Sentencia 39786 de agosto 1º de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 39786

Magistrado Ponente:

Dr. Francisco Javier Ricaurte Gómez

Acta 27

Bogotá, D.C., primero de agosto de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

Estimó el tribunal que era procedente indexar la primera mesada pensional de los actores conforme a la fórmula establecida por la jurisprudencia de esta Sala, para lo cual, de acuerdo a las probanzas arrimadas al proceso, tuvo en cuenta los últimos salarios promedios devengados por estos, las fechas de retiro y las de causación de las pensiones convencionales, y al aplicarles el 75%, resolvió que respecto de los señores José de Jesús Cantillo Carballo y Ferneli María Daza, los valores que resultaban de las operaciones aritméticas eran inferiores al salario mínimo mensual vigente para el 2001 y 2002, por lo que sostuvo, fue acertado el reconocimiento pensional efectuado por la demandada, por ende, no había lugar a ordenar la indexación deprecada.

La censura, al desarrollar el cargo, le reprocha al tribunal haber tomado el salario de 306 días y liquidarlo por 360, desconociendo el estipendio de 59 días, por cuanto tal omisión disminuye el promedio devengado en el último año. Asegura que el sentenciador de segundo grado debió tener en cuenta el salario promedio indicado en la liquidación de prestaciones sociales, por ser este último, variable.

Pues bien, encuentra la Corte frente a las anteriores afirmaciones, que estos no fueron temas planteados ni discutidos en el proceso, pues, nada se dijo en la demanda, ni en el recurso de apelación. Sobre este último, solo se redujo la parte recurrente a señalar que los “demandantes adquirieron su derecho a la pensión con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, norma que establece la procedencia de la corrección monetaria de las obligaciones exigibles que por su naturaleza sean susceptibles de tal fenómeno por no existir otro mecanismo que permita recuperar total o parcialmente el detrimento del poder adquisitivo”.

Lo sostenido hasta las presentes líneas, constituye un hecho nuevo, que no puede ser aducido ahora por los recurrentes en sede de casación, cuando el debate probatorio ha concluido y el proceso se encuentra terminado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se expone por el censor la errónea apreciación por parte del tribunal de los documentos contentivos de liquidaciones de prestaciones sociales, reconocimiento de pensiones, constancias de Indupalma, los que valga decir, no fueron cuestionados ni controvertidos por las partes en el trámite de las instancias, siguiendo tales premisas, la Sala abordará su estudio.

Al examinar las probanzas citadas y lo resuelto por el tribunal, observa esta corporación que:

Del documento de folio 17, —liquidación de prestaciones sociales correspondiente a José de Jesús Cantillo Carballo—, se observa que este devengó en el último año de servicios la suma de $1.412.179,84, promediando este monto por 12 meses, da como resultado $117.681,65, cifra que resulta inferior a la establecida por el tribunal, en $118.432.

Bajo esa óptica, se tiene entonces, que si bien se observa un yerro por parte del colegiado al determinar el monto del último salario devengado por el actor, esta equivocación no le da razón a la censura al pretender que se tenga como último salario la suma de $138.420, por cuanto se itera, efectuadas las operaciones aritméticas del caso, arroja un valor inferior a lo establecido en la decisión censurada. La equivocación del tribunal no tiene la virtualidad de quebrar la sentencia, pues lo decidido por este, resulta más beneficioso, en contraposición a los cálculos que resultan de la prueba reseñada.

Respecto del señor Ferneli María Daza, no sucede lo mismo, pues en la liquidación de prestaciones sociales se estableció que el total devengado durante el último año de servicios fue de $1.427.007,42 (fl. 25), que dividido entre 12 meses, resulta la suma de $118.917, que fue la establecida por el tribunal en su decisión, por lo que no se observa la equivocación endilgada por el censor.

En lo que tiene que ver con la constancia de Indupalma y documentos referentes al reconocimiento de pensiones, no le asiste razón a la censura cuando señala que en estos se contempla el salario, pues de tales medios de convicción lo que se observa es la calidad de pensionados de los señores Cantillo Carballo y Daza, los montos que reciben por pensión, la fecha a partir de que ostentan tal calidad y las condiciones en que fue reconocida la pensión de jubilación (fls. 18, 19 a 20, 26 a 27).

En tal virtud, el ad quem extrajo de ellos lo que en verdad contienen.

En cuanto a las demás pruebas que se enlistaron como mal apreciadas, —demanda y recurso de apelación— de las que la Corte ha admitido que por ser susceptibles de generar un yerro fáctico por parte del sentenciador, pueden ser atacables en casación, y de las no apreciadas —contratos de trabajo y comprobantes de pago— se observa que la censura no se detiene a demostrar qué es lo que cada una de esas pruebas, individualmente consideradas, acredita, como tampoco a explicar por qué fueron equivocadamente apreciadas, su incidencia, estructuración y dimensión respecto de los errores presuntamente cometidos.

No obstante, es menester establecer que en el sub judice, no está la razón del lado del recurrente en cuanto a los documentos reseñados como mal estimados por el colegiado, pues de las motivaciones esbozadas se desprende, el estudio que sobre las súplicas de la demanda hizo, para concluir que fue acertado el reconocimiento pensional efectuado por la demandada y por tanto, no había lugar a la indexación de sus mesadas iniciales, dado que el resultado de la operación arrojó un valor inferior al salario mínimo mensual vigente para el 2001 y 2002.

En lo que tiene con los documentos no apreciados, ninguna incidencia tienen sobre la decisión, pues de los mismos no se desprende lo referente al monto del último salario devengado por los accionantes.

En consecuencia se desestima el cargo.

Recurso de la demandada Industria Agraria La Palma S.A. “Indupalma S.A.”

Alcance de la impugnación

Pretende la parte recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia recurrida, “en cuanto en el numeral primero de la parte resolutiva revocó parcialmente el fallo de primera instancia, condenando a mi representada a actualizar la primera mesada de la pensión de jubilación reconocida por Indupalma al demandante Ovidio de Jesús Torres Ciro, a la suma de $706.640”, para que, en sede de instancia, “modifique el numeral Primero (sic) de la parte resolutiva del tribunal y, en su lugar, disponga confirmar en su totalidad el fallo apelado, en cuanto absolvió a mi representada de todas las pretensiones de la demanda, proveyendo en costas como corresponda”.

Con tal propósito formula un cargo, por la causal primera de casación, que fue replicado y enseguida se estudia.

Cargo único

Acusa la sentencia recurrida por la vía indirecta, por aplicación indebida, el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo “lo cual condujo a la falta de aplicación del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en la versión modificada por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, y del artículo 467 Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 468 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, 11, 14, 21, 35 y 133 de la Ley 100 de 1993; 1530, 1536, 1537, 1539, 1542, 1613 a 1617, 1626 y 1927 del Código Civil y 53 de la Constitución Política”.

La censura le endilga al tribunal, los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que Indupalma reconoció al señor Ovidio de Jesús Torres Ciro una pensión plena de jubilación.

2. No haber dado por demostrado, estándolo, que Indupalma reconoció al señor Ovidio de Jesús Torres Ciro una pensión restringida de jubilación, en los términos del artículo 4º del estatuto pensional consagrado en la convención colectiva vigente en Indupalma, y aplicable al señor Torres, entre el 1º de julio de 1993 y el 30 de junio de 1995.

3. No dar por demostrado, estándolo, que para reconocer la pensión restringida de jubilación al señor Torres, Indupalma actualizó en legal forma el salario devengado por el actor durante el último año de servicio, que dio lugar en la fecha de reconocimiento de tal pensión (ene./2005) a un valor inferior al salario mínimo legal mensual vigente para el año 2005, causando para tal reconocimiento el pago de una primera mesada por un valor igual al de dicho salario mínimo”.

Como pruebas erróneamente apreciadas, señala el escrito de demanda y su contestación (fls. 3 a 7 y 49 a 58); y no estimadas, el estatuto pensional consagrado en el anexo 1 de la convención colectiva suscrita entre Indupalma y Sintraproaceites vigente para los años 1993 y 1995, visto a folios 118 a 127.

En la demostración, sostiene el recurrente lo siguiente:

“1. De la demanda, particularmente de lo afirmado a folio 3, y de su contestación, particularmente de lo respondido en relación con el señor Ovidio de Jesús Torres a folios 50 y 51, se infiere con evidencia que las partes aceptan:

a. Que el señor Ovidio de Jesús Torres prestó su servicio a Indupalma entre el 28 de octubre de 1978 y el 6 de junio de 1993, es decir, durante 14 años, 7 meses y 8 días.

b. Que el salario promedio devengado en la fecha de retiro fue de $196.404.

c. Que la demandada reconoció al señor Torres una pensión de jubilación desde el 8 de enero de 2005.

2. A folio 119 del expediente obra el artículo 4º del estatuto pensional consagrado en la convención colectiva 1993-1995, aplicable al señor Torres; artículo este, en cuyo inciso 4º se lee:

“La cuantía o monto de la pensión mensual vitalicia será directamente proporcional al tiempo de servicio respecto de la pensión que habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo segundo de este reglamento ...”.

3. El articulo 260 Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, en las versiones resultantes de las exequibilidades condicionadas consagradas en las sentencias C-862 y C-891 de 2006, respectivamente, extensivas a pensiones de jubilación convencionales de similar naturaleza, únicamente establecen como fórmula de actualización del IBL de la primera mesada pensional, su actualización “con base en la variación el índice de precios al consumidor, IPC, certificado por el DANE.

4. El tribunal en la sentencia recurrida incurre en graves errores de hecho porque:

a. Acoge como salario promedio devengado por el señor Torres en el último año de servicio la suma de $199.132, y desestima la aceptada por las partes en la demanda (fl. 3) y su contestación (fls. 50 y 51) de $199.132.

b. Reconoce los períodos de vigencia del contrato de trabajo, pero omite sin razón alguna considerar que como el tiempo de servicio del señor Torres, aceptado por las partes, es de tan solo 14 años, 7 meses y 8 días, el porcentaje a aplicar sobre el IBL actualizado era de 55.47% y no del 75% como equivocadamente lo hizo.

Este error protuberante tuvo causa en no apreciar el inciso 4º del artículo 4º del estatuto pensional convencional obrante a folio 119 del expediente, no obstante afirmar en la sentencia a folio 176, después de citar la Sentencia C-862 de 2006 que “la figura de la indexación de la primera mesada pensional opera tanto para pensiones de carácter legal como para pensiones convencionales”.

5. Los errores de hecho antes referidos adquieren aún mayor gravedad al establecerse que el ad quem en los cálculos que hace en la sentencia recurrida para establecer la actualización del salario base de la pensión del señor Torres, incurre en la aplicación de los IPC que no corresponden para el período comprendido entre la fecha de retiro del señor Torres (jun. 6/93) y la fecha de reconocimiento de la primera mesada pensional (ene. 8/2005), con la consecuente aplicación indebida de lo que señaló la Corte Constitucional respecto de la manera como deben entenderse los artículos 260 Código Sustantivo del Trabajo y 8º de la Ley 171 de 1961, aplicables por extensión en materia de pensiones plenas y restringidas a pensiones de similar naturaleza como las pactadas convencionalmente por mi representada.

6. Si el ad quem hubiera apreciado correctamente el tiempo de servicio del actor, hubiera aplicado lo convencional y legalmente previsto respecto del porcentaje a considerar respecto del salario devengado por el señor Torres en el último año de servicio, hubiera adoptado el valor de este salario aceptado por las partes en el proceso y hubiera aplicado correctamente la fórmula de actualización de dicho último salario con los IPC que correspondía para el período junio/93-enero/05, habría concluido que al aplicar en enero de 2005 el 55.47 sobre el IBL correctamente actualizado, el valor de la mesada resultaba inferior al salario mínimo legal vigente para el año 2005 y, por lo tanto, que, como lo hizo para los otros dos demandantes en este proceso, también para el caso del señor Torres “fue acertado el reconocimiento pensional efectuado por la accionada y, por ende, no hay lugar a ordenar la indexación de sus mesadas iniciales”.

7. Los errores de hecho demostrados condujeron al tribunal a aplicar la normatividad legal del artículo 260 Código Sustantivo del Trabajo aplicable para pensiones plenas de jubilación, lo cual lo condujo a inaplicar lo que en tal sentido consagra el artículo 4º del estatuto pensional convencional (fl. 119) que trascribe la versión original del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, modificado posteriormente por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 y, posteriormente, por el artículo 133 de la Ley 100 de 1993; normas sustanciales estas cuya vulneración se acusa”.

La réplica

Dice que la acusación se asemeja a un alegato de instancia, y que es contradictoria, pues afirma que el tribunal acogió un salario promedio que no correspondía, pero en el recurso señala que es de $192.132, cifra acogida por el ad quem. Enlista una serie de pronunciamientos de esta corporación, Corte Constitucional y Consejo de Estado que sobre el asunto sub examine han expuesto.

Consideraciones de la Corte

Aunque el alcance de la impugnación expuesto por el recurrente resulta un poco incoherente, pues solicita casar parcialmente la sentencia impugnada, para que en sede de instancia, modifique “el numeral Primero (sic) de la parte resolutiva del tribunal y, en su lugar disponga confirmar en su totalidad el fallo apelado ...”, lo cierto es que tal irregularidad en su formulación no inhabilita la demanda para su estudio, pues se logra entender con cierta claridad qué es lo que se pretende con el recurso extraordinario, esto es, casar la sentencia recurrida, para que esta Corte en sede de instancia, confirme la proferida por el a quo.

Ahora bien, el tribunal concluyó que no existía controversia alguna sobre la calidad de pensionados de los actores, por ser tal cuestión aceptada por la demandada al contestar el libelo genitor, y por encontrarse acreditado con los documentos de folios 19 a 20, 21, 28, 33, 65 a 66, igualmente destacó que la demandada reconoció pensión vitalicia de jubilación a favor de los demandantes, y que en el caso del señor Ovidio de Jesús Torres Ciro debido a que “este tenía derecho a que su primera mesada pensional ascendiera a $706.640,78 y se le reconoció en $381.500 pues así mismo lo confesó la llamada a juicio ...”, procedió a revocar el fallo absolutorio y ordenó a pagar la diferencia resultante entre el valor reconocido y el que debió cancelarse.

Pues bien, en los presuntos errores 1 y 2, la censura sostiene que el juez colegiado dio por demostrado que Indupalma reconoció al actor una “pensión plena de jubilación”, y, no dio por demostrado, estándolo, que la demandada reconoció al señor Torres Ciro una pensión “restringida de jubilación”, en los términos del artículo 4º del estatuto pensional consagrado en la convención colectiva.

Frente a lo anterior, debe decirse que independientemente de la naturaleza jurídica de la pensión otorgada al demandante, si es plena o restringida, la cuestión es si efectivamente procede o no la indexación de la primera mesada pensional, tema que de acuerdo con la actual posición de la Sala, es pacífico y constante, y que se encuentra plasmada en la sentencia del 31 de julio de 2007, Radicado 29022, reiterada entre otras, en las del 18 y 19 de septiembre de 2007, radicados 29979 y 28760 respectivamente, donde se admite la actualización de la base salarial tratándose de pensiones legales y extralegales causadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva Constitución.

Bajo esa óptica, resulta intrascendente en este caso, si el juez colegiado se refirió o no, si la pensión de los actores era plena o restringida.

En cuanto al tercer error, consistente en que el tribunal no dio por demostrado, estándolo que la pensión de jubilación del señor Ovidio de Jesús Torres fue actualizada en legal forma, y que, por arrojar a enero de 2005 un valor inferior al salario mínimo legal mensual vigente para esa anualidad, la elevó a dicho salario mínimo, debe decirse que, examinado el contexto del error que se le endilga al ad quem, es dable extraer que lo pretendido por el recurrente es que, atendiendo lo estipulado en el inciso 4º del artículo 4º del estatuto pensional consagrado en la convención colectiva 1993-1995, que al laborar el actor por 14 años, 7 meses y 8 días, el porcentaje a aplicar sobre el IBL actualizado era de 55.47% y no del 75% como efectivamente lo hizo el tribunal, al no apreciar la norma convencional reguladora del asunto.

Al respecto, es preciso señalar lo siguiente:

En casos pretéritos donde fungía la misma demandada y se debatían asuntos como el sub examine, esta Sala de la Corte venía considerando que el derecho a una pensión de jubilación establecido en una convención colectiva de trabajo que contenía los mismos requisitos en materia de edad y de tiempo de servicios que los señalados en la ley, no podía considerarse como una prestación de naturaleza extralegal; que la pensión de jubilación reconocida por la demandada era de origen legal, “concedida conforme a las disposiciones aplicables a los trabajadores oficiales del nivel territorial que exigían 20 años de servicios y 50 años de edad, y que solo se modificó convencionalmente en lo relativo a su monto ...”. Así se adoctrinó en las sentencias del 7 de febrero de 2002, radicación 16891, 11 de julio de 2003, Radicación, 20002, 5 de mayo de 2006, Radicación 26933, entre otras, en las que se itera, fungía la misma demandada en este asunto.

Pues bien, un nuevo estudio sobre el tema en controversia, la actual Sala arribó, por mayoría, a conclusión distinta.

En sentencia del 8 de febrero de 2011, Radicado 36318, se dijo lo siguiente:

“En ese sentido, la mayoría de la Sala considera que la pensión consagrada en el convenio colectivo de trabajo, como lo admite la empresa recurrente, determina el origen extralegal, aún cuando por las normas legales vigentes sobre la pensión, para ese momento, previeran los mismos requisitos de edad y tiempo de servicios. Ello es así, porque si las partes negociadoras de un pliego de peticiones, se reúnen y acuerdan consagrar el derecho a la pensión en un precepto convencional, con los mismos presupuestos señalados en la ley, para su disfrute, es indudable que su motivación no es otra que la de prever que, si eventualmente desaparece o se modifica la norma legal, continúe vigente el beneficio convencional, en la medida en que los contratantes no pueden ignorar la existencia y vigencia del principio del mínimo de derechos consagrados en la ley, y su superación por otras fuentes del derecho como es la convención colectiva, medio de negociación que indefectiblemente tiende siempre a mejorar los beneficios previstos en la ley para los trabajadores”.

Precedente novedoso que se aplica en este asunto, dada las circunstancias que lo rodean.

En ese orden se impone también concluir, que si en las cláusulas convencionales se establecieron los parámetros para establecer la cuantía o monto de la pensión mensual vitalicia, de acuerdo al lineamiento transcrito en precedencia, es menester tener en cuenta lo estipulado por las partes para tales efectos, es decir, no es posible desconocer que la cuantía de la pensión, es directamente proporcional al tiempo de servicio respecto de la que habría correspondido el trabajador en caso de reunir todos los requisitos necesarios para gozar de la pensión plena establecida en el artículo segundo de la misma convención, y se liquidará con base en el promedio de los salarios devengados en el último año de servicio, siguiendo las reglas establecidas para la pensión plena (75%).

Quiere decir todo lo anterior, que el tribunal incurrió en el yerro enrostrado al aplicar el 75% al monto de la mesada, dado que de acuerdo con lo establecido en la demanda y su contestación, el señor Ovidio de Jesús Torres Ciro laboró para la demandada desde el 28 de octubre de 1978 hasta el 6 de junio de 1993, es decir por un período de 14 años, 7 meses y 8 días, por lo que de acuerdo con lo estipulado en la convención colectiva no le correspondía aplicar una tasa de reemplazo del 75%, una vez actualizó la primera mesada pensional.

De otro lado, expone el censor que el ad quem acogió como salario promedio devengado por el señor Torres la suma de $199.132, desestimando la sostenida por las partes en la demanda y su contestación “de $199.132”; y que erró de igual manera al aplicar los IPC, al no corresponder a los períodos comprendidos entre la fecha de retiro y la de reconocimiento de la pensión.

Así las cosas, examinados los documentos que enlista el censor como erróneamente apreciados, se observa que este incurrió en una imprecisión al afirmar que el ad quem desestimó el salario en suma de $199.132, lo que se plasma en los documentos referidos es que el salario del demandante en mientes era de $196.404, no obstante tal incoherencia, se vislumbra de esta manera otro error cometido por el ad quem, pues el salario base de liquidación de Ovidio de Jesús Torres fue de $196.404, y no, $199.132 por lo que le asiste razón a la censura.

