Sentencia 39916 de agosto 14 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 39.916

SL596-2013

Magistrado Ponente:

Dr. Luis Gabriel Miranda Buelvas

Acta: 025

Bogotá, D.C., catorce de agosto de dos mil trece.

Acéptase la renuncia del poder presentada por el abogado Francisco Camacho Amaya, con T.P. Nº 2.585, como apoderado de la Sociedad Club Deportivo Los Millonarios. Reconózcase personería al doctor Ismael Enrique Guerrero Millán, con T.P. Nº 44.944 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Sociedad antes mencionada, en los términos y para los efectos del mandato conferido.

SENTENCIA

Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el Club Deportivo Los Millonarios contra la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Descongestión), en el proceso que contra el recurrente y la Asociación Deportiva Unión Magdalena promovió Álvaro Orlando Aponte Rojas.

I. Antecedentes.

Ante el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciudad, el demandante persiguió que una vez se declarara que los dos contratos suscritos con la Asociación Deportiva Unión Magdalena, de carácter laboral el uno, y el otro rotulado como ‘civil de compra y venta de publicidad’, constituían una unidad contractual laboral, se les condenara, solidariamente, junto con el Club Deportivo Los Millonarios, a pagarle los salarios, prestaciones sociales, vacaciones y preaviso resultantes de la conjunción de los valores de los dichos contratos, así como la indemnización moratoria y la indexación de cada acreencia.

Fundó las anteriores pretensiones, en suma, en que siendo el Club Deportivo Los Millonarios dueño de sus derechos deportivos, lo cedió en calidad de préstamo a la Asociación Deportiva Unión Magdalena, con quien suscribió dos contratos: uno titulado como de trabajo, por el que devengaba $615.595, mensuales, y otro rotulado como civil de compra y venta de publicidad, por el que pactó percibir por toda su vigencia $63’000.000, pero el cual hacía parte de su relación laboral, llamado así sólo por evadir las cargas salariales y prestacionales a que tiene derecho; y en que no obstante que los dos se suscribieron por la anualidad de 1999, el club cesionario de sus derechos deportivos lo terminó anticipadamente y de manera unilateral aduciendo deficiente rendimiento, y presentándole liquidaciones por el período del 5 de enero al 12 de mayo de 1999 que él en manera alguna aceptó, pues no eran las que correspondían y desconocían la unidad contractual laboral que ejecutó y por la cual deben responder solidariamente los demandados, habida cuenta de la cesión a título de préstamo por el Club Deportivo Los Millonarios, su club de origen, y por haberlo previsto las sentencias C-320 de 1997, C-984 de 1994, T-029 de 1999, T-123 de 1998 y T-371 de 1998, expedidas por la Corte Constitucional.

II. Contestación a la demanda.

La Asociación Deportiva Unión Magdalena, aun cuando aceptó la prestación de servicios personales del demandante, alegó que lo fue por cesión en préstamo entre el 5 de enero y el 26 de abril de 1999, fecha última en que terminó el contrato de trabajo con justa causa. Desconoció la naturaleza laboral del contrato de publicidad y afirmó que al terminarse la venta de publicidad por parte del actor, con la finalización del contrato de trabajo, éste allí también acabó. Agregó que efectuó las liquidaciones correspondientes pero el actor se negó a su recibo. Se opuso a las pretensiones del demandante y formuló excepciones con el carácter de previas.

El Club Deportivo Los Millonarios, inicialmente representado por curador ad litem, aunque reconoció tener los derechos deportivos del jugador y haberlos cedido en calidad de préstamo, aseveró que la terminación del contrato de trabajo con el club cesionario conllevaba la del de publicidad, siendo de uso acostumbrado en el medio la concurrencia de relaciones civiles y laborales respecto de un mismo jugador. Propuso la excepción de falta de vinculación obligacional.

III. Sentencia de primera instancia.

Fue dictada el 27 de octubre de 2006, y con ella el Juzgado absolvió a los demandados de todas las pretensiones del actor, a quien impuso el pago de las costas.

