Sentencia 39997 de noviembre 28 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado Acta Nº 436

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Alberto Castro Caballero

Bogotá, D.C., veintiocho de noviembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala:

I. Cuestión Previa:

La Corte, al examinar la admisibilidad de la demanda de casación, centra su interés en verificar el cumplimiento de ciertas exigencias de lógica y adecuada fundamentación en punto de los cargos que la integran, con el propósito de impedir que el recurso extraordinario se convierta en una instancia adicional a las ordinarias ya agotadas, atendiendo al hecho de que la sentencia arriba a esta sede revestida de la doble presunción de acierto y legalidad.

Por tal motivo, los requisitos que se reclaman persiguen que la demanda satisfaga unos presupuestos mínimos de coherencia, lo cual supone expresar de forma clara, precisa y completa los argumentos, en orden a garantizar el entendimiento del problema jurídico a la Corte, en tanto el recurso de casación es eminentemente rogado.

Corresponde entonces al libelista especificar, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 del Código de Procedimiento Penal, la causal de casación que pretenda hacer valer y, a su vez, desarrollar completamente los cargos que sirven de sustento al recurso, respecto de los cuales debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho e, igualmente, le asiste el deber de demostrar la trascendencia de los reparos, en aras de cumplir alguno de los fines establecidos por el legislador en el artículo 206 ibídem, valga decir, la efectividad del derecho material, el respeto de las garantías de los intervinientes o la reparación de los agravios padecidos por estos.

De otra parte, si bien en el caso particular el libelista acude directamente a la modalidad ordinaria del recurso de casación y no a la excepcional de que trata el inciso 3º del artículo 205 de la Ley 600 de 2000,(5) igualmente se evidencia que en relación con el delito de fraude procesal la pena a tener en cuenta es la contemplada en el artículo 453 del Código Penal con la modificación introducida por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, en donde se dispone una sanción máxima para dicha infracción de 12 años de prisión, por lo que acertó el demandante al plegarse al trámite común del recurso extraordinario, de acuerdo con lo previsto en el inciso 1º del artículo 205 del estatuto procesal penal(6).

Al efecto, inicialmente resulta oportuno recordar que es pacífica la doctrina de esta Sala acerca de que el delito contra la eficaz y recta impartición de justicia en cita, si bien es de mera conducta,(7) por igual se trata de aquellos de ejecución permanente,(8) de manera que su consumación se prolonga en el tiempo hasta tanto siga surtiendo potencialmente sus efectos el error en que haya sido inducido el servidor público en orden a obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley.

Así mismo, es necesario traer a colación, que cuando se procede por un delito de ejecución permanente, la imputación fáctica se cuenta hasta que cobre firmeza el cierre de la instrucción, si no ha cesado la consumación del ilícito para esta época, como también lo tiene decantado la Corte,(9) precisiones que tienen incidencia en el sub judice según se verá, al igual que aquella de acuerdo con la cual, frente a dicha clase de infracciones, ha de tenerse en cuenta la norma vigente para el momento en que concluye la ejecución,(10) o como ocurre aquí, cuando quedó en firme la clausura de la investigación.

En ese sentido, se observa que la actuación procesal muestra que la resolución por cuyo medio se dispuso el cierre de la instrucción se profirió el 11 de abril de 2007,(11) la cual quedó en firme el 18 de mayo del mismo año(12).

Cabe recordar que la convocatoria a juicio se produjo el 29 de junio de 2007(13) y que el 12 de septiembre siguiente cobró ejecutoria(14).

A su vez, se observa que incluso aún para la época de la sentencia, las consecuencias derivadas de la presentación del acta de conciliación celebra el 30 de abril de 2004 ante la Inspección del Trabajo de Armenia continuaban, de donde se sigue que para la época en que quedó en firme el cierre de la instrucción (mayo 18/2007), la inducción en error que aquí sirve de fundamento para deducir el delito de fraude procesal seguía produciendo sus efectos.

En esa medida, si en el caso de la especie la conducta descrita en el artículo 453 del Código Penal, modificado por el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, se cometió aún después de la entrada en vigencia de tal reforma, valga decir, por lo menos hasta el cierre de la investigación que cobró ejecutoria el 18 de mayo de 2007, de lo anterior se sigue que la pena máxima a tener en cuenta para determinar la procedencia del recurso de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 205 del estatuto procesal penal, es la contemplada en la ley en cita, valga decir, 12 años.

