Sentencia 39980 de febrero 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Rad.: 39980

Acta: 4

Bogotá D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «IX. Se considera

De la lectura de los cargos, se extrae que son cuatro los temas que la censura pone a consideración de la Corte, a saber: (I) Lo relativo a las autorizaciones de descuento, en relación con las sumas que le fueron deducidas a la demandante en su liquidación final del contrato de trabajo; (II) La base de liquidación de la indemnización por despido objeto de condena; (III) La indemnización moratoria prevista en el Decreto 797 de 1949 artículo 1º, por el no pago oportuno de la indemnización por despido; y (IV) La limitación de la condena por concepto de indexación de las sumas adeudadas a la actora.

La Sala teniendo en cuenta lo anterior, abordará a continuación el estudio de la acusación, así:

1. Deducciones efectuadas a la demandante a la terminación del contrato de trabajo:

En el plenario quedó establecido, que a la demandante se le practicaron deducciones en la liquidación final del contrato de trabajo por un total de $1.952.133, discriminadas así: “cuota medicina prepagada $81.900” “aporte fondo de empleados $1.338.413” y “descuento prima de navidad $531.820”, según se extrae del documento de folios 19 y 20 del cuaderno principal.

En relación con los conceptos de “cuota medicina prepagada” y “aporte fondo de empleados”, no se cuestiona la existencia de la deuda de la accionante, la primera por la utilización de los servicios de salud y la segunda por el crédito otorgado. Es así que la misma recurrente advierte que no hay controversia si la trabajadora debía o no esas sumas. Del mismo modo, frente al descuento por “prima de navidad”, tampoco es materia de debate que la suma deducida a la actora corresponde a un “mayor valor” pagado, y que se generó por habérsele sufragado esta prestación como si hubiera laborado el año completo de 2002, cuando solo tenía derecho a su cancelación, pero en forma proporcional al tiempo servido, porque su retiro ocurrió el 18 de diciembre de esa anualidad.

La censura tanto en el ámbito fáctico como en el jurídico, asegura que dichos descuentos no fueron autorizados por la trabajadora y en consecuencia son ilegales; que a contrario de lo sostenido por el tribunal, la demandante al absolver el interrogatorio de parte, no confesó haber autorizado la deducción por “medicina prepagada” en cuantía de $81.900; que el pagaré firmado en relación con el “préstamo del fondo de empleados”, no cumple con las exigencias de una autorización para haberse descontado el saldo por valor de $1.338.413; y que el Decreto 2127 de 1945 artículo 27-2 que en su parte pertinente reza: “Queda prohibido a los patronos (...) Deducir, retener y compensar suma alguna del monto de los salarios o de las prestaciones en dinero, sin orden específica suscrita por el trabajador para cada caso, o sin mandamiento judicial (...)”, no permite la deducción de pagos anticipados por salarios o prestaciones sociales y por ende también se requería la autorización de la deducción por el mayor valor pagado por “prima de navidad”.

Para dar respuesta a estos reproches, debe comenzar la Sala por decir, que frente a la cuota por “medicina prepagada”, vista la motivación de la sentencia impugnada, el tribunal en ningún momento estableció con lo expresado por la demandante en el interrogatorio de parte, que ésta había otorgado autorización escrita para su deducción. Es así que advirtió que “no obra en el plenario, prueba escrita de la supuesta autorización que se haya suministrado por la trabajadora”. Lo que infirió de las respuestas dadas a las preguntas 10 y 11 (fl. 293), fue que dicha trabajadora consintió o dio su visto bueno para el proceder del empleador, por haber participado como secretaria de la junta directiva de la demandada, en la aprobación del contrato de medicina prepagada con Colsanitas, y tener pleno conocimiento que debía asumir el 30% del costo del servicio, lo cual es precisamente lo que se desprende de la respuesta dada a esos interrogantes, en los que la absolvente admitió como ciertos esos hechos, lo que significa que la prueba de la confesión fue bien apreciada.

