Sentencia 3996 de febrero 28 de 2008 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD Y VÍNCULO DEL MATRIMONIO

Prueba de estas situaciones en los procesos electorales.

EXTRACTOS: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Código Civil, el parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por vínculos de la sangre. El parentesco puede ser por línea paterna, esto es, “la que abraza los parientes por parte de padre”, o por línea materna, es decir, “la que comprende los parientes por parte de madre” (art. 45, ibídem). En ese sentido,

“los hermanos pueden serlo por parte de padre y de madre, y se llaman entonces hermanos carnales; o solo por parte de padre, y se llaman entonces hermanos paternos; o solo por parte de madre, y se llaman entonces hermanos maternos o uterinos” (art. 54, ibídem).

A su turno, el matrimonio es tratado por la Constitución y la ley como vínculo jurídico para constituir una familia de manera permanente y estable (C.N., art. 42 y C.C., art. 113).

Ahora bien, para efectos de precisar las reglas a las cuales se encuentra sometida la prueba del parentesco de consanguinidad y la del vínculo por matrimonio, conviene recordar las normas que regulan la prueba del nacimiento, en cuanto hecho que determina el parentesco de consanguinidad, y la del matrimonio, en cuanto acto a partir del cual surge el vínculo conyugal.

En ese orden de ideas, sea lo primero recordar que, según definición legal, el estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones (D. 1260/70, art. 1º) y que deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos (art. 2º, ibídem).

Tal referencia a la definición legal del estado civil resulta pertinente porque, de conformidad con la ley, el nacimiento y el matrimonio hacen parte del catálogo de hechos y actos relativos al estado civil de las personas. En efecto, el artículo 5º del Decreto 1260 de 1970, hace mención de algunos de ellos en los siguientes términos:

“ART. 5º—Inscripción en el registro civil. Los hechos y los actos relativos al estado civil de las personas, deben ser inscritos en el competente registro civil, especialmente los nacimientos, reconocimientos de hijos naturales, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimos, manifestaciones de avencidamiento, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, así como los hijos inscritos, con indicación del folio y el lugar del respectivo registro” (destaca la Sala).

De manera que, por tratarse de hechos y actos relativos al estado civil de las personas, tanto la prueba del nacimiento como la del matrimonio se encuentran sometidas a la tarifa legal definida en cada una de las disposiciones que históricamente han regido la prueba de los hechos y actos que determinan el estado civil, así:

En la redacción original del Código Civil:

“ART. 346.—El estado civil es la calidad de un individuo, en cuánto le habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles.

ART. 347.—Dicha calidad deberá constar en el registro del estado civil, cuyas actas serán las pruebas del respectivo estado.

ART. 348.—Los notarios públicos en los Estados y en los territorios, o los funcionarios llamados a sustituirlos, son los encargados de llevar el estado civil de las personas. Lo que en este título se dice de los notarios es aplicable a los que deben llenar sus funciones en los territorios.

ART. 349.—En dicho registro se asentarán:

1 . Los nacimientos;

2 . Las defunciones;

3 . Los matrimonios;

4 . El reconocimiento de hijos naturales, y

5 . Las adopciones.

ART. 395.—La falta de los referidos documentos podrá suplirse en caso necesario por otros documentos auténticos, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y en defecto de estas pruebas, por la notaria posesión de este estado civil.

ART. 398.—Para que la posesión notoria del estado civil se reciba como prueba del estado civil, deberá haber durado diez años continuos, por lo menos”.

