Sentencia 39708 de julio 27 de 2010 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39708

Acta 26

Magistrado Ponente

Dr. Luis Javier Osorio López

Bogotá, D.C., veintisiete de julio de dos mil diez.

EXTRACTOS: «VIII. Se considera

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7º de la Ley 16 de 1969, que modificó el 23 de Ley 16 de 1968, el error de hecho para que se configure es necesario que venga acompañado de las razones que lo demuestran, y más de esto, como lo ha dicho la Corte, que su existencia parezca notoria, protuberante y manifiesta, y provenga de la errónea valoración o la falta de apreciación de pruebas calificadas como el documento auténtico, la confesión judicial o la inspección ocular, hoy judicial según el artículo 52 de la Ley 712 de 2001.

Del análisis objetivo de la historia laboral de Ramón Alfredo Muñoz, obrante a folios 37 a 40 del cuaderno del juzgado, única prueba denunciada por la censura como erróneamente apreciada por el juez colegiado, se tiene que por aquel se hicieron cotizaciones para el riesgo de pensión entre el 20 de enero de 2001 y el 20 de enero de 2004, así: por cuenta del empleador 00811030306 “Coopertiva Integra” 180 días correspondientes a los meses completos de julio a diciembre de 2003 y por 3 días del mes de enero de 2004, para un total de 183, que equivalen a 26,1428 semanas, y si bien aparecen cotizaciones por los meses de mayo a diciembre de 2001, y enero y febrero de 2002, estas fueron hechas para riesgos profesionales por el empleador 00000252326 “Liguan Mei”; siendo evidente el error en que incurrió el tribunal, al dar por demostrado, sin estarlo, que dicho señor dejó cotizadas 80.57 semanas al sistema de pensiones del ISS, durante los tres años anteriores a su muerte, por lo que el cargo es fundado y habrá de casarse la sentencia recurrida.

En sede de instancia, debe decirse también, que dada la fecha del deceso del citado Muñoz —20 de enero de 2004—, la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes derivada de tal hecho, como de manera general lo tiene adoctrinado esta corporación, es la vigente para ese momento, esto es la Ley 797 de 2003, que en su artículo 12 consagra el requisito de 50 semanas cotizadas dentro de los tres años anteriores al fallecimiento del afiliado, de las cuales, como se vio al resolver el cargo, el causante solo sufragó en ese periodo 26,1428, y por ende no dejó causado el derecho a dicha prestación, siendo ello suficiente para despachar desfavorablemente las pretensiones incoadas.

De otro lado, valga anotar que esta Sala ha considerado improcedente la aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa para esa clase de pensiones, a partir de la vigencia de la citada ley; así por ejemplo en sentencia del 3 de diciembre de 2007 Radicado 28876, reiterada en las del 20 de febrero del 2008 y 1º de septiembre de 2009 radicados 32649 y 36641, respectivamente, se dijo:

“(...) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor.

En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de Llanos Tole <31 de julio de 2003>, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento —Sentencia C-1094 de 2003—.

Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica en (sic) impugnante”.

En consecuencia, y como el a quo para reconocer la prestación, dio aplicación a dicho principio, se revocará la sentencia de primer grado, para en su lugar absolver a la entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto este salió avante; en la segunda instancia no se causaron, y las de la primera corren por cuenta de la parte vencida que lo fue el demandante.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 21 de octubre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Olga Patricia Rodas Muñoz a nombre propio y en representación de sus hijos menores Juan Camilo y Yónatan Muñoz Rodas contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia SE REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, el 26 de noviembre de 2007, y en su lugar se absuelve al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora Olga Patricia Rodas Muñoz quien obra a nombre propio y en representación de sus hijos menores Juan Camilo y Yónatan Muñoz Rodas.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».