Sentencia 40024 de febrero 13 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40024

Acta 04

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., trece de febrero de dos mil trece.

EXTRACTO: «VIII. Se considera

La censura con esta acusación pretende demostrar que el tribunal se equivocó, al negar el reintegro convencional impetrado por el accionante, por cuanto tal decisión no está acorde a los medios de convicción obrantes en el proceso, para lo cual propuso nueve (9) errores de hecho y denunció la errónea apreciación de unos elementos probatorios y la inestimación de otros.

Observa la Sala, que el recurrente en la formulación del ataque, se limitó a relacionar ciertas pruebas que en su decir dieron origen a los yerros fácticos endilgados, pero en la sustentación no se ocupó de explicar frente a cada una de ellas, en qué consistió la defectuosa actividad probatoria del fallador de alzada. Es así que para nada menciona la inspección judicial, la confesión de la demandada y el documento de liquidación definitiva de prestaciones sociales, que denuncia como elementos de convicción no apreciados.

Si bien aludió a algunas de las probanzas y a lo que en su criterio muestran, valga decir, a las convenciones colectivas de trabajo acusadas y el Decreto Distrital 992 del 14 de octubre de 1997, que no es norma sustantiva de alcance nacional, la verdad es que en relación a estas, no especificó aquello que su contenido acredita en contra de lo que dio por probado el sentenciador y como incidió el correspondiente dislate en la decisión adoptada objeto de impugnación. No es suficiente afirmar de manera genérica que “en autos quedó probado, lejos de toda anfibología, que el decreto expedido por la administración distrital para ordenar la presunta supresión del empleo del demandante, le fue inoponible en cualquier tiempo”.

En estas condiciones, desde el punto de vista fáctico, el desarrollo del cargo, no permite verificar una ostensible contradicción entre el aparente defecto valorativo de cada prueba denunciada y la realidad procesal, o establecer alguna omisión probatoria, que de[sic] lugar a quebrar la sentencia censurada.

De los errores de hecho enunciados, los que tienen que ver con la inaplicación del Decreto 992 de 1997 por falta del requisito legal de la publicidad, constituyen más una argumentación jurídica que fáctica, que no es factible ventilar ni definir por la vía escogida para encauzar el ataque.

En efecto, frente a la alegación que atañe a la validez jurídica y aplicación del citado Decreto Distrital 992 del 14 de octubre de 1997, elucidar su obligatoriedad y el necesario cumplimiento del requisito de la “publicidad” para que pueda producir efectos jurídicos y ser oponible a terceros, requiere de un análisis jurídico y no fáctico, dado que el posible yerro no se extrae de la prueba sino de la propia ley, y por consiguiente esta parte de la acusación debió plantearse por la senda adecuada que es la directa.

Del mismo modo, al dársele en sede de casación el carácter de prueba al referido decreto distrital, por no ser como se dijo norma sustancial nacional, el punto concerniente a la legalidad, fuerza probatoria o eficacia jurídica del ejemplar incorporado a los autos, en copia autenticada por la entidad demandada que lo expidió, obrante a folios 4 a 10 del cuaderno de anexos, es un cuestionamiento que tiene que ver con la aducción, producción, validez o decreto de la prueba, que conforme lo tiene adoctrinado la Sala no es dable analizar por la vía de los hechos, ya que, antes de incurrir el juzgador en un equivocado entendimiento de los hechos por omisión o mala estimación de las pruebas, lo que en realidad estaría infringiendo es la ley instrumental o reglas legales que regula los señalados actos procesales. En sentencia del 21 de abril de 2004 Radicado 22023, en un caso análogo se expresó: “la recurrente, a pesar de seleccionar el sendero indirecto para el ataque, se dedica a criticar la falta de publicación del Decreto 139 de 1989 del municipio de Girardot y, por ende, su ilegalidad, lo cual es un asunto jurídico ajeno por completo a la vía fáctica”.

Igualmente, en el cargo se plantean otros tópicos que se traducen en discernimientos jurídicos no propios del sendero escogido, como sería el tema de la estabilidad laboral como garantía constitucional y sus mecanismos de protección, y la interpretación de la Ley 153 de 1887, artículo 27, para lo cual el censor le imprime el carácter de “ley” a una norma convencional que considera clara en su tenor literal y aplicable al sub lite.

Ahora bien, pasando a lo estipulado convencionalmente, lo cual sí corresponde a un cuestionamiento meramente fáctico, se tiene que el tribunal apreció razonadamente el texto de la convención colectiva de trabajo celebrada el 21 de mayo de 1996, y por tanto, no pudo cometer un error de hecho y menos ostensible o manifiesto, por lo siguiente:

En primer lugar, es pertinente destacar, que en la esfera casacional no es materia de debate que el contrato de trabajo del demandante terminó por decisión unilateral de la demandada, por virtud de la “supresión” del puesto de trabajo que ocupaba, tal como lo coligió el tribunal no solo de lo dispuesto en el Decreto Distrital 992 de 1997, sino de la constancia visible a folio 234 del cuaderno principal, suscrita por el director técnico de gestión humana y control interno disciplinario (E), documento público que hace fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las declaraciones que en él hizo el funcionario que lo expidió, al tenor de las voces del CPC artículo 264, documental que no fue reprochada en el cargo.