En la Ley 57 de 1887, vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial Nº 7.019 del 20 de abril de 1887:

“ART. 22.—Se tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil, respecto de nacimientos, ó matrimonios, ó defunciones de personas bautizadas, casadas, ó muertas en el seno de la Iglesia católica, las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos, insertando las actas ó partidas existentes en los libros parroquiales. Tales pruebas quedan sujetas á ser rechazadas ó redargüidas y suplidas en los mismos casos y términos que aquellas á que se contrae este título, á las cuales se las asimila. La Ley señala á los referidos párrocos, por derechos de las certificaciones que expidieren conforme á este artículo, ochenta centavos por cada certificación, sin incluir el valor del papel sellado, que será de cargo de los interesados. Los libros parroquiales no podrán ser examinados por orden de la autoridad civil sino á virtud de mandamiento judicial, para verificar determinado punto sometido á controversia, en los mismos casos en que las leyes facultan á los jueces para decretar la inspección parcial de los libros de las notarías públicas” (ortografía del original).

En la Ley 153 de 1887, vigente a partir de su publicación en los Diarios Oficiales números 7.151 y 7.152 del 28 de agosto de 1887:

“ART. 22.—Las pruebas del estado civil legitimado desde época pretérita por la ley posterior se subordinarán al mismo principio que se reconoce como determinante de la legitimidad de aquel estado.

ART. 39.—Los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere.

ART. 79.—Respecto de matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo y que deban surtir efectos civiles conforme a la presente ley y a la 57 de 1887, se tendrán como pruebas principales las de origen eclesiástico, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 22 de la misma Ley 57”.

En la Ley 92 de 1938, vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial Nº 23.803 del 15 de junio de 1938:

“ART. 18.—A partir de la vigencia de la presente ley solo tendrán el carácter de pruebas principales, del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley.

ART. 19.—La falta de los respectivos documentos del estado civil podrá suplirse, en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos curas párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o de defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia Católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y, en defecto de estas pruebas, por la notoria posesión de ese estado civil”.

Finalmente, en el Decreto-Ley 1260 de 1970, vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial Nº 33.118 del 5 de agosto de 1970:

“ART. 105.— Los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos.

En caso de pérdida o destrucción de ellos, los hechos, y actos se probarán con las actas o los folios reconstruidos o con el folio resultante de la nueva inscripción conforme a lo dispuesto en el artículo 100.

[Modificado por el artículo 9º del Decreto 2158 de 1970]. Y en caso de falta de dichas partidas o de los folios, el funcionario competente del estado civil, previa comprobación sumaria de aquella, procederá a las inscripciones que correspondan abriendo los folios, con fundamento, en su orden: en instrumentos públicos o en copias de partidas de origen religioso, o en decisión judicial basada, ya sea en declaraciones de testigos presenciales de los hechos o actos constitutivos de estado civil de que se trate, o ya sea en la notoria posesión de ese estado civil” (destaca la Sala).

La descrita evolución normativa fue interpretada por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos (4) :

“En el régimen primigenio del Código Civil solo tenían fuerza probatoria las actas asentadas por los notarios o funcionarios asimilados a estos, según lo disponían los artículos 347 y 348 del Código Civil.

Posteriormente, el artículo 22 de la Ley 57 de 1887 le confirió a las actas eclesiásticas igual valor que a las de origen civil; se admitieron, a la sazón, las primeras como pruebas principales del estado civil; (...).

Después, por virtud de la Ley 92 de 1938, el Estado asumió de nuevo el registro civil y redujo los documentos eclesiásticos a la categoría de pruebas supletorias.

Finalmente, el Decreto 1260 de 1970, eliminó de un lado las partidas religiosas como prueba del estado civil, dejándolas como instrumento propicio para el asiento de las inscripciones de los hechos de que dan cuenta, y eso solo bajo ciertos aspectos (...).

Las anteriores normas indican que, acerca de los actos y hechos ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, las pruebas del estado civil deben tener origen en las inscripciones que llevan los respectivos funcionares (sic) estatales, con lo cual el Estado ha asumido el absoluto control de aquellas”.

