Sentencia 39753 de marzo 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Mauricio Burgos Ruiz

Rad.: 39753

Acta: 8

Bogotá D.C., trece de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

La Corte procederá al estudio conjunto de estos dos cargos en atención a que se orientan por la misma vía, y por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Acusa el censor en el primer cargo como infringidos directamente por el tribunal, los artículos 8º de la Ley 6ª de 1945, 53 y 54 del Decreto 2127 de ese mismo año, y el artículo 2º de la Ley 64 de 1946, en cuanto ellos prevén que la sola sustitución del patrono no extingue el contrato de trabajo, y que por tanto, el sustituido responderá solidariamente con el sustituto, durante el año siguiente a la sustitución, por todas las obligaciones anteriores. De la misma manera, se acusa el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003.

Al respecto se ha de precisar que el Decreto-Ley 1750 de 2003 que dispuso la escisión del Instituto de Seguros Sociales y creó las empresas sociales del Estado para la atención de los servicios de salud que antes estaban a cargo de la entidad primeramente indicada, previó una situación especial para aquellas personas que si bien venían desempeñándose en el Instituto como trabajadores oficiales pasaron automáticamente a formar parte de las ESEs, recién conformadas, pero en calidad de empleados públicos.

Es evidente entonces, que el Decreto-Ley 1750 creó una situación sui generis al prever el paso de dichos trabajadores oficiales a las Empresas Sociales del Estado como empleados públicos, sin solución de continuidad y que para todos los efectos legales se computaran los tiempos servidos a ambas entidades “sin solución de continuidad” como lo pregona el artículo 17 ibídem, protegiendo a estos servidores la estabilidad laboral, porque no se dio rompimiento de la relación no obstante haber cambiado la forma de vinculación a la administración. Esto significa que cuando se da el paso del Instituto a las ESE’s, no hay lugar a reclamar frente al primero, como bien lo anota el recurrente, las acreencias laborales que son exigibles a la terminación del vínculo como lo son las cesantías, la indemnización moratoria, la indemnización por despido injusto, ni la compensación por las vacaciones, porque en estos casos la relación laboral no termina por expresa disposición legal.

Así lo precisó la Corte en sentencia de 4 de abril de 2006, radicado 26895, en los siguientes términos:

“La circunstancia de que se hubiera previsto en el artículo 17 acusado, la continuidad de la relación implica de suyo, que no puede predicarse ruptura de cara a las vinculaciones laborales anteriores aunque se hubiera variado en algunos casos su régimen —al cambiar de trabajadores oficiales a empleados públicos—; esto significa que a los demandantes se les garantizó la continuidad en el servicio y por ende, la estabilidad laboral.

En ese orden de ideas, como bien lo estimó el sentenciador ad quem, no hay lugar a la indemnización por despido, en cuanto ésta surge como una compensación por la pérdida del empleo que en estos casos no se dio, al haberse garantizado la estabilidad laboral con la incorporación a una de las nuevas plantas de personal.

El hecho de que la norma acusada se refiera a que el cambio del Seguro Social a las nuevas Empresas Sociales del Estado, se hace sin solución de continuidad de las relaciones laborales, y que el tiempo de servicios en el ISS se computará para todos los efectos legales con el servido en ellas, reafirma que la relación se entiende como una sola, que no hay ruptura del vínculo de trabajo, y que por lo tanto no es procedente se insiste, la indemnización por despido injusto por haberse garantizado la permanencia en el servicio, ni la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías definitivas que sólo se hacen exigibles cuando termina la relación laboral”.

Efectivamente, si estos servidores se vinculan automáticamente a las ESE’s en calidad de empleados públicos, para las reclamaciones de las prestaciones y derechos laborales que se causan a partir del momento en que ocurre el cambio de régimen y las que se hacen exigibles a la terminación del vínculo por tener ya a ese momento la calidad de empleados públicos, es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo como lo señaló la Sala en sentencia de 12 de septiembre de 2006, radicado 26892, al exponer:

“1. Ya se dejó visto que es el juez laboral el competente para declarar la existencia de un contrato de naturaleza laboral, y como con el presente asunto se pretende ello, no podía el juez de apelación, so pretexto de que a la terminación del vínculo la actora ostentaba la calidad de empleada público, desconocer que durante el periodo comprendido entre el 20 de noviembre de 1996 (fecha a partir de la cual la Corte Constitucional mediante Sentencia C-579 de 1996 declaró inexequible los artículos 235 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 2º del artículo 3º del Decreto 1651 de 1977, que catalogaba a la actora como funcionaria de la seguridad social) y el 26 de junio 2003 fue trabajadora oficial y omitir de paso declarar los derechos que no solamente había causado la actora sino que también para la fecha en que se produjo la escisión (jun. 26/2003) eran perfectamente exigibles.