IV. Sentencia del tribunal.

La alzada se surtió por apelación del hoy recurrente y terminó con la sentencia atacada en casación, mediante la cual el Tribunal revocó la del juzgado y, en su lugar, condenó solidariamente a los demandados a pagar al actor $2’069.251,57, por concepto de cesantía y $87.598,32, por concepto de sus intereses; $1’034.625,78, por concepto de vacaciones, suma que dijo debía ser indexada; $2’069.251,57, por concepto de prima de servicios; $2’932.797,78, por concepto de preaviso, suma que también dijo debía ser indexada; $22’655.916,50, por concepto de salarios insolutos; y $195.519,83 diarios, a partir del 13 de mayo de 1999 y hasta el pago íntegro de lo adeudado, por concepto de indemnización moratoria. Los absolvió de las demás pretensiones formuladas en su contra” y les impuso el pago de las costas de segundo grado.

Para ello, resaltó que la controversia a resolver se orientaba a elucidar “la naturaleza jurídica que rigió la relación de trabajo entre las partes”, pero respecto de la cual el juzgado había desatinado al reducirla “a comparar las obligaciones allí contenidas —en el contrato de publicidad— con las señalas en el contrato laboral”, cuando el objeto del proceso era “la deslegitimación de dicho acuerdo contractual, representada en la manifiesta intención de la actora en hacer prevalecer el principio de primacía de lo real sobre lo formal, obviamente desconociendo la modalidad contractual civil estipulada”, siendo que obraba en favor del actor la presunción de contrato de trabajo prevista por el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, siempre y cuando acreditara la prestación personal del servicio, “lo que en efecto hizo”.

Criticó el juzgador al a quo el haber concluido la independencia de los dos contratos suscritos con base en su literalidad, a pesar de que “de esa lectura es precisamente donde se desprende la unidad de vínculo o idéntica cuerda contractual alegada”, pasando a subrayar las expresiones del mentado contrato de publicidad, las cuales asentó referían “que la actividad publicitaria o de comercialización se encontraba íntimamente ligada al contrato de trabajo, al punto de redactarse como una obligación principal del trabajador”.

Para el juez de la alzada, el dicho contrato de publicidad “se limitó a reglamentar el alcance de esos literales o) y q) del literal (sic) primero del contrato de trabajo”, argumento que cobraba más fuerza al comparar las faltas calificadas de graves en el uno y en otro: del contrato de trabajo las d), g), k) e i) y las del contrato de publicidad las b), e), k) e i).

Sostuvo, entonces, que “dicho contrato civil, por virtud del principio de la realidad, constituía un simple anexo integrante del contrato de trabajo”, lo que explicaba que en los testimonios de Raúl Gacha Ramírez, Wilmides Cotes Fuentes y Jorge Eliécer Franco Pineda, de los cuales destacó algunas de sus expresiones, como lo alegara el apelante, “se ratifica que el jugador no realizaba actividades publicitarias, fuera de portar el uniforme o dotación de trabajo que llevaba la publicidad impuesta por su empleador, bien en los entrenamientos, en los espectáculos deportivos o en cualquier otro evento que representara al Club”. Señaló haber obrado en sentido similar al antedicho la misma Sala en decisión anterior que citó.

Asentó que conforme a “la aceptación del Club Deportivo Los Millonarios y la Asociación Deportiva Unión Magdalena a los hechos segundo y tercero de la demanda, se tiene que para el año 1999 los derechos deportivos del actor pertenecían al Club Deportivo Los Millonarios, quien los cedió en calidad de préstamo a la Asociación Deportiva Unión Magdalena entre el 5 de enero y el 12 de mayo de 1999”, surgía la reclamada responsabilidad solidaria de las demandadas, en atención a los criterios contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional T-029 de 1999, que in extenso transcribió, frente a los cuales no hallaba lugar la alegación del demandado Club Deportivo de Los Millonarios, en cuanto a que en virtud del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo no estaba llamado a responder mientras perduró el vínculo con la Asociación Deportiva Unión Magdalena, dado que, “difiere la Sala de esa comprensión sobre la responsabilidad solidaria, porque es la misma postura constitucional la que zanja el alcance de la atipicidad contractual”, copiando enseguida las expresiones de esa corporación sobre su criterio en torno de dicha temática, consignados en la mentada providencia de tutela.