Y, en aplicación de la regla de hermenéutica del artículo 39 de la Ley 153 de 1887, antes transcrita, en sentencia de ese mismo año la Corte concluyó lo siguiente (5) :

“Con todo, comoquiera que los hechos y actos relativos al estado civil ocurridos bajo la vigencia de la ley anterior pueden ajustarse voluntariamente a las exigencias de la ley posterior, por lo que resulta pertinente que puedan probarse según una u otra ley, pero en todo caso podrán probarse bajo el imperio de otra, por los medios que aquella establecía para su justificación; pero la forma en que debe rendirse la prueba estará subordinada a la ley vigente al tiempo en que se rindiere” (destaca la Sala).

Descendiendo en el análisis, en época más reciente la Corte estableció las siguientes reglas probatorias (6) :

“Ahora bien, en materia de pruebas del estado civil de las personas corresponde al juez sujetarse a las pruebas pertinentes que, según la época en que se realizó el hecho o, acto del caso, determina su aplicación, sin perjuicio de acudirse a los medios probatorios de la nueva ley. Por consiguiente, los estados civiles generados antes de 1938 pueden probarse mediante copias eclesiásticas o del registro civil, y las posteriores a ese año y anteriores al 5 de agosto de 1970, lo pueden ser con el registro civil y, en subsidio, con las actas eclesiásticas; y a partir de esa fecha, solo con copia del registro civil (L. 92/38 y D. 1260/70)” (destaca la Sala).

Las anteriores directrices jurisprudenciales dan cuenta de que, como lo reconoce esa corporación, la prueba de los hechos y actos constitutivos del estado civil

“... corresponde a uno de los casos de excepción a las reglas de la sana crítica y de libertad probatoria, contempladas en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil y que esa misma disposición autoriza, al prever que la aplicación de los referidos principios tiene lugar ‘sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos’. Síguese, entonces que la muerte de una persona es un hecho sometido, en lo que hace a su demostración, a la ‘tarifa legal’, en el entendido de que su acreditamiento solo procede con los específicos documentos señalados en el transcrito artículo 105 del Decreto 1260 de 1970” (7) .

Bajo ese entendido, en reciente oportunidad, la Corte insistió en el sistema de tarifa legal aplicable a estas materias al afirmar que

“... la confesión no puede ser admitida como medio probatorio del estado civil de la demandada —ni siquiera en la legislación anterior se comprendía dentro de las posibles pruebas supletorias— por cuanto, tal como lo dispone el literal c del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, uno de los requisitos para que pueda tenerse como tal es precisamente que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba” (8) .

Ahora bien, en numerosas oportunidades la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que no es posible la configuración de una inhabilidad derivada del vínculo por matrimonio o de parentesco cuando dicho presupuesto no aparece demostrado con el documento público a que se refiere el Decreto-Ley 1260 de 1970, es decir el registro civil de nacimiento o de matrimonio, como única prueba conducente para acreditar los hechos y actos relacionados con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938.

Así lo ha sostenido esta sección (9) , lo mismo que la Sección Primera (10) y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo (11) .

No obstante, en diversos pronunciamientos de esta sección (12) se ha hecho evidente que la interpretación de la expresión “ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938”, contenida en el artículo 105 del Decreto-Ley 1260 de 1970, no corresponde al alcance que a la misma le ha dado la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, en la jurisprudencia de esta sección la expresión “ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938” se ha entendido como si lo previsto en ella significara “ocurridos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938”, o lo que es igual, “ocurridos con posterioridad al 15 de junio de 1938”. Nótese, entonces, que tal interpretación no coincide con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia, para quien la citada frase debe interpretarse como “ocurridos a partir del 5 de agosto de 1970 (13) , fecha a partir de la cual cesó la vigencia de la Ley 92 de 1938, por la publicación ese día del Decreto-Ley 1260 de 1970 que la derogó.

Para mayor claridad, a continuación se transcribe, en lo pertinente, uno de los más recientes pronunciamientos de esta Sala al respecto (14) :

“En efecto, el Decreto 1260 del 27 de julio de 1970, publicado en el Diario Oficial 33.118 del 5 de agosto del mismo año, “Por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”, dispone en lo relacionado con la prueba del estado civil de las personas: (...).