Así mismo, en lo que atañe al descuento por aporte fondo de empleados”, la documental de folio 131 que corresponde al “pagaré 37” a favor de Fondegar y suscrito por la demandante, fue apreciada correctamente, si se tiene en cuenta que no se distorsionó su contenido, ya que lo que extrajo el tribunal de ella es precisamente lo que se desprende de su tenor literal, esto es, que existe manifestación expresa de la trabajadora en el sentido de que “en caso de retiro definitivo del Fondo Nacional de Garantías S.A. autorizó para descontar de mis prestaciones sociales la totalidad del crédito”. La circunstancia de que no se especificara una suma determinada a deducir, obedece a que la actora consintió en firmar el pagaré con espacios en blanco para ser llenado al momento de hacerse exigible, conforme al saldo de la deuda del crédito o préstamo, según la carta de instrucciones de folio 130 en la que la trabajadora manifestó: “expresamente autorizo al Fondo de Empleados del Fondo Nacional de Garantías S.A. Fondegar o quien legalmente represente sus derechos o cualquier tenedor legítimo, para que en forma permanente e irrevocable, de conformidad en lo establecido en el artículo 622 del Código de Comercio, antes de presentar el título para el ejerció del derecho que en el (sic) se incorpora, proceda a diligenciar los espacios en blanco permitidos en el pagaré a la orden que anexa a esta autorización”, lo cual no deja duda que tal descuento estaba debidamente autorizado.

Y respecto de la deducción por “prima de navidad”, las documentales de folios 126 y 128 del cuaderno principal, se apreciaron sin error, por cuanto de su contenido efectivamente se deduce el valor que inicialmente se le canceló a la demandante por esta prestación para el año 2002 ($6.381.840), así como el que legalmente le correspondía por el tiempo realmente laborado ($5.850.020), dando como resultado una diferencia por un mayor valor que no le correspondía a la trabajadora por la suma de $531.820, que fue precisamente el monto descontado en la liquidación final del contrato de trabajo.

De ahí que, el fallador de alzada no cometió ningún defecto en la valoración probatoria en relación con las pruebas denunciadas para esta primera temática.

Ahora bien, desde el punto de vista jurídico, el tribunal al haber considerado que no había lugar al reembolso de los dineros reclamados y que los descuentos cuestionados no eran ilegales, tampoco cometió ningún yerro jurídico, dado que como quedó visto, la cuota por medicina prepagada y el saldo del préstamo a favor del fondo de empleados, ciertamente la demandante los adeudaba y por tanto eran obligaciones existentes y exigibles. Como bien lo coligió el tribunal, esas deudas no podían ser asumidas por el empleador. A demás, en el plenario quedó demostrado que la promotora del proceso consintió lo relativo a la medicina prepagada y autorizó expresamente deducir el saldo del crédito otorgado por Fondegar. En estas condiciones, el fallador de alzada aplicó debidamente la ley.

A lo precedente se suma, que en estos casos de deducciones luego de finalizada la relación laboral, no se requiere en rigor de autorización escrita de descuento, pues como lo ha adoctrinado esta Sala en ocasiones anteriores: “La restricciones al derecho de compensación del empleador mediante la prohibición de descuentos sin autorización tiene carácter protector plenamente justificado durante la vigencia del contrato de trabajo, es decir, cuando está en pleno vigor la dependencia y subordinación del trabajador en relación con el empleador. Pero para el momento de terminación del contrato la subordinación desaparece, como también fenece el carácter de garantía que los salarios y prestaciones sociales ofrecían para los créditos dados por el empleador...”. Por consiguiente, las normas prohibitivas de la compensación o deducción sin autorización expresa del trabajador, rigen durante la vigencia del contrato de trabajo, porque una vez finalizado el vínculo frente a “descuentos que de la liquidación de créditos del trabajador hiciere el empleador por deudas inexistentes o no exigibles”, lo que acarrea como consecuencia es el no pago completo de salarios o prestaciones sociales, con la consecuente sanción por mora (Sents. CSJ Laboral, sep. 10/2003 rad. 21057, nov. 12/2004 rad. 20857 y 12 de mayo de 2006, rad. 27278), lo cual resulta plenamente aplicable en relación con lo previsto en el D. 2127/1945, art. 27.

