Sentencia 3990 de mayo 10 de 1991 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

SECCIÓN SEGUNDA

UNIDAD DE EMPRESA

LA DECLARACIÓN ADMINISTRATIVA ES REVISABLE

EXTRACTOS: «La decisión administrativa del Ministerio de Trabajo, sea que declare o no la unidad de empresa, de ninguna manera impide al juez decidir lo que resulte procedente cuando así se le pide que lo haga judicialmente y con efectos exclusivamente inter partes. Ello por cuanto el carácter erga omnes de la resolución administrativa no tiene, ni podría desde luego tener, un carácter definitivo similar al de cosa juzgada que, en cambio, sí tiene la sentencia del juez.

La razón es bien simple: precisamente por ser la unidad de empresa una cuestión basada en hechos que por su misma naturaleza son cambiantes, puede ocurrir que para la época a la cual se contrae la investigación administrativa se llegue a una conclusión que no autoriza declarar la unidad de empresa, en cualquiera de las modalidades que prevé el artículo 15 del Decreto 2351 de 1965; sin embargo, es apenas elemental que con posterioridad podría ocurrir, si del caso de la unidad de empresa conformada por varias personas jurídicas se trata —como aquí en el sub lite se planteó—, que la principal logre el predominio económico sobre las filiales o subsidiarias que no existía cuando el ministerio llevó a cabo su investigación. O también podría suceder que habiéndose declarado la unidad de empresa, con el correr del tiempo y el variar de las circunstancias, los hechos que permitieron hacer tal declaración se hayan modificado o inclusive hayan desaparecido, desapareciendo, por ende, la susodicha unidad.

Y precisamente por este carácter mudable de los hechos que sirven de base a la declaración de unidad de empresa, es por lo que puede, y debe, revisarse la declaración administrativa cuando así lo amerite el correspondiente debate judicial. En cambio, la sentencia del juez que declare la unidad de empresa con efectos únicamente entre las partes litigantes, no es revisable una vez el fallo esté en firme; pero tampoco es extendible a otras situaciones litigiosas entrepartes diferentes.

Esto quiere decir que si en un determinado proceso judicial se lleva por el trabajador o el empleador, según a quien interese establecer el hecho, una resolución ministerial que califica como una sola empresa las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica, o las varias personas jurídicas que se hallen en la hipótesis del segundo ordinal del artículo 15 del Decreto 2351 de 1965, no significa esta sola circunstancia que el juez deba por fuerza abstenerse de investigar por su cuenta el hecho, si es que acaso el mismo se pone en tela de juicio. Mas es apenas obvio que si la dicha resolución se aporta y las partes no discuten acerca de lo que ella prueba, por razón de su alcance erga omnes la declaración del ministerio producirá igualmente efectos en ese particular proceso, se repite, mientras no sea controvertido el hecho mediante prueba que demuestre que la realidad existente cuando recayó el pronunciamiento administrativo se ha modificado. Y como es elemental, tal comprobación también cabe hacerla cuando, como en el asunto litigado aconteció, el Ministerio del Trabajo declaró que no había unidad de empresa en acto administrativo posterior a la terminación del contrato de trabajo del demandante.

Síguese de lo anterior que el Tribunal erró al interpretar el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo, en la forma en que lo modificó el artículo 15 del Decreto 2351 de 1965, equivocada inteligencia que lo llevó a infringir las demás normas que integran la proposición jurídica indicada por el impugnador al negarles los efectos que les son propios.

(...).

Ciertamente, como lo anota la censura, además del error en que incurrió el Tribunal de Medellín al declarar que no procedía la decisión judicial sobre la unidad de empresa entre las demandadas por haber decidido lo contrario en el pasado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la Resolución 04535, cometió otro al sustentar su sentencia asentando que “... ningún efecto práctico produciría en favor del demandante (la declaración de unidad de empresa entre las demandadas), puesto que su situación jurídica se consumó el 19 de diciembre de 1986, fecha del despido ... y la sentencia judicial no se extiende al pasadó'' (fl. 664 —se subraya—).

Y se ve obligada la Corte a corregir este protuberante error jurídico por considerar que al no hacerlo se prohijaría una interpretación de los efectos de la sentencia judicial que declara la unidad de empresa que implicaría, en la práctica, una derogatoria o sustancial mutilación del precepto mal interpretado, pues es elemental que dado el carácter declarativo de la sentencia en este caso, el fallo que se pronuncie necesariamente debe volver sobre las situaciones pasadas, que son precisamente las que se tratan de definir en cuanto a las consecuencias jurídicas que se hayan producido o, si es el caso, que también se habrán de producir hacia el futuro.

Concluir que por cuanto un contrato ya terminó no es posible dictar entonces sentencia declarando la unidad de empresa y reconociendo los derechos que en favor del trabajador de ahí resulten, constituye un craso error de comprensión de los efectos declarativos de las sentencias judiciales y, más específicamente, del concreto efecto que de la declaración de unidad de empresa puede resultar frente a la relación laboral que existió entre un trabajador y uno o más empleadores».

(Sentencia de mayo 10 de 1991. Radicación 3990. Magistrado Ponente: Dr. Hugo Suescún Pujols).

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