Sentencia 39744 de junio 20 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Rad.: 39744

Acta 21

Bogotá, D.C., veinte de junio de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

El asunto objeto de la litis lo tiene definido la jurisprudencia de esta Sala en los siguientes términos:

Según puede observarse, el censor centró la discusión en la “vigencia” del acta de preacuerdo extraconvencional, que en el punto de la “estabilidad laboral” consagró el reintegro extralegal, puesto que en su sentir es cobijado por tal beneficio.

Vista la motivación de la sentencia recurrida, el tribunal coligió de las pruebas reseñadas, que para el momento de la ruptura del contrato de trabajo del actor, que se produjo el 29 de abril de 2005, había perdido vigor lo señalado en el acta extraconvencional, suscrita el 28 de octubre de 2003, dada la entrada en vigencia de la nueva convención colectiva de trabajo que se suscribió el 28 de julio de 2004, y que comenzó a regir el 1º de agosto de la misma anualidad, en cuyo artículo 17 reguló expresamente la “estabilidad laboral”, estipulando que sólo era dable despedir a los trabajadores con sustento en las justas causas contempladas en el Decreto 2351 de 1965, y en caso de que así no se hiciera, debería la empleadora cancelar las “indemnizaciones” que para tal efecto allí se fijaron, conforme a la tabla que se diseñó según los años de servicio, y en donde además se especificó que las partes se sometían en materia de estabilidad laboral a “lo legal y convencionalmente establecido a la fecha”, y que se “velará por el respeto de lo convencional y legalmente establecido respetando los derechos de los trabajadores”, quedando en sentir de dicho juzgador sin sustento el reintegro demandado, que conlleva a su denegación.

Planteadas así las cosas, es de anotar, que el juez colegiado se equivocó al concluir la pérdida de vigor del mencionado “preacuerdo extraconvencional”, en lo que atañe a la “estabilidad laboral” y sus consecuencias derivadas del incumplimiento o inobservancia por parte de la empleadora demandada de las obligaciones adquiridas en ese acuerdo celebrado con la organización sindical Sintraelecol, si se tiene en cuenta que en ninguno de los apartes del acta que para tal efecto éstos suscribieron el 28 de octubre de 2003, se contempló una fecha determinada de extinción de la prerrogativa o derecho del reintegro, ni en el nuevo texto convencional que aludió a la garantía de la estabilidad se dejó sin efecto ese especificó derecho.

Ciertamente, la parte pertinente de la citada acta de preacuerdo extraconvencional reza:

Estabilidad laboral

EADE S.A. ESP garantiza la estabilidad en el empleo de sus trabajadores y en consecuencia no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 1º del mismo decreto y respetando el debido proceso. No producirá efecto alguno la terminación unilateral de un contrato de trabajo que se efectúe pretermitiendo lo estipulado anteriormente y en consecuencia, el trabajador, mediante sentencia judicial, tiene derecho al restablecimiento del contrato mediante el reintegro en las mismas condiciones de empleo que gozaba anteriormente sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, o la indemnización prevista en esta convención, a opción del trabajador.

Cuando la EADE S.A. ESP de por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa, deberá reconocer y pagar al trabajador afectado una indemnización en los términos que se encuentra pactada en la convención colectiva de trabajo vigente” (resaltado fuera del texto), (fl. 43 del cdno. ppal.).

Y en la parte final de este documento las partes intervinientes en el acuerdo, dejaron constancia de que “...En señal de conformidad se suscribe este preacuerdo el día 28 de octubre de 2003, la cual es producto de la presentación del VII Pliego Único Nacional, entregado al ministro de Minas el 14 de agosto de 2003” (resalta la Sala, fl. 44 del cdno. ppal.).

Del mismo modo, en el artículo 17 de la convención colectiva de trabajo firmada por la empresa demandada y el Sindicato de Trabajadores de la Electricidad de Colombia “Sintraelecol”, para una vigencia del 1º de agosto de 2004 al 31 de diciembre de 2007, se estipuló:

“ART. 17.—Estabilidad laboral. La Empresa garantiza la estabilidad de sus trabajadores y sólo hará despidos con base en lo dispuesto por el Decreto 2351 de 1965. En cuanto a la aplicación de los numerales 9, 13 y 15 del artículo 7º del citado decreto, se establece lo siguiente:

1. El despido con base en la causal del numeral 9, se somete al procedimiento del Decreto 1373 de 1966, y tal como lo dispone su artículo 2º.

