Sentencia 3982 de febrero 23 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS DIPUTADOS

Aplicación excepcional a los diputados de una causal del régimen de los congresistas.

EXTRACTOS: «Tal análisis impone, en criterio de esta Sala, hacer un breve recuento de las tesis que, en punto a la determinación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades aplicable a los diputados, ha sostenido esta corporación, según el desarrollo legislativo en la materia.

A continuación, la Sala expone tal recuento, que permitirá hacer claridad acerca de la vigencia y alcance de las tesis jurisprudenciales alegadas por el demandante y por el demandado, como soporte de sus respectivos planteamientos.

Aplicabilidad a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. Desarrollo legislativo y jurisprudencial.

El punto de partida del debate hermenéutico lo constituyó la fijación del alcance de las pautas previstas por el Constituyente de 1991 en relación con la determinación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados.

Tales pautas fueron las siguientes:

“ART. 293.—Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y desempeño de funciones”.

“ART. 299.—(...).

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”.

Las anteriores pautas fueron interpretadas por la Sección Quinta de esta corporación (3) en el sentido de que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados estaba integrado, de un lado, por las causales establecidas en la Constitución Política —bien de manera general para todos los servidores públicos, o bien de manera exclusiva para los diputados— y, de otro, por las causales que, con posterioridad, estableciera el legislador de manera específica para esos servidores.

Esto último, en atención al vacío legislativo que, según el criterio jurisprudencial de ese entonces, se produjo como resultado de la insubsistencia del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados vigente antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, esto es, el contenido en el Decreto 1222 de 1986, pues, comparado el régimen de ese decreto con el señalado en la nueva Carta Política para los congresistas, el primero resultaba menos estricto que el segundo.

Se descartó, entonces, la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitución Política para los congresistas, pues se consideró que la pauta fijada en el inciso segundo del artículo 299 constitucional sobre la severidad exigida por el constituyente en cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los primeros, además de tratarse de una disposición de excepción y, por tanto, de aplicación restrictiva, de ningún modo implicaba, en estricto sentido, una remisión expresa a los artículos constitucionales que prevén el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los segundos. Se dijo, también, que la condición fijada en el artículo 299 constitucional es una pauta de configuración legislativa y no de interpretación, esto es, se dirige al legislador y no al intérprete, al punto de que la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los congresistas no era posible sin que existiera una ley que así lo dispusiera expresamente.

No obstante, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo consideró que la Sección Quinta interpretó equivocadamente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 299 constitucional (4) , pues, en su criterio, la insubsistencia del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados contenido en el Decreto 1222 de 1986 no conducía a vacío legal alguno, en cuanto existían normas constitucionales y legales, especiales para los diputados o generales para todos los servidores públicos, que, por vía directa o por remisión, impedían concluir en el sentido expuesto por la Sección Quinta, en punto a la afirmación sobre la necesidad de que una ley futura se ocupara del tema.

Precisamente, acogiendo la hermenéutica rechazada por la Sección Quinta, la Sala Plena incluyó dentro de las normas que, en su criterio, permitían concluir en la inexistencia de un vacío legal en la materia analizada, a las disposiciones constitucionales contentivas del régimen de inhabilidades e incompatibilidades propias de los congresistas. Consideró en aquella oportunidad que el inciso segundo del artículo 299 constitucional ordenaba un reenvío a tales disposiciones, en cuanto se trataba de un régimen mínimo aplicable a los diputados, sin que tal remisión implicara una pérdida de la taxatividad exigida como característica esencial de las normas restrictivas.

En ese sentido, la Sala Plena consideró que la competencia que la Constitución Política atribuyó al legislador para fijar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades era potestativa de este último, aunque, en todo caso sometida a la condición de no disminuir el mínimo de rigor fijado en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los congresistas, en lo que corresponda a los diputados.

Con todo, la Sala Plena concluyó que

“Mientras el legislador no dicte un régimen especial de inhabilidades e incompatibilidades en todos los campos para los diputados, en el cual haga más riguroso, en comparación con el de los congresistas, se acudirá al de estos, por el reenvío que hace la Constitución al régimen de los congresistas, en lo que corresponda” (5) .

En sus siguientes pronunciamientos sobre el asunto discutido (6) , la Sección Quinta acogió la hermenéutica fijada en Sala Plena, aunque, en algunos casos, precisó que la discrepancia en torno a la existencia o no de vacío legal en materia de régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los diputados, había quedado sensiblemente disminuida ante la constatación de la expedición de leyes que, con posterioridad a la Carta Política de 1991, fijaron causales de inhabilidad e incompatibilidad, generales para los servidores públicos (L. 200/95) y especiales para los diputados (L. 617/ 2000).

