Sentencia 40006 de octubre 10 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Aprobado: Acta 376

Magistrado Ponente:

Dr. José Luis Barceló Camacho

Bogotá, D.C., diez de octubre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Si bien es cierto el demandante incurrió en algunos errores de lógica y debida argumentación al momento de desarrollar los cargos, también lo es que la Sala dispuso superar los defectos de la demanda y decidir de fondo el asunto, en la medida en que así lo amerita la índole de la controversia y los fines de la casación.

2. Con ese propósito, la Corte abordará los siguientes aspectos: (i) la conducta en el delito de fraude a resolución judicial y, (ii) el alcance de la decisión contenida en los fallos emitidos por la jurisdicción civil en el proceso de simulación(34).

3. En el cargo primero, en el que por la vía anunciada aspira el libelista a quebrar la doble presunción de acierto y legalidad que cobija el fallo de segunda instancia, se denuncia la ocurrencia de un error de hecho consistente en falso juicio de identidad.

Con sujeción a las exigencias lógico argumentativas propias del vicio alegado, el profesional identifica de manera clara el elemento de convicción cuya apreciación habría distorsionado el fallador de segundo grado, refiriéndose expresamente a la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2000 proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Cartago y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Buga el 29 de julio de 2004, cuya transcripción resulta —en su parte resolutiva— de necesaria referencia(35):

“1. DECLÁRASE que los contratos de compraventa contenidos en las escrituras públicas 1750 del 24 de agosto de 1995 referente a la negociación contenida en el numeral 1º de dichos títulos, en donde la señora Melba Ramos Riaño transfiere a título de venta a la señora Celia Riaño de Ramos cinco mil (5.000) cuotas o aportes de capital que la primera de las nombradas en su calidad de socia de la sociedad “Inversiones Bello Horizontes Ltda.”, y la escritura 2.186 del 20 de octubre de 1995 aclaratoria de la anterior en cuanto a que el número de cuotas negociadas fue de 2000 cuotas son simuladas, lo mismo que el acto jurídico contenidos en la escritura pública 1778 del 25 de agosto de 1995, donde las mismas partes citadas transfieren un bien inmueble ubicado en el corregimiento de Zaragoza, alinderado como aparece en el hecho 4.1. de la demanda con matrícula inmobiliaria 375-0025843 y ficha catastral 00-02-005-0062 títulos estos debidamente registrados en la oficina de registro de instrumentos públicos de esta ciudad y en la cámara de comercio respectiva, siendo los precitados contratos simulados de simulación absoluta.

2. COMO consecuencia de la anterior declaración los precitados bienes muebles e inmuebles (2000 acciones de la Sociedad Inversiones Bello Horizontes Ltda. y un bien inmueble ubicado en el corregimiento de Zaragoza, con matrícula inmobiliaria 375-0025843) pertenecen a la sociedad conyugal formada por los esposos Bernardo Alfonso Jaramillo G y Melba Ramos Riaño, la cual fue disuelta por sentencia de fecha septiembre 18 de 1.997 proferida por el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad, y por tanto entrarán aquellos bienes (muebles e inmuebles) a formar parte del haber patrimonial, en orden a tenerlo en cuenta al momento de rehacer el trabajo de liquidación de la citada sociedad matrimonial o de una liquidación adicional.

3. CONDÉNASE a la demandada Celia Riaño de Ramos, al pago de frutos civiles que los citados bienes hayan producido a partir de la ejecutoria de la sentencia aludidos en el numeral anterior, hasta la fecha de restitución al haber social.

4. LÍBRENSE los oficios de rigor con destino a la cámara de comercio de esta ciudad (registro mercantil) y la oficina de registro de instrumentos públicos de esta ciudad, con el objeto de que procedan a cancelar la inscripción de la compraventa descritos en el numeral 3º de la parte resolutiva de este fallo”.

4. Ab initio la Sala anuncia que el reproche está llamado a prosperar, compartiendo así el concepto emitido por la señora procuradora tercera delegada para la casación penal, en cuanto se debe casar la sentencia, pues la Sala Penal de Descongestión del Tribunal Superior de Buga distorsionó la literalidad contenida en el numeral tercero del fallo emitido por el Juzgado 1 Civil del Circuito de Cartago cuando dispuso condenar a la demandada, Celia Riaño de Ramos, al pago de los citados frutos civiles, merced a la simulación decretada.