De la norma anterior se tiene que bajo toda circunstancia, el estado civil de las personas referido al parentesco, para los nacidos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938, se prueba con copia auténtica de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos por la autoridad respectiva; que esa prueba no se excusa con el hecho del desaparecimiento o la destrucción del registro respectivo, ya que bajo esas circunstancias el legislador no autoriza acudir a prueba supletoria, pues lo propio es proceder a la reconstrucción del registro destruido, evento para el cual sí es posible tomar como base las partidas de origen religioso. La única posibilidad que admite el ordenamiento jurídico para acudir a las partidas eclesiásticas para probar el estado civil de las personas, está referida a los hechos y actos ocurridos con antelación a la Ley 92 de 1933 [sic], que por supuesto no es el caso que ocupa la atención de la Sala, en virtud a que el nacimiento de los señores (...) ocurrió en los años 1973 y 1957 respectivamente” (destaca la Sala).

En esta oportunidad y a fin de corregir la jurisprudencia de esta sección, en esta oportunidad se advierte que la expresión “ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de 1938”, contenida en el artículo 105 del Decreto-Ley 1260 de 1970, debe interpretarse en el sentido que mejor se ajuste a la dinámica y evolución de la legislación en materia de prueba del estado civil, de acuerdo con los artículos 22 y 39 de la Ley 153 de 1887, antes transcritos, a partir de los cuales es posible afirmar, como lo ha hecho la jurisprudencia civil, que “el estado civil se rige por la ley vigente al momento en que se adquiere” (15) .

Con fundamento en ese criterio, se acogen las reglas jurisprudenciales elaboradas por la Corte Suprema de Justicia al interpretar la evolución normativa en materia de prueba de los hechos y actos relacionados con el estado civil.

Dichas reglas pueden sintetizarse como aparece a continuación:

1. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos al amparo de la Ley 57 de 1887, vigente desde el 21 de abril de 1887 hasta el 15 de junio de 1938, tanto las actas del registro civil como las partidas eclesiásticas tienen idéntica eficacia probatoria (art. 22).

2. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos al amparo de la Ley 92 de 1938, vigente desde el 16 de junio de 1938 hasta el 5 de agosto de 1970, las actas del registro civil son pruebas principales, en tanto que las partidas eclesiásticas son pruebas supletorias (arts. 18 y 19).

3 . Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos al amparo del Decreto-Ley 1260 de 1970, vigente desde el 5 de agosto de 1970, solo el registro civil es admisible como medio de prueba (art. 105), en tanto que las pruebas supletorias a las que se refería la normatividad anterior “podrían obrar hoy solo ante los funcionarios competentes del registro civil, para efectos de reconstruir el registro o abrir uno nuevo” (16) .

Es claro, entonces, que

“La legislación colombiana sobre la prueba del estado civil muestra cierta dinámica y evolución que va pareja con las necesidades y posibilidades del Estado de otorgarle la mayor seguridad jurídica a los diferentes medios probatorios, los cuales inicialmente fueron organizados en pruebas principales y supletorias (estos últimos a falta de aquellos) hasta llegar finalmente al sistema único de prueba del estado civil(17) (destaca la Sala).

Definido lo anterior, corresponde a la Sala verificar la demostración, en el caso concreto, del supuesto fáctico que se analiza en este aparte.

2.1. Del vínculo de parentesco del elegido Ciro Antonio Rodríguez Pinzón con el señor Leonel Rodríguez Pinzón (proceso 3996).

En relación con el vínculo de parentesco que se predica del elegido Ciro Antonio Rodríguez Pinzón con el señor Leonel Rodríguez Pinzón, el demandante aportó con el libelo copia autenticada del registro civil de nacimiento del segundo (f. 44) y, de manera simultánea, solicitó la obtención de copia autenticada del registro civil de nacimiento del primero (num. 6.2.2 del capítulo de pruebas documentales solicitadas, fl. 53). No obstante, el recaudo de este último documento no fue posible por tratarse de un registro incinerado a causa de hechos violentos que tuvieron lugar en el año de 1990 y cuya reconstrucción no ha sido posible de manera oficiosa por las autoridades competentes, tal como detalladamente se reseñó en el capítulo pertinente de los antecedentes de esta providencia.