Pero, a pesar de haberse resuelto en Sala Plena la discusión de antaño sobre la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas para cuando el legislador aún no había expedido el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de esos servidores territoriales, ocurrió que una vez se hicieron aplicables los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 617 de 2000, el debate hermenéutico se trasladó a un escenario distinto.

En efecto, comoquiera que mediante la Ley 617 de 2000 el legislador fijó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los diputados, surgió, entonces, la inquietud acerca de si el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Carta Política para los congresistas seguía siendo aplicable a los diputados.

En respuesta a ese interrogante, en un primer momento (7) , la Sección Quinta de esta corporación consideró que la entrada en vigencia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados previsto en la Ley 617 de 2000 excluía la posibilidad de aplicar a esos servidores el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. En apoyo de esa conclusión, precisó que la tesis expuesta por la Sala Plena acerca de la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los congresistas debía entenderse limitada en el tiempo, esto es, única y exclusivamente a las elecciones de diputados ocurridas antes del año 2001, pues las ocurridas con posterioridad se entendían sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades que, de manera específica y expresa, previó la Ley 617 de 2000 para los diputados, en atención a la regla que, sobre vigencia de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades fijados en esa ley, dispuso el artículo 86 de la misma.

No obstante, tal hermenéutica fue rápidamente corregida por esta misma Sala, para precisar que la entrada en vigencia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados previsto en la Ley 617 de 2000 no excluye per se la posibilidad de aplicar a esos servidores el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los congresistas, sino que convierte en excepcional esa posibilidad.

Esa posición, que corresponde al criterio actual de esta sección, se sostuvo por primera vez (8) al resolverse la inquietud sobre la aplicación a los diputados de la causal de inhabilidad prevista para los congresistas en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, relativa a la coincidencia de períodos. Ciertamente, fueron dos las razones que, en esa oportunidad, permitieron concluir en una respuesta positiva a ese interrogante: De un lado, por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política, en virtud del cual es posible la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de los congresistas. Y, de otro, la verificación de que la citada causal resulta aplicable indistintamente a todos aquellos que hayan accedido a corporaciones o cargos públicos de elección popular, esto es, no solamente a los congresistas.

Recientemente, esa posición fue reiterada (9) en una oportunidad en que la Sala se pronunció sobre la posibilidad de aplicar a los diputados la causal de inhabilidad prevista para los congresistas en el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, dada la adopción de una causal de inhabilidad de similar naturaleza para los diputados en el numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000.

En esa ocasión, esta Sala optó por comparar la severidad del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los congresistas con la del régimen de inhabilidades e incompatibilidades fijado para los diputados en la Ley 617 de 2000, para, por esa vía, determinar si el propósito del legislador fue el de prever causales igual o más estrictas que las señaladas en el texto constitucional para los congresistas. Fue así como tal comparación permitió a esta Sala concluir que, como la regla de configuración legislativa contenida en el inciso segundo del artículo 299 constitucional autorizó al legislador para fijar respecto de los diputados un régimen de inhabilidades e incompatibilidades igual o más estricto que el establecido en la Carta Política para los congresistas, la causal del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 se erige como norma aplicable en lugar de la causal del numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, por ser la norma legal más severa que la constitucional.

Nótese que en esta última sentencia, esta Sala no descartó la aplicación de la norma constitucional con apoyo en el argumento de la pérdida de vigencia de la tesis jurisprudencial que, con anterioridad a la Ley 617 de 2000, permitió la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los Congresistas. En lugar de responder en ese sentido y de acuerdo con su actual criterio corregido, resolvió hacer un análisis de la severidad de las causales de inhabilidad previstas en uno y otro régimen para, por esa vía, establecer la eventual aplicabilidad a los diputados de una determinada causal de inhabilidad propia del régimen de inhabilidades de los congresistas.

La mencionada sentencia fue objeto de reiteración expresa en reciente oportunidad en que esta Sala insistió en la inaplicabilidad a los diputados de la causal de inhabilidad propia de los congresistas que prevé el numeral 5º del artículo 179 de la Constitución Política, por razón de lo regulado, con mayor severidad en el caso de los diputados, en la causal de inhabilidad del numeral 5º del artículo 33 de la Ley 617 de 2000 (10) .

Efectuado el anterior recuento, una primera aproximación a la respuesta sobre la tesis jurisprudencial actual en punto a la determinación de las normas que conforman el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados es aquella que permite sostener que dicho régimen está integrado por las causales constitucionales y legales establecidas de manera general para todos los servidores públicos y de manera exclusiva para los diputados.

