Sentencia 39764 de noviembre 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39764

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL 837 - 2013

Acta 37

Bogotá, D.C., trece de noviembre de dos mil trece.

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la demandada, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, el 18 de diciembre de 2008, en el proceso ordinario laboral que adelantó Pablo Gustavo Salazar Barranco contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación.

I. Antecedentes

El citado accionante demandó a la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación, para que se reconozca y cancele la indexación de la primera mesada, en cuantía de $ 991.301,03; los reajustes de ley; el retroactivo causado a partir del 12 de junio de 2003 hasta la fecha de inclusión de nómina; los intereses comerciales por mora o en subsidio la actualización del valor correspondiente y las costas del proceso.

En apoyo de sus peticiones refirió que laboró para la entidad demandada entre el 5 de noviembre de 1976 y el 27 de junio de 1999, es decir, por espacio de 22 años y 233 días; que el contrato de trabajo fue terminado en virtud de los decretos 1064 y 1065 de 1999; que mediante Resolución 2645 de agosto de 2003 se le reconoció y liquidó la pensión de jubilación convencional, en suma de $ 735.178, por haber cumplido los requisitos de edad y tiempo de servicio a partir del 12 de junio de 2003, fecha en que cumplió los 55 años de edad.

Señaló que la pensión se liquidó sobre una base salarial de $ 980.238,70, que no se actualizó, pese a que a la fecha en que se causaron los salarios —jun. 27/99—, fue anterior a la de reconocimiento del derecho —jun. 12/2003—; que se ordenó la deducción del 12% sobre el retroactivo, por concepto de aportes para salud sin que haya recibido servicios del sistema por no encontrarse afiliado.

II. Contestación a la demanda

La convocada al juicio se opuso a las pretensiones de la demanda; negó la obligación de indexar la primera mesada pensional en tanto la convención colectiva de trabajo no la obligó a ello. Explicó que la pensión convencional fue reconocida y pagada el 19 de agosto de 2003, es decir que solo transcurrieron 37 días entre la fecha en que el actor alcanzó el estatus de pensionado y la fecha de su reconocimiento y pago; que la indexación del IBL fue establecida por la Ley 100 de 1993 para las pensiones otorgadas dentro del sistema de seguridad social, y por ello no podía extenderse a aquellas pensiones a cargo del empleador. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, reconocimiento y pago oportuno de la pensión, inexistencia de obligaciones, falta de derecho para pedir, cobro de lo no debido y compensación(1).

III. Sentencia de primera instancia

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, en sentencia de 26 de junio de 2008, se pronunció en los siguientes términos(2):

“1. CONDENAR a la Caja de Credito (sic) Agrario Industrial y Minero en Liquidación, a reconocer y pagar al señor Pablo Gustavo Salazar Barranco, la pensión desde el 27 de junio de 1999 en cuantía de un millón cinco mil doscientos ochenta y tres pesos con ttreinta (sic) y cinco centavos m/l ($ 1.005.283,35), quedando cifrado el valor mensual de la pensión convencional de jubilación que viene disfrutando, para el año 2008 en la suma de un millón trescientos veinticinco mil setecientos setenmta (sic) y ocho pesos con ochenta y un centavos m7l (sic) ($ 1.325.778.81).

2. CONDENAR a la Caja de Credito (sic) Agrario Industrial y Minero en Liquidación, a reconocer y pagar al señor Pablo Gustavo Salazar Barranco el retroactivo pensional causado, el cual se cuantifica en la suma de setenta y ocho millones quinientos sesenta y cinco mil sesenta y dos pesos con cuarenta y cinco centavos m/l ($ 78.565.062.45) hasta el mes de mayo del año 2008.

3. Las costas de esta instancia corren a cargo de la demandada”.

IV. Sentencia del tribunal

Llegado el proceso a la segunda instancia por apelación de la demandada, el Tribunal Superior de Santa Marta, en sentencia de 18 de diciembre 2008, modificó la decisión impugnada,(3) así:

“1. MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia de fecha 26 de junio de 2008, proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta. En su lugar se dispone:

a) CONDENAR a la Caja de Credito (sic) Agrario Industrial y Minero en Liquidacion (sic) a reconocer y pagar al señor Pablo Gustavio (sic) Salazar Barranco la pensión desde el 12 de junio de 2003 en cuantía de $ 899.944, quedando el valor mensual de la pensión a partir del año 2008 en $ 1.194.212.

b) CONDENAR a la Caja de Credito (sic) Agrario Industrial y Minero en Liquidacion (sic) a reconocer y pagar al señor Pablo Gustavio (sic) Salazar Barranco la suma de $ $ (sic) 14.900.107, por concepto de diferencias dejadas de pagar desde el 12 de junio de 2003 hasta el 30 de noviembre de 2008.

