Sentencia 3990 de noviembre 22 de 1993 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

TENEDOR PRENDARIO

RESPONSABILIDAD POR ABUSAR DE LA PRENDA

EXTRACTOS: «1. Sabido es que la prenda, entendida en su sentido tradicional, es una forma de garantía real mobiliaria caracterizada, según los términos del artículo 2409 del Código Civil, por el desplazamiento de la tenencia de la cosa que pasa a poder del acreedor pignoraticio para la seguridad de su crédito y quien, entre otras prerrogativas de importancia, cuenta con la de instar la venta de la prenda en pública subasta (art. 2422 íb.) si la obligación así caucionada no fuere cumplida. Pero también es cierto que desde comienzos del presente siglo y por apremios económicos derivados de la necesidad de consolidar el crédito abriéndole paso a garantías revestidas de mayor operancia práctica, esa configuración tradicional perdió relevancia ante el sistema de la prenda sin tenencia, llamada así mismo “prenda con registro” o “prenda sin desplazamiento”, cuyo origen en el país, en cuanto a su regulación positiva atañe, se remonta a la Ley 24 de 1921 sobre prenda agraria y actualmente se encuentra reglamentado en el capítulo II del título IX del libro cuarto del Código de Comercio (arts. 1207 a 1220). Existen en consecuencia dos clases de prenda, a saber: La ordinaria o normal denominada por la codificación recién citada “...con tenencia”, en la que es esencial el desplazamiento real y efectivo de la tenencia al acreedor para que se perfeccione en toda su amplitud la garantía correspondiente (arts. 2411 del Código Civil y 1204 del Código de Comercio), y una prenda especial en que este elemento no juega papel y mediante la cual “...podrá gravarse toda clase de muebles necesarios para una explotación económica y destinados a ella o que sean resultado de la misma explotación...”, modalidad esta última que en todo caso se rige por la legislación mercantil y cuya estructura jurídica descansa sobre tres fundamentos medulares representados por la inscripción del gravamen que por lo tanto y en orden a su oponibilidad debe instrumentarse siempre en un contrato escrito, por la constitución por el ministerio de la ley (art. 1212 del Código de Comercio) de un depósito en manos del deudor para efectos de la conservación de los bienes con las condignas obligaciones y responsabilidades y, en fin, por la precisa determinación del “status loci” de la prenda en orden a que el acreedor pueda ejercitar el derecho de inspección al que se refiere el artículo 1217 ibídem, cerciorándose así del modo como el deudor atiende sus deberes de tenedor prendario.

Entendido, pues, que en la prenda sin desplazamiento el acreedor no recibe la tenencia de la cosa sobre la cual el gravamen recae, todo el tipo normativo del contrato que le sirve de antecedente se encuentra estructurado sobre la idea de que, en cuanto con dicha tenencia reza, las obligaciones a cargo del deudor son de mucho mayor entidad comparadas con las que en la prenda normal le competen, obligaciones que a su vez generan para el acreedor importantes facultades cuyo sentido general es el de protegerlo contra los actos de aquél que puedan redundar en menoscabo de la garantía, siendo una de tales facultades la consagrada en el inciso segundo del artículo 1213 del Código de Comercio al preceptuar que “...la violación (...) de cualesquiera obligaciones del deudor, dará derecho al acreedor para solicitar y obtener la entrega inmediata de la prenda...”, haciéndose así extensiva a toda clase de prenda sin tenencia una prerrogativa de igual naturaleza a la que, en beneficio de la institución crediticia aquí demandada, reconocieron disposiciones especiales que comenzando por la Ley 33 de 1933 (art. 18) y la Ley 16 de 1936 (art. 28), reprodujeron la Ley 33 de 1971 (art. 8º, lit. c) y el Decreto 663 de 1993 (art. 238) de acuerdo con el siguiente enunciado:

“...Dentro del nuevo procedimiento civil (...), la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero conservará las garantías instituidas para el ejercicio de sus acciones antes de entrar en vigencia el nuevo código, y en especial las siguientes: (...).

c) Si el deudor incumpliere las obligaciones inherentes al contrato de prenda agraria o industrial, la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero podrá obtener la entrega de los bienes pignorados, mediante solicitud al juez competente. El juez sin notificación previa decretará la entrega de plano y procederá a efectuarla dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha del auto respectivo, el cual se notificará después de cumplida la entrega de la cosa pignorada a la Caja...”.