2. El despido con base en la causal del numeral 13, se cumplirá mediante el siguiente procedimiento:

a. Se requerirá al trabajador por dos veces y en un lapso de quince (15) días, mediando entre uno y otro requerimiento un término no inferior a ocho (8) días.

b. El operario deberá mejorar en su actitud para trabajar dentro de los quince (15) días siguientes al vencimiento del primer lapso al que se refiere el literal a.

c. Si pasado este término no ha mejorado en su actitud, el trabajador requerido podrá ser despedido sin que medie ningún preaviso.

Si la causal que adujere la Empresa para el despido fuere la contemplada en el numeral 15, el término de duración será de 270 días.

Las indemnizaciones por despidos sin justa causa, serán las siguientes:

1. Trabajadores de más de un (1) año continuo60 días.
2. Trabajadores de más de dos (2) años continuos75 días.
3. Trabajadores con tres (3) años continuos90 días.
4. Trabajadores con cuatro (4) años continuos105 días.
5. Trabajadores con cinco (5) años continuos145 días.
6. Trabajadores con seis (6) años continuos165 días.
7. Trabajadores con siete (7) años continuos185 días.
8. Trabajadores con ocho (8) años continuos205 días.
9. Trabajadores con nueve (9) años continuos225 días.
10. Trabajadores con diez (10) años continuos405 días.
11. Trabajadores con once (11) años continuos445 días.
12. Trabajadores con doce (12) años continuos485 días.
13. Trabajadores con trece (13) años continuos525 días.
14.Trabajadores con catorce (14) años continuos565 días.
15.Trabajadores con quince (15) años continuos605 días.
16.Trabajadores con dieciséis(16) años continuos645 días.
17. Trabajadores con diecisiete (17) años continuos685 días.
18. Trabajadores con dieciocho (18) años continuos725 días.
19. Trabajadores con diecinueve (19) años continuos765 días.
20. Trabajadores con veinte (20) años continuos805 días.
21. Trabajadores con más de veinte (20) años continuos, cuarenta (40) días adicionales, por cada año subsiguiente a los primeros veinte (20).

 

PAR.—La fracción por mes subsiguiente quedará así:

a) Trabajadores con más de un (1) año y con menos de cinco (5) años de servicios continuos: La Fracción por mes subsiguiente al primer año equivalente a 1.25 días.

b) Trabajadores con cinco (5) o más años y menos de diez (10) años de servicios continuos: La fracción por mes subsiguiente al primer año equivalente a 1.6666 días.

c) Trabajadores con diez (10) o más años de servicios continuos. La fracción por mes subsiguiente al primer año equivalente a 3.333 días.

Negociación colectiva 2004 - 2007: En julio 27 de 2004 se discutió ampliamente el punto de estabilidad en el cual se presentaron propuestas de las partes y, de mutuo acuerdo, se decide retirarlo de la negociación, manteniendo lo legal y convencionalmente establecido a la fecha.

La empresa manifiesta que dentro de sus políticas empresariales no está el abuso de la posibilidad de despido que la convención colectiva determina, y por el contrario plantea que los despidos que se realicen serán por justa causa y siguiendo el conducto regular, ahora si la necesidad empresarial aconseja terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa, se velará por el respeto de lo convencional y legalmente establecido respetando los derechos de los trabajadores” (resalta la Sala, fls. 52 a 54 del cdno. del juzgado).

