impugnador que la subrogación especial del asegurador en los derechos del asegurado contra el tercero responsable del daño, establecida por el artículo 1096 del Código de Comercio, en cuanto expresa que ella opera en virtud del pago de la indemnización y “hasta concurrencia de su importe”, no puede entenderse como lo hizo el Tribunal, en el sentido de que el asegurador ocupa la posición del asegurado “solamente para perseguir la suma por él pagada al momento de indemnizar el siniestro, nominalmente considerada, y sin que sea entonces dable al juzgador reconocer actualización monetaria, ni intereses sobre tal cantidad”, pues de esa manera se limita “el alcance y recto entendimiento que ha de darse a tal precepto”, pues, a su juicio, la ley no estableció la subrogación “en una suma determinada”, sino “en los derechos del asegurado contra el responsable” (fl. 37, cdno. Corte), lo cual incluye el reconocimiento de la actualización de la suma pagada “por concepto de depreciación monetaria y pago de intereses” en procura de la “protección de la integridad del patrimonio social del asegurador en garantía de los usuarios”, y el evitar que el tercero responsable del siniestro se beneficie del contrato de seguro al que es ajeno.

Agrega luego el recurrente que el entendimiento del artículo 1096 del Código de Comercio respecto a que la subrogación del asegurador es nominal y por la suma pagada al asegurado, es una interpretación exegética, que resulta contraria “a institución y a las razones de su establecimiento” (fl. 39, cdno. Corte). De esta manera, según el criterio del recurrente, se deja de lado el carácter del crédito indemnizatorio, el cual “no se desmejora ni varía por el hecho del cambio de su titular”.

A continuación, el censor manifiesta que, si la subrogación en cabeza del asegurador y contra el responsable del daño busca que éste no se estima de la reparación por el hecho ilícito causante de un perjuicio a la víctima, no existe razón jurídica para que su responsabilidad quede limitada a la suma pagada por el asegurador, cuando el daño causado al asegurado es mucho mayor. Tal interpretación, a su juicio, resulta, por ello, “abiertamente contraria frente al fundamento de la norma: evitar el enriquecimiento del tercero” (fl. 40, cdno. Corte).

Reitera luego que la “restitución” de la suma desembolsada por el asegurador, sin reajuste de su poder adquisitivo, en nada contribuye a mantener la integridad de su patrimonio y olvida el carácter indemnizatorio del crédito subrogado, que “comprende los accesorios que le son propios y que son componentes del perjuicio: actualización monetaria, en concepto de su daño emergente y reconocimiento de intereses, por concepto del lucro cesante, que no son otra cosa que los componentes de la indemnización a él anejos” (fl. 40, cdno. Corte).

Al asegurador, como subrogatario, ocupa el lugar del asegurado víctima del daño, es el perjuicio de éste el que pretende hacer efectivo y, por tal razón, es evidente que el Tribunal se equivoca al sustentar su decisión bajo la consideración de que el asegurador “no ha sufrido perjuicio en la acepción jurídica de la palabra” (fl. 41, cdno. Corte). Por esa razón, el Tribunal, con su decisión, contraría los preceptos de los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, “en tanto establecen que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante”, pues, “aquí, como se vio, el asegurador se subroga en parte de un crédito indemnizatorio”, que incluye entonces la desvalorización monetaria y el pago de intereses ya que, de otro lado, así lo exige el artículo 1649 del Código Civil, “en tanto establece que el pago total de la deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban”. Esto significa, que “la condena a cargo del transportador debe incluir a más de la suma desembolsada por el asegurador, los intereses comerciales causados desde la fecha del pago, y la actualización de dicha cantidad en términos reales” (fl. 41, cdno. Corte).

Así, remata el recurrente, “es pues manifiesto el error en que incurre el Tribunal al interpretar erróneamente el artículo 1096, al estimar que la frase “hasta concurrencia de su importe...” es incompatible con la posibilidad de hacer la transmisión de los derechos operada por la subrogación en contra del responsable, en términos reparatorios reales, como corresponde a la naturaleza del crédito indemnizatorio transmitido, contrariando su espíritu y las razones de su establecimiento, y determinante de la falta de aplicación de los preceptos contenidos en los artículos 2º, 822 del Código de Comercio y 1613, 1614 y 1649, inciso 2º de Código Civil” (fl. 42).

Consideraciones

1. Primeramente reitera la Sala el carácter especial que, no obstante la relación contractual del contrato de seguro y sus eventuales alteraciones precedentes y posteriores al pago del seguro, se le da a la institución de la subrogación legal por dicho concepto.

1.1. En efecto, es verdad averiguada que por ministerio de la ley la póliza de seguro, además de las condiciones generales, debe contener expresamente, cuál es “la suma asegurada o el modo de precisarla”, por mandato del artículo 1047, ordinal 7º del Código de Comercio, norma que se encuentra íntimamente ligada a lo preceptuado por el artículo 1097 del mismo código, en cuanto en este último se dispone, en forma imperativa, que el asegurador, en cumplimiento de sus obligaciones como tal, tiene como límite el responder “hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 1074”. Y también es conocido que la suma asegurada es, entonces, diferente del valor asegurable y puede concidir o no con este último. Ello, en consecuencia, se fija generalmente por la declaración unilateral del asegurado, que como titular de su propio interés conoce su valor económico, sabe la protección que requiere y la pacta con el asegurador según sus posibilidades de pago, conforme a la prima y a las tasas que para el contrato de seguro se fijan por las compañías aseguradoras con sujeción a la intervención del Estado.

