Sentencia 39685 de febrero 19 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 39685

SP 1846-2014

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

Aprobado Acta 46

Bogotá D.C., diecinueve de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. Consideraciones de la Corte

La Sala es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, según lo previsto en el artículo 75.3 del Código de Procedimiento Penal —L. 600/2000—.

En cumplimiento del principio de limitación, la Sala solo se ocupará de aquello que fue materia de apelación, excepción hecha de lo inescindiblemente vinculado con los motivos de inconformidad, atendiendo en todo caso la prohibición de reforma en perjuicio.

1. De la congruencia.

Es sabido que de acuerdo con el diseño del proceso penal, el contenido de la acusación es el que delimita los linderos del debate probatorio a realizarse en el juicio, así como la sentencia, tal como lo tiene sentado la interpretación de esta corporación (CSJ SP, sep. 23/ 2009, Rad. 32016), al indicar:

3. Recuérdese que en el esquema de la Ley 600 de 2000, normativa bajo la cual se adelantó este asunto, la resolución de acusación es la pieza procesal que pone fin a la etapa instructiva y una vez adquiere ejecutoria se convierte en ley del proceso y en marco dentro del cual se debe pronunciar el juzgador. En la fase del juicio, el Fiscal adquiere la calidad de sujeto procesal y no necesariamente debe sostener la acusación; incluso, puede asumir una posición jurídica distinta a la observada cuando calificó el mérito del sumario. El sentenciador, por su parte, debe proferir su decisión en perfecta correspondencia con la pieza acusatoria, tanto en el aspecto personal (sujetos), fáctico (hechos y circunstancias) y jurídico (modalidad delictiva), y no a lo peticionado en la audiencia por el funcionario instructor.

Es precisamente frente a este aspecto que la Sala encuentra necesario llamar la atención sobre la superación por parte del a quo de tales límites impuestos por la resolución de acusación.

A efectos de enfrentar este aspecto propuesto por los apelantes, se hace preciso inicialmente concretar el alcance de la acusación en contraste con la sentencia condenatoria a fin de delimitar el espacio de la discusión.

La calificación del mérito del sumario, específicamente el numeral segundo de la parte resolutiva, contiene cinco cargos contra Becerra Araque, de modo que se le acusa como:

1. Autor del concurso homogéneo de prevaricatos por acción, cometidos en los procesos 2039 y 2146.

2. Autor del concurso material homogéneo y sucesivo de cohechos propios por solicitar y recibir dineros con destino a varias personas.

3. Autor del concurso material homogéneo sucesivo de sobornos, en los procesos 1450, 1452, 1739, 2039 y 2146, los cuatro primeros consumados y el último en grado de tentativa.

4. Autor de falsedad por sustracción de documento público, ejecutada y consumada dentro del proceso 1452.

5. Interviniente en falsedad ideológica en documento público, también en concurso homogéneo sucesivo.

Estos cargos fueron desatados por el tribunal de la siguiente manera: con absolución por los contenidos en los numerales 2º y 4º -por los cohechos propios y por la falsedad por sustracción-. Con condena por: a) el concurso de prevaricatos por acción y por omisión —num. 1º—, b) como determinador de sobornos cuatro consumados y uno en grado de tentativa —num. 3º—, c) por falsedades ideológicas en documento público —num. 5º—; y, d) además como determinador de falso testimonio.

De acuerdo con los anunciados principios de limitación y de prohibición de reforma en perjuicio, ya la Sala no puede dedicarse al análisis de aquellos delitos por los cuales se impartió absolución, esto es, por los cohechos y la falsedad por destrucción u ocultamiento, por lo que se hará caso omiso de las alegaciones de los apelantes, relacionadas con ellos.

Por otra parte, en estricto apego al principio de congruencia, esta corporación encuentra que los punibles de prevaricato por omisión y falso testimonio, por los cuales se le condenó, no constan en la resolución de acusación, motivo por el cual no queda opción distinta que decretar la nulidad parcial del fallo apelado, para retirarlos de su parte resolutiva.

El a quo, al justificar la supuesta vulneración de la congruencia al condenar a Becerra Araque por el delito de prevaricato por omisión, advirtió que aunque no se incluyó en la parte resolutiva, el fiscal acusador si se ocupó de él y lo incluyó en la acusación(5); desconociendo que finalmente —tal como se lee en la página 133 de la resolución de acusación— aunque ciertamente el fiscal lo consideró, concluyó que se subsumía en el delito de cohecho propio, y por tanto se abstenía de incorporarlo en la calificación del mérito del sumario(6).

Ahora bien, en relación con los delitos de falso testimonio hay que decir, además, que en la acusación se presentan como la causa del manejo de los dineros que Becerra Araque supuestamente habría recibido para pagar a los testigos; pero en la acusación no se estructura un cargo específico como determinador de tal delito contra la administración de justicia, motivo por el cual, no puede colegirse su existencia, per se, como lo hace el a quo, pues se viola el principio de consonancia; más aún, cuando en la sentencia apelada se absolvió por el delito de cohecho, por cuanto el tribunal no encontró la prueba específica de la entrega de los dineros que supuestamente fueron suministrados al ex funcionario judicial acusado.

Pese a ello hay que aclarar que los delitos de soborno por los que se acusó y por los que se condenó a Becerra Araque, tienen relación con el supuesto pago hecho a tres testigos —José Luis Angulo Gutiérrez, Gregorio Álvarez Vargas y José Franquil Camacho— para que mintieran en varios procesos, por lo que, en todo caso, las conductas punibles no terminan siendo indiferentes en el fallo.

