Sentencia 39901 de junio 25 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 39.901

Acta 195

Magistrada Ponente:

Dra. Patricia Salazar Cuéllar

Bogotá, D.C., veinticinco de junio de dos mil catorce.

Vistos

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Cuestión previa.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer en segunda instancia del fallo emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 75 de la Ley 600 de 2000, bajo cuya égida se ha venido adelantando el trámite procesal y como quiera que la acción penal es ejercida contra un juez laboral del circuito de Ibagué, juzgado en primera instancia por el Tribunal Superior de la misma ciudad.

En esta labor, la Corte se encuentra limitada en su estudio al objeto de la impugnación y a los aspectos inescindiblemente ligados a ella, conforme al artículo 204 de dicho estatuto procesal.

Como metodología, para una mejor resolución del tema sujeto a discusión y como quiera que los tópicos relacionados en las impugnaciones propuestas por Gustavo Hernández Sierra y su defensor guardan identidad temática, la Sala los abordará en forma conjunta, aunque no estrictamente dentro del orden allí consignado.

2. Sobre la cosa juzgada.

El artículo 29 de la Constitución consagra esta garantía, al establecer que nadie debe “ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Además, este axioma es refrendado por el artículo 8º del Código Penal, cuando allí se estipula la prohibición de doble incriminación, consistente en que a “nadie se podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, cualquiera que sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado...”.

Para determinar la configuración de la cosa juzgada en un asunto concreto, pacífica jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha señalado que deben cumplirse tres supuestos a saber: “que entre los eventos en controversia exista identidad en la persona juzgada, identidad en el objeto del proceso e identidad en la causa materia de juicio (la Corte Constitucional, en la Sentencia C-554 de 2001, los define como identidad de sujetos, de circunstancias fácticas y de fundamentos)” (En ese sentido, CSJ SP, 5 de septiembre de 2012, Rad. 38.164, entre otras).

Ahora bien, en el caso, el exjuez Gustavo Hernández Sierra y su defensor, refieren que se vulneró la garantía constitucional de la cosa juzgada que le asiste al primero, porque sobre los hechos que ahora son materia de juzgamiento, la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué había dictado sentencia, el 4 de junio de 2009.

Dicha providencia fue recurrida por el defensor de Hernandez Sierra y confirmada, mediante proveído del 3 de marzo de 2010 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Si bien del análisis de la citada decisión se observa que confluyen de los supuestos arriba descritos, el de la identidad en la persona juzgada y en la causa materia de juicio, al ser el bien jurídico tutelado en los dos procesos el de la administración pública, no sucede lo mismo con las circunstancias fácticas que fueron materia de juzgamiento en ese asunto, con las que ahora están bajo el juicio de la Corte.

Ello, en tanto en el proceso ya fenecido, la investigación surgió del “comportamiento del doctor Gustavo Hernández Sierra, quien en la referida condición judicial decidió, el 17 de octubre de 2003, dentro del proceso ordinario laboral promovido a través de apoderado por José Leonel Borja Marín y otros, contra la Caja Nacional de Previsión, condenar a la parte accionada a reconocer el derecho a la “pensión gracia” a los demandantes” lo que derivó en que “el 13 de enero de 2004, las procuradoras judiciales para asuntos administrativos de la Procuraduría Regional del Tolima, presentaron queja disciplinaria ante el consejo seccional de la Judicatura del citado departamento, contra el doctor Gustavo Hernández Sierra, por considerar que con la referida decisión incurrió en el delito de prevaricato por acción”(10).

Y el presente asunto provino de la compulsa de copias ordenada por el Tribunal Superior de Ibagué y confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acción de tutela impetrada por la apoderada de Cajanal, contra otra decisión dictada por Hernández Sierra, el 17 de octubre de 2003, donde ordenó el reconocimiento y pago de la pensión gracia a Blanca Cecilia Castellanos de Macana y otras 39 personas más, completamente distintas a las involucradas en el proceso ordinario laboral, como lo constató la Sala.