2. Confirmar en lo demás”.

El ad quem delimitó la controversia en la procedencia o no de la indexación de la primera mesada en pensiones convencionales.

Hizo un recorrido por las diversas posiciones que respecto al tema esta Sala de la Corte ha sentado, para lo cual aludió a varias sentencias, entre estas la del 18 de agosto de 1999, Radicado 11818, 25 de julio de 2005, Radicado 23913, 18 de diciembre de 2007, Radicado 29985, para concluir que procedía la indexación de la primera mesada pensional entratándose de pensiones extralegales.

No atendió los argumentos expuestos por la demandada en la alzada, relativos a que el criterio de la jurisprudencia de la Corte, al momento en que se reconoció la pensión al demandante, era la no indexación de la primera mesada pensional para pensiones extralegales, por cuanto los jueces deben decidir los asuntos de acuerdo con la jurisprudencia vigente al momento de elucidarlos.

Estableció que lo “único” que podía afectar al derecho pensional sería el fenómeno prescriptivo, cuestión que no ocurría por no haber transcurrido el término de 3 años entre la fecha en que la demandada reconoció la pensión y la fecha de reclamación, y entre la fecha de presentación de la demanda y la de reclamo administrativo.

Acto seguido, procedió con la fórmula correspondiente y estableció que el IBL para efectos de aplicar el monto de la pensión era de $ 1.199.925, que al aplicarle el 75%, arrojó una mesada pensional para el año 2003 de $ 899.944, que al 2008 resultaba una diferencia de $ 14.900.107.

Así, modificó la sentencia de primera instancia.

V. El recurso extraordinario

Lo interpuso la demandada, con apoyo en la causal primera de casación laboral, con el cual pretende que se case totalmente el proveído impugnado, para que en sede de instancia, esta corporación revoque la sentencia del a quo y absuelva a la accionada de todas las pretensiones de la demanda.

Con tal propósito formuló un cargo, por la vía directa que no fue replicado y que la Sala procede a resolver.

VI. Cargo único

Dice el recurrente:

“Acuso la sentencia por la causal primera de casación contemplada en el artículo 60 del Decreto-Ley 528 de 1964, por violar directamente, en la modalidad de falta de aplicación del Decreto 1065 de 26 de junio de 1999, el Decreto-Ley 663 de 1993, Ley 510 de 1999, artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004 en relación con los artículos 51, 60, 61, 83 y 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 174, 177, 179 y 187 del Código de Procedimiento Civil, Ley 153 de 1887”.

En la demostración del cargo sostiene que el Presidente de la República a través del Decreto 1065 de 1999 ordenó la disolución y liquidación de la caja demandada; que el régimen aplicable para la liquidación forzosa administrativa sería el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que en su artículo 291 estableció que correspondía a aquel señalar la forma y oportunidad en que se deben presentar los créditos o reclamaciones y, en general, los actos que en desarrollo de la toma de posesión se pueden o se deben realizar; que los artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004 disponen la forma de integrar la masa de liquidación y la procedencia del reconocimiento y pago de la pérdida del poder adquisitivo, en el sentido de que “...una vez atendidas las obligaciones excluidas de la masa y a cargo de ella, así como el pasivo cierto no reclamado, si hay lugar a él, si quedare un remanente se reconocerá y pagará desvalorización monetaria a los titulares de los créditos que sean atendidos por la liquidación, cualquiera que sea la naturaleza, prelación o calificación de los mismos, con excepción de los créditos que correspondan a gastos de administración”; que, desde el mismo escrito introductorio de la demanda, los falladores de instancia tenían conocimiento del estado de liquidación al que estaba sometido la entidad, no obstante, el tribunal desconoció las normas propias a las entidades que como la demandada se encuentran en situación de liquidación forzosa administrativa, aspecto fáctico notorio y de público conocimiento.