2. Las inconformidades originadas en la valoración probatoria.

La discusión formulada en la apelación queda pues circunscrita, de acuerdo con los recursos de apelación y las anteriores precisiones, a determinar si existe material probatorio por medio del cual se le pueda deducir responsabilidad penal a Luis Francisco Becerra Araque por los delitos de prevaricato por acción, sobornos y falsedades ideológicas en documento público.

En dirección a resolver dicho interrogante la Sala empieza por destacar que el origen de toda la información que da cuenta de la supuesta vinculación de Becerra Araque con algunos miembros de las autodefensas, a los que se supone protegía de varias maneras en distintos procesos penales, es la denuncia que de ello realiza el abogado —de paramilitares procesados por el fiscal acusado— Rafael Darío Palomino Silva, por lo que la Sala se concentrará, inicialmente en el análisis contextual de dicho testimonio.

Según lo que se observa en lo relatado por el denunciante, se trató de un fraude de grandes proporciones a la administración de justicia y en particular a la indulgencia concedida por la Ley de Justicia y Paz, pues se trataba, según su dicho, de descartar delitos graves a personas integrantes de grupos paramilitares privados de la libertad y procesados por tales punibles, a efectos de que entrada en vigor la Ley 975 de 2005, los mismos salieran en libertad como expresión de su aplicación.

Frente a la coherencia externa del objetivo general del supuesto ardid criminal, para la Sala resulta altamente significativo que para los tiempos del supuesto devenir de los hechos materia de la extensa querella, habrían concluido las conversaciones de paz en Santafé de Ralito, las cuales condujeron a la expedición de la Ley 975 de 25 de julio de 2005, motivo por el cual se encuentra una importante coincidencia temporal al relato de Palomino Silva con lo que realmente ocurría, lo cual surge, además que como evidencia procesal, de ser un hecho notorio; toda vez que el país observaba esperanzado la luz de un nuevo amanecer con la cesación de la actividad violenta por parte de los actores paramilitares como efecto de la indulgencia punitiva que se concedía con dicho marco normativo.

Era de público conocimiento que entre los miembros de grupos paramilitares existía una gran ansiedad en relación con su suerte, más aún de quienes para la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz se encontraban privados de la libertad, motivo por el cual resulta creíble que pudieran adelantar maniobras orientadas a distraer a las autoridades respecto de investigaciones en su contra por los delitos más graves, más si se tiene en cuenta la incertidumbre frente al escrutinio constitucional que estaba pendiente de efectuarse de la Ley 975 de 2005; siendo posible que tal preocupación fuera distinta entre cabecillas y patrulleros, sin que pueda ser objeto de desconfianza el hecho de que en algunos casos, los paramilitares de menor rango, buscaran mayor “protección judicial”.

También es un hecho cierto, surgido del acopio probatorio realizado al interior del proceso, que las personas a quienes, según la acusación y la denuncia, el ex fiscal Becerra Araque pretendía proteger con su actuar — Pablo Antonio Peinado Padilla alias Mauricio, Rolando Gutiérrez Guardia, Carlos Alberto Sosa Castro alias “Ramiro” y Carlos Alberto Arrieta Tapia alias “Palomo”— estaban privadas de la libertad para el año 2005, lo que hace creíble la versión según la cual estaban interesadas en mejorar su posición procesal de manera que disminuyera su compromiso suasorio y así devaluar los cargos existentes en su contra, tal como surge del relato de Palomino Silva.

Además, como parte del análisis de coherencia externa que se realiza del dicho del denunciante, no queda duda de las posiciones de privilegio que para “ayudarlos” ocupaban, tanto el fiscal Becerra Araque como el principal testigo de cargo —Palomino Silva—, esto es, fiscal y defensor.

Por tanto, no solo no aparece descabellado sino que a partir de estas consideraciones surge la necesidad de no descartar dicho testimonio y adentrarse en su contenido para iniciar la revisión de su coherencia interna.

En ese propósito, surge innegable que su dicho entremezcla detalles e intimidades procesales con el extenso plan criminal, bien concebido, con un relato que solo pueden hacer de manera coherente y precisa aquellos que lo conocen.

Igualmente, el manejo de dicha información les creaba la oportunidad para ejecutar el programa criminal, dado que así mismo sabrían quiénes serían los personajes precisos para dichas ilegalidades —los mismos testigos incriminatorios que inicialmente habían rendido su versión y que ahora debían retractarse o confundir la investigación—, personas a quienes, además tenían fácil acceso, tanto fiscal como defensor.

Como se ve, en torno de la credibilidad que mereciera el denunciante Palomino Silva va desdibujándose la sombra de duda que intentan colocar los impugnantes y va abriéndose paso la luz de su verdad.

Pero es que, además de la versión de Palomino Silva, a su manera, dan ratificación también los supuestos testigos falsos, esto es, las personas a quienes él señala como las que inicialmente habían incriminado a paramilitares que posteriormente —en eso consiste todo el devenir delictivo que se imputa a Becerra Araque— se retractaran e intentaran sacarlos en limpio o por lo menos reducir su sindicación a delitos que una vez entrada en vigencia la Ley 975 de 2005, obtendrían la libertad como consecuencia inminente.

De modo que, a medida que la Sala se va internando en el detalle de los delitos por los cuales se produjo la condena contra Becerra Araque, con las salvedades anotadas anteriormente, se encuentra con la conclusión que comienza a perfilarse en torno de la credibilidad que merece Palomino Silva.

2.1. Frente a los prevaricatos por acción.

En relación con este delito advierte el artículo 413 del Código Penal que:

“El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”.