Así, es diáfano que en el caso no se configura la vulneración de la garantía constitucional del non bis in ídem a que aluden defensor y procesado en sus escritos, como quiera que los hechos materia de juzgamiento no son los mismos por los que se dictó condena en pretérita oportunidad contra el Exjuez Gustavo Hernández Sierra y no podría tomarse bajo la figura de la identidad de objeto para este asunto, la otra providencia, que ya fue objeto de escrutinio por los jueces competentes para el caso, al ser el tipo penal de prevaricato de mera conducta y configurarse cuando el servidor público profiera el acto manifiestamente contrario a la ley.

Entonces, no es que se hable de una doble valoración de los hechos, como pretenden mostrarlo los impugnantes, sino del juzgamiento de dos circunstancias fácticas diferentes. Una, la del proceso que impetraron Leonel Borja Marín y otros, donde reconoció a ellos la pensión gracia y que concluyó con sentencia condenatoria contra Hernández Sierra(11). Otra, la de la demanda formulada por Blanca Cecilia Castellanos de Macana y 39 personas más, en la que les reconoció la pensión gracia y de la cual derivó el actual proceso penal y la sentencia condenatoria del Tribunal Superior de Ibagué, que concita ahora la atención de la Sala en sede de apelación(12).

Así las cosas, no le asiste razón al procesado y su defensor en lo que a la vulneración del principio de cosa juzgada respecta.

3. Sobre el dolo en la conducta punible de prevaricato por acción.

Refiere el defensor impugnante, que su prohijado no actuó a título de dolo cuando otorgó a los demandantes la pensión gracia que reclamaban, pues su actuar no fue caprichoso y malintencionado, ni obró por motivos de carácter personal o subjetivo, sin que ello se pueda inferir de las pruebas obrantes en el proceso.

Frente al punto en discusión ha dicho la jurisprudencia de la Sala lo siguiente:

...el actuar doloso en el prevaricato requiere entendimiento de la manifiesta ilegalidad de la providencia proferida y consciencia de que con tal decisión se vulnera sin derecho el bien jurídico de la recta y equilibrada definición del conflicto que se estaba sometiendo al conocimiento del servidor público, quien podía y debía producir un pronunciamiento ceñido a la ley y a la justicia. No es de la esencia de la figura la comprobación de una concreta finalidad, que bien puede ser relevante en la determinación de la culpabilidad, pero tampoco su falta de verificación conduce inexorablemente a declarar irresponsabilidad en el delito.

En efecto, la corporación ha dicho que aun tratándose de una prevaricación con un fin jurídicamente irrelevante o incluso noble, el delito no desaparece. Contrario a lo que sucedía en el Código Penal de 1936, no se requiere actualmente de ingredientes adicionales en lo que toca con la demostración del dolo en el prevaricato, por ejemplo simpatía o animadversión hacia una de las partes. Solo es fundamental que se tenga conciencia de que el pronunciamiento se aparta ostensiblemente del derecho, sin que importe el motivo específico que el servidor público tenga para actuar así(13).

Y en el caso no se reprocha la configuración del dolo derivado de intereses subjetivos del exjuez Hernández Sierra o de quienes se beneficiaron con la providencia mediante la cual les reconoció la pensión extralegal, sino de las actuaciones procesales que llevó a cabo el acusado y derivaron en la emisión de la providencia que ahora es cuestionada.

Lo controvertido y que edificó el actuar doloso en la sentencia emitida el 17 de octubre de 2003, derivó de: i) la asunción irregular de competencia para conocer del proceso ordinario y ii) el reconocimiento de la pensión gracia a los 40 docentes, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, como se pasa a explicar.

3.1. Sobre la asunción de competencia del exjuez Gustavo Hernández Sierra.

La demanda ordinaria laboral fue impetrada por Blanca Cecilia Castellanos de Macana y en el término de traslado para contestarla, el apoderado de CAJANAL propuso la excepción previa de falta de competencia.

El libelo fue reformado para adicionar a 39 accionantes más y al oponerse, Cajanal nuevamente invocó la excepción de falta de competencia, pero el entonces Juez Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, en la audiencia de trámite que se llevó a cabo el 20 de junio de 2003, dio por no contestada la demanda al no haber sido firmada por la apoderada de la entidad accionada y se pronunció oficiosamente sobre la excepción, negándola, bajo el entendido que la controversia giraba en torno al reconocimiento y pago de la pensión gracia, siendo esta una prerrogativa del sistema de seguridad social integral, cuestión que a la luz del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001(14), lo facultaba para conocer y decidir el asunto.

