Sentencia 39782 de mayo 25 de 2010

 

Sentencia 39782 de mayo 25 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 39782

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Acta 17

Bogotá, D.C., veinticinco de mayo de dos mil diez.

EXTRACTOS: «IV. Consideraciones de la Corte

Se exhibe por fuera de toda discusión que la demandada, a partir del 27 de agosto de 1980 (cuando entró en vigencia el Acuerdo 7 del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 122 del Decreto 80 de 1980), pasó de tener la calidad jurídica de trabajadora oficial a la de empleada pública, la que conservó hasta cuando dejó de laborar al servicio de la demandante, el 27 de septiembre de 1998.

De tal suerte que María Liliam Amparo Arboleda Álvarez solo tuvo la condición jurídica de trabajadora oficial desde el 24 de abril de 1975 hasta el 26 de agosto de 1980, es decir, durante 5 años, 4 meses y 3 días.

Sin duda, ese tiempo de servicios se ofrece insuficiente en la perspectiva de que, en su calidad de trabajadora oficial, pudiese acceder a la pensión de jubilación prevista en la convención colectiva de trabajo agregada a los autos, que reclamaba 20 años de servicios a la Universidad y 45 años de edad.

Para la Corte, con arreglo a lo prevenido en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, la convención colectiva de trabajo no sería aplicable a la demandada, desde luego que desde el 27 de agosto de 1980 tenía la calidad de empleada pública.

En esas condiciones, la Resolución 16137 de 3 de noviembre de 1998, en cuanto aplicó la convención colectiva de trabajo 1976-1977 y reconoció la pensión de jubilación a María Liliam Amparo Arboleda Álvarez, por haber laborado más de 20 años al servicio de la Universidad de Antioquia y contar con más de 45 años de edad, deviene ilegal, justamente por contrariar el citado artículo del Código Sustantivo del Trabajo.

La demandada ha esgrimido, en su defensa, que la pensión de jubilación que se le reconoció tuvo como fundamento el laudo arbitral del 4 de mayo de 1984, que remitía a la convención colectiva de trabajo 1976-1977.

A propósito, esa decisión arbitral, tomada para decidir un conflicto jurídico, preceptuó:

“La Universidad de Antioquia deberá pagar a quienes, en virtud del Decreto Extraordinario 80 de 1980, cambiaron su calidad de trabajadores oficiales por la de empleados públicos, todas las prestaciones sociales de que eran con anterioridad a aquél titulares y fueron adquiridas conforme a derecho antes del citado cambio de status jurídico, aunque el acaecimiento de los hechos de que depende su goce se haya producido con posterioridad al mencionado cambio”.

Entiende esta Sala que lo que hace el laudo arbitral —y no podía ser de otro modo, sin sacrificio de la seguridad jurídica—, es poner a buen resguardo los derechos adquiridos por los trabajadores oficiales, pese al cambio que experimentó su condición jurídica al pasar a ser empleados públicos, con arreglo a las previsiones del Decreto 80 de 1980 y el Acuerdo 7 de 27 de agosto de 1980 del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia.

De manera que los trabajadores oficiales que, antes de producirse su variación a empleados públicos, hubiesen consolidado algún derecho a la sombra de mandatos convencionales, tienen vocación legítima a conservarlos, como que entraron definitivamente a sus patrimonios y no les pueden ser arrebatados, a voces del artículo 58 de la Carta Política.

Ése es el alcance del laudo arbitral que no puede extenderse en el horizonte de amparar la situación de los trabajadores oficiales que apenas tenían una mera expectativa, que nunca llegaron a consolidar un derecho a la luz de las disposiciones convencionales, justamente por el cambio a empleados públicos, que vedaba, de ahí en adelante, la aplicación en su favor de las preceptivas contenidas en la convención colectiva aludida.

Tal es la inteligencia que, como lo tomó en consideración el tribunal, esta Sala de la Corte ha dado al referido laudo arbitral. Por ejemplo, en la sentencia de 1º de abril de 2008, radicación 32750, que se citó por el juez de la alzada, se expresó:

“La cláusula sexta del laudo arbitral del 4 de mayo de 1984, que reprodujo el ad quem, es muy clara; allí se dispuso que se debían respetar los derechos que ya pertenecían al trabajador, como consecuencia del cambio de naturaleza jurídica al variar su vinculación a la de empleado público, y su situación no podía empeorar negándosele derechos ya reconocidos, de donde resulta fácil colegir que tal postulado, sin lugar a dudas, de acuerdo con la lógica y con su literalidad, aplica a los trabajadores que hubieran causado el derecho, en este caso, al de la pensión convencional, pero de ninguna manera en relación con aquellos que apenas contaban con una expectativa, que, como en el caso aquí debatido, no pudo consolidarse, precisamente por el cambio de trabajador oficial a empleado público, en la medida que, se reitera, no reunía los requisitos convencionales, para ese entonces”.

Por lo tanto, no incurrió el tribunal en los desatinos que le atribuye el cargo, pues la apreciación que hizo de las pruebas, en particular del laudo arbitral del 4 de mayo de 1984, es correcta.

En consecuencia, no prospera el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 1º de octubre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que la Universidad de Antioquia le sigue a María Liliam Amparo Arboleda Álvarez.

Costas en el recurso de casación, a cargo de la recurrente, porque hubo oposición.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».