Con fundamento en lo así concluido, procedió a efectuar la liquidación de salarios insolutos y demás conceptos incluidos en el fallo, indicando que había quedado acreditada “la mala fe característica de la conducta del empleador”, habida cuenta de que “la Asociación Deportiva Unión Magdalena no logra calificación positiva alguna, considerando que la ficción como opción de desnaturalizar la verdadera relación laboral, tuvo como propósito afectar reales derechos laborales causados a favor del ex trabajador. Ello sin contar que tampoco pagó las acreencias laborales causadas en el contrato laboral que sí aceptó”, pago que pudo hacer conforme a “la facultad que prevé el ordinal 2 del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y consignar ante el juez del trabajo, la suma que confesaba deber”, e indemnización cuyo pago se entendía al Club Deportivo Los Millonarios, por ser “responsable solidario”.

V. El recurso de casación.

En la demanda con la que lo sustenta, que fue replicada únicamente por el actor, el Club deportivo recurrente pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal, en cuanto lo condenó a pagar acreencias laborales en solidaridad con el otro demandado, y que en sede de instancia confirme la sentencia de primer grado, en cuanto lo absolvió de las dichas condenas, o en subsidio de lo anterior, en cuanto lo absolvió del pago de la indemnización moratoria.

Para ello le formula tres cargos que la Corte resolverá en el orden propuesto por el recurrente, junto con lo replicado.

VI. Primer cargo.

Acusa la sentencia de infringir directamente los artículos 67, 68, 69 y 70 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 8º y 19 de la Ley 153 de 1887, 65, 127, 186, 189, 249, 253 y 306 del citado código; y 1º de la Ley 52 de 1975; el último inciso del ordinal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965 y los artículos 1568 a 1580 del Código Civil.

En la demostración del cargo sostiene el recurrente que el Tribunal pregonó su solidaridad con la Asociación Deportiva Unión Magdalena con fundamento en una interpretación de dicha figura que hiciera la Corte Constitucional, olvidando “que esa solidaridad según el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo es de obligaciones a cargo del Club Deportivo Los Millonarios al momento en que contrató al actor la Unión Magdalena, pero no prevé la norma que obligaciones del nuevo patrono (Unión Magdalena) sean cubiertas por el antiguo patrono (Los Millonarios)”.

En sentir del recurrente, el juez de la alzada “cita la norma respectiva pero se rebela a aplicarla con una interpretación exagerada de la sentencia de la Corte a la cual se remite inventando una circunstancia que no contempla la ley laboral”.

VII. La réplica.

El opositor dice que en el cargo no se acreditan las violaciones de la ley anunciadas y se desconoce la jurisprudencia que en materia de derechos laborales de los deportistas profesionales se ha proferido en los Tribunales y Cortes nacionales.

VIII. Consideraciones de la Corte.

Para resolver el cargo basta recordar que el tribunal, luego de concluir la unidad contractual laboral pregonada en la demanda inicial respecto de los dos contratos que entre el actor y la Asociación Deportiva Unión Magdalena extendieron cuando éste fue cedido en calidad de préstamo deportivo por el Club Deportivo Los Millonarios, cesión que tuvo como “realidad no controvertida”, asentó que surgía la reclamada responsabilidad solidaria de las demandadas, en atención a los criterios contenidos en la sentencia de la Corte Constitucional T-029 de 1999, que in extenso transcribió, frente a los cuales no hallaba lugar la alegación del demandado Club Deportivo de Los Millonarios, en cuanto a que en virtud del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo no estaba llamado a responder mientras perduró el vínculo con la Asociación Deportiva Unión Magdalena, dado que, “difiere la Sala de esa comprensión sobre la responsabilidad solidaria, porque es la misma postura constitucional la que zanja el alcance de la atipicidad contractual”, copiando enseguida las expresiones de esa corporación sobre su criterio en torno de dicha temática, y consignados en la mentada providencia de tutela.

