Sentencia 39784 de mayo 7 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39784

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Cecilia Dueñas Quevedo

SL6058-2014

Acta 15

Bogotá, D. C., siete de mayo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «V. El recurso de casación

Interpuesto por la señora Florinda Cortés, concedido por el tribunal y admitido por esta Sala de la Corte, se procede a su resolución previo estudio de la demanda de casación que oportunamente fue replicada por el Fondo de Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia; no así por el Ministerio de la Protección Social, quien presentó la réplica de manera extemporánea (fl. 74).

Busca la censura que la Corte case totalmente la sentencia recurrida, para que en sede de instancia, revoque la de primer grado y en su lugar acceda a todas y cada una de las pretensiones contenidas en la demanda. Provea sobre costas, lo que en derecho corresponda.

Con tal propósito presenta tres cargos por la vía directa, que como arriba se dijo, oportunamente fueron replicados por el Fondo de Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, cargos que por perseguir idéntico objetivo, la Sala los estudiará de manera conjunta por así permitirlo el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 161 de la Ley 446 de 1998

VI. Primer cargo

Está formulado en los siguientes términos:

La sentencia acusada viola la ley sustancial por vía directa, por aplicación indebida del inciso 3º del art. 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con los arts. 1º de la Ley 33 de 1985, el art. 73 del Decreto 1848 de 1969, art. 53 de la C.P., artículo 11 de la Ley 100 de 1993 (fl. 13 cdn. Corte).

En la demostración del cargo aduce que el fallador de segunda instancia, se equivocó al concluir que el I.B.L., de las personas que están en régimen de transición de la L. 100/93, es el previsto por el inciso 3º del artículo 36 de la ley en cita, mismo que utilizó la demandada para el reconocimiento pensional; pues según su sentir, la preceptiva aplicable para obtener el I.B.L., es el art. 1º de la L. 33/85, que establece que la pensión debe liquidarse teniendo en cuanta el promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

VII. Segundo cargo

Está formulado en los siguientes términos:

Acuso la sentencia de ser violatoria por vía directa en la modalidad de interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, arts. 488, 489 del C.S.T., 151 del CPLSS. Artículo 53 de la C.P. (fl. 15 cdn. Corte).

En la demostración del cargo señala que el tribunal le dio un entendimiento equivocado al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues esta preceptiva en momento alguno busca escindir la norma que se aplica a las personas que se encuentran en régimen de transición, para el caso de la demandante el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, esto es, si se le otorgó la pensión a la luz de la última de las normas en cita, la misma debe aplicársele en su integridad, incluyendo el ingreso base de liquidación que corresponde al promedio de los salarios devengados en el último año de servicios.

VIII. Tercer cargo

Está formulado en los siguientes términos:

Acuso la sentencia de ser violatoria por la vía directa en la modalidad de infracción directa de la Ley sustancial del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, artículo 73 del Decreto 1848 de 1969, arts. 488, 489 del C.S.T., 151 del CPLSS. Artículo 53 de la C.P. (fl. 20 cdn. Corte).

En la demostración del cargo precia que:

En la sentencia demandada se aplica el inciso 3º del 36 de la Ley 100 de 1993, cuando este texto normativo solo es una parte de esta disposición, y el sentenciador se rebela contra la misma, ignorando que debe tenerse en cuenta y aplicarse al caso que contempla el art. 1º de la Ley 33 de 1985, el artículo 73 del Decreto 1848 de 1993 (sic), ignora que lo aplica a un caso que no contempla el inciso 3º del art. 36 de la Ley 100 de 1993. El sentenciador conoce la norma pero no la reconoce ni le da validez que corresponde (ibídem).

IX. La réplica

El Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, se opuso de manera conjunta a la prosperidad de los tres cargos. Señala que el fallo atacado deber permanecer incólume, en tanto el mismo fue resuelto a la luz de la jurisprudencia de esta Sala de la Corte, la que precisa que las personas cobijadas por el régimen de transición tienen el beneficio de que se les aplique la edad, tiempo y monto de la pensión consagrado en el régimen respectivo, no así el ingreso base de liquidación, el que para las personas que les faltare menos de 10 años, será el previsto por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Cita en su apoyo la Sentencia 33343 del 17 de octubre de 2008.

X. Consideraciones de la Corte

Está probado en el expediente y no son materia de discusión, los siguientes hechos: (i) que la señora Florinda Cortés es beneficiaria del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; (ii) que a partir de la fecha en que cumplió los 55 años de edad, 16 de enero de 2001, el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia le reconoció la pensión de jubilación a la luz del art. 1º de la L. 33/85, de cuya normativa tomó el tiempo de servicios (20 años), la edad (55 años) y el monto de la pensión (75%), no así el ingreso base de liquidación, el que lo sujetó al promedio de lo devengado desde el 1º de abril de 1994 al 31 de diciembre de 2000, tal como lo ordena el inciso 3º del art. 36 de la L. 100/93, en armonía con los art. 6º y 1º de los decretos 691 y 1158 respectivamente, ambos de 1994 (fls. 32 a 38).