1.2. Sin embargo, ha querido el legislador, por las razones expuestas en el cargo precedente, otorgarle al pago del seguro con subrogación legal una naturaleza de orden público con la imperatividad, obligatoriedad y consecuencias allí indicadas, con cierta autonomía de lo que ha ocurrido cuantitativamente antes o después del pago. En efecto, para determinar el límite cuantitativo del objeto subrogado se toma en cuenta únicamente el valor de lo pagado por el seguro, con independencia del valor de las primas pagadas, o del mayor valor del objeto asegurado y de circunstancias posteriores al pago, como son su deterioro monetario, improductividad financiera, etc. Luego, se trata de un límite cuantitativo fijado por la ley que, a la vez que satisface los intereses privados del asegurador y el asegurado, también de seguridad jurídica al monto exacto a reclamar y garantiza certeramente derechos de terceros y, concretamente, los del autor del daño. Por eso, prescribe el artículo 1096 del Código de Comercio que la subrogación legal del asegurador en los derechos del asegurado contra el tercero responsable, tiene como límite la suma pagada de acuerdo a lo asegurado, que, por su naturaleza debe entenderse restrictivamente para los efectos cuantitativos, porque esa es la clara intención inequívoca del precepto, y que, por lo tanto, no permite extender o completar su sentido de tal manera que desborde dicho límite. Y por la misma razón se ha dicho, que es necesario además, que en el proceso respectivo se determine la cuantía de los perjuicios causados por el tercero. En efecto, ha sostenido la jurisprudencia de esta Corporación: “el asegurador que se subroga en los derechos del asegurado, para que el responsable de un siniestro sea condenado a pagarle la misma suma pagada al asegurado, debe demostrar en el respectivo proceso, que el daño sufrido por éste y de cuyo pago es responsable el demandado, tiene valor superior o, al menos, igual a la suma que el asegurado recibió de él. No está pues exenta la compañía aseguradora del deber de aportar la prueba del monto del perjuicio sufrido por el asegurado y, por ende, con la sola demostración de haberse pagado el seguro no queda acreditado el quántum del daño resarcible a cargo del responsable del siniestro” (Sentencia 17 de marzo de 1981, G.J., tomo CLXVI, número 2407, pág. 370).

2. Por consiguiente, reitera la Sala su doctrina en el sentido de la improcedencia de corrección monetaria e intereses sobre el derecho subrogado legalmente y fundado en la suma pagada por concepto de seguro; lo que, por tanto, hace impróspero el cargo.

2.1. Ello significa, entonces, que la indemnización pagada por el asegurador y en la cual se subroga en los derechos de la víctima asegurada contra el tercero responsable aquí demandado, se determina por el valor del daño derivado del siniestro al momento de su ocurrencia, avaluado a esa época y limitado al importe de la suma pagada al asegurado, pues, como lo ha dicho esta Corporación, “en cuanto hace a la corrección monetaria, recabada por las demandantes, no es del caso imponerla porque la relación negocial que obliga a la sociedad demandada se deriva exclusivamente del contrato de transporte, dejándose a un lado, para esos efectos, el contrato de seguro...” (Sentencia 202, 16 de junio de 1988, ordinario Compañía Agrícola de Seguros S.A. y la Nacional de Seguros S.A. contra la sociedad Empresa de Transportes Cogra Ltda.).

2.2. En cuanto al pago de intereses comerciales sobre la suma de dinero pagada al asegurado por concepto de indemnización y de cuya negativa a reconocerlos e imponer condena o cancelarlos por la parte demandada, se duele la recurrente en casación, observa la Corte que, conforme a la preceptiva contenida en el artículo 1096 del Código Civil, la subrogación legal que allí se establece a favor del asegurador contra el tercero responsable del daño, se encuentra limitada al importe de lo efectivamente pagado o sin que pueda extenderse a otros conceptos, pues, como ya se dijo por esta Corporación, al precisar los derechos del asegurador —subrogatario, “la norma que tal derecho le otorga es el artículo 1096 del Código de Comercio, norma que conforme a su tenor literal, que es claro, le permite al asegurador reclamar hasta concurrencia del importe de lo que pagó a título de indemnización, sin que ni aún de sus palabras se infiera que permite reclamar intereses de la suma que pagó” (Sentencia 13 de diciembre de 1988, ordinario de Suramericana de Seguros S.A., contra Arango y Cía. Transportes E. Cuartas, SCA).

El cargo, por lo dicho, no prospera.

IV. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, el 30 de marzo de 1990, en el proceso ordinario iniciado por la Sociedad Mundial de Seguros S.A. y la Federal Compañía de Seguros S.A. contra Expreso Caribe Ltda.

Costas a cargo de la sociedad recurrente.

Tásense.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al Tribunal de origen.

Rafael Romero Sierra—Eduardo García Sarmiento—Pedro Lafont Pianetta—Héctor Marín Naranjo—Alberto Ospina Botero. 

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