Salta de bulto, entonces, que el tribunal no se sustrajo a aplicar el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo para dirimir la responsabilidad solidaria de las demandadas en relación con las acreencias laborales del demandante, sino todo lo contrario, lo tuvo en cuenta, pero dentro de la hermenéutica que encontró plasmada en la Sentencia T-029 de 1999 emitida por la Corte Constitucional, la cual le fue suficiente para sostener que “la comprensión sobre la responsabilidad solidaria” que del mentado artículo 69 planteaba el demandado no le era aceptable, pues la postura del juez constitucional, la que subrayó a lo largo y ancho del texto de la providencia que citó, superaba, a su manera de ver, el alcance de la atipicidad contractual que estudió”, que fue la alegada por el demandado, y que ahora vuelve a plantear en la sede de casación.

Así las cosas, no fue que el tribunal ignoró la existencia del artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, que regula la responsabilidad que tienen el antiguo y nuevo empleador sobre los créditos del trabajador, pues a él expresamente se refirió; ni que desatendió su validez y contra su aplicación se rebeló, sino, cosa bien distinta, que la comprensión que planteó el demandado no le satisfizo, pues encontró que la propuesta por la Corte Constitucional en el fallo sobre el contenido de la norma la superaba, de donde dijo dejarse seducir por ella.

Luego, el defecto que respecto de la mentada preceptiva debió plantearse por el recurrente, no podía ser el de la infracción directa de la norma, sino el que atañe a la inteligencia que dimana de su contenido, por provenir la decisión de una particular comprensión o hermenéutica de la norma. Como a la Corte no le es dado reorientar el sentido del ataque en casación, ni en el cargo se brindan los argumentos suficientes que permitieran interpretar que éste se dirigió en el sentido adecuado, así se hubiera rotulado en principio de manera equivocada, no le queda más que decir que la infracción de la ley que se denuncia no fue demostrada por el impugnante.

No sobra decir a la Corte que el mismo recurrente pareciera entender que la modalidad de violación de la ley que predica del fallo atacado, en cuanto al tema que ocupa el cargo, no lo es idóneamente el de la infracción directa de la ley, sino otra, al afirmar que ésta se produjo al asumir “una interpretación exagerada de la sentencia de la Corte a la cual se remite inventando una circunstancia que no contempla la ley laboral”, de donde se insinúa la aceptación de este de que sí se tuvo en cuenta la norma por parte del Tribunal, pero le atribuye al juzgador “una interpretación exagerada”, aun cuando no de la norma misma sino del texto del fallo de la Corte Constitucional, con el efecto de ‘inventarse’ por el juzgador “una circunstancia que no contempla la ley laboral”, lo que al fondo pareciera significar que lo que se produjo en el razonamiento judicial fue un desacierto, pero no en relación con la existencia o validez de la norma, ni tan siquiera con su contenido, sino en relación con la diagnosis del hecho o hechos que acoge la norma, lo cual rebelaría, siguiéndose ese sinuoso discurso, una tercera modalidad de violación claramente distinta a la planteada en el ataque y, por supuesto, totalmente excluyente de la realmente propuesta y de la que fuera idónea al cargo.

De lo que viene, no prospera el cargo.

IX. Segundo cargo.

Acusa la sentencia de aplicar indebidamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 67, 68, 69, 70, 127, 249, 253 y 306 del citado código; y 1º de la Ley 52 de 1975; y el último inciso del ordinal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965, a causa de los siguientes errores de hecho:

“1. Dar por establecido, en forma contraria a la evidencia, que la conducta de mi representado en relación con las obligaciones laborales con el demandante, la hicieron incurrir en los campos de mala fe.

