Sentencia 40022 de febrero 27 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente

Dr. José Luis Barceló Camacho

Aprobado acta 60

Bogotá, D.C., veintisiete de febrero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La Sala casará parcialmente la sentencia demandada, en los términos reclamados por el recurrente y avalados por el Ministerio Público. Las razones son las siguientes:

1. La doctrina de la Corte ha sentado el criterio conforme con el cual la acusación comporta un acto complejo constituido por el escrito acusatorio, la audiencia de acusación y el alegato final al culminar el debate probatorio, destacándose que la imputación fáctica debe permanecer inalterable, incluso desde la formulación de la imputación, en tanto que la jurídica puede variar, toda vez que se puede ir consolidando a partir de las diversas fases del proceso penal.

Ese cambio de la imputación jurídica puede llegar, incluso, a que al juez le sea permitido condenar por un hecho delictivo diverso del postulado por la acusación, pero en el entendido necesario de que el cambio favorezca al acusado y se respete el núcleo básico de la imputación fáctica.

2. Entonces, si al fallar el juzgador puede salirse del marco previsto por la acusación, si la Fiscalía ostenta la titularidad de la acción penal y es la “dueña” de la acusación, la que jurídicamente puede ir estructurando en las diversas fases del juicio, no se observa obstáculo alguno para que, sin modificar el núcleo básico de la imputación fáctica, en los alegatos finales pueda elevar ante el juez una petición principal y otra subsidiaria, como que desde la valoración de los elementos probatorios allegados al juicio puede concluir en la demostración de una tesis, pero simultáneamente puede entender que las pruebas admiten una segunda evaluación y, por ende, que postule esta de modo subsidiario.

3. Desde la aplicación del principio de “igualdad de armas” se concluye en el mismo sentido, pues no llama a controversia que la defensa pueda hacer planteamientos subsidiarios al juez, como cuando pretende, de modo principal, exoneración por acreditación de la inocencia, pero, de no admitirse, postula en forma alternativa exoneración por in dubio pro reo. Si no admite discusión que la parte defendida pueda hacer ese tipo de planteamientos, no se entendería que a la Fiscalía se le impidiese hacer otro tanto, siempre y cuando respete los lineamientos sobre la congruencia, esto es, que mantenga inalterable el núcleo básico de la imputación fáctica propuesta desde un comienzo.

4. Cuando en el desarrollo de un juicio la parte interesada postula una petición, o interpone un recurso, y advierte que ello lo hace de manera principal y que de no acogerse ese inicial planteamiento formula otro de modo subsidiario, es claro que sus pretensiones quedan satisfechas con cualesquiera de las dos propuestas, en el entendido de que reclama que, en principio, se valore su tesis principal y que solamente en el supuesto de no ser acogida, se analice la subsidiaria.

A voces del diccionario, en derecho lo subsidiario se aplica a la acción o responsabilidad que suple a otra principal, esto es, que la remplaza, que la sustituye.

Respecto de la postulación de varias pretensiones, la jurisprudencia de la Corte ha enseñado que es viable plantearlas, siempre que se enuncien subsidiariamente. Ha advertido que hay lugar a una acumulación objetiva de pretensiones, que

“admite varias formas, entre ellas la llamada eventual o subsidiaria, que ocurre cuando la segunda de las pretensiones propuestas en la demanda la invoca el demandante para que el juez la estudie y decida en el caso de que rechace la anterior. Como la gradación de las peticiones depende exclusivamente del interés del demandante, ese orden no puede ser variado por el fallador, pues al hacerlo está modificando los extremos de la demanda, lo que no le está permitido. Entonces, el juez solamente puede entrar a estudiar la pretensión subsidiaria, para resolverla, en el único evento de que, previamente, haya desestimado la principal en sentencia de mérito” (Sala de Casación Civil, sentencia del 15 de febrero de 1974).

Dentro del mismo lineamiento, la Corporación ha enseñado que la pretensión es subsidiaria

“Cuando el actor reclama ‘una concreta tutela jurídica con preferencia (y exclusión) sobre otra’, de modo que rechazada aquella, debe examinarse esta. Tratando de establecer las peculiaridades sobresalientes de la acumulación de esta clase, es preciso señalar que es posible acumular pretensiones excluyentes…, que el demandante debe jerarquizar o determinar el orden en el cual el juzgador ha de examinar los pedimentos de la demanda de tal modo que este, el sentenciador, no se encuentra compelido a estudiar todas las reclamaciones que ella contiene, desde luego que solamente podrá abordar el análisis de la subsidiaria cuando desestime la principal” (Sala de Casación Civil, sentencia del 4 de noviembre de 1999, expediente 5225).

En esas condiciones, quien ejerce un derecho de postulación o de impugnación de modo principal, pero a renglón seguido señala otro de manera subsidiaria, aspira, y así lo pone de presente, a que ante la eventualidad de que lo principal no sea acogido, se reemplace esa pretensión por la subsidiaria, que, así, pasa a hacer las veces de principal, desde donde deriva que, de acogerse el primer pedido, no hay lugar a valorar el segundo, en tanto el reclamo del actor se encuentra satisfecho, pero, a la par, de no admitirse el postulado principal, el deber judicial es estudiar el subsidiario que entra a reemplazar a aquel, a sustituirlo, a hacer sus veces.