De otro lado, cabe anotar, que el reembolso o reintegro de las sumas pagadas en exceso sin que el trabajador tenga derecho a ellas, por salarios o prestaciones, no constituye una deducción que necesite de autorización de descuento, como sería el caso de lo descontado a la actora en la liquidación definitiva por mayor valor de “prima de navidad”, tal como se dejó sentado en sentencia CSJ Laboral, 3 de septiembre de 2002 rad. 17740, en la que se puntualizó:

“(...) De otra parte el reembolso de salarios pagados en exceso no constituye deducción que requiera los permisos que habla la censura. Así lo sostuvo la Corte en sentencia de 28 de febrero de 1995, radicada con el 7232 donde en lo esencial se dijo:

“Por regla general al llegar a la fecha de pago del sueldo el trabajador que únicamente haya laborado parte del período respectivo solo tiene derecho a la remuneración del tiempo trabajado. Por tanto el empleador que del total de la asignación deduce la parte proporcional a los días en que el trabajador dejó de prestar el servicio no está haciendo retención salarial alguna. Sería absurdo suponer que la ley impone al empleador la obligación de obtener autorización expresa y específica del trabajador para dejar de pagarle salarios no devengados””.

De suerte que, el tribunal no cometió los yerros fácticos y jurídicos endilgados en el tema de los descuentos.

2. Base de liquidación de la indemnización por despido:

No es objeto de cuestionamiento en la esfera casacional, la conclusión a la que arribó el tribunal de que el contrato de trabajo de la demandante finalizó sin mediar justa causa, y que por consiguiente había lugar al pago de la respectiva indemnización por despido, para el caso equivalente al tiempo que faltaba para vencerse el último plazo presuntivo que corresponde a “78 días de salario”.

Lo que se controvierte es la base de liquidación con que se calculó el monto de la indemnización, pues en decir del recurrente, no es el básico tomado por el tribunal en cuantía de $5.655.738, mensuales, sino el promedio mensual último que sirvió de base para liquidar las prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral, que asciende a la suma de “$6.636.444,” y que figura en la liquidación final del contrato de trabajo.

Sobre este tema, la Sala en un caso análogo, en sentencia del 2 de julio de 2008 radicado 31089, precisó: “Con relación al otro aspecto de ataque que plantea la impugnante, el salario que le sirvió de base al tribunal para tasar la indemnización convencional por despido injusto, observa la Corte, que evidentemente aquel incurrió en el error de tomar para esos efectos, el salario básico devengado por la demandante, y no el promedio mensual último con el cual precisamente se le liquidaron las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, conforme al documento que aparece a folio 19 del expediente”, y en consecuencia le asiste razón a la censura.

En efecto, revisada la prueba documental de folios 19 y 20 que contiene la liquidación final de la demandante, se tiene que el salario base de liquidación que allí aparece es la cantidad de $6.636.444, que debió acoger el tribunal, lo que trae como consecuencia que este puntual aspecto, se apreció equivocadamente tal medio de convicción.

Como el tribunal cometió el primer error de hecho propuesto en el segundo cargo, habrá de casarse parcialmente la sentencia impugnada en este punto.

3. Indemnización moratoria por razón de la deuda de la indemnización por despido.

En ambos cargos el recurrente argumenta que el tribunal “no hizo consideración alguna sobre la situación de mora del empleador a la terminación del contrato en relación con la indemnización por la cual impartió condena”, y que por consiguiente “no se pronunció sobre la conducta de la demandada en lo atinente a la deuda que estaba declarando a su cargo, lo cual debía hacer para poder dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949”.

Para dar al traste con la acusación en este punto, basta con decir, que el sentenciador de segundo grado no pudo cometer un yerro jurídico o fáctico sobre un aspecto del cual no hizo ningún pronunciamiento.

