Sentencia 39616 de mayo 19 de 2010

 

Sentencia 39616 de mayo 19 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39616

Acta 16

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calderón

Bogotá, D.C., diecinueve de mayo de dos mil diez.

Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Luis Fernando Vélez Jaramillo contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 12 de diciembre de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por el recurrente, contra las Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP.

Antecedentes

En lo que interesa al recurso extraordinario, el demandante reclamó el reintegro al cargo de asistente especializado, que desempeñaba al momento del despido o a otro de igual o superior jerarquía y, consecuencialmente, el pago de los salarios y prestaciones sociales legales y extralegales pactados en las convención colectiva de trabajo suscrita entre la empresa y Sintraemcali para la vigencia 2004 - 2008, dejados de percibir desde la fecha del despido hasta cuando se produzca el reintegro, debidamente indexados, reajuste del auxilio de cesantía, con inclusión de todos los valores recibidos y los reclamados en la demanda y el pago de la jubilación convencional.

Expuso que prestó servicios a Empresas Municipales de Cali Emcali EICE ESP del 2 de mayo de 1983 al 25 de mayo de 2004, es decir, 21 años, 23 días; por tener 50 años (nació jun. 30/54) tiene derecho al pago de la pensión convencional; según los acuerdos municipales 014 de 1996 y 034 de 1999, la entidad se transformó en una empresa industrial y comercial del Estado, prestadora de servicios públicos domiciliarios; mediante las resoluciones JD-003 del 1º de enero de 1997 y 7447 del mismo año “clasificó el cargo de jefe de departamento, como de empleado público”, las cuales fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado; el Concejo Municipal de Cali mediante el Acuerdo 034 del 15 de enero de 1999 adoptó el estatuto orgánico para Emcali EICE ESP; el Consejo de Estado mediante sentencia del 25 de marzo de 2004 declaró la nulidad parcial del referido acuerdo; la junta directiva de Emcali EICE ESP, mediante Resolución JD-003 del 20 de enero de 1999, clasificó los cargos de la entidad; la Resolución JD-090 de diciembre 28 de 1999 contiene la estructura orgánica de Emcali EICE ESP, como lo ratifica el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 18 de junio de 2004; la demandada y Sintraemcali, el 4 de mayo de 2004, suscribieron una convención colectiva de trabajo para la vigencia 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008, la cual se hace extensiva a todos los trabajadores oficiales “en razón a que Sintraemcali, tiene un número de afiliados mayor a la tercera parte de las personas vinculadas laboralmente con la demanda (sic)”.

La accionada, al contestar la demanda, se opuso a sus pretensiones; admitió los hechos relativos a la relación laboral y sus extremos temporales; la transformación jurídica de la entidad, la expedición de los actos administrativos reseñados, y aclaró que “no se configura el alegado despido injusto por cuanto el cargo de asistente especializado corresponde a un cargo clasificado como empleado público, de libre nombramiento y remoción”; propuso como excepciones previas, “falta de jurisdicción y competencia”, “prescripción de acción de reintegro” y “prescripción de salarios, reajustes y prestaciones sociales” y como de fondo, “presunción de legalidad”, “caducidad de la acción que pudiera anular la presunción de legalidad de que gozan las resoluciones JD-001/99, G-02000/99, JD-000090/99”, “excepción de inexistencia del derecho”, “excepción de pago de lo no debido”, “carencia de acción y de derecho”, “inexistencia de la obligación”, “inaplicabilidad de la convención colectiva”, “inexistencia de la obligación de reintegro” e “inexistencia de la jubilación convencional”.

El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali, en sentencia del 14 de agosto de 2008, absolvió a la empresa.

La sentencia del tribunal

La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, el 12 de diciembre de 2008, confirmó la sentencia consultada.

En lo que interesa al recurso extraordinario, estimó que el demandante tiene la calidad de trabajador oficial; citó, en su apoyo, la sentencia de esta Sala del 23 de marzo de 2007, radicación 24492; luego, expresó:

“a Dentro de la abundante prueba documental allegada a los autos por ambas partes procesales, con rigor jurídico se puede sostener que únicamente los actos contenidos en los documentos de folios 40 y siguientes, y 208 y siguientes tienen la condición de estatutos de la empresa municipal demandada. Ninguno de los otros tiene esa condición ya por no haber sido emitidos por su junta directiva —único ente con capacidad legal para ello— o porque siendo ese organismo su autor no fue su intención la de expedirlos con tal carácter sino con otros fines completamente diferentes como el de hacer una clasificación de personal por ejemplo.