No obstante, para el año 2003, pacífica jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral había establecido que existían excepciones a la regla de competencia estipulada en el artículo 2º ejusdem, particularmente cuando se trataba de regímenes especiales, como el del sector docente.

En ese sentido, dijo la homóloga Sala de Casación Laboral en decisión CSJ SL, 28 de julio de 2003, Rad. 20.505 que:

...en los términos señalados en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, por tratarse de pensiones que no se acompasan con el sistema contributivo del estatuto de 1993, ni se regulan bajo las exigencias técnicas que informan el nuevo sistema desde entonces en vigencia. Se agrega así una excepción más a las pensiones que entran en el espectro del régimen de transición garantizado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

(...).

Por lo anterior, la Corte encuentra que nada se opone a excluir del ámbito de la jurisdicción ordinaria laboral las controversias relacionadas con los regímenes de excepción de la Ley 100 de 1993, pues se repite, tal determinación corresponde a la facultad del legislador para configurar el régimen de la seguridad social y las instituciones procesales sin desarticular el concepto de seguridad social que consagra el artículo 48 Superior, respetando el principio del juez natural para la resolución de los conflictos que versen sobre esta materia (C.P. art. 29).

Tesis que también acogió el Consejo Superior de la Judicatura, cuando en octubre de 2002 (Rad. 2002-1157, 2002 – 1893 y 2003 – 0321, entre otras), ajustó su jurisprudencia para determinar que la jurisdicción competente para conocer de los procesos que se instauraban para dirimir controversias relativas a los regímenes especiales, era la administrativa. Al respecto dijo:

...tratándose específicamente de una controversia relativa al reajuste pensional de un docente del magisterio del departamento, como es el caso, no se sigue la regla general de competencia de la jurisdicción ordinaria, pues la Sala habrá de atenerse a la excepción consagrada en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 respecto de dichos servidores. (Destacado de esta Sala)(15).

Así, esa Corporación varió diametralmente el criterio que utilizó el Exjuez Hernández Sierra (Rad. 2002 – 0787 de jun. 13/2002), para asumir conocimiento de la demanda ordinaria laboral. Es preciso decir, que desde octubre del año 2002, ya había sido avalada en forma pacífica y constante por la judicatura del Tolima la nueva postura, que se consolidó desde mucho antes de que el inculpado admitiera la demanda ordinaria (mar. 21/2003) y se pronunciara sobre las excepciones previas propuestas de falta de jurisdicción y competencia (jun. 20/2003), por lo que para la Sala no hay una razón valedera del por qué el exfuncionario aplicó una tesis derogada, para adquirir conocimiento del asunto.

Además, la Corte Constitucional en Decisión CC C-1027/02 al analizar la exequibilidad del citado numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001, acotó lo siguiente:

“La expresión seguridad social integral tiene un alcance muy claro en la Ley 100 de 1993, en el sentido de que comprende los sistemas generales de pensiones, de salud, de riesgos profesionales y los servicios sociales obligatorios definidos en dicha preceptiva, por manera que no reviste duda alguna que lo que no está comprendido dentro de los respectivos regímenes no hace parte del sistema de seguridad social integra.

La propia Ley 100 de 1993 estableció los regímenes que se consideraban exceptuados de la seguridad social integral, y los determinó en el artículo 279 ibídem, que incluyó a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, el personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990 (vinculado con antelación a la vigencia de la ley), los miembros no remunerados de las corporaciones públicas, los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los trabajadores de las empresas en concordato al momento de entrar en vigencia la referida ley que hubieren pactado sistemas o procedimientos especiales de protección en pensiones, los trabajadores y los pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos, salvo quienes ingresen a ella como consecuencia del vencimiento de los contratos de concesión o de asociación y convengan la aplicación de la dicha Ley 100.

(...).

Mediante la Ley 712 de 2001, por la cual se reforma el Código Procesal del Trabajo, se perfecciona el gran avance logrado por la Ley 362 de 1997, pues al delimitar el campo de la jurisdicción laboral en el artículo 1º de dicho ordenamiento se anuncia que en adelante el Código Procesal del Trabajo se denominará Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, agregando que los asuntos de que conoce la jurisdicción ordinaria “en sus especialidades laboral y de seguridad social” se tramitarán de conformidad con dicho código.