En cuanto a la inconformidad en la aplicación de los IPCs para el período comprendido entre la fecha de retiro (jun. 6/93) y la de reconocimiento de la pensión (ene. 8/2005), se tiene que de igual modo está del lado de la censura la razón, por cuanto el ad quem estableció que el IPC final era 153,70, y el inicial 33,33, siendo que conforme a la tabla de IPCs publicada por el DANE, el índice final que correspondía era el de 80.20 y el inicial de 17.39, circunstancia que por obvias razones también alteró la indexación de la primera mesada pensional.

Todo lo anterior es suficiente para que el cargo prospere y se proceda a quebrar parcialmente la sentencia impugnada conforme al alcance de la impugnación, y en relación al señor Ovidio de Jesús Torres Ciro, en cuanto revocó la decisión absolutoria del a quo, estableciendo como cuantía inicial de la pensión la suma de $706.640.

En instancia, son suficientes los argumentos expuestos en sede casacional y sin necesidad de otros adicionales, se revocará el fallo absolutorio del juzgado de conocimiento, en lo que tiene que ver con el señor Ovidio de Jesús Torres Ciro.

En ese orden, y como quiera que la demandada al contestar el hecho 3º de la demanda aceptó que reconoció la suma de $381.500 como primera mesada pensional en el año 2005 a favor de Ovidio de Jesús Torres Ciro; atendiendo igualmente que no existió discusión en cuanto a que el salario devengado por este fue en suma de $196.404, al multiplicar este monto por el IPC final y dividirlo por el inicial, resulta lo siguiente:

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Por lo tanto, el ingreso base de liquidación actualizado asciende a la suma de $905.784,98 y, en consecuencia, la primera mesada pensional del demandante, al 8 de enero de 2005 cuando se consolidó el derecho, arroja un valor de $496.098,43, que corresponde al 54.77% de dicho IBL, de acuerdo al tiempo efectivamente laborado por el actor correspondiente a 14 años, 7 meses y 8 días, y lo establecido en el estatuto pensional capítulo I, artículo 4º de la convención colectiva.

Con base en lo anterior, y realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, las diferencias suscitadas en la pensión de jubilación a partir del 8 de enero de 2005, debidamente indexadas, son las siguientes:

S39786CSJ(2).JPG
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En consecuencia, el valor de la pensión del actor a partir del 8 de enero de 2005 es de $496.098,43, y las diferencias suscitadas en la pensión entre el 8 de enero de 2005 (día siguiente de su desvinculación del servicio) y el 30 de julio de 2012, debidamente indexadas, la suma de doce millones sesenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos con 55/100 ($12.067.774,55), resultando como monto de la pensión a partir del mes de julio de 2012, la suma de $675.081,25.

En cuanto a las excepciones propuestas por la entidad demandada, las anteriores son razones suficientes para declararlas no probadas, respecto del señor Ovidio de Jesús Torres Ciro.

Sin costas en las instancias. En sede de casación a cargo de los recurrentes a favor de la parte demandada. Como agencias en derecho se fijará la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) moneda corriente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 27 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., en el proceso promovido por Ovidio de Jesús Torres Ciro y otros contra Industrial Agraria La Palma S.A. “Indupalma S.A.”, en cuanto ordenó pagar la diferencia resultante entre el valor reconocido por $381.500 y el que realmente debía pagarse en $706.640. No casa en lo demás.

En sede de instancia, REVOCA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 27 de mayo de 2008 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, D.C., y, en su lugar, CONDENA a Industrial Agraria La Palma S.A. “Indupalma S.A.”, a pagar al señor Ovidio de Jesús Torres Ciro, la pensión de jubilación, a partir del 8 de enero de 2005 (día siguiente de su desvinculación del servicio), en cuantía de cuatrocientos noventa y seis mil noventa y ocho pesos con 43/100 ($496.098,43), conforme se dijo en la parte considerativa. CONDENA igualmente a Industrial Agraria La Palma S.A. “Indupalma S.A.” a pagar al señor Ovidio de Jesús Torres Ciro, la suma total de doce millones sesenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos con 55/100 ($12.067.774,55), por concepto de diferencias de mesadas causadas pensionales entre el 8 enero de 2005 (día siguiente de su desvinculación del servicio) hasta el 30 de julio de 2012. SEÑALA como monto de la pensión a partir del mes de julio de 2012, la suma de $675.081,25. DECLARA no probadas las excepciones propuestas por la demandada.

Costas, conforme se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».