Frente al tema de la vigencia y validez del acta de preacuerdo extra convencional que es objeto de debate en este proceso, ya la Corte fijó su criterio al respecto, en un asunto de características similares a este y en el que fungió como demandada la misma entidad que hoy ostenta esa condición. En la sentencia del 3 de julio de 2008, radicación 32347, se dijo:

“... el mismo carácter de “extraconvencional” con el que se tituló el acta, evidencia una vez más que las partes no le dieron calidad de convención colectiva a la misma, sino que simplemente acordaron una serie de puntos relacionados con el manejo de algunas situaciones laborales de las cuales surgen obligaciones para la empleadora, entre las que cabe destacar el relativo a la estabilidad laboral con un mandato imperativo para ella en cuanto acordó que no “podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan solo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 7º del mismo decreto y respetando el debido proceso”, agregándole a renglón seguido la consecuencia para su inobservancia: La ineficacia de la terminación unilateral del contrato de trabajo y la acción judicial del trabajador para solicitar su reintegro en las mismas condiciones de empleo o el pago de la indemnización prevista en la convención colectiva de trabajo vigente.

Nada se opone a que en el Derecho del Trabajo los trabajadores, bien sea por si mismos o representados por la organización sindical a la cual pertenecen, celebren acuerdos con los empleadores tendientes a regular diversas situaciones laborales y menos aún, tampoco puede haber oposición o ilicitud en cuanto con ellos se superen los mínimos derechos legales o inclusive convencionales. Si el simple acto unilateral de un empleador puede crear derechos para los trabajadores en tanto superen los mínimos legalmente establecidos, con mucha mayor razón ello puede aplicarse a los convenios directos que celebren con sus servidores.

Un acuerdo, como el que ahora ocupa la atención de la Sala, se convierte en ley para los contratantes sin desconocer el clásico principio que lo informa y según el cual debe ejecutarse de buena fe. Así se desprende claramente de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que entre otros regulan el efecto de las obligaciones válidamente celebradas y de cuyas fuentes o nacimientos, señaladas en el artículo 1494 ibídem, vale la pena destacar el concurso real de voluntades de dos o más personas o el hecho voluntario de la persona que se obliga.

En las condiciones esbozadas, es natural colegir que un acuerdo en ese sentido, no tiene la necesidad de ser depositado para que surta los efectos queridos por las partes. Como regla general, en el derecho del trabajo los únicos acuerdos que deben ser depositados son los que emanan de un conflicto colectivo de trabajo cuya solución es dada por las mismas partes, pues así lo exige el artículo 469 del Código Sustantivo del Trabajo, condición que aquí no se puede predicar del convenio celebrado por la empresa y el sindicato, quienes simplemente, en desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el cual no repugna en las relaciones obrero patronales, siempre y cuando no se desconozcan los derechos mínimos de los trabajadores, quisieron regular algunas condiciones de trabajo, las cuales no quedaron condicionadas en forma alguna ni se exigió del pacto mismo que fuera depositado a la usanza de las convenciones colectivas de trabajo.

En el segundo cargo, la acusación toma en cuenta la manifestación del tribunal en el sentido que el denominado preacuerdo debe tenerse en cuenta en la convención colectiva próxima a celebrarse. De ahí alega que como consecuencia, las obligaciones adquiridas por la empresa eran de las llamadas convencionales suspensivas.

Al respecto, la Sala advierte que en el texto de la citada acta extraconvencional, no hay expresión alguna que permita colegir que los puntos acordados se debían tener en cuenta para una próxima convención colectiva a celebrarse (…)” (subrayado y negrilla fuera de texto).

De igual forma, en la sentencia de 2 de marzo de 2010, radicación 36133, en la que se reiteró el criterio anteriormente memorado, la Corte expresó:

“Si bien en este particular asunto, el argumento del tribunal se dirigió a señalar que el acuerdo extraconvencional fue suplido por la convención colectiva que empezó a regir el 1º de agosto de 2004, lo cierto es que en el texto de la referida acta dicho aspecto no aparece regulado, tal como se lee:

Estabilidad laboral

“EADE S.A. ESP garantiza la estabilidad en el empleo de sus trabajadores y en consecuencia no podrá dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo sino tan sólo por alguna de las justas causas debidamente comprobadas y establecidas en el artículo 7º del Decreto-Ley 2351 de 1965, con previo cumplimiento de lo contemplado en el artículo 1º del mismo decreto y respetando el debido proceso. No producirá efecto alguno la terminación unilateral de un contrato de trabajo que se efectué pretermitiendo lo estipulado anteriormente y en consecuencia el trabajador, mediante sentencia judicial, tiene derecho al restablecimiento del contrato mediante el reintegro en las mismas condiciones de empleo que gozaba anteriormente sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, o la indemnización prevista en esta convención a opción del trabajador.