Bajo tal entendimiento resulta incontrastable que cuando la parte, la Fiscalía en este caso, formula dos peticiones al juez, una principal y otra subsidiaria, con cualesquiera de ellas encuentra satisfechas sus pretensiones, en tanto aspira que la principal encuentre eco, pero, de no lograrlo, inmediatamente la reemplaza, la sustituye por la subsidiaria, supuesto en el cual esta colma plenamente sus expectativas.

5. Así, cuando el juzgador acoge el pedido de la parte, sea el principal o el accesorio, esta queda deslegitimada para recurrir ese aspecto, en cuanto carece de interés jurídico, como que la causa postulada se satisface en igualdad de condiciones con una de sus dos pretensiones, la principal o la subsidiaria, a partir de lo cual se entiende que cuando la decisión se pronuncia en los términos propuestos por alguna de ellas, la misma no causa un agravio, un perjuicio, precisamente por estar a tono con el reclamo, y ese agravio, ese perjuicio, es el que señala la legitimidad, el interés.

6. Lo dicho, no obsta para que la Corte reitere su línea de pensamiento respecto de las salvedades que se admiten cuando, respecto de la legitimidad para recurrir, se exige que exista identidad entre el tema propuesto en la impugnación y el postulado en las instancias inferiores.

(I) Así, no hay lugar a la exigencia de ese requisito para optar por instancias superiores, y específicamente a la casación, cuando (i) arbitrariamente se hubiese impedido el ejercicio del recurso en la fase previa, (ii) el fallo de segundo grado modifique, con perjuicio, la situación de la parte, (iii) se invoque nulidad, siempre que la irregularidad represente un daño (confrontar sentencias del 17 de enero de 2002, 23 de junio de 2003, 16 de marzo de 2005 y 28 de septiembre de 2006, radicados 12.106, 17.401, 21.296 y 23.638, en su orden).

(II) De manera específica, respecto de la parte defendida se admiten otras salvedades, si se tiene en cuenta su especial condición, conforme con la cual, llega al juicio precedida de la presunción de inocencia que la cobija durante todo el debate, que no tiene la carga de probar (el delito y la responsabilidad le compete acreditarlos a la Fiscalía), que no se le impone el deber de presentar una teoría del caso y que las dudas probatorias insalvables deben resolverse en su favor.

En tal contexto, se acepta que si se apela con el reclamo de absolución, lo que en principio apuntaría a que solamente ese tópico puede postularlo en casación, tiene interés para acudir a la vía extraordinaria en la búsqueda de una sanción menor, en tanto pedir exoneración plena comporta rechazar la imposición de pena, lo que deja a salvo su legitimidad para impugnar esos aspectos (sentencias del 10 de abril y 27 de agosto de 2003, radicados 11.761 y 17.160, respectivamente).

(III) Se ha decantado que quien es absuelto por duda se encuentra legitimado para acudir al superior en el anhelo de lograr se declare la certeza de inocencia, pues en el primer supuesto en el conglomerado subyace la sensación de que a la justicia le faltó diligencia para probar la responsabilidad (sentencia del 15 de julio de 2003, radicado 17.866).

7. En el caso concreto se observa que en su alegato conclusivo la Fiscalía solicitó se emitiera condena contra el acusado como coautor del homicidio. Subsidiariamente postuló se dedujera su responsabilidad en condición de cómplice, según el artículo 30 del Código Penal. Los dos pedimentos los reiteró en la réplica a las pretensiones de la defensa.

En aplicación de los conceptos expuestos, deriva incontrastable que para la Fiscalía sus pretensiones quedaban satisfechas con una de sus dos postulaciones: la deducción de coautoría, de modo principal, o la imputación de complicidad, de manera subsidiaria. Por tanto, al pronunciarse el juez por uno de estos dos grados de participación satisfacía a plenitud el reclamo de la acusación, de lo cual surge que la decisión que optase por una de esas dos alternativas no causaba daño, agravio a quien las presentó.

Entonces, si la Fiscalía pidió condena por complicidad y en esos precisos términos resolvió la justicia, quedó deslegitimada para apelar reclamando coautoría, en cuanto quedó sin interés jurídico, pues ningún perjuicio le causó la justicia que se pronunció a tono con su petición.

En ese contexto, cuando la Fiscalía recurrió con ese específico reclamo, el a quo debió negar la impugnación por falta de legitimación en la causa o de interés jurídico para recurrir. Como no procedió de tal forma, por las mismas razones el superior funcional ha debido abstenerse de aprehender el conocimiento de la alzada.

Así, la defensa, que acudió en apelación aspirando a un fallo absolutorio, adquirió la condición de recurrente único, desde la cual el Tribunal quedaba impedido para reformar, perjudicándolo, su situación jurídica, por prohibición expresa del artículo 31 de la Constitución Política, reiterada por el artículo 20 procesal, norma obligatoria, que prevalece sobre cualquiera otra y debe ser utilizada como fundamento de interpretación.

Por tanto, el tribunal solamente estaba facultado para revisar la petición absolutoria y, al concluir que no prosperaba, ratificar el fallo de primer grado sin alterarlo en perjuicio del acusado.

Como no lo hizo, la Corte casará parcialmente la decisión de segunda instancia en esos precisos términos.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Casar parcialmente la sentencia del 31 de julio de 2012, proferida por el Tribunal Superior de Popayán, exclusivamente para dejar en 9 años 2 meses las penas de prisión y de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas que debe cumplir Albeiro Cussi Cruz como cómplice de la conducta punible de homicidio simple.

Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».