Así las cosas, tal como se indicara inicialmente, si bien el demandante no invocó la modalidad discrecional del recurso de casación, acertó al no hacerlo y preferir la vía ordinaria o común, conforme incluso lo ha señalado la Sala al sostener:

“Corresponde precisar que teniendo en cuenta que el delito de fraude procesal es una conducta de ejecución permanente, es la fecha de comisión del último acto la que determina la sanción a imponer, en orden también a establecer el término de prescripción de la acción penal y en este preciso asunto, si la casación debe intentarse por la vía ordinaria o por la excepcional.

(...)

Por lo anterior, es claro que durante la ejecución del delito, han transitado varias normas regulatorias de la pena para este punible, entre ellas... la Ley 599 de 2000, artículo 453 con una pena de prisión de 4 a 8 años y el artículo 11 de la Ley 890 de 2004 con una sanción de 6 a 12 años de pena privativa de la libertad.

Si bien es cierto, esta corporación ha sostenido que el incremento de penas insertado en el Código Penal para todas las conductas delictivas por vía del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, solo es aplicable a comportamientos cuya investigación y juzgamiento se haga bajo el rito de la Ley 906 de 2004,(15) es necesario aclarar que dicha interpretación solo hace alusión al aumento generalizado de penas para todos los delitos, más no al referido a ciertas conductas en particular y que son las señaladas en los artículos 7º al 13 de la Ley 890, ya que el legislador no quiso condicionar su vigencia al sistema que definiera el procedimiento a seguir, pues resulta claro que para julio 7 de 2004, fecha de expedición de esa ley y vigencia de sus artículos 7º al 13, aún no había entrado a regir el sistema penal acusatorio en ninguna parte del país.

Y en cuanto al delito de fraude procesal, en reciente pronunciamiento,(16) se precisó cómo debía ser la norma que rige el último acto durante la ejecución del delito permanente, la que debía tenerse en cuenta para la determinación de la pena y por contera para calcular el término de prescripción de la acción penal y en este evento, definir la manera en la cual debe invocarse el recurso extraordinario.

Así las cosas, para el caso presente, es el artículo 11 de la Ley 890 de 2004, modificatorio del artículo 453 del Código Penal que fija una pena de prisión de seis (6) a doce (12) años, la norma llamada a regular el caso, si se considera que el punible de fraude procesal atribuido a los sindicados, aún sigue ejecutándose dado que las decisiones judiciales obtenidas al parecer de manera fraudulenta, continúan generando plenos efectos jurídicos.

Por lo anterior emerge claro que al ser el monto de 12 años el máximo de la pena imponible para el delito en mención, la casación debe presentarse por la vía ordinaria...”(17).

Así las cosas, es claro que frente al caso de la especie, el actor acertó al invocar el recurso de casación en su modalidad común.

Entonces, precisado el esfuerzo argumentativo que corresponde desarrollar al impugnante y que en el sub judice procede el recurso extraordinario por la vía ordinaria, la Sala entra a verificar si aquel se cumple en relación con la demanda formulada por el defensor del procesado William Roncancio Arias.

II. Sobre la censura en particular:

Al estar sustentada en que se incurrió en error de hecho por falso raciocinio al apreciar la prueba, era de esperarse que el censor evidenciara objetivamente la vulneración de las reglas de la sana crítica, pero contrario a ello, puso de presente su particular visión, lo que da lugar a anunciar desde ahora, que este reparo será inadmitido.

Cabe mencionar entonces, que está ampliamente decantado que cuando se pregona la presencia de un falso raciocinio, además de ser indispensable particularizar la prueba sobre la cual se concreta el presunto error, es necesario poner de presente la violación de las reglas de la sana crítica, ofreciendo los motivos por los que en la apreciación de un determinado medio de conocimiento se desconocen los principios de la lógica, las leyes de la ciencia o las máximas de la experiencia; por ende, el recurrente debe señalar qué demuestra en concreto el elemento de persuasión cuestionado, cuál es la inferencia extraída de él en la sentencia impugnada y el mérito probatorio allí concedido.

Cumplida esa labor, al libelista le compete precisar la regla lógica, científica o de la experiencia violada en el fallo y, correlativamente, debe expresar, con claridad, la valoración correcta. Además, le asiste el compromiso de indicar la trascendencia del error alegado al confrontarlo con el resto del acervo probatorio que ha servido de sustento a la sentencia objeto de impugnación por vía del recurso de casación.

La tarea referenciada evidentemente no es desarrollada por el libelista, por cuanto simplemente ofrece su punto de vista en relación con el mérito dado a las pruebas, olvidando que la sentencia arriba a sede de casación amparada por la doble presunción de acierto y legalidad.

Al margen de que en modo alguno desarrolla la censura que postula, realiza un conjunto de afirmaciones que riñen con la realidad procesal.