2. En sentido inverso, no dar por establecido, estándolo, que la demanda (sic) observó, una conducta de buena fe, pues no era obligación del Club Deportivo Los Millonarios pagar salarios y prestaciones que no le eran exigibles”.

Como medios de prueba mal apreciados indica la demanda inicial (fl. 13), la confesión contenida en la contestación a la misma por la Asociación Deportiva Unión Magdalena al hecho 8 de la demanda inicial (fl. 68), las liquidaciones obrantes a folios 1 y 2, la carta de folios 3 a 4, los contratos de trabajo de folios 7 a 9 y las declaraciones de Raúl Gacha Ramírez, Wilmides Cotes y Jorge Eliécer Franco (fls. 158 a 163, 165 a 167 y 171 a 174).

La demostración del cargo se contrae a la aseveración del recurrente de que el Tribunal le impuso la condena al pago de salarios caídos sobre el supuesto de ser solidario con el empleador del actor, y de que “su actitud es de mala fe al no consignar lo que confesó deber Unión Magdalena según la confesión y los documentos enlistados en el cargo; las declaraciones o testimonios se incluyen por haber sido citadas en la sentencia acusada, pero ellas en parte alguna se refieren al Club Deportivo Los Millonarios”, es decir, “no puede existir mala fe de mi representado cuando no tenía obligaciones que había reconocido un tercero”.

X. La réplica.

El opositor afirma que aparte de no demostrarse la violación de las normas que se endilga en el cargo, olvida el recurrente que él era el titular de sus derechos deportivos y que lo cedió en préstamo a la Asociación Deportiva Unión Magdalena, de donde no es dable predicar desprendimiento de sus obligaciones con él como su trabajador.

XI. Consideraciones de la Corte.

El tribunal no predicó mala fe en el comportamiento contractual laboral del Club Deportivo Los Millonarios. Como bien se recuerda, la reflexión que hizo sobre la conducta patronal la enmarcó, única y exclusivamente, a la desplegada frente al trabajador por la Unión Deportiva Unión Magdalena, respecto de lo cual asentó que había quedado acreditada “la mala fe característica de la conducta del empleador”, habida cuenta de que “la Asociación Deportiva Unión Magdalena no logra calificación positiva alguna, considerando que la ficción como opción de desnaturalizar la verdadera relación laboral, tuvo como propósito afectar reales derechos laborales causados a favor del ex trabajador. Ello sin contar que tampoco pagó las acreencias laborales causadas en el contrato laboral que sí aceptó”, pago que pudo hacer conforme a “la facultad que prevé el ordinal 2 del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y consignar ante el juez del trabajo, la suma que confesaba deber”.

De consiguiente, con total independencia de lo que pudieran mostrar los medios de prueba que indica el cargo, sobre los cuales, entre otras cosas, se queda absolutamente corto el ataque pues no discrimina o precisa los defectos que de su apreciación individualmente se desprenden, lo cierto es que su estudio a nada conduciría, por ser inequívoco que la conducta patronal del recurrente no fue objeto de análisis alguno por el juzgador, habida consideración de que la obligación indemnizatoria no la derivó el Tribunal, en su caso, sino de su mera calidad de “responsable solidario”, tal y como literalmente lo dejó asentado.

Luego, si pudo incurrir el juez de la alzada en algún yerro al proceder en tal sentido, no sería por incursionar en equivocados razonamientos de orden probatorio, relativos al proceder patronal del impugnante, sino por tenerlo como ‘responsable solidario’ de esa particular acreencia, cuestión que en manera alguna sería posible resolver por la vía por la que se enderezó el ataque, que fue la de los hechos del proceso, sino por entrañar tal razonamiento criterios de orden jurídico que imponían haberse orientado por la vía directa de violación de la ley. Como así no se hizo, el cargo deviene totalmente infundado.

XII. Tercer cargo.

En este ataque acusa la sentencia por interpretar erróneamente el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 67, 68, 69, 70, 127, 249, 253 y 306 del citado código; 1º de la Ley 52 de 1975; y el último inciso del ordinal a) del artículo 7º del Decreto 2351 de 1965.