En definitiva fueron dos las providencias que proferidas por Becerra Araque se califican en la resolución de acusación como ostensiblemente ilegales, a saber:

2.1.1. La emitida al interior del sumario 2039 el 14 de diciembre de 2005, mediante la cual revocaba la medida de aseguramiento que por el delito de desaparición forzada había proferido el 4 de enero del mismo año en contra de Pablo Antonio Peinado Padilla, quedándole la medida solo por el punible de concierto para delinquir.

De acuerdo con lo exhibido por el sumario 2039 cuyo adelantamiento realizaba el fiscal Becerra Araque, se investigaba la desaparición forzada de tres comerciantes de Maicao (Munir Carrillo Daza, Manuel Antonio Daza Bustillo e Isidro Antonio Uriana), siendo sindicados Pablo Antonio Peinado Padilla alias Mauricio, Héctor Muñoz Villa, Jorge Mario Durán Ascanio alias Luber o Huber y Rolando Gutiérrez Guardia, desmovilizados de las AUC.

Pues bien, en dicho sumario se puede apreciar que el testigo José Gregorio Álvarez Vargas, desertor de las AUC, rindió inicialmente una versión testimonial —dic. 20/2004(7)— en la que relató que, de acuerdo con lo que le contó en el municipio de Albania el sujeto conocido con el alias de “El Turco”, este se llevó y asesinó a dichos ciudadanos, por indicación que le hiciera Peinado Padilla, alias “Mauricio”, orden motivada en que uno de los ajusticiados, Manuel Antonio Daza Bustillo, habría asesinado sin justificación a un joven en días pasados, por lo que al ser llamado a cuentas también lo serían las otras dos personas que lo acompañaban a efectos de no dejar testigos; declaración en la que además ofrece una descripción completa y real de las características físicas del sujeto conocido con el alias de “Mauricio”, a quien dijo conocer.

Pese a ello, en diligencia celebrada el 3 de mayo de 2005, dicho testigo Álvarez Vargas dijo no reconocer a alias “Mauricio”, no obstante que se encontraba en la fila de personas que se le exhibía con dicho objetivo; exculpación que ratificó el 5 de septiembre siguiente, amparado en un nuevo relato que supuestamente le fue cambiado otra vez por alias “El Turco”, en el que, ahora, sacaba en limpio a “Mauricio” de la triple desaparición forzada; comparecencias procesales a solicitud del abogado defensor —Palomino Silva—, quien después se convertiría en delator y testigo consistente de todas las fechorías en las que él mismo habría participado.

La denuncia de Palomino Silva, a la sazón defensor de alias “Mauricio”, indica que las AUC habían dado un dinero al fiscal para que manejara el proceso, y de ahí se le habría pagado al testigo Álvarez Vargas una gruesa suma de dinero para que se abstuviera de reconocer a “Mauricio”, persona que en declaración pasada lo había descrito físicamente ya que lo conocía de tiempo atrás; lo cual solo tendría efectos en relación con el delito de desaparición forzada, y exclusivamente respecto de dicho sindicado; todo lo cual es corroborado por esta corporación al revisar dicho sumario, cuya copia obra como anexo en el asunto de la referencia.

El cuestionamiento de los apelantes respecto de dicho testimonio en relación con lo sucedido en el sumario 2039, se orienta a afirmar a) que no existe precisión en torno del dinero que supuestamente le fue pagado por el denunciante al acusado, b) que si era tan falso el testimonio del testigo cuestionado cómo explicar que con la información por él suministrada, se hubieren hallado los cuerpos de los hasta entonces desaparecidos, c) que el mismo Peinado Padilla niega que para el mejoramiento de su situación procesal se hubiera pagado dinero alguno, y por esa misma vía argumentativa, que no existe prueba del negocio ilícito en cuestión, y, d) que tampoco tenía mayor sentido pagar para que los resultados de la gestión fueran tan pobres, como la modificación de la medida de aseguramiento solo respecto de un delito, y más de cinco meses después del testimonio.

La corporación encuentra oportuno recordar que la aludida entrega del dinero al acusado era el aspecto central del delito de cohecho, por el cual, precisamente, por falta de prueba que condujera a la certeza de su monto, lugar de entrega, personas relacionadas en la transacción ilegal, fue cobijada con decisión absolutoria por parte del tribunal.

Por tanto, no está en discusión ninguno de los aspectos relacionados con la entrega del dinero que supuestamente paramilitares entregaron al entonces fiscal Becerra Araque en contraprestación por su “ayuda”, porque por ello fue absuelto.

En segundo lugar, frente al reclamo realizado por los apelantes, según el cual si era tan falso el testimonio de José Gregorio Álvarez Vargas, en relación con la descripción de alias “Ramiro”, cómo aceptar la veracidad de la información suministrada por él, gracias a la cual se hallaron los despojos mortales de los tres comerciantes de Maicao hasta entonces desaparecidos, esta corporación reflexiona de la siguiente manera:

En primer término, resulta conveniente revisar las fechas en que el testigo cuestionado hace sus apariciones: la primera fue el 20 de diciembre de 2004 en la que inculpó del delito investigado a alias “Mauricio”, a quien en dicha diligencia dijo conocer de manera suficiente(8) —y a quien le imponen medida de aseguramiento por desaparición forzada y concierto para delinquir mediante res. de ene. 5/2005—; los días 26 de abril y 3 de mayo de 2005 en sendos reconocimientos en fila de personas realizados en las cárceles de Riohacha y Valledupar, manifestó no encontrar en ella ni a “Mauricio” ni a Rolando Gutiérrez Guardia; el 5 de septiembre siguiente amplió su declaración, pero ahora exculpando por completo a “Mauricio” de la comisión de tales hechos(9); información gracias a la cual se profirió el 14 de diciembre la decisión por la cual se revocaba la medida de aseguramiento contra alias “Mauricio” por el delito de desaparición forzada —contrayéndose la misma al concierto para delinquir—.

