Sentencia 4002-2004 de marzo 19 de 2009 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Ref: Expediente: 250002325000200107512 01(4002-2004)

Consejera Ponente:

Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez

Actor: Luis Roberto Medina Garavito

Autoridades nacionales

Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de dos mil nueve.

EXTRACTOS: «Consideraciones

El problema jurídico

Consiste en determinar si el actor tenía derecho a continuar percibiendo la prima de antigüedad que devengaba mientras se desempeñó en la rama judicial, como conductor en el Consejo de Estado y cuyo pago le fue suspendido cuando pasó a ocupar el cargo de asistente administrativo II, grado 7, en la Dirección Nacional de Carrera Judicial y el mismo cargo en la oficina de apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, unidad administrativa de la dirección ejecutiva de Administración Judicial.

Los actos demandados

Resolución 1930 de 30 de marzo de 2001, mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva de administración judicial, negó al señor Luis Roberto Medina Garavito su petición consistente en que se le pagara la prima de antigüedad creada para los servidores públicos de la rama judicial a través del Decreto 903 de 1969 (fls. 2-5 cdno. ppal.).

Resolución 2282 de 8 de mayo de 2001, mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura, dirección ejecutiva de administración judicial, resolvió un recurso de reposición y confirmó en todas sus partes la Resolución 1930 de 30 de marzo de 2001 (fls. 611 cdno. ppal.).

Lo probado en el proceso

En constancia expedida el 29 de marzo de 1990, la secretaría general del Consejo de Estado certificó que el señor Luis Roberto Medina Garavito, comenzó a laborar en la corporación el 1º de septiembre de 1978, en el cargo de conductor grado 06 en propiedad (fl. 42 cdno. de pruebas).

Mediante Resolución 9485 de 4 de octubre de 1988 del vice ministerio de justicia, se reconoció y ordenó pagar al señor Medina Garavito, a partir del 1º de septiembre de 1988, un cincuenta por ciento (50%) de prima de antigüedad, liquidada multiplicando la asignación básica mensual por 1.610510, factor señalado en el artículo 7º del Decreto 306 de 1983 (fl. 36 cdno. ppal.).

Por Resolución 33 de 27 de abril de 1990 (fl. 40 cdno. de pruebas), el director nacional de carrera judicial nombró en provisionalidad al actor, en el cargo de asistente administrativo II grado 7, de la dirección nacional de carrera judicial, habiendo tomado posesión el 30 de abril de 1990, según Acta 009 de esa fecha (fl. 39 cdno. de pruebas).

El 1º de febrero de 2001 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dictó la Resolución 0039, mediante la cual designó en encargo al señor Roberto Medina Garavito, como asistente administrativo grado 7 del centro de administración del Palacio de Justicia de Bogotá, adscrito a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura (fl. 20 cdno. de pruebas), cuya posesión se realizó el día 5 de febrero de 2001 (fl. 18 cdno. de pruebas).

Mediante la Resolución 0074 de 2 de marzo de 2001 (fl. 15 cdno. de pruebas), la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura nombró al actor como asistente administrativo grado 7, habiendo tomado posesión el mismo día (fl. 13 cdno. de pruebas).

El 20 de marzo de 2001 el actor presentó un derecho de petición (fls. 12-15 cdno. ppal.), para obtener el pago de la prima de antigüedad que le fuera reconocida cuando laboraba en el Consejo de Estado y que se le suprimió a partir del 1º de mayo de 1990, fecha en la que comenzó a trabajar como asistente grado 7 de la Dirección Nacional de carrera judicial, hoy dirección ejecutiva de administración judicial, sin interrumpir sus labores.

Por Resolución 1930 de 30 de marzo de 2001 (fls. 2-5 cdno. ppal.), la dirección ejecutiva de administración judicial negó la petición del actor, argumentando que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 91 de 1988, al ingresar a la dirección nacional de carrera judicial, el peticionario no tenía derecho a percibir la prima de antigüedad, porque el sistema salarial que gobierna a la dirección nacional de carrera judicial (hoy dirección ejecutiva de administración judicial), es diferente al que regulaba a los servidores del Consejo de Estado, que sí incluía la prima de antigüedad.

Contra la anterior decisión, el actor interpuso recurso de reposición (fls. 16-17 cdno. ppal.) alegando que la fundamentación de la entidad se basó única y exclusivamente en normas negativas de sus peticiones, sin mencionar las codificaciones positivas, como el artículo 5º del Decreto 911 de 1978; los decretos 78 de 1990, 144 de 1991 (art. 12) y 2652 de 1991 (arts. 21 y 22).

El recurso de reposición fue resuelto por la Resolución 2282 de 8 de mayo de 2001 (fls. 6-11 cdno. ppal.), mediante la cual la dirección ejecutiva de administración judicial confirmó la Resolución 1930 de 2001, para cuyo efecto ratificó los argumentos expuestos en el acto administrativo recurrido.