Así mismo, en el artículo 2º de la ley en mención se regula la competencia general de la jurisdicción ordinaria “en sus especialidades laboral y de seguridad social”, atribuyéndole en su numeral 4º acusado el conocimiento de las controversias referentes al “sistema de seguridad social integral” que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

De esta forma, queda claro que el nuevo estatuto procesal del trabajo reconoce expresamente la autonomía conceptual que al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 fundamental ha adquirido la disciplina de la seguridad social, asignándole a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social integral en los términos señalados en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 712 de 2001.

Los conflictos relacionados con los regímenes de excepción establecidos en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 no fueron asignados por el legislador a la justicia ordinaria laboral, por tratarse de regímenes patronales de pensiones o prestacionales que no constituyen un conjunto institucional armónico, ya que los derechos allí regulados no tienen su fuente en cotizaciones ni en la solidaridad social, ni acatan las exigencias técnicas que informan el sistema de seguridad social integral. (Énfasis agregado).

Lo cierto es que tanto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo Superior de la Judicatura e inclusive, la Corte Constitucional, habían fijado una sólida posición relativa a que las controversias suscitadas en los regímenes de excepción no fueron asignados a la justicia ordinaria laboral como se explicó en precedencia. Esa postura fue desconocida por el exjuez Gustavo Hernández Sierra en forma abierta, cuando despachó desfavorablemente las excepciones propuestas por la entonces apoderada de Cajanal de falta de jurisdicción y competencia, para proceder a tramitar la demanda ordinaria, cuando claramente no estaba facultado para hacerlo.

Por tanto, al asumir el funcionario judicial de manera irregular el conocimiento del asunto, se fincó una de las inconsistencias que a la postre, derivaron en la emisión de la sentencia laboral ahora censurada y la consecuente configuración del punible de prevaricato por acción.

3.2. Sobre el otorgamiento de las pensiones gracia sin el cumplimiento pleno de requisitos.

Este fue el otro aspecto que edificó el actuar doloso en el comportamiento del procesado, plasmado en la sentencia que le otorgó a 40 docentes la pensión gracia sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley 114 de 1913 y las disposiciones que la complementan.

Sobre este beneficio pensional, se pronunció el Consejo de Estado diciendo que:

...comenzó siendo una prerrogativa gratuita que reconocía la Nación a cierto grupo de docentes del sector público: los maestros de educación primaria de carácter regional o local; grupo que luego, cuando se expidieron las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, se amplió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden, y se dice que constituye privilegio gratuito porque la Nación hace el pago sin que el docente hubiese trabajado para ella. El numeral 3º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913 prescribe que para gozar de la gracia de la pensión es preciso que el interesado, entre otras cosas; compruebe ‘Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional’. De lo anterior se establece, de manera inequívoca, que la pensión gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución alguna de la Nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado por cuenta de ella. Por ende, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran los educadores locales o regionales” (destacado fuera de texto)(16).

Y sobre la pensión gracia establece la Ley 114 de 1913 lo siguiente:

ART. 1º—Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley.

ART. 2º—La cuantía de la pensión será la mitad del sueldo que hubieren devengado en los dos últimos años de servicio. Si en dicho tiempo hubieren devengado sueldos distintos, para la fijación de la pensión se tomará el promedio de los diversos sueldos.

ART. 3º—Los veinte años de servicios a que se refiere el artículo 1º podrán contarse computando servicios prestados en diversas épocas, y se tendrá en cuenta los prestados en cualquier tiempo anterior a la presente ley.

ART. 4º—Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe: 1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración. 2. (Derogado por la L. 45/1913). 3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento 4. Que observe buena conducta. 1. (Derogado L. 45/1913, art. 8º). 2. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento” (Destacado fuera de texto).