En efecto, de manera sofisticada acude al argumento según el cual, como la prelación de créditos está regulada legalmente, entonces no es posible afirmar que el procesado podía escoger a voluntad a cuál acreedor se le pagaría en primer término lo debido, pues deja de lado que precisamente por estar estipulado tal asunto en la ley, el incriminado se aprovechó de ello para crear ficticiamente una acreencia laboral a favor de Jesús Alfredo Bustamante Lopera, suscribiendo un acta de conciliación ante una inspección del trabajo de la ciudad de Armenia, donde reconocía que le adeudaba a este algunos salarios y las prestaciones sociales, con la cual se inició una acción ejecutiva contra el enjuiciado, la que finalmente neutralizó el proceso ejecutivo hipotecario adelantado por el aquí denunciante Julio Enrique Jiménez Mendieta en contra del acusado.

Baste añadir por tanto, que el artículo 2495 del Código Civil consagra como créditos de primera clase y de 4º orden, “los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo”, mientras que el artículo 2499 ibídem prevé como créditos de tercera clase “los hipotecarios”.

De otra parte, el hecho de que el valor del inmueble sometido inicialmente a medida cautelar en el proceso promovido por el denunciante Julio Enrique Jiménez Mendieta cubriera la deuda cuyo pago este perseguía, como también la supuesta acreencia laboral que el inculpado tenía con Jesús Alfredo Bustamante Lopera, es otro argumento sofístico que trae el demandante, por cuanto olvida aquí no se está juzgando un aspecto procesal civil, sino la circunstancia de que se creó un documento (acta de conciliación) con el propósito de engañar al juez civil del circuito de Calarcá, a los efectos de que dispusiera la ejecución de una deuda inexistente y decretara el embargo del inmueble del enjuiciado que ya tenía una medida cautelar con el mismo alcance, la cual quedó neutralizada por razón de la prelación de créditos ya reseñada.

Ahora, muestra de que el cargo postulado por el impugnante es un simple alegato de instancia, a partir del cual se busca demostrar que no se desvirtuó la presunción de inocencia del acusado, surge cuando el actor señala que como el procesado es agrónomo de profesión pero se dedica a la docencia, ello lo condujo a buscar a Jesús Alfredo Bustamante Lopera para que atendiera los cultivos que proyectó realizar en el predio denominado “La Siberia”, así que le niega valor al testimonio Miryam Sabogal Vásquez, pero también al dicho de los funcionarios de la Umata y “demás deponentes”, dejando de lado convenientemente el análisis detallado del tribunal, a través del cual dio cuenta de la coincidencia de las versiones de quienes sostuvieron que no observaron la presencia Bustamante Lopera en el rol de trabajador del inculpado y, a su vez, identificó cada una de las inconsistencias en lo sostenido por las personas que pretendieron evidenciar la relación laboral entre el encartado y el citado, motivo que derivó en negarles credibilidad.

La queja que el censor edifica en torno a la valoración del testimonio de David Roncancio Motta es totalmente infundada, en tanto no es cierto que el juez de segundo grado lo haya “fraccionado” al tener en cuenta la parte donde tal deponente indicó que Jesús Alfredo Bustamante Lopera no había trabajado con él en su finca, pero omitió apreciar donde sostuvo que en efecto había laborado bajo las órdenes del enjuiciado, pues el ad quem sí estimó la prueba en cuestión en exacta dimensión.

Sobre el particular se tiene que el juez colegiado recordó que el referido declarante sostuvo que Jesús Alfredo Bustamante Lopera no le había prestado sus servicios en el inmueble de su propiedad, pero también, que a pesar de haber manifestado que el encartado lo había contratado para trabajar en el predio llamado “La Siberia”, tal afirmación se demeritó porque hizo alusión a un fundo distinto pero con igual nombre, es decir, “La Siberia II”, lo cual se corroboró con otros declarantes, quienes no señalaron la presencia de Bustamante Lopera en el inmueble tomado en arriendo por el acusado.

Además, no debe perderse de vista que la queja bajo análisis ha debido alegarse a través de la denuncia de un error de hecho en la modalidad de falso juicio de identidad y no bajo el argumento de que el testimonio de David Roncancio Motta fue “fraccionado”.

Las inconsistencias de adecuada fundamentación de la censura se extendieron hasta el final, por cuanto el censor expresa que la existencia del contrato de trabajo celebrado entre Jesús Alfredo Bustamante Lopera y el procesado no se podía desvirtuar con las pruebas practicadas dentro de este proceso penal, de donde se sigue que desconoce el principio de libertad probatoria, conforme al cual los supuestos de hecho contenidos en las normas se pueden comprobar a través de los diferentes medios de conocimiento reconocidos en la ley, pero además, olvida que se trata de acciones independientes de distinta naturaleza.