El argumento que sostiene el cargo se cimenta en que el juez de la alzada “aplicó el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo en forma automática, con relación al Club Deportivo Los Millonarios sin entrar a dilucidar las razones de la parte demandada para no pagar los salarios y prestaciones que según la sentencia del ad quem es la causa de la condena por indemnización moratoria”. Esto es, agrega el recurrente, “analiza el ad quem la mala fe de Unión Magdalena, porque dejó de consignar lo que confesó deber en las liquidaciones de los folios 1 y 2 pero no dijo nada de la buena fe del Club Los Millonarios, ajeno a las deudas de Unión Magdalena y supuestamente a favor del actor”.

Insiste el recurrente en que el tribunal “omitió el análisis indispensable para valorar la buena fe del Club Los Millonarios que siempre creyó no deber al actor obligaciones que pertenecían supuestamente a otro Club Deportivo, y por causa de unos contratos celebrados por un tercero y esto llevó al ad quem a la interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y producir condena automática contra el Club Deportivo Los Millonarios”.

XIII. La réplica.

Además de reprochar al cargo no probar la violación de las normas que indica, el replicante aduce que en el fallo el tribunal expuso las razones y motivos para imponer la condena atacada, con invocación de la jurisprudencia proferida por las Cortes en relación con los vínculos laborales de los deportistas profesionales y los clubes deportivos.

XIV. Consideraciones de la Corte.

Para desestimar el cargo bastaría decir que la conducta patronal del recurrente no fue objeto de análisis en el fallo atacado, pues, como se dejó anotado al desatar el anterior ataque, la razón que motivó al juez de la alzada para extender la responsabilidad sobre el pago de la indemnización moratoria que allí estudió, como la de las demás acreencias que liquidó en su decisión, fue la de tenerlo como obligado “solidario”, en virtud de adoptar el criterio que la Corte Constitucional plasmó en la Sentencia T-029 de 1999, que in extenso transcribió.

Para nada se refiere el recurrente a tal situación, por manera que deja desprovisto de todo ataque el verdadero fundamento del fallo para cobijarlo con la obligación de pagar, además de los salarios y prestaciones sociales que liquidó, el valor de la indemnización moratoria de que trata el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Siendo ello así, dicho fundamento queda indemne y con él, la sentencia conserva a plenitud, en cuanto a ese aspecto, las presunciones de acierto y legalidad que la cobijan.

No obstante, en aras de la uniformidad de la jurisprudencia que se debe a los fallos de la Corte, importa recordar que, en tratándose del fenómeno jurídico sustancial de la solidaridad obligacional, la jurisprudencia de la Sala ha asentado con suficiencia que la conducta del así obligado no es eximente de esa responsabilidad, pues, en tales casos, a quien obra como responsable solidario de obligaciones laborales, que no como directo empleador, se le tiene, simplemente, como garante de las obligaciones prestaciones y salariales que a aquél le compete sufragar a la terminación del contrato de trabajo y que, sin razón atendible o medianamente razonable, se sustrae a cumplir oportunamente, en los términos del artículo 1568 del Código Civil, con la posibilidad legal de repetir lo pagado contra el directo empleador, por virtud de la subrogación prevista en el artículo 1579 del mismo estatuto sustancial civil.

En efecto, en sentencia de la Corte de 1º de junio de 2006 (Rad. 25.945), aun cuando refiriéndose a un municipio ‘responsable solidario’, por ser adquirente de pasivos laborales de servidores públicos de uno de los entes públicos de su territorialidad, a ese específico respecto precisó la Corte:

“En cuanto tiene que ver con la responsabilidad del tercero adquirente de pasivos laborales, como lo es la indemnización por mora, la Corte ha considerado, esencialmente: 1) que si el tercero no limita o restringe su responsabilidad al momento de constituirse en deudor, responde por todo el monto de la obligación; y 2) que en la anterior circunstancia no le está dado alegar razones atendibles particulares para justificar la sustracción al pago de los salarios y prestaciones sociales —y en el caso de los servidores públicos adicionalmente indemnizaciones— debidos a la terminación del vínculo laboral, habida consideración que las aceptadas por la jurisprudencia como susceptibles de exonerar la condena al pago de la indemnización por mora son las que competen exclusivamente al empleador.