“b No obstante que la Resolución 0003 de 1999 —primer documento— tiene la condición de verdadero estatuto por haberlo dispuesto así su junta directiva, en ellos el único artículo referente a su personal —el 24— se limitó a decir que “las personas que presten sus servicios a Emcali EICE ESP tendrán el carácter de empleados públicos o de trabajadores oficiales”. Significa lo anterior que no cumplió con el deber de señalar cuales actividades de dirección o confianza pueden ser desempeñadas por personas que tengan la calidad de empleado público. Por manera que de ese acto no se puede deducir la condición del demandante.

“c El segundo documento —folios 208 y ss— contiene los últimos estatutos. Estos, si bien no fueron expedidos por la junta directiva de la demandada, lo hizo el agente especial de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios no en su condición de tal sino por tener las atribuciones de la junta directiva según se pregona en los considerandos de la Resolución 000820 del 20 de mayo de 2004.

“Aparte de la validez o no que pueda tener dicho acto por la circunstancia puesta de presente, el tribunal encuentra que ostenta el mismo defecto de los estatutos anteriores en tanto se limitó a indicar ‘los cargos’ mas no las ‘funciones de dirección o confianza’ que pueden ser ejecutadas por empleados públicos y es esta última exigencia la que establece la ley como claramente lo dejó determinado la Corte Suprema. Esto es tan incontrovertible que solo para las diferentes gerencias se indicaron las funciones. Adiciónese a lo anterior que el cargo de ‘asistente especializado’ del demandante no aparece en la relación que hace la referida resolución. Estas circunstancias son suficientes para sostener que con fundamento en aquella tampoco se puede calificar al demandante de empleado público.

“d Frente al vicio puesto de presente debe aplicarse la ley, esto es el artículo 292 del Decreto 1333 de 1986 según el cual todos los servidores de una empresa industrial y comercial son trabajadores oficiales por regla general.

“e No obstante lo anterior no procede el reconocimiento de los derechos demandados por lo siguiente:

“El demandante no acreditó ser beneficiario de la convención de folios 72 y siguientes y cuya aplicación solicita en su demanda.

Frente a este vacío probatorio mal puede aplicarse al caso de autos dicho contrato colectivo pues el mismo precedente judicial que se dejó trascrito en parte es claro en exigir para tales efectos ya la prueba de ser miembro del sindicato, la de haberse adherido a la convención, la de ser mayoritario el ente gremial o, su extensión por acto gubernamental opciones que no tienen asidero probatorio en autos”.

Recurso de casación

Interpuesto por la parte demandante, concedido por el tribunal y admitido por la Corte, pretende que se case totalmente la sentencia impugnada, y que, en sede de instancia, revoque la de primer grado, y en su lugar se concedan las pretensiones formuladas en la demanda; con tal propósito presenta un cargo fundado en la causal primera de casación laboral, replicado oportunamente.

Cargo único

Denuncia la violación indirecta por aplicación indebida de “los artículos 1494, 1495 y 1506 del Código Civil, artículo 38 del Decreto 2351 de 1965 y artículo 467 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo” y le endilga los siguientes errores de hecho:

“a.) No dar por demostrado estándolo, que la convención colectiva de trabajo vigencia 2004 - 2008, se aplica a todos los trabajadores oficiales vinculados con Emcali EICE ESP”.

“b.) No dar por demostrado estándolo, que Sintraemcali es un sindicato mayoritario, único representante de los trabajadores.

“c.) No dar por demostrado estándolo, que Sintraemcali agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores al servicio de la demandada”.

“d.) Dar por demostrado sin estarlo, que la convención colectiva de trabajo vigencia 2004 2008, no se aplica a todos los trabajadores oficiales vinculados con Emcali EICE ESP.

“e.) Dar por demostrado sin estarlo, que Sintraemcali no agrupa a más de la tercera parte de los trabajadores al servicio de la demandada.

“f.) No dar por demostrado estándolo, que el demandante desde el día 1º del mes de julio del año 2004, reunía los requisitos establecidos en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo vigencia 2004 - 2008, para acceder al reconocimiento y pago de su pensión vitalicia de jubilación convencional”.

Al sustentar el cargo, copia apartes de la sentencia impugnada y luego afirma que el Tribunal dejó de aplicar el parágrafo I del artículo 1º y el 7º de la Convención Colectiva de Trabajo 2004 - 2008, suscrita entre Emcali EICE - ESP y su sindicato de trabajadores Sintraemcali; transcribe dichas cláusulas.

Señala que el tribunal no apreció el documento que obra a folio 70 “en el cual el jefe departamento de personal de Emcali EICE ESP” consignó que la empresa tenía 2680 trabajadores y 2460 se beneficiaban del acuerdo convencional.

Agrega que el ad quem, no obstante haber dado por probado que el recurrente era trabajador oficial, no dio por demostrado, estándolo, que desde el 1º de julio de 2004 reunía los requisitos exigidos en la convención colectiva de trabajo para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación.