“Cuando la EADE S.A. ESP, de por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa, deberá reconocer y pagar al trabajador afectado una indemnización en los términos en que se encuentre pactada en la convención colectiva de trabajo vigente”.

“Además el artículo 17 de la Convención Colectiva, nada contempló respecto del punto, según su texto:

Estabilidad laboral. La empresa garantiza la estabilidad de sus trabajadores y sólo hará despidos con base en lo dispuesto por el Decreto 2351 de 1965 (…).

Negociación colectiva 2004-2007: En julio 27 de 2004 se discutió ampliamente el punto de estabilidad en el cual se presentaron propuestas de las partes y, de mutuo acuerdo, se decide retirarlo de la negociación, manteniendo lo legal y convencionalmente establecido a la fecha.

“La empresa manifiesta que dentro de sus políticas empresariales no está el abuso de la posibilidad de despido que la convención determina, y por el contrario plantea que los despidos que se realicen serán por justa causa y siguiendo el conducto regular, ahora si la necesidad empresarial aconseja terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa, velará por el respeto de lo convencional y legalmente establecido respetando los derechos de los trabajadores”.

“Así las cosas, es claro que el ad quem se equivocó al considerar que el acta que contenía el acuerdo extraconvencional fue suplida por la convención colectiva, cuando, como atrás se dijo, en ningún aparte de este texto se reguló tal aspecto y, por el contrario, solo se retiró lo discutido el 27 de julio de 2004 y se mantuvo “lo legal y convencionalmente establecido a la fecha”.

“En tal sentido, no podía el Tribunal restarle fuerza al acuerdo que, sobre estabilidad, habían concertado los trabajadores y la empresa y el cual, tal como se vio, no fue modificado por la convención colectiva”.

“Es claro que, pese a lo dicho por el replicante, no es posible admitir que en dicho acuerdo se permitiera a la empresa motu proprio terminar el contrato de trabajo sin justa causa, pues precisamente, en el se consignó que era el trabajador quien, ante el despido, optara por reclamar judicialmente el reintegro o la indemnización; hacer una intelección diferente implicaría desconocer el pacto que garantizaba a los trabajadores una estabilidad reforzada.

Es decir, que el tribunal cometió varios yerros a saber: considerar que el acuerdo extraconvencional había sido suplido por la suscripción de la convención colectiva, y que por tal motivo la empresa estaba facultada para despedir a la trabajadora, previa indemnización, equivocación que se presentó al desconocer que el acta suscrita el 28 de octubre de 2003 no contempló una fecha determinada de extinción de la prerrogativa o derecho del reintegro, ni en el nuevo texto convencional que aludió a la garantía de la estabilidad se dejó sin efecto ese especificó derecho”.

Como se puede observar, la lectura del acta extraconvencional de marras deja al descubierto que las partes no supeditaron su vigencia a la firma de una próxima convención colectiva de trabajo; y en el artículo 17 convencional nada se dijo sobre la pérdida de vigor de lo allí consagrado, y al contrario se determinó el respeto de la “estabilidad laboral” de los trabajadores conforme a lo legal y convencionalmente establecido a esa fecha, habiéndose retirado de la negociación únicamente lo discutido el “27 de julio de 2004”; lo que significa, que se mantuvo el derecho al reintegro en que el actor funda el restablecimiento del contrato de trabajo.

En este orden de ideas, el tribunal apreció con error los anteriores medios de convicción, y se equivocó al restarle fuerza al “acuerdo” que sobre estabilidad, habían concertado los trabajadores a través de la organización sindical con la empresa convocada al proceso, que como se explicó en el antecedente jurisprudencial que atrás se transcribió del 3 de julio de 2008 radicado 32347, dicho preacuerdo extraconvencional es lícito o legal, tiene plena validez y resulta de obligatorio cumplimiento para los pactantes, así estos no le hubieran dado el carácter de convención colectiva de trabajo, el cual para el momento de la terminación del contrato de trabajo del demandante estaba en pleno vigor, aún cuando para esa época ya estuviera firmada la convención con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, que se insiste no modificó lo concerniente a la consecuencia del reintegro.