Mediante escrito presentado el 12 de agosto de 2002 (fl. 3 cdno. de pruebas) y a partir del 1º de septiembre siguiente, el actor presentó renuncia irrevocable al cargo de asistente administrativo grado 7, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, grupo de mantenimiento del centro de administración del Palacio de Justicia, la cual le fue aceptada en los mismos términos mediante la Resolución 2772 de 30 de agosto de 2002 (fl. 1 cdno. de pruebas), expedida por la dirección ejecutiva de administración judicial.

Análisis de la sala

El numeral 5º del artículo 20 de la Ley 16 de 1968 revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de tres (3) años, para mejorar las asignaciones del personal de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público y del personal subalterno, mediante el sistema de sueldos básicos fijos y de primas móviles de costo de vida y de antigüedad, o de cualquier otro que sin quebrantar la igualdad dentro de las categorías judiciales, atendiera las diferencias de costo de vida en las distintas regiones del país, así como la antigüedad y eficiencia de los funcionarios.

En ejercicio de las facultades extraordinarias referidas, el Presidente de la República expidió el Decreto 903 el 31 de mayo de 1969, mediante el cual fijó las asignaciones y primas a los empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público y en relación con la prima de antigüedad precisó que ella se creaba para todos los empleados y funcionarios de las Entidades mencionadas, con excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejeros de Estado, Procurador General de la Nación y fiscales del Consejo de Estado; el valor de dicha prima correspondía a un dos por ciento (2%) de la asignación mensual básica, por cada año continuo de servicios en propiedad en sus respectivos cargos y comenzaba a partir del 1º de enero de 1970. Posteriormente, el Decreto 1231 de 1973 incrementó la prima de antigüedad en un diez por ciento (10%), por cada dos (2) años de servicios prestados en propiedad o en interinidad (art. 2º).

La Sección Segunda en providencia de 3 de marzo de 2005, con ponencia de la doctora Ana Margarita Olaya Forero, Expediente 6048 de 2003, actor: Julio Roberto Quimbay Gómez, se refirió a la prima de antigüedad en los siguientes términos:

“Este beneficio consiste en un porcentaje de la asignación básica que se causa en forma adicional y creciente para cada funcionario según el tiempo servido. En este orden de ideas, el valor de la prima de antigüedad es distinto para cada empleado y se incrementa de forma automática cuando aumenta la asignación básica: cuando el Gobierno expidió los decretos que contienen el valor nominal de la asignación básica incrementada de cada año, estaba igualmente incrementando el valor de la prima de antigüedad correspondiente; es decir incrementaba su remuneración”.

Mediante Decreto 52 de 13 de enero de 1987 se reformó y puso en funcionamiento el estatuto de la carrera judicial, el cual determinó que todos los cargos en la rama judicial eran de carrera y debían ser provistos por el sistema de méritos contemplado en esa normatividad y a su vez indicó los empleos de libre designación, entre los cuales aparecía el de chofer (art. 7º).

En cuanto a la administración de la carrera judicial, el mencionado Decreto dispuso lo siguiente:

“ART. 8º—La carrera judicial será administrada por el Consejo Superior de la Administración de Justicia, los consejos seccionales de la carrera, las corporaciones judiciales y los jueces, con el apoyo técnico y operativo de la dirección nacional y de las oficinas seccionales de la carrera”.

Para el cumplimiento de los objetivos y funciones del consejo superior de la administración de justicia, se creó la dirección nacional de la carrera judicial, con un director nacional (división de carrera judicial y de coordinación administrativa); oficinas seccionales de carrera (jefaturas seccionales) (art. 11), cuyas funciones y requisitos fueron fijados en la misma normatividad (arts. 13 y ss.).

Mediante el Decreto 91 de 20 de enero de 1988, el Gobierno Nacional estableció la nomenclatura y escala salarial para la dirección nacional y las oficinas seccionales de la carrera judicial y en sus artículos 3º y 4º estableció:

“ART. 3º—En los aspectos no contemplados en este decreto los empleados a quienes se aplique, tendrán el mismo régimen señalado por la ley para los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, excepto las primas de antigüedad, de capacitación y ascensional, a las cuales no tendrán derecho.

ART. 4º— Los funcionarios o empleados que estando al servicio de la rama jurisdiccional, Ministerio Público, direcciones de instrucción criminal o justicia penal militar, sean designados para desempeñar empleos en la dirección y oficinas seccionales de la carrera judicial, no tendrán derecho a las primas de antigüedad, capacitación y ascensional que venían percibiendo por el servicio a los mencionados organismos.