Para la Sala es claro que el interrogante sobre la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no puede responderse en la actualidad en términos asertivos absolutos, pues la entrada en vigencia del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades propio de los diputados —adoptado por el legislador en cumplimiento de la norma constitucional que lo autorizó para ello—, obliga al intérprete a examinar si ese régimen legal satisface la pauta de severidad mínima exigida por el constituyente, es decir, si no es menos estricto que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, en lo que corresponda.

En ese orden de ideas, si el comentado examen comparativo de severidad lleva al intérprete a la conclusión de que una determinada causal legal del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados es igual o más estricta que la correspondiente causal constitucional del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, se entenderá que el precepto legal se ajusta al parámetro de severidad fijado en el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política y, por tanto, en lo que a esa determinada hipótesis fáctica se refiere, no será válido acudir al régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas.

Y, en caso contrario, es decir, si se concluye que una determinada causal legal del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados es menos estricta que la correspondiente causal constitucional del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, es evidente que el precepto legal se torna inaplicable por inconstitucional, concretamente por contravenir el mínimo de severidad fijado en el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política. Ante tal situación, la solución no es otra que la aplicación directa del texto constitucional —autorizada por el artículo 4º de la propia Carta— que, en este caso, se traduce en la aplicación del “mínimo de rigor” que para el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados está constituido por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, en lo que corresponda.

Así las cosas, siguiendo la tesis jurisprudencial adoptada por la Sala Plena de esta corporación y ajustándola al contexto normativo actual, debe entenderse que la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los congresistas opera por vía de excepción, en términos de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 299 constitucional, esto es, a condición de que no exista norma legal en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades propio de esos servidores territoriales que, en lo que corresponda, sea igual o más severa que el previsto para los congresistas.

En criterio de esta Sala, solo mediante el descrito análisis comparativo es posible determinar el precepto jurídico que, de conformidad con la pauta sobre severidad fijada por el constituyente, resulta aplicable como causal de inhabilidad o incompatibilidad de los diputados.

No hay duda, entonces, que, aunque al legislador le corresponde la determinación de las inhabilidades e incompatibilidades de los diputados (C.P., art. 299, inc. 2º), se trata de una competencia limitada, pues, de un lado, tal reglamentación se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política (art. 293, ibídem) y, de otro, debe ajustarse al mínimo de severidad fijado por el propio constituyente (inc. 2º, art. 299, ibídem). Por tanto, no se trata de elegir entre la aplicación del régimen legal o la aplicación de la pauta constitucional sobre severidad mínima de ese régimen, sino de identificar la regla jurídica que, de conformidad con esa pauta, resulta aplicable como causal de inhabilidad o incompatibilidad de los diputados.

Tal articulación entre el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados y la mencionada pauta constitucional —que excepcionalmente conduce a la aplicación a esos servidores territoriales del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas—, es necesaria, pues la voluntad del constituyente no fue la de señalar directamente las causales de inhabilidad e incompatibilidad de los diputados. De haber sido así, no tendría sentido haber previsto que "el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados será fijado por la ley”. Y, tampoco tendría sentido, la indicación al legislador, según la cual el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Sin duda, si el constituyente hubiera querido fijar él mismo el régimen cuya configuración defirió al legislador, tal habilitación no existiría en el texto de Carta Política.

Todo lo anterior, permite concluir que una segunda aproximación a la respuesta del interrogante planteado en este caso es aquella que permite sostener que la aplicación a los diputados de una determinada causal del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas es asunto que autoriza el inciso segundo del artículo 299 constitucional, solo en caso de que la causal correspondiente del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados sea menos estricta que la señalada para los congresistas. [...].

Al respecto, basta con recordar la literalidad de la pauta constitucional fijada en el inciso segundo del artículo 299 de la Constitución Política, según la cual el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda”. Por tanto, siendo el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas “el mínimo de rigor del régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los diputados” (11) , es claro que su aplicación a los diputados está autorizada siempre que el legislador no hubiera definido uno igual o más severo que el de los congresistas en lo que corresponda a los diputados.

Será necesario, entonces, verificar la satisfacción de dos exigencias a fin de determinar la aplicación a los diputados de una determinada causal propia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas. De un lado, que el legislador no haya previsto para los diputados una causal igual o más estricta que la prevista por el constituyente para los congresistas. Y, de otro, que la causal propia de los congresistas —frente a la que se mide la severidad de la causal propia de los diputados— sea de aquellas que corresponda a los diputados.

Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 299 constitucional permite entender que no fue intención del constituyente que la severidad del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados se determinara de acuerdo con la severidad dispuesta para la totalidad del régimen previsto para los congresistas. Ese mínimo de severidad solo lo exigió “en lo que corresponda”, dando a entender que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no es correspondiente, en su totalidad, al que pudiera señalar el legislador para los diputados.

En efecto, si el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas en lo que corresponda” (resalta la Sala), es porque el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no se corresponde, en todo, con el que debe fijar el legislador para los diputados.

Quiso el constituyente, entonces, que las diferencias que surgen del propio texto constitucional entre el régimen general de los congresistas y el régimen general de los diputados fueran tenidas en cuenta por el legislador cuando, atendiendo a la severidad del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, definiera el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, al punto de que tal severidad fuera tenida en cuenta como parámetro de configuración legislativa, pero solo en lo que corresponda, esto es, en lo que pueda igualarse, relativa o proporcionalmente, a los diputados.

Al respecto, es destacable el pronunciamiento de la Sala Plena de esta corporación cuando tuvo oportunidad de analizar la exigencia que se comenta al resolver una controversia referida a hechos a los que no resultaba aplicable el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados previsto en la Ley 617 de 2000. En esa oportunidad la Sala Plena concluyó que la expresión “en lo que corresponda" del inciso segundo del artículo 299 constitucional limitaba la aplicación a los diputados del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, pues implicaba que algunas causales propias de estos últimos, al aplicarse a los diputados, “están restringidas al ámbito de la circunscripción departamental, es decir, que no pueden extenderse a todo el territorio nacional” (12) .

Así mismo, resulta pertinente traer a colación lo considerado por la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación al pronunciarse sobre la menor severidad del término de vigencia de las incompatibilidades de los diputados previsto en el artículo 36 de la Ley 617 de 2000 (seis meses, luego de la renuncia, si el tiempo que falta para el vencimiento del período es superior), al compararlo con el término de vigencia de las incompatibilidades de los congresistas previsto en el artículo 181 de la Constitución Política (un año luego de la renuncia, si el tiempo que falta para el vencimiento del período es superior). En esa oportunidad, señaló esa Sala que si bien la norma legal es menos estricta que la constitucional, ello obedece a que “se trata de servidores cuya duración del período es distinto, también el ámbito y la naturaleza de sus competencias y funciones; en fin, circunstancias que permiten establecer que la ley prevé un régimen propio para los diputados, cuya única limitación es la prohibición de hacerlo menos estricto que el definido para los congresistas, ''en lo que corresponda'' (art. 299). Por tanto, si el legislador encontró equivalente el régimen de los diputados en materia de efectos de la renuncia en el tiempo, no podía calificarse de menos rígido el de los diputados por cuanto no coinciden ni siquiera en la extensión del período y por tanto no tienen que ser uniformes las consecuencias de la renuncia” (13) .

Finalmente, se destaca el pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación con ocasión del cual concluyó que no resulta discorde a la pauta de severidad prevista en el artículo 299 constitucional el hecho de que, contrario a lo que ocurre con los congresistas, el régimen legal de incompatibilidades de los diputados no prohíba el desempeño de un cargo o empleo privado. Tales planteamientos fueron los siguientes” (14) :

“4. Compatibilidad del ejercicio de cargo privado por los diputados

Se pregunta a la Sala si está prohibido a un diputado ejercer profesión u oficio privados y, en caso que los desempeñe, si ello es causal de pérdida de la investidura, pues tales actividades están expresamente vedadas a los congresistas.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados lo establece el legislador, el cual “no podrá ser menos estricto que el señalado para los congresistas, en lo que corresponda”, según lo dispone el artículo 299 de la Carta.

El artículo 34.1 de la Ley 617 de 2000 prohíbe a estos servidores “aceptar o desempeñar cargo como empleado oficial, ni vincularse como contratista con el respectivo departamento”, mientras que el artículo 180.1 impide a los congresistas “desempeñar cargo o empleo público o privado”.

A efectos de absolver el interrogante se destaca que los congresistas ejercen sus funciones de manera permanente y los diputados de forma temporal, dado que las sesiones de las asambleas departamentales se extienden por seis meses, si son ordinarias y, por el término de un mes, si son extraordinarias —art. 29 de la Ley 617—, término durante el cual tienen derecho a una remuneración por mes de sesiones conforme a la tabla prevista en el artículo 28 ibídem, mientras los congresistas perciben remuneración por los doce meses del año y cuentan con prestaciones especiales.