De ahí que, al no poderse considerar con fundamento en las pruebas acusadas que el mencionado acuerdo extraconvencional había sido suplido o reemplazado por la suscripción de la convención colectiva, y que el sentenciador de segundo grado infirió la improcedencia del reintegro implorado con base en una mala apreciación del material probatorio, se concluye que la alzada cometió con la connotación de manifiestos los yerros endilgados.

En idéntico sentido se pueden consultar las sentencias de 10 y 16 de marzo de 2010, radicaciones 35707 y 36342, respectivamente, y la proferida el pasado 6 de julio, radicado 40310.

En lo que atañe a lo expuesto por el juzgador de segundo grado respecto a la imposibilidad del reintegro, por la liquidación de la entidad llamada a juicio, es de precisar que si bien es cierto el documento que milita a folio 402 del plenario, da cuenta que en asamblea de accionistas se declaró liquidada la sociedad, esa sola circunstancia no es suficiente para impedir la materialización de la reincorporación del actor al servicio de la demandada, pues no existe prueba de la culminación del aludido proceso de liquidación.

De manera que, el juez de apelación incurrió en los yerros fácticos y jurídicos que el recurrente le atribuye, en consecuencia, los cargos prosperan, por lo que habrá de casarse la sentencia impugnada, en cuanto confirmó la de primer grado que negó las pretensiones de la demanda inicial.

En sede de instancia, son suficientes las argumentaciones de casación, de modo que se impondrá el reintegro del actor al cargo que ocupaba o a otro de igual categoría, con el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales de carácter legal y extralegal dejado de percibir, así como de los aportes a la seguridad social.

De otro lado, ante la prosperidad del reintegro demandado, no procedía el pago de la cesantía definitiva recibida por el trabajador por valor de $11.417.639, ni de la indemnización por despido por la cantidad de $21.432.798, por cuanto desaparece la causal legal que motivó su liquidación, lo que trae como consecuencia que se autorice a la demandada a compensar o descontar de la condena por salarios y prestaciones dejadas de percibir dichas sumas de dinero.

Frente a los perjuicios morales demandados por razón de la terminación del vínculo laboral, no se accede a ellos por razón de que no aparecen debidamente demostrados y, en consecuencia, se absolverá de esta súplica.

En lo que tiene que ver con las excepciones propuestas en la contestación a la demanda introductoria, se declara probada la excepción de compensación en relación al pago de la cesantía y la indemnización por despido; y por las resultas del proceso se tienen por no demostrados los demás medios exceptivos, aclarando en torno a la “prescripción” de la acción de reintegro que la convocada a esta litis pretende se declare conforme a lo dispuesto en el artículo 3º numeral 7 de la Ley 48 de 1968, que tratándose de un reintegro extralegal en donde no se fijó un plazo para su ejercicio, no es aplicable dicha normatividad sino el artículo 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social que consagra el término ordinario de tres (3) años, tal como lo dejó sentado la Sala en sentencia del 15 de abril de 2004 radicado 21574, en donde se puntualizó:

“(...) En relación con el aludido tema, tal como lo destaca el opositor, ya la Corte ha tenido la oportunidad de fijar su criterio sobre el mismo, en el sentido que el término prescriptivo de la acción de reintegro de origen convencional es aquel al que se refieren los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que consagran, como regla, el de tres (3) años.