Estima la Corte que el Tribunal no incurrió en los yerros jurídicos endilgados por la censura, toda vez que lo relativo a la forma de determinar el ingreso base de liquidación de las personas amparadas por el régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, es como lo pone en evidencia el sentenciador de alzada, misma manera utilizada por la demandada al momento de liquidar y recocer la pensión de jubilación a la señora Florinda Cortés.

En efecto, ese régimen garantiza a sus beneficiarios de cara a la pensión por vejez o jubilación, y en relación con la normativa que venía rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas para acceder al derecho y el monto de la prestación en lo que tiene que ver con la tasa de reemplazo; pero no en lo referente al ingreso base de liquidación pensional que se rige en estricto rigor por lo previsto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que es claro en señalar que el grupo de personas que estando en transición les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, se les debe tener en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior.

Así lo ha entendido esta Sala de la Corte en múltiples oportunidades, baste para ello citar la sentencia del 23 de febrero de 2010, rad. Nº 37036, recientemente recordada en Sentencia SL 631-2013, cuando textualmente se dijo:

Esta corporación tiene definido que la norma aplicable para establecer el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez en casos como el que ocupa la atención de la Sala, no es otra que el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no siendo en consecuencia de recibo lo pretendido por la parte actora de que el IBL debió liquidarse con el 75% pero del promedio salarial devengado durante el último año de servicios, lo que trae consigo que no sea factible aplicar en su integridad el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sino únicamente en aquellos aspectos que en el régimen de transición se dispuso eran gobernados por la legislación anterior, valga decir, la edad para acceder a la prestación, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto porcentual de la pensión.

En sentencia reciente del 20 de octubre de 2009 radicado 36662, en donde se discutía este puntual aspecto, la Sala mantuvo invariable su propio criterio que viene de tiempo atrás, cuyas enseñanzas desvirtúan lo expresado por la censura al final del cargo como <consideraciones de instancia>, y que ahora se reiteran por cuanto no existen nuevos elementos de juicio que permitan modificar el criterio que actualmente impera. En la decisión en comento, se puntualizó:

“(…) La censura persigue que se determine jurídicamente, que el tribunal le dio un entendimiento o alcance equivocado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al concluir que a un empleado público en régimen de transición se le liquida la pensión con el IBL en la forma prevista en el inciso 3º de ese ordenamiento legal, cuando debió acoger para estos efectos en su integridad el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y con base en ello establecer el promedio devengado, que le resultaría más favorable al afiliado, y así no se violaría el principio de inescindibilidad de la norma, máxime que la transición conlleva la aplicación del régimen anterior y expresamente en lo que tiene que ver con el tiempo de servicios, la edad y el monto de la pensión; todo lo cual con el firme propósito de hacer variar la actual postura de la Corte Suprema de Justicia.

Pues bien, planteadas así las cosas, como primera medida es de recordar, que tanto los trabajadores del sector privado como los servidores públicos con vinculación contractual, legal o reglamentaria son beneficiarios del régimen de transición, siempre y cuando cumplan los presupuestos señalados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que significa que al no haber exclusión alguna se aplica a los sectores públicos en todos sus órdenes.

En segundo lugar, cabe decir, que esta Sala de la Corte ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en innumerables ocasiones, en relación al fenómeno jurídico de la transición pensional consagrado en el mencionado artículo 36 y la intelección que ha de dársele a esta norma, reiterando que a los sujetos que los cobija, se les respetó tres aspectos en los términos estipulados en las anteriores preceptivas: a) La edad para acceder a la prestación, b) el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y c) el monto porcentual de la pensión, que para este asunto corresponde al 75% conforme al artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Igualmente ha adoctrinado, que no obstante lo anterior, en lo concerniente al ingreso base de liquidación de la pensión para quienes les hacía falta menos de diez (10) años para adquirir el derecho, no se rige por las disposiciones que antecedían a la pluricitada ley de seguridad social, sino por el inciso tercero del artículo 36 de marras que reza: ‘(…) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo, si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación de índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE’ (resalta la Sala), estructura que surge del propio texto de la ley, lo que permite válidamente esa mixtura normativa, sin que ello signifique violación alguna a los principios de favorabilidad y de inescindibilidad o aplicación total de la norma”.

Las enseñanzas plasmadas por esta Sala de la Corte en la línea jurisprudencial transcrita en precedencia, tiene plena aplicación al sub examine, donde la demandante siendo beneficiaria del régimen de transición, a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, en su caso, —1º de abril de 1994—, le faltaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho, pues la pensión de jubilación se estructuró el 16 de enero de 2001. Así las cosas, el ingreso base de liquidación “será el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”, conforme lo dispone el inciso 3º del citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el que en esa medida fue correctamente interpretado y aplicado en el fallo gravado.

Consecuencia de lo anterior, fácil es advertir que los cargos están llamados a la improsperidad.

Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente y a favor del Fondo de Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Inclúyase como agencias en derecho la suma de $3.150.000.oo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la la (sic) sentencia dictada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, el 21 de noviembre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por la señora Florinda Cortés contra el Fondo de Pasivo de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el Ministerio de la Protección Social.

Costas conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».