Sentencia 4002 de septiembre 25 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

ACTOS SUJETOS AL DERECHO PÚBLICO

EXTRACTOS: «El artículo 1º de la ley de servicios públicos domiciliarios señala que la misma se aplicará, entre otros, al servicio público domiciliario de energía eléctrica, que es precisamente el objeto social de la empresa demandada. Por su parte, el inciso 2º del parágrafo 1º del artículo 17 ibídem, establece que el régimen aplicable a las entidades descentralizadas de cualquier nivel territorial que presten servicios públicos, en todo lo que no disponga directamente la Constitución, será el previsto en ella.

A su turno, el artículo 32, reza:

“ART. 32.—Régimen de derecho privado para los actos de las empresas. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución y todos los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el ejercicio de todos los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado (el destacado no es del texto).

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las entidades en que las sociedades públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce (...).

De los artículos 17 y 32 de la Ley 142 de 1994 se extrae que la regla general es la aplicación del derecho privado a los actos de las empresas de servicios públicos domiciliarios, de cuya legalidad, por lo tanto, conocerá la jurisdicción ordinaria.

En armonía con las disposiciones anteriores, el artículo 76 de la Ley 143 de 1994 antes referenciada, estatuye que

“Los actos y los contratos, salvo los que se refieren a contratos de empréstito, celebrados por las sociedades por acciones en las cuales las entidades oficiales tengan participación en su capital social, sin atención a la cuantía que dicha participación represente, se regirán por las normas de derecho privado”.

Pero igualmente se infiere de dichas normas que, excepcionalmente, es decir, cuando la Constitución y/o la ley expresamente lo disponga, las reglas del derecho público se aplicarán a sus actos o que el conocimiento de su legalidad corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa.

Algunas de tales excepciones se encuentran consignadas en la Ley 142 de 1994, de la siguiente manera:

a) Los actos originados en el contrato de servicios públicos domiciliarios relacionados con la prestación del servicio a los usuarios, los de negativa a celebrar el contrato, los que ordenan su suspensión o terminación o deciden el corte del servicio o la facturación, por ser actos administrativos impugnables mediante recursos en vía gubernativa, según los artículos 128 y 154 de la Ley 142 de 1994, incluidos los de energía eléctrica.

b) Los contratos suscritos por las empresas de servicios públicos domiciliarios, que incluyan cláusulas exorbitantes (artículo 31, Ley 142/94 y parágrafo, artículo 8º, Ley 143/94).

c) Los actos y contratos que tengan por objeto el uso del espacio público, la ocupación temporal de inmuebles, la promoción de la constitución de servidumbres y la enajenación forzosa de los bienes que se requiera para la prestación del servicio; los cuales estarán sujetos al control de la jurisdicción en lo contencioso administrativo sobre su legalidad y a responsabilidad por acción u omisión en el ejercicio de tales derechos, conforme al artículo 33 de la Ley 142 de 1994.

d) Los contratos que relaciona el artículo 39, numeral 1º, de la Ley 142 de 1994, referidos a la concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente o para el acceso al espectro electromagnético —el servicio de telecomunicaciones—.

En estas circunstancias, la cuestión se centra en determinar si lo que se demanda está o no encuadrado en alguna situación excepcional prevista por la ley que, por lo mismo, lo haga pasible de enjuiciamiento ante la jurisdicción contencioso administrativa».

(Sentencia de septiembre 25 de 1997. Expediente 4002. Consejero Ponente: Dr. Juan Alberto Polo Figueroa).

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