En similar sentido al aquí indicado, se pronunció la Corte en sentencia de 29 de noviembre de 2005 (Rad. 23.657), en los siguientes términos:

...El anterior planteamiento impone a la Corte precisar su criterio sobre la viabilidad de la sanción moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, que sustituyó el artículo 52 del Decreto 2127 de 1945, reglamentario de la Ley 6ª de 1945, frente a los terceros que asumen los pasivos laborales del empleador público, conforme a los siguientes razonamientos:

Hasta ahora ha sido posición clara para la doctrina y la jurisprudencia que las sanciones imponibles al empleador público o privado que no paga a la terminación de la relación de trabajo —con las excepciones temporales que en el sector público prevé también el mismo legislador— los salarios y prestaciones sociales debidos —y en el caso de los trabajadores oficiales además las indemnizaciones—, no son de carácter automático e inexorable, bajo el entendido de que, en cada caso, debe examinarse por el jugador la conducta del empleador con el propósito de establecer si tuvo razones atendibles para sustraerse en ese momento al cumplimiento de esa obligación.

Posición similar se ha planteado cuando quiera que es un tercero, llámese beneficiario de la obra, deudor solidario, etc., quien, por disposición legal, acto administrativo o particular asume las obligaciones laborales del empleador, caso en el cual la jurisprudencia venía considerado que, en últimas, por tenérsele como un sustituto del empleador, debía permitírsele alegar su buena fe a efectos de liberarse de ese gravamen laboral. Por ese camino, se había sostenido que le era posible al tercero alegar su propia buena fe.

Recientemente, en providencia mayoritaria (Sent. mayo 6/2005. Rad. 22.905), la Corte concluyó al respecto que “...es la buena o mala fe del empleador, o sea del contratista, la que debe analizarse para efectos de imponer la sanción moratoria y no la de su obligado solidario”, sobre el supuesto de que “...la culpa que genera la obligación de indemnizar es exclusiva del empleador, lo que ocurre es que, por virtud de la ley, el dueño de la obra se convierte en garante del pago de la indemnización correspondiente, no porque se le haga extensiva la culpa, sino por el fenómeno de la solidaridad, que, a su vez, le permite a éste una vez cancele la obligación, subrogarse en la acreencia contra el contratista, en los términos del artículo 1579 del Código Civil ...” (ibídem).

De lo dicho, debe concluirse, de una parte, que para evitar la llamada ‘sanción moratoria’ al tercero no le es dable alegar razones propias para eludir el pago de los citados conceptos laborales y, de otra, que no habiendo acreditado que las que tuvo el empleador para ese mismo efecto resultaban ‘atendibles’, la aludida sanción le será imponible.

Además, dicho criterio conduce inexorablemente a considerar equivocada la conclusión del Tribunal de que por el hecho de asumir el tercero los pasivos laborales, cesa ipso facto la generación de la sanción moratoria.

En efecto, siendo el pago ‘la prestación de lo que se debe’, tal y como lo reza el artículo 1626 del Código Civil, al adquirir el tercero la obligación de solucionar el crédito laboral no debe más ni menos que lo que competía a su deudor legal. Y si entre los débitos del empleador está la sanción por mora por el no pago de prestaciones sociales y salarios, y en algunos casos el de indemnizaciones, de no solucionarlos al momento de adquirir esos pasivos, lo lógico es que el estado de mora persista y que las sanciones legales que castigan ese estado se sigan generando hasta cuando dicho pago se cumpla total y efectivamente. Por manera que, siguiendo esa línea de pensamiento, bien puede afirmarse que el estado de mora de las deudas laborales y su sanción no penden propiamente de la identidad de quien en algún momento funge como deudor, sino, cuestión bien distinta, de su efectiva solución.