Dicho en otras palabras, dentro del marco de referencia representado por la modalidad pignoraticia que viene analizándose, los acreedores y de manera particular la entidad oficial demandada en este proceso, cuentan con el privilegio de procurar, por su propia iniciativa y ante el incumplimiento imputable al deudor, la reintegración de la tenencia a su favor, lo que tiene la virtualidad de transformar por obra de una especie de “conversión procesal” según la califican autorizados doctrinantes (José Alejandro Bonivento, Los Principales Contratos..., tomo II, cap. 2º, num. 79), la prenda sin tenencia en prenda desplazada corriente, adquiriendo el acreedor a partir de entonces la posición que con claridad meridiana definen los artículos 2419, 2420 y 2421, inciso final, del Código Civil, posición esta última en la que como bien se sabe, alcanza significativo relieve la obligación que pasa ahora a pesar sobre el acreedor de no abusar de la prenda, entendiéndose que semejante situación antijurídica se configura para todos los efectos, “...no sólo cuando el acreedor quebranta las normas legales que regulan su tenencia o incumple en cualquier otra forma sus obligaciones de tenedor prendario, sino cuando quiere utilizar su derecho contrariamente a su finalidad y espíritu económico social, con la mera intención de perjudicar a su deudor y sin un interés legítimo al hacerlo...” (Álvaro Pérez Vives, Garantías Civiles, título tercero, capítulo III, núm. 208), cosa que sucede, por ejemplo, si el acreedor pretende apropiarse de la prenda por medios distintos a los señalados en la ley y si de ella se sirve sin mediar el consentimiento del deudor.

2. Esta obligación que sobre el acreedor recae dada su condición de tenedor prendario, consistente en no abusar de la prenda, se pone de manifiesto entonces en una verdadera prestación negativa que, en el evento de ser quebrantada y de acuerdo con las reglas generales, puede dar lugar a la responsabilidad contractual de dicho acreedor, responsabilidad que al igual de todas las de su género, debe asentarse en la ocurrencia de varios presupuestos para cuyo tratamiento probatorio ha de distinguirse entre lo que es la verificación de la correspondiente infracción encarnada en la realización positiva de la conducta prohibida, circunstancia que sin lugar a dudas es un elemento fáctico constitutivo de la pretensión resarcitoria que quien la haga valer siempre debe probar, y la cuestión referente a la posible justificación de esa contravención debitoria, habida cuenta que en este segundo plano el riesgo de la falta de certeza probatoria incide sobre el demandado pues es a éste a quien toca, ante aquella evidencia del incumplimiento en su escueta materialidad, suministrar prueba concluyente de que la contravención en que dicho incumplimiento consiste, estuvo determinada por la imposibilidad sobrevenida de la prestación —en este caso específico, de la omisión debida— por causa que no le es imputable, prueba que en tanto tenga cobertura semejante, destituye de toda relevancia al incumplimiento acreditado por el demandante en un primer momento y excluye por contera la atribución de responsabilidad, naturalmente salvedad hecha de estipulaciones expresas de asunción convenida de casos fortuitos en las que ahora no es pertinente detenerse.

En este orden de ideas y contra lo que parece insinuar la censura en estudio, el deudor dueño de la prenda que en punto de reclamar indemnización invoca el incumplimiento del acreedor prendario respecto de la obligación negativa que viene examinándose, no le basta con exhibir el título contractual del que ella nace y afirmar que fue infringida al producirse una acto abusivo de apropiación; de su cargo es acreditar también la realidad de esa situación antijurídica que habrá de tener expresión en una conducta de contravención de orden positivo a la que hace clara alusión el artículo 1612 del Código Civil y que por su propia índole impone la necesidad de circunstanciar hechos concretos que lejos de poderse catalogar como proposiciones indefnidas exentas de prueba según los términos del inciso segundo del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, están sometidos desde luego a los principios comunes de acuerdo con los cuales es distribuido el “onus probandi” en el proceso civil.

Y llegados a este punto en el análisis, salta a la vista que el cargo formulado carece por entero de fundamento. En efecto, en la especie que ocupa hoy la atención de la Corte, el Tribunal sentenciador al hacer recaer sobre el actor las consecuencias de no haberse rendido prueba alguna de la falta atribuida a la institución demandada, vale decir de la apropiación por medios distintos a los legalmente previstos de las cosechas periódicas de café materia del gravamen pignoraticio con ocasión del cual surgió el presente litigio, no alteró el peso de la prueba para hacerlo incidir en quien no estuviera constreñido a soportarlo al tenor de los artículos 1757 del Código Civil y 177 del Código de Procedimiento Civil; si el demandante reclamaba una declaración judicial de la responsabilidad contractual en que dice incurrió la entidad titular del gravamen real en referencia, seguida de la condena al pago de la reparación económica consiguiente, ambas cosas como consecuencia del afirmado incumplimiento de la obligación de no hacer consistente en abstenerse de abusar de la prenda mientras la conservara en su poder, el hecho constitutivo básico del que podría haber surgido ese derecho, se repite, no es la simple existencia de la obligación sino ella misma unida a un estado de inejecución tal que por haberse frustrado el interés del constituyente de la garantía a raíz de la contravención acaecida, permita reputarla incumplida, luego queda por fuera de dudas que aquél tomó sobre sí el peso de la prueba positiva de estos dos extremos y por lo tanto, al entenderlo así el fallador de instancia y echarla de menos respecto de los hechos aducidos en los numerales nueve a trece del capítulo pertinente del escrito de demanda, no desconoció las leyes que reglan la carga de la prueba, en particular el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil arriba citado».

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