No hay que perder de vista que la denuncia de Palomino Silva se inició —fueron múltiples versiones— el 7 de julio de 2006 y que el testigo José Gregorio Álvarez Vargas, nuevamente rindió versión el 14 de julio de 2006 en la ciudad de Bogotá, en la que indicó la ubicación de los cuerpos hasta entonces desaparecidos, cuya exhumación se realizó efectivamente el 21 de dicho mes, julio de 2006.

Así, en vez de generar duda o restar credibilidad a lo expresado por el denunciante, ese hallazgo contribuye a incrementar la confianza que merece lo afirmado por Palomino Silva, dado que en su denuncia advertía ya que eso sucedería. Por tanto, siendo parte del mismo plan criminal, orientado a engañar a la administración de justicia, no se puede pregonar del testimonio de José Gregorio Álvarez Vargas su absoluta mendacidad, como lo pregona el apelante en su libelo.

También llama la atención lo probado por la Fiscalía en relación con tres consignaciones hechas por Becerra Araque a favor del testigo en cuestión, los días 2 y 14 de septiembre de 2005 y 24 de julio de 2006, las dos primeras en época cercana a la de la ampliación de su testimonio exculpatorio a favor de “Mauricio”. La tercera consignación —de jul. 24/2006 realizada por la compañera permanente de Becerra Araque al cuestionado testigo— coincide con la nueva declaración que dicho personaje —José Gregorio Álvarez Vargas— rindió al interior del mismo sumario 2039, dirigido por el ex fiscal acusado, en la que indicó el lugar en que fueron hallados los restos de los mentados comerciantes desaparecidos en la ciudad de Maicao; conocimiento que según indicó en dicha oportunidad, le vino por comentario que le hizo un sujeto conocido con el alias de “el Tripas”, quien le referenció la ubicación de los cadáveres.

Pues bien, la conclusión a la que llegó la Fiscalía, la cual acreditó con la prueba de que la consignación la hizo una persona allegada a Becerra Araque, fue que al cuestionado testigo Álvarez Vargas, el fiscal acusado le pagó la suma de 500.000 para que informara el paradero de los tres cuerpos(10); dinero que le fue consignado por la compañera permanente del fiscal acusado, pocos días después de que se ofreciera tal información al interior del proceso(11). No deja de llamar la atención que la diligencia de exhumación que fue decretada en un sitio distinto al de la dirección suministrada por el testigo y en todo caso los cuerpos se hallaron en un tercer inmueble(12).

Como se ha dicho, no cabe duda de que todos estos aspectos refuerzan la versión del denunciante Palomino Silva, ya que todo coincide con lo relatado por él en su ampliación de 2 de noviembre de 2006, en la que da cuenta de la negociación incluido el hallazgo de los cuerpos en mención, dado que sería un resultado exitoso que podría mostrar la Fiscalía(13).

Se exhibe como pueril que los apelantes extraigan consecuencias probatorias al ejercicio del derecho a no auto incriminarse que le asiste a Peinado Padilla alias “Mauricio”. De acuerdo con el raciocinio consignado en la impugnación habría que concluir que no hubo conducta delictiva ya que la persona en cuyo favor se realizaba la colusión la niega, lo que al final resulta probatoriamente intrascendente, ya que fue desvirtuado por la prueba allegada por la Fiscalía, más aún si se tiene en cuenta que de haberlo confesado, dicho desmovilizado hubiera configurado en su contra la causal para ser excluido del proceso de Justicia y Paz.

Por otra parte, es obvio que la ventaja procesal obtenida por alias “Mauricio” con el falso testimonio de José Gregorio Álvarez Vargas era precisamente la revocatoria de la medida de aseguramiento por el delito más grave, el que implicaría detención preventiva dentro del proceso de Justicia y Paz de persistir dicha sindicación, lo cual suponía precisamente el transcurso de unos meses, los necesarios para que la situación, la originada en su tramposa desmovilización, tomara forma, por lo que no era de efectos inmediatos el cambio del testimonio en su favor.

Así las cosas, para la corporación no hay duda que la resolución proferida el 14 de diciembre de 2005 dentro del sumario 2039 por el entonces fiscal Luis Francisco Becerra Araque, mediante la cual se revocaba la medida de aseguramiento por desaparición forzada en favor de Pablo Antonio Peinado Padilla, fue abiertamente ilegal, y por tanto, susceptible de ser calificada de prevaricadora.

2.1.2. El segundo prevaricato por acción por el que fue acusado Becerra Araque fue el supuestamente cometido, también al interior del sumario 2039, al proferir la resolución de 4 de mayo de 2005 mediante la cual concedió la libertad inmediata de Rolando Gutiérrez Guardia.

La sindicación que consta en la acusación se origina en que, previo acuerdo entre el fiscal y defensor —del encarcelado Gutiérrez Guardia— se recibirían varios testimonios(14) y se realizaría un reconocimiento —precisamente de José Gregorio Álvarez Vargas—, medios de convicción con los cuales se acreditaría la ajenidad del mencionado sindicado con los grupos paramilitares, y se ordenaría consecuentemente su libertad. Fue así, como se solicitaron tales pruebas mediante memorial suscrito por el defensor hoy denunciante, presentado el 8 de abril, y atendido favorablemente mediante resolución del día siguiente en que se ordenaron las pruebas, siendo practicados los testimonios el 15 de abril siguiente y el reconocimiento llevado a cabo el 26 del mismo mes, acervo probatorio ilegal que sirvió de base para ordenar, el 4 de mayo, la libertad del sujeto mencionado, la cual se calificó de prevaricadora en la acusación y que determinó la expedición de la sentencia por parte del a quo.