2. Ahora, como la demandante continuó laborando después de la escisión, es claro que pasó de ser trabajadora oficial a empleada pública, sin que su relación sufriera solución de continuidad, y en virtud del artículo 18 del citado decreto se deben respetar los derechos adquiridos a la fecha de la mencionada escisión. Entonces, cualquier diferendo que se presente con posterioridad al 26 de junio de 2003, es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la competente para conocer de ello, se itera, pues a partir de allí ostentó la calidad de empleada pública.

Se impone precisar que, en aquellos eventos en los que una persona venía siendo trabajadora oficial y en virtud del Decreto 1750 de 2003 su calidad se transforma a empleada pública, el juez competente para conocer de cualquier diferencia es el contencioso administrativo porque la norma no escinde la relación laboral y respeta los derechos adquiridos.

Pero, se reitera, que siendo el presente un caso ‘sui generis’ porque para que la actora pudiese ser beneficiaria de lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 1750 de 2003, que establece que ‘Los servidores públicos que a la entrada en vigencia del presente decreto se encontraban vinculados a la vicepresidencia de prestación de servicios de salud, a las Clínicas y a los Centros de Atención Ambulatoria del Instituto de Seguros Sociales, quedarán automáticamente incorporados, sin solución de continuidad, en la planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto’, era necesario acudir a la jurisdicción ordinaria, para que, por vía judicial, se declarara que tenía la calidad de servidora pública, más concretamente de trabajadora oficial. De ahí la importancia de asistir previamente al juez del trabajo, para que una vez declarado su estatus como trabajadora oficial, pueda conocer la contenciosa administrativa por efectos del cambio al de empleada pública”.

Así las cosas le asiste razón al recurrente, puesto que habiendo sido establecido por el tribunal que la demandante en virtud de la escisión dispuesta por el Decreto 1750 de 2003, fue vinculada a la ESE Francisco de Paula Santander en calidad de empleada pública sin solución de continuidad en la relación laboral, no había lugar a disponer condena por concepto de cesantías, ni compensación en dinero de las vacaciones, como tampoco por indemnización moratoria, por ser acreencias exigibles a la terminación de la relación laboral.

En casos precedentes en que se han sometido a esta Corte controversias similares, así ha dispuesto, como en las sentencias de 23 de enero de 2008, radicado 31044 y 22 de febrero de 2011, radicado 35666. En la última de las decisiones citadas, se asentó a la letra:

“Es la jurisdicción contenciosa administrativa la competente para conocer de las pretensiones relativas al reintegro, cesantía y sus intereses, a la reparación del perjuicio por la desvinculación de la actora de la entidad pública, a las vacaciones y primas de vacaciones, así como la indemnización de la Ley 224 de 1995, porque, se reitera, no están llamadas a ser objeto de análisis, dado que su exigibilidad nació con la desvinculación de la demandante de la empresa social del Estado, cuando era empleada pública”.

Por las razones anteriores, prosperan los cargos primero y segundo, y el fallo del tribunal será parcialmente casado en cuanto confirmó modificándola la condena a indemnización moratoria, y confirmó la condena al pago del auxilio de cesantías y compensación por vacaciones.

Dadas las resultas de estas acusaciones, la Corte queda eximida de abordar el estudio del cargo tercero que por la vía fáctica pretendía la absolución de la condena al pago de indemnización moratoria.

En sede de instancia, son suficientes los razonamientos expuestos con ocasión del recurso extraordinario para revocar la condena a cesantías impuesta en la letra A) del numeral primero del fallo del Juzgado, y por vacaciones a que alude la letra D. De la misma manera se revoca el numeral segundo que impuso el pago de la indemnización moratoria.

Sin costas en casación dada la prosperidad de los dos primeros cargos. Las de las instancias, en un 50% a cargo de la demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia de 20 de agosto de 2008, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso promovido por Martha Cecilia Araque Álvarez contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó modificándola la condena a indemnización moratoria, y confirmó la condena al pago del auxilio de cesantías y compensación por vacaciones. No la casa en lo demás. En sede de instancia, revoca la condena a cesantías impuesta en la letra A) y por vacaciones a que alude la letra D, del numeral primero del fallo de 16 de abril de 2008 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de San José de Cúcuta. De la misma manera se revoca el numeral segundo que impuso el pago de la indemnización moratoria, para en su lugar, absolver por dichos conceptos.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal».