Sentencia 39804 de febrero 16 de 2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza

Radicación 39804

Acta 04

Bogotá, D.C., dieciséis de febrero de dos mil diez.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y terceros, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

Se pronuncia la Corte sobre el recurso de casación que interpuso El Instituto de Seguros Sociales contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 7 de noviembre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral que le siguen M. E. M.G., S. M. y L. T. C. M.

I. Antecedentes

M. E. M. G., en su nombre y en representación de sus hijas menores de edad S. M. y L. T. C. M., demandó al Instituto de Seguros Sociales para obtener la pensión de sobrevivientes, a partir de 10 de noviembre de 2003, y los intereses moratorios.

En sustento de tales súplicas se afirma que el Instituto de Seguros Sociales les negó la pensión de sobrevivientes por la muerte de su compañero y padre, F. M. C. R., con el argumento de que no cotizó semana alguna en los tres años anteriores al fallecimiento del asegurado y que sólo acreditó un total de 39 semanas de fidelidad al sistema entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la de su muerte; que agotaron la vía gubernativa, que fue resuelta negativamente pese a que el afiliado fallecido cotizó más de 300 semanas para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, y que reclamaron los intereses moratorios e indexación, los que también fueron resueltos desfavorablemente; que el afiliado convivió en unión libre con M. E. M.G. hasta el día de su deceso, el 10 de noviembre de 2003, y que de esa unión nacieron S. M. y L. T. C. M.

El Instituto de Seguros Sociales se opuso; respecto de los hechos dijo que el 1, 2, 3 y 5 son ciertos; que el 4 no le consta y que el 6 no es un hecho. Invocó las excepciones de buena fe del Seguro Social, prescripción y compensación (fls. 19 a 21).

El Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia de 6 de noviembre de 2007, condenó al pago de $21’721.033,oo por pensión de sobrevivientes, a continuar pagándoles $433.700,oo mensuales mientras subsistan las causas que le dieron origen, incrementada anualmente con el índice de precios al consumidor e intereses moratorios entre el 28 de mayo de 2005 y la fecha del pago efectivo, y autorizó descontar $8’948.815,oo pagados como indemnización sustitutiva.

II. La sentencia del tribunal

De la decisión apeló el demandado y por razón de ese recurso el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, en la sentencia aquí acusada, la confirmó. Esto dijo el ad quem:

“La Sala circunscribirá el estudio de la sentencia exclusivamente al punto objeto de apelación por la parte demandada, al tenor de la directriz que para estos efectos traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en armonía con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 66A del C.P.L. y de la S.S., y el artículo 357 del C.P.C., aplicable en esta materia por mandato del artículo 145 del C.P.L. y de la S.S., el cual se contrae a cuestionar la aplicación en este caso del principio de la condición más beneficiosa.

“Sostiene la recurrente que como el asegurado F. M. C. R., falleció en vigencia de la Ley797 de 2003, artículo 12, que modificó los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes consagrados en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, es dicha normativa la que debe aplicarse, la cual exige tener 50 semanas cotizadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento y una fidelidad de cotizaciones del 20% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento, requisitos que no se reúnen en este evento particular.

“Pues bien, asuntos como el presente ya han sido resueltos por las distintas salas de decisión de este Tribunal, reconociendo la pensión de sobrevivientes, con fundamento en el postulado de la condición más beneficiosa, que dice no compartir la recurrente; dicho principio ha sido reconocido por la jurisprudencia adoctrinada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, en la que se ha reiterado que en aplicación del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y de la condición más beneficiosa prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, no se le pueden desconocer a los beneficiarios de la pensión, las semanas cotizadas por el asegurado que ha fallecido en vigencia de ley posterior que ha hecho más gravosos los requisitos, si con ellas hubiera podido obtener una pensión con arreglo a los reglamentos del ISS, como ocurre en este evento, en el cual el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, que originalmente exigía 26 semanas cotizadas durante el último año de vida, al ser modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que ya exige 50 semanas en los últimos 3 años, en tanto que el causante en este caso solo tenía 39 semanas en dicho lapso, pero un total de 372 semanas antes del 01 de abril de 1994, según su historia laboral (fls. 47).

“Por ejemplo la Sala Sexta de Decisión Laboral de esta corporación, presidida por el magistrado Dr. Orlando Gallo Isaza, de la cual hace parte el suscrito magistrado ponente, en un caso similar, en sentencia del 06 de octubre de 2008, en proceso promovido por Y. A. O. H., contra el mismo Instituto aquí demandado, radicado 006-2008-0013, precisó:

“…”.

“Si la jurisprudencia ha reconocido el principio de la condición más beneficiosa, en la aplicación de una regulación anterior más favorable, aún tratándose de una normatividad independiente de la Ley 100 de 1993, como es el Acuerdo 049 de 1990, que rige a los Seguros Sociales, con mayor razón tiene que acogerse ese postulado en el presente caso que se regularía por una ley, la 797 de 2003, cuyo artículo 12 modificó el requisito de la densidad de semanas de aquella otra.

Mutatis mutandi, en la presente casuística, encuentra la Sala procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, lo que significa que no puede dársele la razón a la impugnante a (sic) y por consiguiente habrá de mantenerse lo decidido en primera instancia”.

III. El recurso de casación

Lo interpuso el demandado y con él pretende que la Corte case la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y, en su lugar, lo absuelva.

Con esa intención propuso dos cargos, que fueron replicados, que la Corte integrará para resolver sobre el conjunto, porque acusan el mismo elenco normativo, persiguen idéntico fin, se valen de argumentos similares, y por permitirlo el artículo 51-3 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998.

Cargo primero:

Acusa a la sentencia del Tribunal de haber aplicado indebidamente los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 1 del Decreto 758 de 1990, y 141 de la Ley 100 de 1993, y por haber interpretado erróneamente el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Para su demostración, que se resume, transcribe el artículo 230 de la Constitución Política y dice que los jueces están sometidos al imperio de la ley en sus providencias, por lo que les está prohibido acudir a criterios auxiliares para apartarse de lo estatuido por el legislador, y que el artículo 27 del Código Civil establece que “cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

Explica que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 46 de la Ley 100 de 1993, es claro al determinar las condiciones para obtener la pensión de sobrevivientes, por lo que el ad quem interpretó erróneamente la ley arguyendo la “condición más beneficiosa”, prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, puesto que el asegurado, F. M. C. R., murió el 10 de noviembre de 2003, por lo que si hubiera muerto en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 ninguna ley posterior podía desconocer el derecho a las demandantes, como miembros del grupo familiar del afiliado.

Asevera que la fidelidad de cotizaciones al sistema es un requisito relacionado directamente con el principio constitucional de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, aunque sólo en el año 2005 haya sido erigido como norma constitucional, por lo que no cabe aplicar las reglas del Acuerdo 049 de 1990 a una situación que se consolidó estando en vigor el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Cita las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 3 de diciembre de 2007, radicación 28876, 20 de febrero de 2008, radicación 32649, 9 de diciembre de 2008, radicación 36642, 17 de febrero de 2009, radicación 34016, y 25 de marzo de 2009, radicación 35434, que calificaron como improcedente la aplicación de la “condición más beneficiosa” para hacer prevalecer el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 sobre el 12 de la Ley 797 de 2003, y reproduce un fragmento de la Sentencia C-168 de 20 de abril de 1995, proferida por la Corte Constitucional.

La réplica

Sostiene que el ataque carece de razones porque los principios, como los cuestionados, son transversales a todo el derecho y no tendría razón que ahora la Corte Suprema de Justicia no los aplique y varíe la jurisprudencia sin una debida y sólida motivación, y como antecedente copia las sentencias de 18 de abril de 2002, radicación 16601, 5 de junio de 2005, radicación 24280, reiterada el 5 de diciembre de 2006, radicación 28036, y 17 de junio de 2008, radicación 32681, y asimismo las de la Corte Constitucional T-818 de 2007 y T-287 de 2008.

Cargo segundo:

Acusa a la sentencia de haber aplicado indebidamente los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 1 del Decreto 758 de 1990, y 141 de la Ley 100 de 1993, y por haber interpretado erróneamente el 12 de la Ley 797 de 2003.

Para su demostración dice que para el tribunal quedó probado que el afiliado, F. M. C. R., murió en vigencia de la Ley 797 de 2003, según lo expresó en la sentencia, pero que, pese a ello, se rebeló contra la clara voluntad del legislador y no le hizo producir efectos a la norma aplicable al caso con lo que infringió directamente el artículo 12, ibídem, para en su lugar aplicar indebidamente los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990.

Aduce que el afiliado fallecido tampoco había cotizado 50 semanas dentro de los tres años antes de su muerte, como lo exige el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y que pese a estimar que las razones expresadas acreditan suficientemente la violación directa de la ley imputada a la sentencia del ad quem, la Corte deberá casarla para lo cual recuerda lo explicado por su Sala de Casación Laboral en las sentencias de 3 de diciembre de 2007, radicación 28876, 20 de febrero de 2008, radicación 32649, 9 de diciembre de 2008, radicación 36642, 17 de febrero de 2009, radicación 34016, y 25 de marzo de 2009, radicación 35434, jurisprudencia aplicable para solucionar rectamente el conflicto jurídico, como quiera que en todas ellas se estudia la aplicación de la referida norma, y que la aplicación indebida del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se produjo porque en la sentencia se condenó, pese a no existir mora, al no ser deudor de la pensión de invalidez.