5. Veamos, el delito por el que fueron acusadas las señoras Celia Riaño de Ramos y Melba Ramos Riaño es el descrito en el artículo 454 de la Ley 599 de 2000,(36) bajo el nomen iuris de fraude a resolución judicial, conducta lesiva del bien jurídico de la eficaz y recta impartición de justicia, incurriendo en ella quien por cualquier medio fraudulento se sustraiga al cumplimiento de una obligación impuesta en una decisión judicial.

De ahí que, la pretensión del legislador al elevar este tipo penal es hacer efectivas las decisiones judiciales, materializar su cumplimiento, es decir, castigar el desconocimiento de la autoridad intrínseca que de ellas dimanan, materializándose de tal manera las garantías propias de un Estado social de derecho.

6. A la Sala se le ofrece oportuno destacar que, como bien lo precisó tanto el casacionista como la señora procuradora en su concepto, los numerales primero, segundo y cuarto de la sentencia proferida por el Juzgado 1 Civil del Circuito ninguna carga impusieron a las acusadas, por cuanto en aquellos, al tiempo que se declaró la simulación de los contratos de compraventa contenidos en las escrituras públicas 1750 del 24 de agosto de 1995, 2186 del 20 de octubre de 1995 y la 1178 del 25 de agosto de 1995; igual, se ordenó retornar los bienes al haber de la sociedad conyugal, oficiándose para el efecto a la cámara de comercio y a la oficina de registro de instrumentos públicos.

Órdenes que expresamente se materializaron, o, lo que es lo mismo, el reconocimiento que se pretendió fue acogido por el juez civil, cumpliéndose así el objeto principal del proceso de simulación, el que no es distinto a que las cosas vuelvan a su estado originario, esto es, antes de producirse la actividad fraudulenta declarada.

Situación diversa ocurrió con el numeral tercero de la resolutiva, como pasa a verse, siendo por ello que la Sala comparte los planteamientos del fallo de primera instancia,(37) en cuanto consideró que de la providencia civil no se desprendió un gravamen directo para las acusadas,(38) toda vez que por tratarse de una obligación condicionada, para que resultara exigible se requería que el juez de familia tasara los frutos, pues hasta tanto ello no ocurra, no existe una carga susceptible de cumplir para quien fuera vencido en juicio.

7. Por manera que la discusión en sede penal acerca del mandato contenido en el numeral tercero de la providencia civil que condenó al pago de frutos deviene infundada, puesto que un análisis detenido de la misma lleva inequívocamente a una conclusión: la orden, aun cuando existió y es de contenido netamente patrimonial (dirigida a una sola de las acusadas), no ha sido cuantificada por la autoridad judicial llamada a regularla y, por contera, no ha sido desatendida.

8. Sobre tan específico aspecto es menester tener en cuenta, insiste la Corte, que si bien la acusada Celia Riaño de Ramos fue compelida por expreso mandato de la autoridad civil “al pago de frutos civiles que los citados bienes hayan producido a partir de la ejecutoria de la sentencia aludidos en el numeral anterior, hasta la fecha de la restitución al haber social”, su pago, o, lo que es lo mismo, el cumplimiento de lo mandado no fue fijado en el proceso de simulación en cuanto aquel está supeditado al adelantamiento del trámite de liquidación adicional de la sociedad conyugal, escenario en el cual se habrían de tasar.

Por vía ilustrativa y en aras de soportar tal planteamiento, en el tema relacionado con la tasación de los frutos civiles y el contexto en el cual han de ser tasados, ese ha sido el entendimiento de la Sala de Casación Civil(39):

“Respecto a los frutos, si bien es cierto que en el memorial sustentatorio del recurso de apelación, el recurrente se refirió a ellos solicitando que le fueren pagados a la demandante según la estimación efectuada por la demandada Bernardina Muñoz Sánchez, como estos también deber ser reintegrados a la masa herencial de Moisés Muñoz Martínez, es en el proceso de sucesión, cuando se rehaga la partición que deberán tasarse y valorarse”(40).

Luego, se ofrecía plenamente válida su no tasación en el proceso de simulación y la evidente necesidad de adelantar ante la jurisdicción de familia la partición adicional dentro de la liquidación de la sociedad conyugal; ello con miras a que retornados los bienes al haber social se puedan avaluar los frutos producidos por aquellos.

9. Por consiguiente, considera la Sala, el problema planteado apuntaría a determinar si las acusadas —en su condición de titulares de la obligación— desatendieron o se sustrajeron del mandato impartido por la jurisdicción civil en su numeral tercero.