Para la Fiscalía y para el a quo, el testimonio del denunciante, y su confirmación con todo lo finalmente ocurrido al interior del proceso 2039 respecto de la situación de Rolando Gutiérrez Guardia, además del testimonio de José Gregorio Álvarez Vargas, constituye suficiente prueba con fundamento en la cual se concluye que dicha providencia fue abierta y significativamente ilegal.

Frente a dicha conclusión los apelantes advierten en defensa de la tesis contraria que la procuraduría solicitó la preclusión, lo cual es prueba de la legalidad que acompañaba dicha decisión.

Como se viene afirmando, la credibilidad del testigo denunciante —ex defensor Palomino Silva— aumenta a medida que se observa la carencia de argumentos con los cuales los apelantes pretenden contrarrestar la fuerza probatoria del material recaudado en el proceso; expresión de lo cual es la afirmación de que si la petición del representante del Ministerio Público coincide con la decisión preclusiva es porque la misma está acompañada de legalidad; sujeto procesal que conceptúa de acuerdo con la prueba que observa, pero ignorando la falsedad de su contenido.

De acuerdo con el artículo 413 del Código Penal antes transcrito, el tipo penal de prevaricato se configura cuando el servidor público, en ejercicio de sus funciones, profiere resolución o dictamen manifiestamente contrario a la norma que regula el asunto, anteponiendo para ello su capricho al criterio de la ley, vulnerando de esta manera el orden jurídico y el correcto ejercicio de la administración pública.

En el asunto de la referencia no cabe duda de que el doctor Luis Francisco Becerra Araque se desempeñaba como Fiscal 32 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, y estando asignado a la ciudad de Barranquilla, en desarrollo de sus funciones profirió las resoluciones antes señaladas, contrariando el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, las decisiones solo pueden ser adoptadas con fundamento en prueba “legal”, regular y oportunamente aportadas al proceso; toda vez que a sabiendas de que eran amañadas, falsas y mentirosas, sustentó en tales elementos de convicción las decisiones cuestionadas, de manera voluntaria y sobre todo arbitraria, pues obedecían al cumplimiento de un designio criminal, de manera consciente y libre; afectando en dimensión superlativa la confianza en la administración de justicia.

Para la corporación no es necesario mayor análisis para concluir que en la condena por el prevaricato por acción del que ahora se ocupa, no se encuentra fisura alguna y por lo tanto la conclusión no puede ser otra que su confirmación.

2.2. El segundo delito por el que se acusó a Becerra Araque, de los que sobreviven, es el de Soborno en calidad de autor material.

Es el artículo 444 el que lo describe al señalar:

“El que entregue o prometa dinero u otra utilidad a un testigo para que falta a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.

Tanto para el acusador como para el a quo, el ex fiscal Luis Francisco Becerra Araque entregó ilícitamente dineros a los “testigos” José Luis Angulo Gutiérrez y José Gregorio Álvarez Vargas a través de consignaciones en las cuentas de ahorros abiertas para que allí se les depositaran los aportes a que tenían derecho en su condición de desmovilizados; con el objetivo de que faltaran a la verdad —como finalmente lo hicieron— en las declaraciones que efectivamente rindieron al interior de los sumarios 1450, 1452, 1739, 2039 y 2146, los cuatro primeros consumados y el último en grado de tentativa.

En la calificación del mérito sumarial se distingue que mientras el falso declarante Álvarez Vargas actuaba con dolo, Angulo Gutiérrez lo hacía engañado por el fiscal acusado, quien le hacía creer que tendría derecho a ayudas humanitarias por parte del Estado, solo en caso de cooperar rindiendo las declaraciones que el entonces fiscal le pedía.

El quinto soborno, ese sí en grado de tentativa, fue el que, tanto el fiscal acusador como el tribunal, identificaron en la situación originada al interior del sumario 2146. El dicho del denunciante fue confirmado con el testimonio del señor Luis Franquil Camacho Téllez quien relata cómo dentro de dicha investigación, la que se adelantaba contra Eduardo E. Vengoechea Mola y Carlos Alberto Arrieta Tapia, por los delitos de porte ilegal de armas, concierto para delinquir y obtención y uso de documento público falso, se practicó el 1º de junio de 2005 una diligencia en la Cárcel Modelo de Barranquilla, en desarrollo de la cual el fiscal le ofreció la suma de dos millones de pesos para que no reconociera a Arrieta Tapia conocido con el alias de “el Palomo”; dinero que finalmente no llegó a entregarle.

Este testigo afirmó que cuando supo el apellido del fiscal Becerra, recordó que de él se hablaba en la organización paramilitar liderada por Hernán Giraldo Serna como un aliado.

Los apelantes reprochan estas conclusiones al advertir: que a) no tenía mayor sentido proteger a alias “Palomo” persona sin mando en la organización cuando los demás procesados si tenían reconocimiento y poder, con lo que se atenta contra la lógica y el sentido común; b) además que Giraldo Serna negó cualquier vinculación con Becerra Araque; c) nunca se llamó a declarar al tal Palomo; d) si Camacho Téllez sentía tanto miedo de Becerra Araque para qué lo contactaba meses después a fin de que le colaborara en la desmovilización de un primo suyo conocido con el remoquete de “El Mello”.

