Sentencia 3971 de agosto 21 de 1992 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

SOCIEDADES EXTRANJERAS

REPRESENTANTES LEGALES

EXTRACTOS: «Se entiende por sociedades extranjeras las constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior.

En la manera de operar en el país puede distinguirse desde la realización ocasional de un solo negocio hasta la vinculación permanente con fuertes capitales en diversos frentes económicos, pasando por todo tipo intermedio de actividad con duración más o menos prolongada en el tiempo y con incidencia más o menos grande en la inversión.

En cuanto a las formas jurídicas adoptadas para actuar pueden dividirse en dos grandes grupos: el primero y más importante del cual por ello mismo se ocupa en forma especial el Código de Comercio en sus artículos 469 al 497 (Tit. VIII - De las sociedades extranjeras), se refiere al de las sociedades que desarrollen actividades permanentes en el país, quedando por exclusión o remanente las que no desarrollan o emprenden negocios en forma permanente.

Para las primeras la mencionada regulación que las somete a una serie de requisitos y condiciones incluida la vigilancia estatal a través de la respectiva Superintendencia, les impone entre otras obligaciones, "la designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales". (N° 5, art. 472, C.Co.). Este mandatario equivale al que en las sociedades anónimas se denomina gerente y en parte alguna se exige que sea abogado.

En cambio, las sociedades que desarrollan algún negocio pero sin que alcance a ser de aquellos que el mismo código en su artículo 474 califica como "actividades permanentes", no están obligadas a incorporarse con todos los requisitos de las anteriores y tan solo requieren de un representante o agente cuya calidad se establece en la forma común como se prueba el contrato de mandato. Este mandatario actúa dentro de los términos del poder que confiera la sociedad extranjera y tampoco requiere ser abogado.

En estos mandatarios que son los verdaderos "representantes legales" para todos los efectos jurídicos, recae la responsabilidad de cumplir con los deberes formales a los cuales está sujeta la respectiva sociedad en materia tributaria, destacándose dentro de ellos el de presentar las declaraciones tributarias, hacer retenciones en la fuente y los pagos de impuestos, y correlativamente, por ostentar la representación legal, pueden contestar requerimientos e interponer los recursos gubernativos de ley.

En la vía gubernativa, o sea, ante la misma autoridad tributaria, sin necesidad de ser abogados, pueden actuar en nombre de la sociedad que representan tan solo acreditando esta condición, en igual forma como lo hacen normalmente los gerentes de las sociedades nacionales.

Pero cuando se trata de actuar en la vía judicial, en la cual en principio, sólo son oídos los abogados (hoy art. 229 C.N. antes art. 40) no pueden actuar sino a través de un "abogado" a menos que él mismo ostente esa calidad.

(...).

El apoderado general de una sociedad extranjera, contrariamente a lo expuesto en el auto 00072 de enero 30 de 1987, tiene la representación de la compañía extranjera aún cuando no tenga calidad de abogado, tal como quedó explicado en las consideraciones iniciales de esta providencia.

Si bien es cierto que el artículo 28 del Decreto 3803 de 1982, que invoca la Administración para inadmitir el recurso, exige al recurrente acreditar la calidad de apoderado con que actúa, tal requisito necesariamente, se refiere para el caso de que ésta no esté probada en el proceso gubernativo.

Cuando el representante legal de una contribuyente omite acreditar su calidad, la misma ley prevé la posibilidad de subsanar la omisión en el proceso gubernativo, al indicarle que puede hacerlo con ocasión del recurso de reposición contra el auto que inadmite el recurso.

(Sentencia de agosto 21 de 1992. Expediente 3971. Consejero Ponente: Dr.Jaime Abella Zárate).

________________________________