En la sentencia dictada el 17 de octubre de 2003, el doctor Gustavo Hernández Sierra dijo lo siguiente sobre los requisitos que debían cumplir los demandantes para obtener la pensión gracia:

“Ahora bien, encuentra este despacho que dentro del plenario esta acreditado que todos los aquí demandantes, cumplen con los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, es decir, como docentes vinculados antes del 31 de diciembre de 1980, que laboraron por más de veinte (20) años, que durante ese tiempo observaron buena conducta, que desempeñaron durante ese tiempo su labor con honradez y consagración y que cada uno de los actores a la fecha en que solicitaron el reconocimiento de la pensión Gracia, tenían cumplidos más de cincuenta (50) años de edad.

De ahí que es fácil colegir que a Blanca Cecilia Castellanos de Macana...les asiste derecho al reconocimiento de la prestación reclamada, toda vez que acreditaron ante la Caja Nacional De Previsión Social, Cajanal, el cumplimiento de las exigencias legales, incluida la de vinculación al sector oficial antes del (1) de enero de 1981, tal y como se puede constatar en el material probatorio, además ha quedado en claro que los profesores de enseñanza secundaria tienen vocación a la pensión Gracia sin que sea necesario que hayan sido vinculados en el orden departamental, regional y municipal”(17).

De lo anterior, se colige que en la providencia tildada de prevaricadora omitió valorar el requisito contenido en el numeral 3º del artículo 4º de la citada ley, desentendiéndose de ese apartado en forma ostensible para concluir, que los demandantes tenían derecho a la pensión gracia, cuando lo cierto era que del solo análisis de esa exigencia —no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional—, se habría desestimado que los accionantes tuvieran derecho a esa prerrogativa, porque todos ellos tenían una vinculación de carácter nacional, contrario a la denominación de “oficial” que pretendió darles Hernández Sierra para conferirles la pensión gracia.

Y además, ya desde el año 1997 había dicho el Consejo de Estado (Exp. S-699 de ago. 26 de esa data), que:

“No es de recibo el argumento que en ocasiones se ha expuesto para sostener que con motivo de la expedición de esta norma, pueda reconocerse la pensión gracia a todos los que prestan sus servicios a la Nación, por ser los maestros a que ella se refiere docentes de carácter nacional. Dos son las razones fundamentales que conducen al rechazo de tal aseveración, así:

a. Como se dijo, la Ley 37 de 1933, examinada en relación con la Ley 116 de 1928 y la Ley 114 de 1913, no introdujo modificación alguna a las exigencias establecidas en estos ordenamientos normativos.

b. No es acertada la afirmación de que los establecimientos oficiales de educación secundaria fuesen nacionales en su totalidad en 1933. Tanto es así que fue con la Ley 43 de 1975 que se inició el proceso de nacionalización tanto de la educación primaria como de la secundaria. Por eso en su encabezamiento se lee: “por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías...” “Y en su artículo primero se prescribe hacia el futuro: la educación primaria y secundaria será un servicio público de cargo de la nación”.

Se repite que a partir de 1975, por virtud de la Ley 43, empieza el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales a que se refieren los ordenamientos anteriormente citados (L.114/13; L.116/28 y L.28/33); proceso que culminó en 1980.

El artículo 15 Nº 2, literal A, de la Ley 91 de 1989 establece:

“Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 81 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación”.

La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación: hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “...otra pensión o recompensa de carácter nacional.

De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “...pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, Nº 2, art. 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia... siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. (Énfasis agregado).

Y si bien el exjuez soportó la providencia del 17 de octubre de 2003, en una decisión del Consejo de Estado que citó así:

Por lo anteriormente manifestado, se dará curso a las pretensiones incoadas, por las razones esgrimidas en la parte motiva de este proveído, condenándose en costas a la entidad demandada.

Al respecto sobre este tópico el Consejo de Estado— Sala Contencioso Administrativo, en sentencia del 29 de junio de 2000, C. P. Dr. Carlos A Orjuela Góngora, sentó criterio respecto al reconocimiento de la pensión gracia al manifestar ‘...Es claro entonces, que los profesores que hayan prestado servicios de enseñanza secundaria tienen vocación a la pensión gracia, y que no es necesario para ello que hayan laborado en la enseñanza primaria’, argumentando además que: ‘...Por lo demás, es incuestionable que la pensión gracia debe reconocerse a partir del momento en que el titular de la misma reúne los requisitos señalados en las leyes que regulan la materia, a saber la Ley 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 esto es los 20 años de servicios y 50 de edad”(18).