Los argumentos de los impugnantes no están llamados a prosperar, puesto que, en primer término, nada impide que esté más preocupado por “limpiar” su pasado criminal un simple patrullero que un cabecilla de una organización criminal, máxime cuando le puede ser más sencillo precisamente por su poca figuración en las actividades delictivas.

En segundo lugar, no se podía esperar de Hernán Giraldo Serna que reconociera tener a un fiscal como Becerra Araque a su servicio, tanto por su derecho a no estar obligado a auto incriminarse, como por la consecuencia adversa que tal confesión podría acarrearle a su condición de desmovilizado, la cual podría significar su inminente expulsión del proceso de Justicia y Paz. Además, porque contar con la declaración de alias “Palomo”, si bien hubiera sido interesante, su omisión se suplió con otros medios de prueba y por tanto no se puede aducir violada la investigación integral.

Nótese que se trata del testimonio del denunciante, confirmado con el dicho del testigo al que el ex fiscal ofreció el dinero —Luis Franquil Camacho Téllez—, así como también de José Luis Angulo Gutiérrez, lo que descarta la supuesta gran mentira sostenida por el primero —tal como reiteradamente lo aseguran los apelantes—, más aún que tales declarantes se negaron a reconocer a personas con las que interactuaban con ocasión de su pertenencia a grupos paramilitares, como consta al interior de los procesos en que tales versiones —esas sí mendaces— fueron expresadas. De manera que no fue solo un testimonio la base de dicha condena, fueron tres, y la evidencia de su confirmación en los correspondientes sumarios.

Finalmente, no se observa incompatible el hecho de que algunas personas que veían con temor la figura influyente del fiscal Becerra Araque, acudieran en busca de su ayuda para que colaborara con la desmovilización de alias “El Mello”, precisamente por reconocerle tal capacidad de maniobra, que aunque producía miedo, no por eso se le podría negar su efectividad.

En consecuencia, demostrado está que el ex fiscal Becerra Araque prometió y entregó dineros a los mencionados testigos para que faltaran a la verdad en sus declaraciones, con lo que claramente consumó los cinco delitos de soborno, punible este que en manera alguna exige la práctica del testimonio como condición para que el mismo se consume, siendo solo necesario que alguien ofrezca, prometa o entregue los dineros u otra utilidad a un testigo para que este falte a la verdad o la calle total o parcialmente.

Por tanto, aunque esta corporación considera que los cinco delitos de soborno alcanzaron el grado de consumación, sin embargo, limitado por la prohibición de reforma en perjuicio, dejará uno de ellos en grado de tentativa, tal como lo consignó el a quo.

Así pues, comoquiera que los argumentos esgrimidos por los apelantes en relación con los delitos de soborno, no prosperaron, se confirmará la condena por tales punibles.

2.3. El tercer delito por el que fue condenado Luis Francisco Becerra Araque fue el de falsedad ideológica, en concurso homogéneo sucesivo, en calidad de determinador.

Así lo describe el artículo 286 del Código Penal:

“El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a diez (10) años.

2.3.1. La cometida al construirse el retrato hablado del sujeto conocido con el alias de “Ramiro”.

La acusación señaló que el ex fiscal Becerra Araque cometió dicho delito en calidad de interviniente, al inducir a los testigos José Luis Angulo Gutiérrez y José Gregorio Álvarez Vargas, para que ofrecieran una descripción física distinta a la real.

Las pruebas que fueron valoradas y que llevaron a la convicción del tribunal sobre la convicción de dicho ilícito, se contraen al testimonio del denunciante en ese sentido, el cual fue confirmado por el testigo José Luis Angulo Gutiérrez

2.3.2. La segunda falsedad ideológica —a su vez en concurso homogéneo sucesivo— se concretó en la elaboración de las actas de reconocimiento realizados por Franquil Camacho Téllez, José Gregorio Álvarez Vargas y José Luis Angulo Gutiérrez, ya que en ellas se consignaron falsedades, precisamente las expresadas por dichos falsos testigos con conocimiento e intervención del fiscal Becerra Araque.

El punto nodal del señalamiento respecto de las falsedades ideológicas es que estos “testigos” rindieron versiones acomodadas con las que se levantaron sendas actas en que se consignaron falsedades al interior de los procesos 1450, 1739, 2039 y 2146.

En los procesos 1450 —originado por hechos acaecidos en ago. 30/2002 en que un grupo de paramilitares asesinó a varias personas de la etnia Wiwa asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta— y 1739 —en el cual se investigaba la desaparición y posterior homicidio de cinco personas sacadas de la finca La Esperanza del Corregimiento Chaparrilla de Maicao— era alias Ramiro el sujeto a favorecer con los testimonios exculpatorios y las fallidas diligencias de reconocimiento realizadas por José Gregorio Álvarez Vargas y José Luis Angulo Gutiérrez, quienes para el efecto fueron contactados, abordados y manipulados por Becerra Araque, gracias a cuya intervención se confeccionaron las actas de reconocimiento intrínsecamente falsas así como en los testimonios que ofrecieron en Bogotá los días 30 y 31 de enero y 1º de febrero de 2006, con fundamento en los cuales se construyeron los retratos hablados, con información falsa dada por tales declarantes; lo cual fue finalmente aceptado por el último de los mentados en la declaración rendida el 11 de diciembre de 2011, de la cual se destaca: “el doctor Becerra me dijo que no diera la descripción de Ramiro, porque podía tener problemas y él me iba ayudar a mí a meter en la ayuda humanitaria de Barranquilla”(15).

