Sentencia de noviembre 22 de 1993

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MORA DEL DEUDOR

REQUISITO DE LA INTERPELACIÓN

EXTRACTOS: «1. Principio que no ofrece mayores controversias en el derecho vigente en el país por cuanto es el que se desprende de los textos contenidos en los artículos 1595 y 1615 del Código Civil, es que la prerrogativa de reclamar indemnización de perjuicios por causa del incumplimiento contractual supone, como uno de sus requisitos si de obligaciones positivas se trata, la situación de mora del deudor, entendida ella en el sentido amplio que la doctrina suele asignarle, es decir como el instrumento técnico previsto por el legislador para la fijación de aquel incumplimiento. Así, pues, el estado de “mora solvendi” o “mora debitoris” como también se le denomina, no es cosa distinta al retardo imputable en el cumplimiento de la obligación unido a una interpelación que bien puede resultar del propio tenor del negocio que a dicha obligación le sirve de título o efectuarse con posterioridad a instancia del acreedor, retardo que equivale entonces a la falta de cumplimiento en tiempo oportuno, no producida por fuerza mayor o caso fortuito (art. 1616 inciso 2º del Código Civil), y que dependiendo de las circunstancias particulares de cada evento, puede significar una inejecución completa y definitiva o apenas un retraso con la consecuencia, por cierto semejante en ambas hipótesis, de hacer exigible la correspondiente deuda de responsabilidad, siempre y cuando el acreedor, tratándose de relaciones obligatorias sinalagmáticas, no se encuentre a su vez incurso en mora.

Son tres por lo tanto los elementos indispensables para que pueda considerarse configurada la situación de mora del deudor, a saber: a) El retardo a él imputable en el cumplimiento de la obligación; b) La interpelación o requerimiento del acreedor; y en fin, c) Una actitud legítima de este último que le permita aprovechar frente al deudor las ventajas del contrato, siendo de advertir que al segundo y al tercero se refieren los artículos 1608 y 1609 del Código Civil en los términos siguientes:

“Artículo 1608. El deudor está en mora:

1. Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirlo en mora;

2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla;

3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor.

Artículo 1609. En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlos en la forma y tiempo debidos”.

2. En este orden de ideas y visto el sentido en que los preceptos recién transcritos regulan la materia, preciso es concluir que mora del deudor no puede darse para ninguno de los efectos que le son propios, sin mediar una interpelación que de conformidad con la primera de aquellas disposiciones, puede producirse de maneras de suyo diversas y en momentos que tampoco son siempre los mismos, habida cuenta que la mencionada interpelación puede surgir del contenido mismo del contrato celebrado o manifestarse en un acto formal de reconvención judicial, motivado en la actividad posterior del acreedor destinada a darle a conocer al deudor su voluntad de que inmediatamente se pague una obligación que se encuentra en condiciones de ser satisfecha y fijar además el momento a partir del cual es debida la indemnización de rigor (G. J., tomo CLVIII, pág. 128). En efecto, siguiendo el texto del artículo 1608 del Código Civil puede decirse que en él son reconocidas tres clases posibles de interpelación, una de índole extracontractual (num. 3º) pues no resulta del contrato sino de un acto de intimación personal efectuado con intervención judicial por el acreedor para que su deudor “...entregue, haga o deje de ejecutar una cosa...” (G. J., tomo XLV, pág. 543), y las dos restantes de estirpe contractual por cuanto son las partes quienes desde allí, al momento de concertarlo, han señalado el momento en que el cumplimiento debe producirse hasta el punto que puede decirse que, en estos supuestos, son las propias cláusulas concluyentes del negocio las que interpelan, y ese señalamiento convencional admite a su vez dos modalidades: La primera que es expresa si se trata de un plazo hecho explícito por los estipulantes en su acuerdo de voluntades, caso en el cual el retardo viene dado por el vencimiento (num. 1º del artículo 1608 del Código Civil), mientras que la segunda, en la medida que a ella se llega por vía interpretativa apreciando la naturaleza y circunstancias de la respectiva obligación, es tácita porque, de acuerdo con esos elementos, aparece clara en el negocio la intención de que la “mora” sea automática ya que el cumplimiento sólo le es útil al acreedor en determinada época y no en otra distinta (num. 2º, íb.).

Así, pues, frente a los supuestos en que la ley no exige requerimiento judicial a instancia del acreedor perjudicado, cabe puntualizar, primeramente, que entratándose de obligaciones sujetas a plazo sobra esa formalidad pues ha de presumirse que la fecha acordada para el cumplimiento es de suyo sabida y aceptada por el deudor desde un comienzo, y en segundo lugar, por lo que toca con las obligaciones que no es factible ejecutar sino en cierto tiempo útil dado que para establecerlas fue móvil determinante esa circunstancia temporal, aquel requerimiento es así mismo inocuo una vez precluida tal oportunidad.

De otro lado y como se dejó apuntado al inicio de estas consideraciones atinentes al despacho del tercero de los cargos formulados, forzoso es no olvidar que las reglas de constitución en mora del deudor dentro del marco de los contratos sinalagmáticos, nunca pueden tener operancia con mengua del precepto consagrado en el artículo 1609 del Código Civil, precepto por cuya virtud es instituida la “excepción de contrato no cumplido” con incontestable apoyo en el postulado de la buena fe e impuesta también por evidentes motivos de equidad, toda vez que en el terreno de los intereses patrimoniales y si de la inejecución de obligaciones interdependientes en función de un único designio negocial se trata, a nadie le es permitido exigir lo que no está dispuesto a dar. Así, pues, la conducta con arreglo a derecho observada por el acreedor en cuanto atañe al respeto por la relación contractual que lo vincula, es sin duda alguna uno de los requisitos para que pueda reputarse al deudor constituido en mora ya que aquella norma dispone que, en caso contrario, ese estado de mora no se configura y una situación con semejantes características, valga recalcarlo, puede oponerla dicho deudor valiéndose de la mentada excepción en orden a neutralizar acciones de cumplimiento, de responsabilidad o de resolución entabladas por el acreedor también incumplido».

(Sentencia de casación, noviembre 22 de 1993. Expediente 3990. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss).

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