Réplica

Considera que el tribunal adujo que, además de demostrar la calidad de trabajador oficial, el demandante debía acreditar que era beneficiario de la convención colectiva de trabajo vigente para los años 2004-2008, lo cual no ocurrió; que el documento de folio 70 no proporciona ninguna certeza porque es un “formulario de información” del Ministerio de Trabajo, los datos que aparecen son aproximados, de donde no se puede concluir que la convención se haga extensiva a todos los trabajadores.

Resalta que para que el actor se pueda beneficiar de la convención colectiva debe demostrar que aportó “los diez días del aumento salarial de que habla la cláusula 9ª de la convención colectiva de trabajo, requisito este indispensable para beneficiarse de cualquier prebenda convencional”. Cita la sentencia de esta Corte del 22 de julio de 2008, radicación 33272.

Se considera

Aun cuando el tribunal no mencionó el precepto convencional citado por el recurrente como inapreciado, que corresponde al parágrafo 1 del artículo 1º de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre la demandada y sus trabajadores, el 4 de mayo de 2004, es patente que lo tuvo en cuenta, toda vez que señaló que el actor no había acreditado ser “beneficiario de convención de folios 72 y siguientes y cuya aplicación solicita en su demanda. Frente a este vacío probatorio mal puede aplicarse al caso de autos dicho contrato colectivo pues el mismo precedente judicial que se dejó transcrito en parte es claro en exigir para tales efectos ya la prueba de ser miembro del sindicato, la de haberse adherido a la convención, la de ser mayoritario el ente gremial o, su extensión por acto gubernamental opciones que no tienen asidero probatorio en autos”.

De la anterior transcripción se desprende que el sentenciador se refirió a las hipótesis establecidas en los artículo 470 a 472 del Código Sustantivo del Trabajo, alusivas a la aplicación de las convenciones colectivas de trabajo, y no es factible predicar error alguno, al menos, manifiesto, ostensible o protuberante frente al alcance que le dio a las preceptivas convencionales; adicionalmente, es oportuno subrayar que esta Sala ha considerado que no es su función, en sede de casación, fijar el sentido de las disposiciones de las convenciones colectivas de trabajo, puesto que las mismas no tienen el carácter de normas de alcance nacional, por lo que se ha respetado la valoración que de ellas haga el sentenciador, excepto cuando le otorga un entendimiento totalmente desfasado.

La fotocopia que obra a folio 70, que la censura señala como dejada de apreciar, es un formato manuscrito que carece de firma de quien lo origina, de donde no se puede concluir su veracidad, razón por la cual no se puede tener como una de las pruebas calificadas contempladas en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, para demostrar que el ad quem incurrió en el error de hecho que se le endilga.

No obstante, no sobra agregar que en la convención colectiva de trabajo que se anuncia por el recurrente como fuente de sus derechos, se observa que en su artículo 9º, titulado “descuento por beneficio convencional” aparece que “Emcali, E.I.C.E.- ESP descontará con destino a los fondos comunes de Sintraemcali, los primeros diez (10) días de salario a todos los trabajadores que se beneficien directa o indirectamente de la convención colectiva de trabajo. Este descuento se hará por cada año de vigencia de la convención colectiva de trabajo o laudo arbitral”; el precepto 10, denominado “prioridad en descuentos” se consigna que “Emcali EICE- ESP dará prioridad a los descuentos de cuotas ordinarias y extraordinarias con destino a los fondos comunes de Sintraemcali”.

En todo caso, frente al tema debatido, la decisión acusada encuentra respaldo en la sentencia del 23 de marzo de 2007, radicación 29948, reiterada, entre otras, en la del 26 de enero de 2010, radicación 37600, en la cual la Corte expresó:

“(...) la condición de beneficiario de una convención colectiva de trabajo no se presume, sino que es menester de acuerdo con la ley, demostrar esa calidad, bien con la prueba de que es afiliado al sindicato que la celebró, o ya porque sin serlo decidió adherirse a sus disposiciones, o que el sindicato agrupa más de la tercera parte del total de los trabajadores de la empresa o por último por disposición o acto gubernamental.

“Las cláusulas 11 de la convención colectiva de 1996-1998 (fl. 54) y 10 de la convención de 1999-2000 (fl. 69), así lo indican, en tanto disponen que la empresa se obliga a descontar los primeros diez días de aumento de salarios a todos los trabajadores oficiales que se beneficien directa o indirectamente de la convención colectiva de trabajo. Ni lo uno ni lo otro acreditó el demandante, es decir que fuera beneficiario directo o indirecto”.

En esas condiciones, el cargo no prospera.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2008, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso seguido por Luis Fernando Vélez Jaramillo.