Así se ha precisado no solo en las providencias que se rememoran en el escrito de réplica, sino también las de agosto 25 de 1994, radicación 6650, julio 3 de 1991,

radiación 4104 y septiembre 23 de 1991, radicación 4517, así:

<De vieja data tiene dicho la Corte ‘... el inciso 7 del artículo 3º de la Ley 48 de 1968 se refiere a la acción de reintegro que consagra el numeral 5 del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, para disponer que prescribirá en el término de tres meses contados desde la fecha del despido. Por establecer este artículo un modo extintivo de carácter especial únicamente puede aplicarse al evento que contempla por que la norma susceptible de ser aplicada por analogía es la que contiene la regla general, pues las excepciones tiene el ámbito restringido que la ley les fija. Si la convención colectiva o el fallo arbitral establecen una acción de reintegro distintas al del artículo 8º inciso 5 del Decreto 2351 de 1965, como lo hizo el artículo 17 del laudo que se examina, y éste no fijó el término para su ejercicio, el lapso para la prescripción es el general u ordinario consagrado en los artículos 151 del CPL y 488 del CST´>.

En efecto, si el término preceptivo de los tres (3) meses a que alude el inciso 7º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, es única y exclusivamente para reclamar la acción de reintegro que se deriva de la estabilidad laboral a que se refiere el numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, por así preverlo clara y expresamente la normatividad en cita, mal puede pretenderse que se haga extensiva tal disposición legal a otras formas de estabilidad en el empleo derivadas no de la ley sino del acuerdo entre las partes y en el que nada se estipuló a ese respecto, como sucede en el sub judice, pues un vacío en ese sentido sólo puede ser llenado aplicando la norma general que regula la prescripción de los derechos laborales y no acudiendo a una normativa de carácter especial que establece una excepción, cuya aplicación analógica resulta improcedente”.

Y en el sub lite el preacuerdo extraconvencional materia de estudio, en lo atinente a la estabilidad laboral, no se remite al reintegro legal del numeral 5º del artículo 8º del Decreto 2351 de 1965, y menos señala como término de prescripción los tres (3) meses previstos en el inciso 7º del artículo 3º de la Ley 48 de 1968, y aunque menciona el referido Decreto 2351 de 1965 lo fue solo para aludir a las justas causas contempladas en su artículo 7º.

En estas condiciones, se observa que en la presente causa no operó la prescripción de la acción, por virtud de que la demanda introductoria fue instaurada en tiempo dentro de los tres (3) años subsiguientes al retiro del actor, al haberse presentado el 3 de noviembre 2005 según la constancia que corre a folio 10.

De conformidad con lo anterior, se REVOCARÁ la sentencia de primera instancia que absolvió a la demandada de todas y cada una de los pretensiones incoadas por el actor y, en su lugar, se ordena reintegrar al demandante al cargo que ocupaba o a otro de igual categoría, a partir del 30 de abril de 2005, en los términos antes descritos.

De las costas del recurso extraordinario, no hay lugar a ellas por cuanto la acusación salió avante; y respecto de las instancias, en la alzada no se causaron, y las de primer grado serán a cargo de la parte vencida que lo es la sociedad demandada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2008, por la Sala de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en el proceso adelantado por Jaime Alberto Rico Jaramillo contra la Empresa Antioqueña de Energía S.A. ESP.

En sede de instancia, se REVOCA el fallo de primer grado que absolvió a la demandada de los súplicas elevadas por el actor, para en su lugar CONDENAR a la sociedad demandada a reintegrar al demandante al cargo al cargo que ocupaba o a otro de igual categoría, a partir del 30 de abril de 2005, en las mismas condiciones de empleo de que gozaba anteriormente, sin solución de continuidad y con el pago de todos los salarios y prestaciones de carácter legal y extralegal dejados de percibir, y a los aportes a la seguridad social, desde el 30 de abril de 2005 hasta que sea efectivamente reintegrado, teniendo en cuenta para el efecto un salario mensual de $689.427.

Se ABSUELVE a la accionada de las demás súplicas incoadas, y se le AUTORIZA para compensar o descontar de la condena por salarios y prestaciones dejadas de percibir, lo cancelado por cesantía definitiva en cuantía de $11.417.639, e indemnización por despido por valor de $21.432.798.

Se DECLARA probada la excepción de compensación y no demostrados los demás medios exceptivos.

Se CONDENA en costas de la primera instancia a la sociedad demandada tal como se indicó en la parte motiva, sin que haya lugar a ellas en la alzada ni el recurso extraordinario.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».