Aun cuando por regla general de derecho un tercero ‘puede’ —o en algunos casos ‘debe’— pagar por otro, el pago que ‘soluciona’ efectivamente la obligación no puede hacerse de manera deficitaria por el nuevo deudor, sino en las precisas condiciones en que adquirió la obligación. Por tanto, en tratándose de la sanción moratoria laboral, el punto final de esta obligación laboral acaece cuando se hace efectivo el pago de los salarios y prestaciones sociales del trabajador —y en el caso del trabajador oficial también el de las indemnizaciones—, por lo que, hasta que tal hecho no ocurra, se seguirá generando la pluricitada sanción.

De acuerdo a lo discurrido, en este caso, incurrió el tribunal en los yerros jurídicos que le endilga el cargo, pues, a pesar de no ser motivo de discusión en el proceso que: 1) el municipio de Buenaventura asumió el pasivo laboral del Fondo de Pasivos de las Empresas Públicas Municipales de Buenaventura ‘sin restricción alguna’ –Acuerdo 85 de 29 de diciembre de 2000, folios 70 a 72; 2) que a los aquí recurrentes se les adeudaba a ese momento, amén de salarios y prestaciones sociales, el auxilio de cesantía en los montos que en la sentencia indicó —numeral 1º del fallo—; y 3) que en el proceso no se alegaron razones atendibles por el Fondo de Pasivo de la Empresas Públicas de Buenaventura, que fue el directo empleador, para abstenerse de pagar en debida forma a la terminación de los contratos de trabajo que dio por probados los salarios y prestaciones sociales debidos, negó el pago de la sanción moratoria, porque el demandado “no fue el empleador directo de los trabajadores ...” (fl. 128 cdno. 2); y por cuanto “quedó demostrado que el municipio está en proceso de reestructuración de pasivos desde febrero 05 de 2001, en el cual no puede reconocer ni pagar ningún tipo de obligación o acreencia preexistente al Acuerdo, a favor de ninguna entidad pública o privada, personal natural o jurídica, excepto que la misma provenga de decisiones judiciales en forma o de disposición legal (ibídem) (subrayado fuera del texto(sic)).

Por manera que, con independencia de no haber sido el demandado el empleador directo de los demandantes sino fungir apenas como tercero en la relación laboral, o de haber entrado a partir de julio de 2001 —folio 35—, esto es, con posterioridad a la fecha en que adquirió las obligaciones, en suspensión de pagos por virtud del procedimiento previsto en la Ley 550 de diciembre 30 de 1999, ‘por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley’, es lo cierto que no contaba con excusa para sustraerse al reconocimiento y pago de obligaciones laborales que se habían causado y hecho exigibles con anterioridad, es decir, a partir de la terminación de los vínculos laborales con los aquí recurrentes y una vez vencido el término de gracia que para tal pago le concede el mentado artículo 1º del Decreto 797 de 1949. Lo dicho, más aún cuando quiera que para cuando empezó el aludido procedimiento ya estaba incurso en mora en el pago de las alegadas acreencias”.

En atención a lo dicho, y teniéndose claro que el Club Deportivo Los Millonarios fue condenado por la sentencia de segundo grado, no en virtud de ser empleador directo del actor, sino ‘responsable solidario’ de quien según el fallo atacado así obró, no constituyó un yerro jurídico del tribunal el no auscultar su conducta al momento de terminar el vínculo laboral en discusión, respecto del no pago de lo debido al trabajador.

Costas en el recurso a cargo del recurrente. Como agencias derecho téngase la suma de $6’000.000,00.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2008 por el Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Descongestión), en el proceso que Álvaro Orlando Aponte Rojas promovió contra el Club Deportivo Los Millonarios y la Asociación Deportiva Unión Magdalena.

Costas, como se dijo en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen.

Magistrados: Luis Gabriel Miranda Buelvas —Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy Del Pilar Cuello Calderón—Rigoberto Echeverri Bueno—Carlos Ernesto Molina Monsalve.