Costas a cargo de la parte recurrente.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Gustavo Jose Gnecco Mendoza—Eduardo López Villegas—Luis Javier Osorio López—Francisco Javier Ricaurte Gomez— Camilo Tarquino Gallego.

Rep4blica de Colombia

Corte Suprema de Justicia

Salvamento voto del magistrado

Gustavo José Gnecco Mendoza

Magistrada Ponente:

Dra. Elsy Del Pilar Cuello Calderón

Creo que la sentencia ha debido casarse porque, en mi opinión, está demostrado que el actor era beneficiario de la convención colectiva de trabajo que regía las relaciones laborales n la demandada.

Aunque en ocasiones anteriores en las que, en procesos similares al que ahora ocupó la atención de la Corte, compartí los criterios análogos a los que fueron expuestos por la mayoría en la sentencia de la cual me separo, que estuvieron soportados en una convención colectiva anterior a la suscrita para el período 1999 -2000, un nuevo estudio del tema, a partir de lo consagrado en esta última convención colectiva de trabajo, me lleva a replantear mi discernimiento.

En efecto, el parágrafo 1º del artículo 1º de ese convenio regulador de condiciones de trabajo con toda claridad establece: “La presente convención colectiva de trabajo se aplicará a todos los trabajadores oficiales de Emcali ESP cualquiera sea el sitio de prestación del servicio”. Del texto de esa disposición convencional se desprende, a mi juicio, que para beneficiase de los derechos consagrados en tal acuerdo colectivo basta ostentar la calidad de trabajador oficial al servicio de la entidad demandada, calidad que en este asunto específico fue debidamente acreditada, como lo estableció la Sala al resolver el recurso de casación.

Es cierto que el artículo 10 de la convención colectiva en comento establece un descuento por beneficio convencional y que en el 11 se estipuló que la empleadora dará prioridad a los descuentos de cuotas ordinarias y extraordinarias. Pero de lo dispuesto por esas dos normas no puede concluirse que para ser beneficiario de dicha convención sea estrictamente necesario pagar a la organización sindical el descuento por beneficio convencional, pues sobre ese particular nada de lo que allí aparece consignado permite llegar a esa inferencia, en cuanto tales preceptos regulan una cuestión distinta al campo de aplicación del acuerdo colectivo.

Aparte de ello, esta Sala de la Corte ha precisado que la aplicación de una convención colectiva a un trabajador, en casos como el presente, no puede estar supeditada a descuentos de esa naturaleza. Así se dijo en la sentencia del 12 de mayo de 2005, radicación 24197:

“Conviene señalar que le aplicación de una convención colectiva de trabajo, en la hipótesis en que la misma disponga su extensión a todos los trabajadores de la empresa que la firmó, no puede quedar supeditada a la afiliación del beneficiario al sindicato o e los aportes que este deba sufragar por el hecho de resultar favorecido con las cláusulas de aquella. Criterio que es el de la Sala, registrado en sentencia de 28 de noviembre de 1994, en la que se proclamó:

“De otra parte, si bien es cierto que la aplicabilidad de una convención colectiva no se presume, también lo es que la prueba en estos casos no es solemne y si alguna de sus cláusulas ordena que se aplique a todos los trabajadores, tal estipulación es válida, con las precisiones hechas anteriormente, y acredite su extensión a ellos, sin que sea procedente exigir la demostración de la afiliación al sindicato, o de los descuentos sindicales o de las demás circunstancias que echó de menos la doctrina del tribunal que se rectifica. En tales eventos quien alegue la inaplicación del convenio e un trabajador, deberá probar que con arreglo al mismo o a la ley, este está excluido.

“En suma, no es dable confundir, como lo hizo la decisión mayoritaria del tribunal, los casos en que la aplicabilidad de la convención es procedente por mandato legal ineludible, con la que se impone por haberlo dispuesto el propio convenio y siempre que con ello no contravenga ordenamientos legales que expresamente lo prohíban” (Sentencia de 28 de noviembre de 1994, Rad. 6962).

Por otra parte, la exigencia echada de menos en este asunto por la Sala era de imposible cumplimiento para el promotor del pleito, porque para que el descuento de que tratan las normas convencionales antes reseñadas se efectuara, debía la demandada partir del supuesto de que aquel era beneficiario del convenio colectivo, porque se trata de una deducción surgida, precisamente, del hecho de beneficiarse de la convención. Pero si esa entidad negó la condición de trabajador oficial del demandante y, en consecuencia, la de acreedor de los derechos consignados en la convención colectiva, por obvias razones no podía efectuar el descuento y por ello no tiene ninguna lógica exigirle la prueba de un hecho que no podía darse.

Con el acostumbrado respeto,

Fecha ut supra.

Gustavo José Gnecco Mendoza.