No dijo ahí el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo que se exigiera para reconocer la pensión gracia, que los docentes no hubieren laborado exclusivamente en instituciones territoriales, como lo afirmó el recurrente. Lo que señaló esa corporación es que los profesores de secundaria tienen derecho a la citada pensión al igual que los docentes de primaria y a renglón seguido indicó, que los beneficiarios debían cumplir todos los requisitos de ley.

De lo expuesto en precedencia, se deriva la necesidad para el funcionario judicial, de verificar la totalidad de requisitos para otorgar la pensión gracia, tarea que en el caso no llevó a cabo el doctor Hernández Sierra, quien solo constató los de edad y tiempo de servicios, a pesar de su amplia experiencia (14 años) como integrante de la judicatura del Tolima.

Así las cosas, el segundo elemento que soportó la providencia judicial que configuró el punible de prevaricato, se cumple en el caso, mostrando en conjunción con el de la falta de competencia, el ingrediente normativo relativo a que la decisión sea “manifiestamente contraria a la ley”, evidenciándose con ello la presencia del dolo en el caso que concita la atención de la Corte, contrario a lo propuesto por el defensor en la alzada y demostrándose que Hernández Sierra no era el competente para tramitar la demanda ordinaria y que concedió la pensión sin el debido sustento legal, contrario a lo que en los escritos de apelación se afirmó.

4. Sobre la tasación de las costas y agencias en derecho.

Mediante auto del 4 de mayo de 2004(19), el doctor Gustavo Hernández Sierra fungiendo como juez segundo laboral del circuito de Ibagué, dispuso que se incluyera la suma de $1.512`961.852, por concepto de agencias en derecho a cargo de la entidad demandada.

Estima el defensor de Hernández Sierra que la suma fue fijada conforme con los derroteros legales que para la tasación de costas y agencias en derecho se consignó en el Acuerdo 1887 de 2003, que responde a un total de 39 pensiones gracia “cuyo reconocimiento y pago se produjo en una sola actuación procesal” y sobre la cual, citó un escrito aportado por el procesado en el que refirió que ese monto corresponde al valor de los intereses moratorios “que dentro del proceso ascendía a la suma de $6.387.543.963.oo debido al valor adeudado por mesadas pensionales de más de 10 años a cada docente”.

Y si bien en el numeral 2.1.1. del artículo 6º del Acuerdo 1887 de 2003, se estableció como tarifa de agencias en derecho para los procesos laborales de primera instancia a favor del trabajador, un monto de “hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia”, el parágrafo de ese mismo numeral fue claro, cuando se refirió allí que en tratándose de prestaciones periódicas debería ser “hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, entendiendo que la pensión gracia reclamada dentro del proceso laboral es una prestación periódica, por lo que era preciso que aplicara a la liquidación de agencias en derecho el parágrafo citado y no, que acumulara y condensara las pretensiones como si fueran una sola.

Para verificar esa situación, no es necesario realizar complejos cálculos matemáticos mediante la práctica de un dictamen pericial contable, ni acudir al testimonio de quien actuaba como secretario del Juzgado en la época en que Hernández Sierra era el titular del despacho, como lo pide el acusado en la alzada(20). Basta con aplicar el parágrafo del artículo 6º del Acuerdo ya citado porque el objeto de debate lo fue el reconocimiento de prestaciones periódicas y así, tasar las agencias en “hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, multiplicando ese tope (20 S.M.L.M.V.) por el valor del salario mínimo para el año 2004 ($ 358.000(21) ), lo que daría un total de $ 7.160.000, valor ampliamente inferior al que tasó el juez como agencias en derecho, que fue el de $ 1.512.961.852, lo que, contrario al dicho del apoderado judicial de Hernández Sierra, sí permite colegir que se apartó en forma ostensible del contenido del Acuerdo 1887 de 2003, derrotero legal que debía guiar la tasación de costas procesales.

5. De la liquidación de los intereses moratorios derivados del cumplimiento de la sentencia.

Sobre la liquidación de los intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, es cierto que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, contempla que en el caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, “la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”.

