Sentencia 3993 de marzo 20 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD

EXTRACTOS: «Se tiene entonces que el Decreto 1909 de 1992 entró en vigencia el 1º de enero de 1993 y consagra una multa a imponer equivalente al 50% del valor de la mercancía, mientras que el Decreto 1105 de 1992 estableció el valor de la multa en un 200% del valor de la mercancía.

Alega el apoderado de la sociedad demandante que si bien es cierto que los hechos se sucedieron en diciembre de 1992, también lo es que los cargos fueron formulados en marzo de 1993 y las resoluciones fueron expedidas en el mismo año, considerando por lo tanto que la norma a aplicar era el Decreto 1909 de 1992, pues la voluntad de la administración se configuró con la decisión que puso fin al trámite gubernativo.

Sobre el particular, la Sala debe observar que por regla general, toda actuación debe regirse por la ley vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política que consagra el debido proceso, estatuye:

“ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

“En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable...” (las negrillas son de la Sala).

De la norma arriba transcrita se infiere que para garantizar el debido proceso, la norma a aplicar, por regla general, es la vigente al momento de la ocurrencia de los hechos.

Lo anteriormente expuesto tiene una excepción: en materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

A su vez, ha sido jurisprudencia reiterada de esta corporación que en materia sancionatoria, al igual que en materia penal, se debe aplicar el principio de la favorabilidad (*).

(*) El criterio de la Sección Cuarta es diferente, como puede verse en la sentencia publicada en J. y D., Nº 276, págs. 1563 y ss. (N. del D.).

En el caso sub examine, si bien es cierto que los hechos ocurrieron el 1º de diciembre de 1992, es decir, cuando aún estaba vigente el Decreto 1105 del mismo año (que contempla una multa equivalente al 200% del valor de la mercancía), también lo es que antes de haber sido proferidas las resoluciones acusadas entró en vigencia el Decreto 1909 de 1992, el cual contempla una sanción más favorable que la contenida en el primero de los citados (50% del valor de la mercancía).

En consecuencia, al haber sido expedidas las resoluciones acusadas bajo la vigencia del Decreto 1909 de 1992, el cual consagra una sanción más favorable, la Sala considera que la multa a imponer a la sociedad actora debió corresponder al 50% del valor de la mercancía determinado en el aforo realizado por la administración, y por ello declarará nulos los actos demandados, pero sólo en cuanto impusieron a la demandante una sanción del 200% del valor de la mercancía.

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 170 del CCA le es permitido al juez contencioso administrativo “...estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas, y modificar o reformar éstas”, la Sala no accederá al restablecimiento del derecho en la forma impetrada por la demandante, sino que modificará el artículo 1º de las resoluciones acusadas, en el sentido de que la multa impuesta a la sociedad actora es la suma de cuarenta millones setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta pesos ($ 40.753.440), equivalente al 50% del valor de las mercancías determinado en el aforo realizado por la administración».

(Sentencia de marzo 20 de 1997. Expediente 3993. Consejero Ponente: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez).

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