10. Como ya se había anunciado, y así igualmente lo invocó la Señora Procuradora Delegada en su concepto, ningún incumplimiento es posible imputarles, en la medida en que la carga atinente al pago de los frutos, en relación con Melba Ramos Riaño, no le fue impuesta y frente a Celia Riaño de Ramos, está pendiente la determinación de su cuantía ante el juzgado de familia, autoridad que en su momento indicó(41):

“... No existe reparo alguno a los argumentos del recurso, en cuanto refieren a que los frutos que deben (sic) pagar la señora Celia Riaño a la sociedad conyugal que conformaron los señores Bernardo Jaramillo y Melba Ramos (...). En lo que refiere a tales frutos en el caso presente solo se procederá a su tasación en su momento oportuno que es la audiencia de inventario de bienes (...). Solamente conocido el valor de tales frutos y adjudicado podrá intentarse por el adjudicatario su cobro a la mencionada señora a través de la acción pertinente donde podrá asegurar su pago ejerciendo las medidas cautelares que aquí pretende”.

11. Es por ello que para la Corte resultan impertinentes los términos de la sentencia de segunda instancia cuando indicó(42):

“... En ningún momento se aprecia que las procesadas hubiesen obrado por estulticia o ignorancia, sino prevalidas del conocimiento y de la voluntad dirigidas a la consecución de un único fin: Que (sic) la sentencia que las afectaba quedase sin efectividad, es decir como letras muerta o “para enmarcar” (término, que como probablemente, a decir por lo que refulge del acervo probatorio, haya empleado la señora Ramos), burlando en últimas las expectativas de su contrincante y por ende las de la administración de justicia, la que habiendo fallado en sendas instancias de manera favorable a las pretensiones de Bernardo Alfonso Jaramillo Gómez, no otra disyuntiva les quedaba sino la de acatar a las autoridades judiciales, pasando los frutos producidos desde que se declaró disuelta la sociedad conyugal para efectos de inventarios y liquidar lo que correspondería a cada uno de los cónyuges separados”.

Como fácilmente se aprecia, son diversas las imprecisiones del juzgador plural en su decisión. La primera, la providencia de la jurisdicción civil en el trámite del proceso de simulación fue debidamente materializada con los oficios librados a la cámara de comercio y a la oficina de instrumentos públicos; la segunda, la administración de justicia no fue burlada; y la tercera, la más trascendente e impropia, es la afirmación del tribunal cuando refiere “pasando los frutos producidos desde que se declaró disuelta la sociedad conyugal para efectos de inventarios”, pues aquellos no se “pasan” se “tasan”, en este caso por el juez competente que no es distinto al de familia, quien una vez liquidados, autoriza al adjudicatario para su reclamación compulsiva.

12. Adviértase, igualmente, que de admitir la postura del tribunal, sería tanto como consentir que el mero decreto de frutos no tasados por parte de una autoridad judicial dentro de un proceso de simulación, encajaría para el signatario de la obligación en la descripción legal de fraude a resolución judicial, con abierto desconocimiento del principio de estricta legalidad penal, cuando aquel —como en este evento— desconoce el monto al que ascienden, pues como viene de verse, su tasación no depende de la discrecionalidad del condenado.

13. Entonces, resulta evidente que como la acción imputada a las procesadas, referida a la sustracción fraudulenta de la obligación contenida en el proceso de simulación, no les era exigible en los términos predicados por el tribunal superior, deviene la inexistencia de la conducta de fraude a resolución judicial.

Luego, el argumento que tuvo en cuenta el juez plural para deducir la comisión del acto lesivo de la recta y eficaz impartición de justicia en contra de las acusadas, a título de coautoras, resulta inadmisible, en la medida en que, respecto de Melba Ramos Riaño, la orden impartida por la jurisdicción civil y relacionada con el pago de frutos no la cobijó, y frente a Celia Riaño de Ramos, la materialización de la misma, esto es su pago, depende de su tasación, trámite que se adelanta en el Juzgado 1 de Familia de Cartago, Radicado 8576, no siendo posible entonces deducir un actuar contra derecho a cargo de ellas.

14. De manera conteste dígase que no es suficiente con conocer la existencia de la obligación impuesta en decisión judicial, sino que surge necesario, como lo ha dicho la Sala,(43) “que la omisión sea exclusivamente dolosa, es decir fraudulenta,(44) con la voluntad consciente y decidida de no querer cumplir la orden judicial, a pesar de estar en condiciones de obedecerla” y en el presente evento aun no ha surgido el deber de cumplirla, por lo que el fallo en consecuencia debe ser casado.

Son estas las razones por las que la Corte acoge el planteamiento elevado por el casacionista y la solicitud que en igual sentido invoca la señora procuradora tercera delegada para la casación penal, apartándose, por tanto, de las pretensiones del señor apoderado de la parte civil.