Además, la falta de pronunciamiento sobre una de las súplicas de la demanda inicial, era una situación que debió haberse planteado y remediado en las instancias, para lo cual se pudo haber solicitado la adición o complementación de la de sentencia en los términos del Código de Procedimiento Civil, artículo 311, aplicable por remisión analógica al procedimiento laboral, no siendo el recurso extraordinario de casación el mecanismo idóneo para corregir esta clase de omisión.

Por lo tanto, el tribunal no pudo incurrir en los yerros endilgados en este punto.

4. De la indexación sobre lo adeudado por Indemnización por despido.

El censor se duele que el tribunal al indexar la suma adeudada a la actora por concepto de indemnización por despido, hubiera limitado la actualización “hasta la fecha de la presente sentencia”, cuando debió extenderla hasta la data en que realmente se produzca el pago, para evitar el envilecimiento por el transcurso del tiempo del valor a sufragar.

En este punto le asiste entera razón al recurrente, toda vez que con la limitación que hizo el fallador de alzada en cuanto al alcance temporal de la indexación, no se cumple con el cometido de este mecanismo de actualización, pues con el mismo se busca que las acreencias laborales susceptibles de esta figura se solucionen actualizadas, para que no se presente ninguna mengua en su poder adquisitivo, debiéndose imponer condena hasta cuando efectivamente se cubra la suma adeudada que la generó.

Por lo expresado, los cargos en este puntual aspecto resultan fundados y se casará parcialmente la sentencia recurrida.

X. Sentencia de instancia

Como consideraciones de instancia, además de lo expuesto al resolverse los cargos, y en relación con los dos temas que prosperaron, esto es, la base de liquidación de la indemnización por despido y su actualización hasta cuando se solucione la obligación, es pertinente agregar, que al no ser objeto de discusión que dicha indemnización se equipara a “78 días de salario”, y con una base de liquidación por valor de $6.636.444, mensuales según se estableció en sede de casación, arroja una cantidad a pagar por este concepto de $17.254.754,40.

En cuanto a la indexación del valor a sufragar por dicha indemnización por despido, conforme a los IPC certificados por el DANE, tomados de su página de Internet, por corresponder a indicadores económicos nacionales que por ser hechos notorios no requieren de prueba (CPC, art. 191), hechas las operaciones del caso, para el período comprendido entre la fecha de despido 18 de diciembre de 2002 al 31 de diciembre de 2012, da un total de $9.768.027,60, a la cual se condenará a la entidad demandada.

En consecuencia, la indemnización indexada hasta el 31 de diciembre de 2012, asciende al valor de $27.022.782,03, sin perjuicio de la indexación que se siga causando hasta cuando se solucione o pague la suma adeudada.

Por lo dicho, se REVOCARÁ el fallo de primer grado, en cuanto absolvió de la indemnización por despido indexada, para en su lugar condenar a la demandada por estas súplicas en la forma antes dispuesta.

Sin costas en el recurso extraordinario por cuanto la acusación tuvo prosperidad parcialmente. De las costas de las instancias, quedarán como se fijaron en la alzada.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida el 31 de julio de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario adelantado por Carolina Santa María Archila contra el Fondo Nacional de Garantías S.A., en cuanto liquidó la indemnización por despido con una base salarial de $5.655.738, mensuales y limitó el valor de la indexación de dicha indemnización hasta la fecha de la sentencia de segundo grado.

En sede de instancia, se REVOCA la sentencia del a quo, en cuanto absolvió de la indemnización por despido indexada, para en su lugar CONDENAR a la demandada a pagar al demandante por estas súplicas, tomando como base de liquidación para calcular dicha indemnización por despido el valor de $6.636.444, y un período para la indexación comprendido entre el 18 de diciembre de 2002 al 31 de diciembre de 2012, la suma total de veintisiete millones veintidós mil setecientos ochenta y dos pesos con 03/100 centavos moneda corriente ($27.022.782,03 m/cte.),sin perjuicio de la indexación que se siga causando hasta cuando se solucione o pague la suma adeudada.

Las costas del recurso de casación y las instancias como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».