Agrega que el anterior proceso por el que atraviesa la demandada se encuentra regulado por las normas que señala en la proposición jurídica, que fueron inaplicadas por los sentenciadores de instancia, y que de no haberlas desconocido la conclusión hubiera sido, no reconocer “la pérdida del poder adquisitivo, hasta tanto no se hayan atendido las obligaciones excluidas de la masa y a cargo de ella, así como el pasivo cierto no reclamado”; que, por ende, era improcedente formular condena por indexación de la pensión del actor cuando no se había probado el pago total de las obligaciones excluidas de la masa, las que se encontraban a cargo de esta y el pasivo cierto no reclamado en el proceso liquidatorio.

VII. Consideraciones de la Corte

El tribunal no se ocupó del tema de la liquidación forzosa de la entidad demandada que ahora pretende cuestionar la censura, porque no fue objeto de controversia, en la medida que la enjuiciada al contestar la demanda inicial y proponer las excepciones, nada dijo al respecto, y tampoco lo hizo en al recurso de apelación.

Así, el juez de apelaciones no pudo cometer ningún yerro jurídico de los que se le acusa, en tanto y en cuanto no hizo análisis jurídico respecto de las normas que integran la proposición jurídica relativas al proceso de disolución y liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

Téngase en cuenta que los argumentos del censor son totalmente alejados de las motivaciones que tuvo el ad quem, y solo plantea reproches sobre temas nuevos que no fueron alegados en su oportunidad ni en las instancias.

De acuerdo con lo anterior, deja el recurrente incólume los argumentos del tribunal, y por tanto la decisión recurrida queda sostenida en esta, ante las presunciones de acierto y legalidad con que llega revestida al ámbito de la casación.

Al margen de lo anterior, las normas que aduce la censura, ha debido observar el tribunal, especialmente los artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004, no resultan aplicables al presente asunto, si se tiene en cuenta que son mandatos dirigidos directamente al liquidador y no al juez, quien no tiene injerencia, para estos efectos, en el proceso liquidatorio. Esas normativas siguen especialmente al proceso de liquidación de la entidad demandada, así lo planteó la Sala en sentencia de 28 de agosto de 2013, donde fungía la misma demandada y alegó iguales argumentos como los que aquí se traen. Esto dijo la Corte:

“En efecto, el artículo 2º del Decreto 1065 de 1999, dispuso que el régimen aplicable a su liquidación sería el previsto en el decreto y en lo pertinente en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, para el caso de la toma de posesión para liquidar y la liquidación forzosa y administrativa. Por su parte, el artículo 24 de la Ley 510 de 1999, señala de manera general el procedimiento para liquidar los activos de la entidad, así como la forma y oportunidad para presentar los créditos y las reclamaciones.

Por su parte, los artículos 26, 30 y 44 del Decreto 2211 de 2004, en su orden, fijan el procedimiento para la determinación de las sumas a cargo de la entidad liquidada, la forma de compensar la pérdida del poder adquisitivo en caso de que quedaran remanentes a los titulares de los créditos que sean atendidos por la liquidación, y las reglas para determinar y pagar la compensación por la pérdida del poder adquisitivo. Todas esas situaciones corresponden a las previsiones dictadas única y exclusivamente para el proceso de liquidación de la entidad, de manera que ellos deben ser observados dentro de ese proceso.

No tienen las referidas disposiciones el alcance de modificar los derechos de quienes han causado una pensión de jubilación a su favor y que procuran su plena satisfacción o cuantificación al amparo de las normas sociales que los consagran. No puede pensarse que por el hecho de que la empresa empleadora haya sido liquidada, los trabajadores de la misma resulten afectados en sus derechos como asalariados, ni que las normas de su nuevo estado tengan primacía sobre las de naturaleza general prestacional, pues no es de la esencia de un proceso liquidatorio de una empresa desconocer los derechos laborales ya causados, pues ello equivaldría tanto como a infringir derechos adquiridos, que como es bien sabido, no pueden ser ignorados, afectados o desconocidos por norma posterior.

En ese orden, como ya quedó dicho, las disposiciones que ordenaron la disolución y la liquidación de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, así como las posteriores que las desarrollaron y complementaron, no son de aplicación al asunto que se examina, de donde se sigue inexorablemente que no infringió directamente el tribunal las normas que denunció la censura”.

Lo sostenido es suficiente para desestimar el cargo.

Sin costas en el recurso extraordinario dado que no hubo réplica.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de diciembre de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro del juicio ordinario laboral seguido por Pablo Gustavo Salazar Barranco contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero en Liquidación.

Sin costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Magistrados: Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(1) Ver folios 37 a 40.

(2) Ver folios 254 a 259.

(3) Ver folios 9 a 25, cuaderno del tribunal.