La réplica

Sostiene que el ataque carece de razones porque los principios cuestionados son transversales a todo el derecho y no tendría razón que ahora la Corte Suprema de Justicia no los aplique y varíe la jurisprudencia sin una debida y sólida motivación, y como antecedente copia las sentencias de 18 de abril de 2002, radicación 16601, 5 de junio de 2005, radicación 24280, reiterada el 5 de diciembre de 2006, radicación 28036, y 17 de junio de 2008, radicación 32681, y asimismo las de la Corte Constitucional T-818 de 2007 y T-287 de 2008.

IV. Consideraciones de la Corte

La Corte, en la sentencia de 9 de diciembre de 2008, radicación 32642, precisó que “no es admisible aducir, como parámetro para la aplicación de la condición más beneficiosa, cualquier norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la que regía inmediatamente antes de adquirir plena eficacia y validez el precepto aplicable conforme a las reglas generales del derecho”; y que “Lo que no puede el juez es desplegar un ejercicio histórico, a fin de encontrar alguna otra legislación, más allá de la Ley 100 de 1993 que haya precedido —a su vez— a la norma anteriormente derogada por la que viene al caso, para darle una especie de efectos ‘plusultractivos’, que resquebraja el valor de la seguridad jurídica. He allí la razón por la cual la Corte se ha negado a aplicar la condición más beneficiosa en los procesos decididos por las sentencias del 3 de diciembre de 2007 (rad. 28876) y 20 de febrero de 2008 (rad. 32.642)”.

En esas condiciones, cuando ocurrió la muerte de F. M. C. R., que lo fue el 10 de noviembre de 2003, estaba vigente el artículo 12 del Decreto 797 de 2003 —su vigor jurídico comenzó el 29 de enero de 2003—, el que, a su vez, modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

Al compás del alcance que esta Sala le ha dado al principio constitucional de la condición más beneficiosa, se ofrece evidente que los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 no devienen aplicables para la solución del diferendo jurídico que enfrenta a las partes trabadas en esta contienda judicial, como que no son las normas legales anteriores al artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

Resulta de lo hasta aquí expresado que el derecho a la pensión de sobrevivientes reclamado en la demanda introductoria de la presente causa judicial, ha de definirse a la luz del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige del afiliado cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres (3) últimos años anteriores a su fallecimiento. Y ello es así porque, no obstante la declaratoria de inconstitucionalidad de sus literales a) y b), se hallaban ellos vigentes para la fecha de fallecimiento del afiliado, porque la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009, que dispuso esa inexequibilidad, no tiene efectos retroactivos. Además, no halla la Corte razones para aplicar en este caso específico la excepción de inconstitucionalidad.

Asimismo la Corte tiene averiguado y definido que el principio de la condición más beneficiosa no es de recibo en el propósito de conseguir la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original, a la hipótesis en que el fallecimiento del causante se hubiese producido en vigencia de la Ley 797 de 2003, es decir, a partir de 29 de enero de 2003.

Tal orientación doctrinaria aparece vertida, entre otras, en la sentencia de 11 de febrero de 2009, radicación 35080, en la que explicó lo que a continuación se transcribe:

“Como puede verse, los cargos se orientan a que se determine jurídicamente, que no es aplicable el principio de la condición más beneficiosa, cuando el afiliado fallece en vigor de la Ley 797 de 2003, pese a cumplir el requisito de las 26 semanas de cotización que consagraba el modificado artículo 46 de la Ley 100 de 1993, dado que las exigencias para obtener la pensión de sobrevivientes, son las indicadas en el artículo 12 de la primera ley citada, normatividad que es la que verdaderamente gobierna la situación pensional en el presente caso, teniendo en cuenta que C. A. U. R. murió el 6 de mayo de 2004, es decir durante su vigencia.

“Vista la motivación de la sentencia acusada, el Tribunal para confirmar la de primer grado, pese a inferir que el afiliado fallecido no cumplía con las exigencias establecidas en el citado artículo 12, y más concretamente el mínimo de semanas requeridas como fidelidad al sistema, consideró que en el caso que se analiza era procedente la aplicación del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, pues para la fecha en que se aumentaron los requisitos para acceder al derecho pensional incoado y aquella en que murió el mencionado U. R., superaba las 26 semanas mínimas cotizadas que consagraba el reformado artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

“Teniendo en cuenta los razonamientos jurídicos traídos en los cargos, para la Sala son acertados los cuestionamientos que la parte recurrente le hace a la sentencia de segunda instancia, en relación con el precepto legal que debió acogerse para dirimir el conflicto, y la inaplicación en el su judice del principio constitucional y legal de la condición más beneficiosa, siendo equivocada la posición del juez colegiado, según la cual por virtud del mismo, era aplicable la disposición anterior a la Ley 797 de 2003, esto es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, antes de la modificación que le fuera introducida en el artículo 12 de la primera ley citada; pues la normatividad que gobierna el caso, es la vigente para el momento de la muerte del afiliado.