Lo mismo sucedió al interior de los sumarios 2039 —en el que se investigaba la desaparición y homicidio de los tres comerciantes de Maicao ocurrida el 14 de septiembre de 2004— en el que, gracias al reconocimiento fallido de José Gregorio Álvarez Vargas celebrado en las cárceles de Riohacha y Valledupar, se levantaron actas consignando las falsedades, esto es, que en una no reconocía a Rolando Gutiérrez Guardia y en otra, tampoco a Pablo Antonio Peinado Padilla, siendo en total 2 falsedades ideológicas.

Así mismo, dentro del sumario 2146 —en el que eran investigados Eduardo Vengoechea Mola y Carlos Alberto Arrieta Tapia por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y obtención y uso de documentos públicos falsos—, se pretendía que el testigo Franquil Camacho Téllez, dijera no reconocer al último de los nombrados, alias “Palomo”, acta con la cual se consuma otra falsedad ideológica, puesto que finalmente no lo reconoció por miedo frente al ofrecimiento hecho por el fiscal Becerra Araque.

El argumento de la apelación en torno de esta situación se orienta a cuestionar la credibilidad de lo expresado, tanto por el denunciante como por los testigos Camacho Téllez y Angulo Gutiérrez; alegato carente del más mínimo soporte y en cambio confrontado con la realidad procesal, en la que se evidencia que tales “testigos” efectivamente declararon falsamente y consciente de tales inexactitudes, el entonces fiscal Becerra Araque elaboró y suscribió las actas en que ellas se recogían.

El testimonio del denunciante, aunado al de Angulo Gutiérrez, las consignaciones realizadas a los dos testigos por parte del acusado, los resultados reales observados al interior de los procesos en que se produjeron las falsedades, son todos elementos que apuntan, de manera incuestionable, a la certeza sobre la comisión de los delitos reseñados en el fallo apelado, y la consiguiente responsabilidad de Becerra Araque.

Dentro del proceso se probó su participación detallada en relación con cada uno de los delitos señalados en la sentencia condenatoria, siendo indiferente para la corporación el contenido de los testimonios de personas como Pedro Pabón Galván —su auxiliar judicial en algunas diligencias—, Luz Gladys Cuartas Rangel —fiscal 33 de Derechos Humanos—, Limbanis Jiménez —esposa de uno de los comerciantes desaparecidos de Maicao—, así como también Larry Churon, Simón Mengual y Margarita Bula —investigadores del CTI de la UNDH que trabajaron en algunos casos con el acusado—, quienes se limitaron a relatar que no les constaba que el fiscal Becerra Araque protagonizara tales conductas; lo cual ni prueba su inocencia ni descarta en manera alguna lo contrario.

Tampoco es de recibo para la corporación, como argumento en defensa de Becerra Araque su autoproclamación como adalid de la brigada de la justicia contra los grupos paramilitares, toda vez que esa era precisamente la mampara en la cual se escudaba para cometer las fechorías que finalmente se le probaron; más aún que como conocedor de la Ley de Justicia y Paz, bien sabía que todas las conductas, aún las más graves cometidas por los paramilitares que se sometieran sinceramente a la justicia, serían punitivamente devaluadas por efecto de la indulgencia que dicho marco normativo pregonaba, por lo cual qué más daba que alguien tan “sufrido” como él, se lucrara de la ilusión de libertad de algunos de los desmovilizados en cuyo favor se expedía dicha ley.

En conclusión, el testimonio del denunciante Rafael Darío Palomino Silva soportado en la confirmación que de su dicho se hizo en el devenir procesal de cada uno de los sumarios en que tales fraudes ocurrieron, además de la prueba, aunque imperfecta, de los mensajes de texto descarados y explícitos que se cruzaban fiscal y defensor realizadores del acuerdo ilícito, la refrendación que de ello hicieron a su manera Luis Franquil Camacho Téllez y José Luis Angulo Gutiérrez, además de las consignaciones y manejos de dinero realizados por el fiscal acusado a favor de dos de tales testigos, se constituyen en elementos más que suficientes que hacen que surja la certeza, tanto de la ocurrencia de los delitos por los que fue acusado, como de su responsabilidad en los mismos; sin que los débiles argumentos de la apelación logren hacer mella en dicha fortaleza.

Por tanto se confirmará la sentencia condenatoria por los delitos antes mencionados.

3. De la punibilidad.

Por cuenta de una inadecuada acumulación aritmética de penas realizada por el a quo que condujo a la abultada sanción contenida en el fallo apelado, aunado a las nulidades que se anunciaron por vulneración del principio de congruencia entre la acusación y la condena, la Sala debe realizar un nuevo proceso de individualización punitiva.

Nótese como el tribunal, contraviniendo los lineamientos del artículo 31 que limita el margen de punibilidad de los concursos de delitos, cuyo respeto para el caso concreto suponía que siendo la pena para el más grave, de 60 meses de prisión, la misma solo podría aumentarse hasta en otro tanto, lo que suponía un límite no superior a 120 meses de prisión, y no obstante el a quo impuso 270.

Previamente a la realización del ejercicio de re dosificación punitiva resulta oportuno llamar la atención, sobre que, aun cuando la realidad procesal indicaba que el prevaricato por acción se perpetró en actuaciones judiciales que se adelantaban por delitos de homicidio y desaparición forzada, entre otros, nada se dijo en la acusación respecto de la circunstancia de agravación contenida en el artículo 415 para dicho punible; omisión que se repitió en relación con el delito de falsedad ideológica en documento público, ya que, no obstante haberse usado los documentos falsos por uno de los partícipes, el acusador se abstuvo de imputar la circunstancia de agravación descrita en el artículo 290 del Código Penal; lo que inhibe a la Sala de tenerlas en cuenta en la individualización que ahora enfrenta.