Sin embargo, los empleados que a la fecha de vigencia del presente decreto hayan sido designados para ocupar empleos de la planta de personal fijada por el Decreto 2535 de 1987, y sean designados para ocupar empleos de planta que se expida de acuerdo a la nomenclatura y escala salarial establecida en este decreto, y cuya remuneración por concepto de asignación básica, prima de antigüedad, ascensional y de capacitación sea superior a la que corresponda al grado salarial del nuevo empleo, continuarán devengando la remuneración superior hasta su retiro o cambio de cargo”.

Mediante el Decreto 2652 de 1991, se adoptaron medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la judicatura y en su artículo 21 dispuso:

“Los funcionarios y empleados que sean designados para desempeñar algunos de los cargos de que trata el presente decreto tendrán derecho a la prima de antigüedad, que se reconocerá y pagará de conformidad con las disposiciones que regulan la materia en la Rama Judicial (subrayas y negrillas fuera del texto).

Se tiene entonces que la prima de antigüedad fue creada para quienes laboraban en la rama judicial y el Ministerio Público y entró a operar el 1º de enero de 1970, e inicialmente equivalía a un dos por ciento (2%) de la asignación mensual básica, por cada año continuo de servicios en propiedad (D. 903/69) y posteriormente se incrementó en un diez por ciento (10%), por cada dos años de servicios prestados (D. 1231/73); en virtud de esa normatividad, al actor, quien laboraba como conductor en el Consejo de Estado, le fue reconocida prima de antigüedad por un cincuenta por ciento (50%), a partir del 1º de septiembre de 1988, mediante Resolución 9485 de 4 de octubre del mismo año, expedida por el vice ministerio de justicia.

Posteriormente, a partir del 1º de mayo de 1990, se le dejó de cancelar dicha prestación, cuando ingresó a trabajar a la dirección nacional de carrera judicial, en el cargo de asistente administrativo II, grado 7, lo cual se aviene a lo dispuesto en los artículos 3º y 4º del Decreto 91 de 1988, en cuanto el primero señaló expresamente que sus destinatarios tendrían el mismo régimen señalado por la ley para los funcionarios y empleados de la rama judicial, con excepción de, entre otras, la prima de antigüedad y el segundo determinó que los funcionarios o empleados que estando al servicio de la rama judicial, fueran designados para desempeñar empleos en la dirección de la carrera judicial, no tendrían derecho, entre otras primas, a la de antigüedad, supuesto que corresponde al caso del actor quien, como quedó demostrado, trabajaba en el Consejo de Estado y fue vinculado a la dirección nacional de carrera judicial.

Si bien es cierto en 2001 (febrero y marzo), el actor fue nombrado en el Consejo Superior de la Judicatura, esto es muchos años después de haber perdido la prima de antigüedad y el Decreto 2652 de 25 de noviembre de 1991 determinó que los funcionarios y empleados que fueran designados para desempeñar algunos de los cargos referidos en ese decreto, en la misma entidad, tendrían derecho a la prima de antigüedad, su contenido es claro en cuanto de él puede inferirse que sus previsiones no se aplican de forma automática, toda vez que dicha prima se reconocería y pagaría de conformidad con las disposiciones que regulaban la materia en la rama judicial, es decir aquellas relacionadas con el régimen salarial y prestacional de sus servidores, dentro de las cuales figura una amplia gama de normatividades, en la medida en que unas fueron expedidas para quienes se vincularan por primera vez, otras para los servidores que estaban vinculados y a estos últimos se les ofreció la posibilidad de optar por acogerse a los nuevos regímenes o por permanecer en el anterior y además se les consagraron algunas prerrogativas como incrementos salariales adicionales y la posibilidad de continuar con las primas, entre ellas la de antigüedad, para cuyo efecto contaban con un plazo determinado en el que debían hacer la manifestación expresa de la opción que escogieran, nada de lo cual fue aducido en la demanda y menos aun en el recurso de apelación, cuyos argumentos se pueden sintetizar en la afirmación consistente en que por haber devengado la prima de antigüedad, esta debía seguírsele reconociendo al actor, en razón de que no existió solución de continuidad en la prestación de su servicio, cuando las normas precitadas ni siquiera mencionan esa circunstancia y menos aun consagran el derecho reclamado por la única razón de que ella se cumpla.

Corolario de lo discurrido es que en el proceso no se demostró el derecho del demandante a que se le reconozca y pague la prima de antigüedad, razón por la cual los actos acusados que la negaron deben mantenerse; en orden de ideas la providencia materia de alzada debe confirmarse, tal como habrá de decidirse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia de 22 de abril de 2004, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Luis Roberto Medina Garavito contra la dirección ejecutiva de administración judicial.

En los términos y para los efectos del poder visible al folio 155 del cuaderno principal, se reconoce a la abogada María Nancy Castro Martínez como apoderada de la entidad demandada,

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Publíquese en los Anales del Consejo de Estado.

Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha».

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