Entonces, como el cargo examinado no satisface los requisitos mínimos de crítica lógica y suficiente demostración y, a su vez, se sustenta en argumentos contrarios al contenido de la actuación, se impone señalar que se inadmitirá.

Para terminar, atendiendo a los fines de la casación, fundamentación de la misma, posición de la impugnante dentro del proceso e índole de la controversia planteada, no se encuentra violación de garantías fundamentales de incidencia sustancial ni procesal que deban ser protegidas oficiosamente y conduzcan a superar los defectos de la demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 212 y 213 del Código de Procedimiento Penal.

Precisión final:

Se observa que el delito de fraude procesal por el que se procede en este asunto, previsto en el artículo 453 del Código Penal, contempla que la pena de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas es “principal”, por tanto, se puntualiza que así se debe entender en el sub judice, mas no como “accesoria” según se indicó en el fallo(18).

Ahora, si bien la pena mínima de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas señalada para el ilícito en cita es de 5 años y aquí se fijó en 48 meses, por efectos de la garantía de no reformatio in pejus no es posible ajustarla al principio de legalidad.

Finalmente, cabe advertir que la precisión anotada se contrae a los procesados condenados Jesús Alfredo Bustamante Lopera y William Roncancio Arias.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de William Roncancio Arias.

2. PRECISAR que la pena de inhabilitación de derechos y funciones públicas impuesta a los procesados Jesús Alfredo Bustamante Lopera y William Roncancio Arias es principal y no accesoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Código Penal.

Contra esta providencia no procede ningún recurso.

Cópiese, comuníquese y devuélvase al tribunal de origen».

(5) Como se recordará, para la procedencia del recurso de casación por la vía ordinaria o común, la pena máxima privativa de la libertad prevista para el respectivo delito debe exceder de 8 años (CPP, art. 205, inc. 1º) y en el asunto de la especie, se procede por la conducta punible de fraude procesal cuya sanción extrema era de 8 años, sobre la cual se tratará enseguida.

(6) Conviene recordar igualmente, que independientemente de que incluso uno o todos los procesados llegaren a ser absueltos por el delito que permite la casación ordinaria, es procedente la misma en razón de la conexidad procesal. En este sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisiones del 18 de noviembre de 2004, 20 de abril de 2005, 6 y 29 de julio, 5 de agosto, 16 de septiembre y 7 de octubre de 2009, radicaciones 22693, 20091, 32099, 32189, 31375, 32454 y 32517, respectivamente.

(7) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisiones del 7 de noviembre de 2001, 2 de septiembre de 2002, 8 de julio de 2003, 19 de mayo de 2004, 17 de agosto de 2005, 16 de junio de 2006, 8 de agosto de 2007, 20 de febrero de 2008, 19 de febrero de 2009, 10 de febrero de 2010 y 8 de marzo de 2011, radicaciones 18882, 17703, 21054, 18367, 19391, 24746, 25608, 29156, 30857, 32108 y 35982, respectivamente, entre otras.

(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencias del 7 de noviembre de 2001, 24 de junio de 2003, 5 de mayo de 2004, 9 de febrero de 2005, 16 de junio de 2006, 5 de julio de 2007, 23 de enero de 2008, 19 de marzo de 2009 y 23 de junio de 2010, radicaciones 18882, 20935, 20013, 23153, 24746, 23929, 28873, 27710 y 31352, respectivamente, entre otras.

(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencias del 23 de agosto de 2005, 13 de julio de 2006, 16 de junio, 5 de julio y 26 de septiembre de 2007, 23 de enero, 18 de junio, 26 de junio y 6 de septiembre 2008, así como del 18 de marzo de 2009 y del 16 de septiembre de 2010, radicaciones 21689, 25617, 24014, 23929, 27044, 28873, 28562, 28776, 25579, 27710 y 26680, respectivamente, entre otras.

(10) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisiones del 25 de agosto de 2010, así como del 4 y 11 de mayo de 2011, radicaciones 31407, 35598 y 35900, respectivamente.

(11) Folio 235 del cuaderno 1.

(12) Folio 238 ídem.

(13) Folios 251 a 260 ibídem.

(14) Folios 277 ejusdem.

(15) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias del 21 de marzo y del 20 de junio de 2007, radicaciones 25133 y 25667, respectivamente, y autos del 23 de febrero y 16 de marzo de 2006, así como del 25 de abril de 2007 y del 12 de agosto de 2009, radicaciones 24890, 25133, 24986 y 31439, respectivamente.

(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 25 de agosto de 2010, Radicación 31407.

(17) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto 27 de julio de 2011, Radicación 36720.

(18) En el mismo sentido, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 18 de junio de 2008, Radicación 27680.