En este orden, lo primero que corresponde es determinar, de los tres delitos por los que procede la imposición de las penas —prevaricato por acción, soborno y falsedad ideológica—, cuál es el que comporta la más grave, en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 31 del Código Penal, siendo, a todas luces el de falsedad ideológica, ya que es sancionado con pena de 48 a 96 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 10 años; mientras que la pena de prisión del prevaricato por acción va de 36 a 96 meses de prisión y la de soborno, de 48 a 96, pero sin incluir sanción accesoria alguna.

Así las cosas, luego de individualizarse la pena del delito sancionado con la consecuencia más grave, el juzgador tiene la posibilidad de aumentarla, pero solo hasta en otro tanto por los demás delitos concursales. Así las cosas, el delito de falsedad ideológica, que como se dijo va de 48 a 96 meses de prisión, tiene los siguientes márgenes de movilidad:

El primer cuarto: entre 48 a 60 meses, los cuartos medios entre 60 meses y un día y 84 meses y el último cuarto entre 84 meses y un día y 96 meses.

Por tanto, se impondrá, por la falsedad ideológica, la pena máxima dentro del primer cuarto, esto es, 60 meses de prisión, en lo cual se respeta el margen dispuesto por el a quo, además que, no solo se defraudó a la fe pública sino también el enorme sacrificio que en materia de justicia material realizó el Estado al proferir la Ley 975 de 2005, la buena fe de las víctimas, el esfuerzo de todos los operadores de Justicia y Paz, enlodado por la presencia de inescrupulosos para los que no fue suficiente semejante renuncia concebida en el marco de la justicia transicional, que además quisieron tomárselo todo, pero lo que es más grave, es que a su servicio hubiese un funcionario público como el ex fiscal Becerra Araque.

Dicha pena de 60 meses de prisión se aumentará en otro tanto, por el concurso heterogéneo de las conductas punibles de que se trata, esto es, de las otras falsedades ideológicas, del concurso de prevaricatos por acción y de sobornos.

En los demás aspectos, la sentencia será confirmada.

VI. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Decretar la nulidad parcial del numeral 2º de la parte resolutiva de la sentencia apelada y en consecuencia retirar de su contenido la condena por los cargos de prevaricato por omisión y falso testimonio, en restablecimiento estricto del principio de congruencia tal como se indicó en la parte motiva.

2. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia apelada en el sentido de que el monto de las penas de prisión e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas que finalmente se imponen a Luis Francisco Becerra Araque por los delitos de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo, a su vez en concurso material con soborno en concurso homogéneo y sucesivo —4 delitos— y uno en grado de tentativa—, y falsedad ideológica, también en concurso homogéneo sucesivo, es por 120 meses de prisión.

3. Confirmar en lo demás la sentencia apelada.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Comuníquese y cúmplase».

(5) En las páginas 72 y 73 de la sentencia apelada se lee: “Es preciso aclarar, que si bien el fiscal instructor, en la parte resolutiva de la providencia acusatoria, obvió mencionar el delito de prevaricato por omisión, no es menos cierto que el funcionario de manera clara y precisa aludió este tema en los folios 239 a 248 del cuaderno 10 de la fiscalía, la conducta del procesado y concluyó que: “En consecuencia, la conducta analizada es típica y su autor material es el aquí procesado”. Lo anterior nos lleva a concluir indiscutiblemente que el funcionario fiscal, acuso al doctor Becerra Araque, por el delito de prevaricato por omisión”.

(6) En la página 133 de la acusación se lee: “5.2. A pesar de lo considerado esta omisión al deber jurídico queda subsumida por el cohecho propio, delito que para su consumación exige que el sujeto activo reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, con el propósito de retardar u omitir un acto propio de su cargo; de manera que si el actor a más de recibir el dinero, omite el deber jurídico, la conducta está en fase de agotamiento, sin que exista posibilidad de endilgarle una conducta en concurso material”.

(7) Folios 122 y siguientes del cuaderno 3 del sumario con el Radicado 2039 adelantado en contra de Pablo Antonio Peinado Padilla alias Mauricio, Héctor Muñoz Villa, Jorge Mario Durán Ascanio alias Luber o Huber y Rolando Gutiérrez Guardia.

(8) Folio 210 y siguientes del cuaderno original 1 del proceso identificado con el Radicado 2039.

(9) Folios 27 y siguientes del cuaderno 3.

(10) Tal como él mismo lo confesó de manera descuidada al intentar explicar la razón de aquella consignación, al contestar preguntándole a su compañera si ese pago fue el que le hicieron por lo de las fosas comunes.

(11) La declaración en que José Gregorio Álvarez Vargas informó la ubicación de los cuerpos la rindió el 17 de julio de 2006, la diligencia de allanamiento mediante la cual se hallaron fue el 21 de julio siguiente, y la consignación, fue el 24 de julio del mismo año.

(12) El testigo dijo que los restos estaban en el barrio Miraflores de Maicao en la calle 15 B Nº 38-70, el allanamiento y registro se ordenó al inmueble ubicado en la calle 15 E Nº 38-70, y la diligencia se concretó en el inmueble ubicado en la calle 15 D Nº 38A-40, donde finalmente se encontraron los restos.

(13) Folios 253 y siguientes del cuaderno original 2.

(14) De Rafael Navarro, Éster María Mozo, Erasmo Yedobe y Eduardo Castillo, quienes manifestaron que Rolando Gutiérrez Guardia no era paramilitar, y en cambio era un conocido comerciante de gasolina, sin ninguna vinculación con la desaparición de los tres comerciantes de Maicao.

(15) Folios 92 y siguientes del cuaderno 4.