Estas diferencias de régimen —dedicación exclusiva de los congresistas y temporal de los diputados, con implicaciones en la remuneración— justifica que el legislador establezca un régimen de incompatibilidades menos estricto que el consagrado para los congresistas, sin que ello implique quebranto de la Carta pues, sin perjuicio de la exigencia del artículo 299, se está en presencia de la aplicación de criterios de proporcionalidad ante la situación desigual de los diputados, para lo cual es preciso aceptar un margen de discrecionalidad en el desarrollo legal.

El Gobierno Nacional en la exposición de motivos del proyecto de Ley 46 de 1999 Cámara, que hizo tránsito como Ley 617 de 2000 manifestó: “dado que el régimen de sesiones reconoce la circunstancia que la actividad de los diputados y concejales se limita en el tiempo, es necesario mantener la posibilidad de que dichos dignatarios ejerzan actividades comerciales, de servicios, o profesionales, evitando desde luego que se beneficien indebidamente de su investidura en relaciones impropias con las entidades territoriales correspondientes, bien de índole laboral, bien de índole contractual” (Gaceta del Congreso 257, marzo 17/99, pág.15).

Resulta así conforme a la Constitución el trato diferente reconocido a los diputados, que hace compatible el ejercicio de cargos o actividades privados, previsto en el artículo 34.1 de la Ley 617, distinto al tratamiento dado a los congresistas, quienes conforme al artículo 180.1 constitucional están imposibilitados jurídicamente para desempeñar cargo o empleo público o privado.

Sin embargo, la actividad privada de los diputados tiene límites claros en la legislación, de manera que sin perjuicio de la especialidad de la regulación de las incompatibilidades e inhabilidades de los servidores de elección popular de las entidades territoriales que hace la Ley 617, las normas de la Ley 200 de 1995 o las contenidas en otros estatutos legales, que no resulten contrarias a ella o hayan sido sustituidas por la misma, mantienen su vigencia y siguen produciendo efectos, razón por la cual la aplicación de todas ellas debe ser armónica e integradora. Además, la Ley 617 solo derogó expresamente el numeral 5º del artículo 44 de la Ley 200 de 1995. (...)”.

De manera que, antes y después de la adopción del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados, la aplicación a estos últimos del régimen constitucional de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas siempre ha dependido de la verificación de la correspondencia que, desde el punto de vista del asunto regulado, hace posible esa excepcional aplicación.

En esta forma, una tercera aproximación a la respuesta pretendida permite sostener que la aplicación a los diputados de una causal del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas solo es posible si, de una parte, en el régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades de los diputados no existe causal igual o más estricta que la señalada para los congresistas y, de otra, que la causal propia de los congresistas que se pretenda aplicar a los diputados sea de aquellas que corresponda a estos últimos».

(Sentencia de 23 de febrero de 2007. Expedientes acumulados 3982, 3951, 3968 y otros. Consejero Ponente: Dr. Darío Quiñones Pinilla).

(3) Esta tesis se sostuvo en las sentencias del 21 de octubre de 1994, expediente 1159; del 22 de mayo de 1995, expediente 1181; y del 18 de febrero de 1999, expediente 2180. Así mismo, en el auto del 17 de marzo de 1995, expediente 1267.

(4) Sentencia del 8 de agosto de 2000, expediente S-140. Tesis reiterada por esa misma Sala en las sentencias del 6 de septiembre de 1999, expediente S-068 y del 6 de mayo de 2003, expediente S-361.

(5) Ibídem.

(6) Sentencias del 7 de septiembre, expedientes 2611 y 2621; del 12 de octubre, expediente 2666; del 26 de octubre, expediente 2681; del 2 de noviembre, expediente 2704; del 23 de noviembre, expediente 2684; y del 14 de diciembre, expediente 2773; todas del año 2001.

(7) Sentencias del 1º de febrero de 2002, expediente 2753; del 24 de mayo de 2002, expediente 2859; del 4 de octubre de 2002, expediente 2898, y del 20 de marzo de 2003, expediente 3049.

(8) Sentencia del 26 de agosto de 2004, expediente 3435.

(9) Sentencia del 14 de julio de 2005, expediente 3543. Reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2005, expediente 3580.

(10) Sentencia del 7 de diciembre de 2006, expediente 4135.

(11) Sentencia del 8 de agosto de 2000, expediente S-140.

(12) Sentencia del 6 de mayo de 2003, expediente S-361.

(13) Concepto 1320 del 29 de marzo de 2001.

(14) Concepto 1347 del 26 de abril de 2001.

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