“En verdad, para el 6 de mayo de 2004, día en que murió el afiliado U. R., la norma aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y por lo tanto a esa prestación tienen derecho sus beneficiarios siempre y cuando acrediten los requisitos allí exigidos, como son el que el causante hubiere cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al deceso, y que tenga una fidelidad al sistema equivalente al 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de fallecimiento, porcentaje que a partir de la sentencia de exequibilidad C-1094 del 19 de noviembre de 2003, quedó reducido a un 20%.

“Así las cosas, la Ley 797 de 2003 al entrar en vigencia desde su publicación el 29 de enero de esa anualidad, es inmediatamente aplicable, en los términos del artículo 16 del C.S. del T., disposición también aplicable a los asuntos de la seguridad social, como reiteradamente lo ha sostenido esta Corporación, según la cual “Las normas sobre trabajo, por ser de orden público producen efecto general inmediato”.

“Valga decir además, que para un caso como el que se analiza, no tiene aplicación el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala en anteriores sentencias sobre el principio de la condición más beneficiosa, pues se trató de situaciones en las que con la expedición del nuevo sistema integral de seguridad social consagrado en la Ley 100 de 1993, que redujo drásticamente el requisito de la densidad de semanas de cotización para acceder a la pensión de sobrevivientes a un número de 26, no era dable y resultaba violatorio de ese postulado consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, abolir las prerrogativas de los derechohabientes originadas por los afiliados que en vigencia de la normatividad anterior habían cumplido con una intensidad de semanas muy superior, esto es, ciento cincuenta (150) en los 6 años anteriores a la muerte o trescientas (300) en cualquier tiempo, conforme a las exigencias de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 del I.S.S., aprobado por el Decreto 758 de 1990.

“En asunto similar a éste, la Sala en sentencia del 3 de diciembre de 2007 radicado 28876, reiterada en la del 20 de febrero del 2008 radicación 32649, consideró que no era procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, cuando la muerte del afiliado acontece en vigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en ella precisó:

“(…) Corresponde determinar las disposiciones aplicables al asunto en controversia, y así establecer si el ad quem incurrió en la violación normativa que denuncia el censor.

“En ese orden, se impone afirmar que el fallador de alzada incurrió en los desaciertos jurídicos que le atribuye la censura, al resolver el asunto con base en los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que, sin duda alguna, al momento del fallecimiento de LL. T. <31 de julio de 2003>, la normatividad aplicable para efecto de la sustitución pensional, era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que inició su vigencia el 29 de enero de tal anualidad, que estableció como requisito que el afiliado al sistema que fallezca, debía haber cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, con una fidelidad de cotización del 20% en el tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del fallecimiento – sentencia C-1094 de 2003.

“Así las cosas, le asiste razón a la censura en cuanto a que en el presente asunto, no tiene aplicación el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de dicho año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, por lo que el ad quem incurrió en el error jurídico que indica el impugnante”.

Por lo tanto, habrá de casarse la sentencia impugnada. Como consideraciones de instancia sirven las expresadas en sede de casación para concluir que a las demandantes no les asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes, pues el afiliado, solamente acreditó 39 semanas de fidelidad de cotizaciones al sistema de pensiones entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la de su muerte, lo que es insuficiente para generar el derecho reclamado, conforme surge del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Ello fuerza la revocatoria de la sentencia de primer grado para, en su lugar, absolver al demandado, pues, por otra parte, el causante no alcanzó a completar las semanas exigidas para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media, como que cotizó 373 en toda su vida laboral, lo que impide aplicar lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Laboral, de fecha 7 de noviembre de 2008, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por M. E. M.G., S. M. y L. T. C. M. contra el Instituto de Seguros Sociales.

En sede de instancia REVOCA la sentencia del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, de fecha 6 de noviembre de 2007, para, en su lugar, absolver al Instituto De Seguros Sociales de todas las pretensiones impetradas en su contra por M. E. M.G., S. M. y L. T. C. M.

Costas de primera instancia a cargo de las demandantes. No se causan en la segunda ni en casación.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Magistrados: Gustavo José Gnecco MendozaElsy Del Pilar Cuello CalderónEduardo López VillegasLuis Javier Osorio LópezFrancisco Javier Ricaurte GómezCamilo Tarquino Gallego.