Ante el imposible recaudo del principal medio de prueba conducente para la demostración de los hechos y actos relacionados con el estado civil del señor Ciro Antonio Rodríguez Pinzón, por auto para mejor proveer del 16 de noviembre de 2007, esta Sala ordenó el recaudo de copia autenticada de la partida eclesiástica de bautizo de ese demandado, la cual fue aportada y obra a folio 398.

Llegado el momento de examinar el mérito probatorio del citado documento eclesiástico, la Sala observa lo siguiente:

Consta en ese documento que el (señor Ciro Antonio Rodríguez Pinzón nació el 16 de marzo de 1966, es decir, en vigencia de la Ley 92 de 1938 —que rigió desde el 16 de junio de 1938 hasta el 5 de agosto de 1970—, según la cual, las actas del registro civil son pruebas principales, en tanto que las partidas eclesiásticas son pruebas supletorias (arts. 18 y 19).

Como el artículo 19 de la Ley 92 de 1938 condicionó el mérito probatorio de las partidas eclesiásticas a “la falta de los respectivos documentos del estado civil”, se tiene que, bajo el régimen probatorio previsto en esa ley, las partidas eclesiásticas pueden ser válidamente examinadas como prueba de un determinado acto sometido al registro civil, siempre y cuando aparezca demostrada la condición legal que les otorga el carácter de prueba supletoria, es decir, “la falta de los respectivos documentos del estado civil”. En este punto resulta ilustrativa la definición de prueba supletoria traída por la doctrina autorizada (18) :

“Desde un punto de vista similar al anterior, puede hablarse de pruebas principales y supletorias o sucedáneas, cuando la ley dispone que solo a falta de las primeras por motivos especiales, es posible probar el hecho con las segundas. En Colombia tenemos un ejemplo en las pruebas del estado civil: solo cuando no existe la partida o acta civil de nacimiento o matrimonio, puede probarse aquel o este con la partida eclesiástica o con la posesión de estado civil; lo mismo ocurre cuando por destrucción del protocolo de una notaría, puede demostrarse la existencia de la escritura pública con la certificación que sobre su registro dé el registrador de tales instrumentos o con copia de otra copia (...).

La prueba supletoria solo tiene valor cuando se demuestra la inexistencia de la principal” (destaca la Sala).

En el mismo sentido, la naturaleza subsidiaria de los medios de prueba enlistados en el artículo 19 de la Ley 92 de 1938 se explicó recientemente por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos (19) :

“Desde luego, no puede perderse de vista que en el campo de la prueba del estado civil, la legislación colombiana ha experimentado cierta dinámica y evolución, según las necesidades y posibilidades del Estado de otorgar mayor seguridad jurídica a los distintos medios probatorios. Así, el artículo 348 del Código Civil, antes de ser derogado por el artículo 123 del Decreto 1260 de 1970, disponía que los “notarios públicos en los Estados y en los territorios, o los funcionarios llamados a sustituirlos, son los encargados de llevar el estado civil de las personas”. A su vez, al entrar en vigencia la Ley 57 de 1887, el artículo 22 declaró que se “tendrán y admitirán como pruebas principales del estado civil”, incluyendo las “defunciones” de las personas muertas en el seno de la Iglesia Católica, “las certificaciones que con las formalidades legales expidan los respectivos sacerdotes párrocos”. De manera que bajo el entendimiento de ser unas y otras pruebas principales, se les confirió idéntica eficacia probatoria, la cual reconocía el otrora artículo 392 del Código Civil, cuando establecía que se presumía la “autenticidad y pureza de los documentos antedichos, estando en la forma debida (...).