No obstante, precisó el mismo artículo que ese valor será solo sobre las pensiones “de que trata esta ley”, aclarando la Corte Constitucional en decisión CC C-601/00, lo siguiente:

...la disposición no se refiere a las personas que hayan adquirido el derecho al pago de su pensión con anterioridad al 1º de enero de 1994, sino que alude al hecho de que la ley 100 de 1993 se refiere a las mesadas pensionales que se pagan con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, pues, repárese, que con la expedición de la Ley 100 de 1993, se creó un nuevo régimen de pensiones y de salud, que entró a regir el 1º de abril de 1994. (Negrillas de la Sala).

Por ende y en ilación con lo expuesto en páginas precedentes, al no ser la pensión gracia una de las que contempla la Ley 100 de 1993, no era viable aplicar la liquidación de las mesadas pensionales a la tasa máxima de interés vigente como lo hizo el doctor Gustavo Hernández Sierra al librar el mandamiento ejecutivo de pago.

6. Sobre la inactividad defensiva de la representante de Cajanal.

Censura el defensor del doctor Gustavo Hernández Sierra la presunta inactividad de la apoderada judicial de Cajanal, quien en su concepto no ejercitó en debida forma el derecho de defensa de la entidad demandada.

No obstante, lo cierto es que sí activó los medios a su alcance para controvertir tanto la sentencia, como el auto mediante el cual se libró mandamiento ejecutivo. Ello se evidencia de la sola contestación a la demanda y su reforma, donde propuso la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia, negada por el juez en la forma en que se explicó en páginas precedentes. Además, después de dictada la sentencia que condenó a la entidad, propuso “incidente de nulidad”, al amparo de los numerales 1º y 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pero el juez lo rechazó de plano, mediante auto del 21 de noviembre de 2003, fundado en que la incidentante no había propuesto ese tema como excepción previa(22).

Deprecó también la apoderada de Cajanal, la consulta de la sentencia dictada el 17 de octubre de 2003, al haber sido adversa a la Caja Nacional de Previsión, pero el juez la negó, arguyendo que esa entidad es una “empresa industrial y comercial, cuenta con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio independiente, con el cual podrá responder en caso de una eventual condena” y además, porque Cajanal no está comprendida dentro de las entidades de que trata el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo, que se refiere “a la Nación, los departamentos y los municipios, exclusivamente”.

Dígase además, que la entidad demandada acudió a la extraordinaria vía de tutela, donde intentó detener el avance del proceso ejecutivo con el que se buscaba el cumplimiento de la espuria decisión y si bien no lo logró, de ahí se derivó la compulsa de copias que ordenaron, tanto el Tribunal Superior de Ibagué, como la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que dio inició a la investigación y posterior juzgamiento de los hechos que ahora concitan la atención de esta Sala.

De ello se descarta que Cajanal no haya intentado, en la medida de sus posibilidades, controvertir las decisiones prevaricadoras y además, aun cuando hubiese sido pasiva en la gestión defensiva, esa situación per se, no legitima las providencias que configuraron el punible de prevaricato por acción que se le endilgó al exjuez Gustavo Hernández Sierra.

7. Por las razones expuestas, es palmario que los argumentos presentados por el defensor y el procesado en aras de desvirtuar lo consignado en el fallo de primera instancia, no son suficientes para revocar la sentencia de condena, en tanto, se itera, examinado en conjunto el actuar del enjuiciado y los elementos de convicción recabados, la conclusión sigue siendo la misma.

Así las cosas, se confirmará la condena impuesta al doctor Gustavo Hernández Sierra.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

CONFIRMAR la sentencia dictada el 26 de julio de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, mediante la cual se condenó al doctor Gustavo Hernández Sierra, exjuez Segundo Laboral del Circuito de esa localidad, como autor del delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase».

(10) Folios 2 y 3 de la providencia dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, radicación CSJ SP, 3 de marzo de 2010, Rad. 32.403.