15. La determinación adoptada por la Sala frente al primer reproche, la releva de valorar los dos cargos restantes, advirtiendo sin embargo, que ante la omisión del juez de primera instancia en adoptar la determinación correspondiente frente a las medidas cautelares vigentes, no obstante la absolución que declaraba, es situación que ha de ser remediada por la Corte en la presente decisión.

16. Como consecuencia de lo anterior, se impone casar la sentencia objeto de disenso y, en su lugar, confirmar la de primera instancia proferida por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Cartago, que absolvió a las señoras Melba Ramos Riaño y Celia Riaño de Ramos por el delito de fraude a resolución judicial, tal como quedó plasmado en la parte motiva, con la siguiente adición: levantar las medidas cautelares que pesan sobre los inmuebles distinguidos con matrículas inmobiliarias 375-0028499, 375-0048277, 375-0048279, 375-00153, 375-35379 y 375-25844 de Cartago, así como los identificados con los 280-19693, 280-19694, 280-19695, 280-19696, 280-2274 y 280-67071 del municipio de Armenia(45).

Anotación final

La Corte realiza un vehemente llamado de atención a la secretaría del Tribunal Superior de Buga, para que en lo sucesivo se preste una mayor atención al trámite de notificaciones, por cuanto no es posible soslayar que la decisión de segunda instancia data del 27 de abril de 2012 y el expediente fue recibido en la Corte tan solo hasta el 26 de septiembre del mismo año, lapso que transcurrió en el proceso de notificaciones.

En mérito de lo expuesto, La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. Casar la sentencia impugnada por razón del primer cargo propuesto en la demanda de casación y, en su lugar, confirmar la proferida por el Juzgado 2 Penal del Circuito de Cartago al absolver a las señoras Melba Ramos Riaño y Celia Riaño de Ramos, por el delito de fraude a resolución judicial, tal como quedó plasmado en la parte motiva, pero adicional en el siguiente sentido:

Levantar las medidas cautelares que pesan sobre los inmuebles distinguidos con matrículas inmobiliarias 375-0028499, 375-0048277, 375-0048279, 375-00153, 375-35379 y 375-25844 de Cartago, así como los identificados con los 280-19693, 280-19694, 280-19695, 280-19696, 280-2274 y 280-67071 del municipio de Armenia.

2. En consecuencia, DEVOLVER la actuación al tribunal de origen.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(34) Temática invocada por el casacionista.

(35) Cfr. cuaderno original 1, folios 20 a 37.

(36) “El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación impuesta en resolución judicial...”.

(37) Y se distancia del concepto de la señora procuradora tercera delegada para la casación penal, quien no acertó en el fondo de la discusión propuesta en este punto.

(38) La Sala destaca los términos del pronunciamiento: “Se concluye, de la lectura icástica, de la providencia del 29 de septiembre del 2000, del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago, Valle, dentro del Radicado 1998-161, que no existen obligaciones impuestas a las procesadas para que hagan, entreguen o dejen de hacer algo a favor del señor Bernardo Jaramillo Gómez, o a nombre de un tercero. La providencia de la operadora judicial (juez primera civil del circuito de Cartago) jamás ordena a las señoras Celia Riaño de Ramos y a su hija cumplir algo, no existe obligación impuesta, por lo tanto estas nunca pretermitieron, ni se negaron, ni desacataron decisión alguna tomada por la titular de dicho despacho”.

(39) Fallo del 27 de marzo de 2001, Radicación 6365, proferido dentro del proceso ordinario de petición de herencia, tesis que igual ha considerado dicha corporación, se asimila a los procesos liquidatorios.

(40) La Sala destaca que conforme lo tiene igualmente dicho la Sala de Casación Civil, por tratarse de un proceso liquidatorio, se siguen las mismas reglas del proceso sucesoral.

(41) Cfr. folio 108, cuaderno 4 de anexos. Juzgado 1 de Familia de Cartago, auto 213 del 14 de septiembre de 2005.

(42) Cfr. sentencia del 27 de abril de 2012, página 20.

(43) Cfr. sentencia del 5 de diciembre de 2007, Radicación 26497.

(44) “Fraude, proviene del latín “fraus” que significa engaño, embuste, o trampa”. Ferreira Delgado, Francisco J. Delitos contra la administración pública, editorial Temis, segunda edición. 1985. p. 276.

(45) Cuyo decreto fue ordenado en la audiencia preparatoria, cfr. folio 331 cuaderno original 1.