El anterior régimen subsistió hasta entrar en vigencia la Ley 92 de 1938, al adoptar como pruebas principales del estado civil, únicamente las actas del registro civil sentadas ante notario (art. 18), al paso que suprimió el carácter de principal de las partidas eclesiásticas, las cuales pasaron a ser supletorias (art. 19), sistema este posteriormente modificado por el Decreto 1260 de 1970, que como se sabe consagró el registro civil como la única prueba idónea del estado civil.

Por consiguiente, como la Ley 92 de 1938 fue derogada por el Decreto 1260 de 1970, quiere ello decir que mientras estuvo vigente dicha ley, la partida eclesiástica de defunción de (...), la cual se presume auténtica, era idónea, como prueba supletoria o subsidiaria, obviamente a falta del registro civil de defunción, para acreditar su muerte, en razón a que tal hecho ocurrió en 1945, mucho más cuando se conoce, que dicho registro no pudo encontrarse por el incendio de los archivos, careciéndose de certeza sobre si fue o no asentado” (destaca la Sala).

En ese orden de ideas, como en este caso se demostró la inexistencia de la prueba principal a que se refiere el artículo 18 de la Ley 92 de 1938, que desapareció por un hecho de fuerza mayor, es viable, jurídicamente y sin reparos, otorgar mérito probatorio a la partida eclesiástica aportada, la cual, de conformidad con el artículo 19 ibídem, tiene el carácter de prueba supletoria de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos en vigencia de esa ley.

Así las cosas, se concluye y queda demostrado que los señores Ciro Antonio y Leonel Rodríguez Pinzón tienen parentesco en segundo grado de consanguinidad, en razón a que son hermanos, pues, según copias autenticadas de la partida eclesiástica de bautismo del primero (fl. 398) y del registro civil de nacimiento del segundo (fl. 44), consta que ambos son hijos del señor Rodrigo Rodríguez y la señora Laid María Pinzón.

2.2. Del vínculo por matrimonio que se predica del elegido Jairo Díaz Contreras y la señora Melva Yaneth Álvarez Vargas (proceso 3998).

En relación con el vínculo por matrimonio que se predica del elegido Jairo Díaz Contreras y la señora Melva Yaneth Álvarez Vargas, el demandante —el mismo del proceso anterior— aportó con la demanda copia autenticada de la partida eclesiástica del matrimonio católico que aquellos contrajeron el 3 de abril de 1993 (fl. 13).

Posteriormente, en cumplimiento a lo dispuesto en auto para mejor proveer, se allegó al proceso copia autenticada del registro civil de matrimonio expedida por la Notaria Tercera del Círculo de Cúcuta, en donde consta que los señores Melva Yaneth Álvarez Vargas y Jairo Díaz Contreras contrajeron matrimonio católico el 3 de abril de 1993 (fl. 390).

Así las cosas, se encuentra demostrado el vínculo de matrimonio que une al elegido Jairo Díaz Contreras con la señora Melva Yaneth Álvarez Vargas».

(Sentencia de 28 de febrero de 2008. Expedientes acumulados 3996, 3998 y 4000. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Torres Cuervo).

(4) Sentencia del 29 de abril de 1988. Gaceta Judicial Tomo CXCII. Primer Semestre.

(5) Sentencia del 12 de julio de 1988. Gaceta Judicial Tomo CXXII. Segundo semestre.

(6) Sentencia del 30 de marzo de 1998, Expediente 5022. Tesis reiterada, entre otras, en sentencias del 5 de mayo de 2000, Expediente 5256; del 25 de agosto de 2000, Expediente 5215; del 24 de octubre de 2001, Expediente 15940; del 1º de abril de 2002, Expediente 6111; del 22 de agosto de 2002, Expediente 6734; del 5 de septiembre de 2002, Expediente 6632; del 7 de marzo de 2003, Expediente 7054; del 1º de agosto de 2003, Expediente 7907; del 8 de marzo de 2004, Expediente 21501; del 13 de octubre de 2004, Expediente 7470; del 23 de noviembre de 2004, Expediente 7512; y del 15 de diciembre de 2006, Expediente 578.