(11) Los demandantes en ese proceso ordinario laboral fueron: José Leonel Borja Marín, Benjamín Corredor Becerra, José Olmedo Murillo Trujillo, María Hortencia Ávila Ávila, Miguel Antonio Suárez Esteban, Miguel Antonio Obando Alarcón, Cecilia Niño Reyes, Humberto Rodrigo Viveros Delgado, Sonia García de Cervantes, Rubiel Giraldo Rodríguez, Narces Gil Ceballos, Clara Inés Calderón de Castillo, Miguel Ramón Mejía Caes, Jaime Giraldo Restrepo, Cristobal Heredia Barreto, Ricardo Arcesio Guerrero Torres, Jairo Alberto Tapia Tiejten, Carlos Alberto Rubio Vivas, Lucía Martínez de Amaya, Rafael Humberto Cruzco Larios, Marco Tulio Prieto Valencia, María Stella Garcés de Villada, Enrique Perilla Camelo, José Roberto Machado Ospina, Guido Alberto Suárez Nieves, Inés Peláez Herrera, Darío González Ávila, Vidalia González de Obando, Nohora Inés Díaz de Rodríguez, Lucila Galofre Neuto, Luis Hernando González Pérez, José Fanor Gallego Segura, Ausberto Avelino Almanzar Camargo, Elsa Estrada Morales, Ella May Archibold, Norberto Ávila García, José Silvio Navarro Mora, Leónidas García Garzón, Rodrigo Cobo Arboleda y Ana Graciela Ruiz de Pedroza (Fl. 1 del acta de la audiencia de juzgamiento celebrada el 17 de octubre de 2003.)

(12) Los demandantes en ese proceso ordinario laboral fueron: Blanca Cecilia Castellanos de Macana, Gilberto Macana Higuera, María Silvia Hernández Olave, Haroldo Enrique Freyte, Santiago Guillermo Carrasquilla Padilla, Aura Rosa Ojeda Franky, Jorge Nicanor Cantillo García, Paula Calderón Medina, Enna del Carmen Morales de Ricardo, Benjamín Barón Perdomo, Luis Alberto Negrete Sánchez, María Rubiela Meneses Bocanegra, Dioselina Mercedes Díaz Martínez, Rosa Elvira López de Martínez, Niris Maiela Araujo Correa, Guillermo Hernando Mesa Ruiz, Sonia Esther Manga Alvarado, Irma González de Correa, Rodolfo Ramiro Reyes Núñez, Jaime Eduardo Mesa Ruiz, Miriano Medina Bermúdez, Evelio Sánchez Carmona, Manuel Domingo Miranda Mirimon, Alberto González Rodríguez, Jaime Hincapié Castaño, Aristobulo Barragán Cortes, Alfonso José Escarraga Tache, Silvio Hernández Bonilla, Osvaldo Antonio Díaz Barbosa, Jorge Hernando Ortiz Ortiz, Rubén Darío Medina, José Gustavo Jiménez Leonel, Mariela Prada Charcas, Lía Esther Arenas Morales, Guillermo Alfonso Gámez Rivas, Salomón Arteaga Arias, Susana Guillermina Arias Hernández, Lilia María Álvarez Fonseca, Rodrigo Vanegas y Lucy Amparo Ponce de Rodríguez (Fl. 24 del cuaderno anexo Nº 3).

(13) Ver entre otras, sentencia del 15 de septiembre de 2004. Rad. 21543.

(14) Artículo 2º Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

(...).

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan.

(15) Sentencia del 12 de marzo de 2003. Radicado 20030086-01

(16) Sentencia 13 de octubre de 2005. Radicado Nº 199904951-01

(17) Folios 29 y 30 del cuaderno anexo Nº 3.

(18) Folio 36 del cuaderno anexo Nº 3.

(19) Folio 134 del cuaderno anexo Nº 3.

(20) Cabe aclarar que el procesado y su defensor, intentaron la introducción de esas pruebas en la audiencia de juzgamiento, pero el tribunal despachó desfavorablemente la solicitud, porque no la elevaron en el término de traslado del artículo 400 del Código de Procedimiento Penal (Fl. 85 a 94 del cdno. 1).

(21) Fuente: http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=/shared/Consulta+Series+ Estadisticas+desde+Excel/1.+Salarios/1.1+Salario+minimo+legal+en+Colombia/1.1.1+Serie+historica&Options=rdf&NQUser=salarios&NQPassword=salarios&lang=es

(22) Folios 120 a 122 del cuaderno anexo Nº 3.