(7) Sentencia del 22 de agosto de 2002. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Expediente 6734.

(8) Sentencia del 8 de marzo de 2004. Sala de Casación Laboral. Expediente 21501.

(9) Sentencias del 6 de diciembre de 1990, Expediente 0464; del 28 de febrero de 1991, expedientes acumulados 0386, 0387 y 0393; del 21 de agosto de 1992, expedientes acumulados 0618 y 0620; del 27 de agosto de 1992, Expediente 0612; del 2 de septiembre de 1992, Expediente 0614; del 7 de octubre de 1992, Expediente 0593; del 26 de octubre de 1992, Expediente 0600; del 26 de febrero de 1993, Expediente 0888; del 18 de marzo de 1993, Expediente 0926; del 26 de marzo de 1993, Expediente 0921; del 5 de octubre de 1994, Expediente 1112; del 22 de septiembre de 1995, Expediente 1356; del 17 de noviembre de 1995, Expediente 1455; del 3 de septiembre de 1998, Expediente 1954; del 28 de octubre de 1999, Expediente 2313; del 24 de noviembre de 1999, expedientes acumulados 1891, 1892, 1894, 1895, 1897, 1909, 1911, 1912 y 1914; del 9 de noviembre de 2001, Expediente 2675; del 14 de diciembre de 2001, Expediente 2749; del 14 de marzo de 2002, Expediente 2754; del 24 de mayo de 2002, Expediente 2859; del 6 de agosto de 2003, Expediente 3123; del 9 de septiembre de 2004, Expediente 3411; del 10 de marzo de 2005, expedientes 3333 y 3486; del 12 de agosto de 2005, Expediente 3648; del 22 de septiembre de 2005, Expediente 3780; del 14 de octubre de 2005, Expediente 3767; del 11 de noviembre de 2005, expedientes acumulados 3177, 3176, 3178, 3183, 3184 y 3238; del 24 de noviembre de 2005, Expediente 3815; del 26 de enero de 2006, expedientes 3604 y 3852; y del 11 de mayo de 2006, Expediente 3922.

(10) Sentencia del 13 de noviembre de 2003, Expediente 8729.

(11) Sentencias del 27 de noviembre de 1997, expediente REVPI-4363; del 9 de junio de 1998, Expediente AC5779; del 1º de febrero de 2000, Expediente AC-7974; del 11 de diciembre de 2001, Expediente S-140; y del 20 de enero de 2004, Expediente PI-1024.

(12) Sentencias del 27 de agosto de 1992, Expediente 0612; del 2 de septiembre de 1992, Expediente 0614; del 5 de octubre de 1994, Expediente 1112; del 17 de noviembre de 1995, Expediente 1455; del 3 de septiembre de 1998, Expediente 1954; del 9 de septiembre de 2004, Expediente 3411; del 22 de septiembre de 2005, Expediente 3780; del 24 de noviembre de 2005, Expediente 3815; y del 26 de enero de 2006, expedientes 3604 y 3852. Todas de la Sección Quinta.

(13) Sentencia del 7 de marzo de 2003, Expediente 7054.

(14) Sentencia del 26 de enero de 2006, Expediente 3852, Sección Quinta.

(15) Sentencia del 21 de octubre de 1997, Expediente 4910. Reiterada en sentencia del 24 de agosto de 2001, Expediente 6396.

(16) Sentencia del 8 de marzo de 2004. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Expediente 21501.

(17) Sentencia del 12 de julio de 1988. Sala de Casación Civil. Gaceta Judicial Tomo CXCII. Segundo semestre.

(18) Hernando Devis Echandía. Teoría general de la prueba judicial. Tomo I. Editorial Temis S.A., Bogotá, Quinta Edición, 2002.

(19) Sentencia del 5 de mayo de 2000, Expediente 5256.

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