Lo que controvierte el recurrente en este punto, es la consecuencia de esa determinación de la entidad, que en su decir no corresponde al pago de la indemnización monetaria en los términos de los artículos 51 y 52 de la convención colectiva de trabajo de 1996 tal como lo infirió el tribunal, sino al “reintegro” por ser una opción que trae el procedimiento convencional consagrado en el parágrafo 2º del artículo 6º de la CCT celebrada el 22 de enero de 1997, estatuto último al cual hace remisión el artículo 5º del tantas veces mencionado Decreto 992 de 1997, además de que el cargo de “oficial 1” no desapareció por completo, ya que en la nueva planta de trabajadores oficiales se conservó 31 puestos de trabajo, según el artículo 3º de dicho Decreto.

Veamos:

La Convención Colectiva de Trabajo del año 1996 (fls. 42-66, cdno. ppal.), señaló en su artículo 11 lo siguiente:

“ART. 11º.—Despidos sin justa causa: Los trabajadores que sean despedidos sin justa causa comprobada, tendrán derecho a través de la vía gubernativa y judicial, al reintegro al cargo que desempeñaba y al pago de los salarios dejados de percibir durante el lapso del despido, incluyendo los aumentos salariales producidos para el cargo, por causa legal o convencional“.

A su vez los artículos 51 y 52 del mismo texto convencional establecieron:

“ART. 51.—Indemnización por supresión del cargo o por liquidación total o parcial de la entidad: Los trabajadores oficiales al servicio de la Secretaría de Obras Públicas de Santa Fe de Bogotá, D.C., que por supresión del cargo o por liquidación total o parcial de la entidad sean retirados recibirán una indemnización en la siguiente forma:

(...).

4º. Si el trabajador tuviere quince (15) años o más de servicio y menos de veinte (20) años continuos o discontinuos al Servicio de la Secretaria[sic] de Obras Públicas, se le pagarán ciento diez (110) días de salario básico por cada uno de los años de servicio continuos o discontinuos y proporcionalmente por fracción

(...).

ART. 52.—Pago de la indemnización por supresión del cargo o por liquidación total o parcial de la entidad. - Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital – Secretaria[sic] de Obras Publicas - pagará la indemnización correspondiente a los trabajadores que sean desvinculados de la entidad dentro de los siguientes cuarenta y cinco (45) días calendario a la fecha de la notificación de la desvinculación del trabajador”.

La Sala, en un proceso seguido contra la misma demandada, Bogotá Distrito Capital, tuvo la oportunidad de analizar los mencionados artículos convencionales antes transcritos y pronunciarse en relación a la cláusula convencional que se debe aplicar en caso de finalización del contrato de trabajo por “supresión del cargo”. Así, en sentencia calendada el 19 de noviembre de 2008 Radicado 34111, puntualizó: “... El análisis de las normas convencionales citadas permite concluir, como lo hizo el tribunal, que ante la aludida supresión del cargo, se debía aplicar el artículo 51 convencional, contentivo de la tabla indemnizatoria en los eventos de “supresión del cargo o liquidación total o parcial de la entidad”, y no el 11, que como lo acepta el propio censor, se refiere a los eventos en los que los trabajadores “fueren inculpados de alguna falta”, que no es el caso en examen”.

En este orden de ideas, el tribunal apreció razonadamente el texto convencional que se cuestiona, al inferir que en los casos de supresión de cargos, lo que procedía era el pago de la indemnización convencional, regulada expresamente para este puntual evento en los artículos 51 y 52 de la convención colectiva de trabajo del año 1996.

Por otra parte, aun cuando es cierto que el Decreto 992 de 1997 obrante a folios 4 a 10 del cuaderno de anexos, que suprimió 299 cargos de Oficial I (art. 1º), se remite al reconocimiento y pago de las indemnizaciones “con arreglo a los términos establecidos en la convención colectiva vigente para 1997, celebrada con el sindicato de trabajadores oficiales de la mencionada secretaría” (art. 5º), el parágrafo 2º del artículo 6º de la citada convención colectiva de trabajo del año 1997, remite al acuerdo colectivo de trabajo del año 1996 y prácticamente reproduce su artículo 11 aplicable a los trabajadores que sean despedidos sin una justa causa comprobada, o sea a quien se le inculpe una falta, dando la opción a estos trabajadores de reclamar el reintegro o el pago de la indemnización convencional (fl. 72, cdno. ppal).

Como el referido parágrafo 2º del artículo 6º de la convención de 1997, no aludió expresamente a los casos de terminación del contrato de trabajo por supresión del puesto de trabajo y liquidación total o parcial de la entidad, no resulta descabellado entender como lo hizo el tribunal, que la regulación para estos eventos que traía la convención colectiva de trabajo de 1996 se mantuvo intacta, máxime que, como lo pone de presente la réplica, el artículo 12 de la CCT de 1997 estipuló “vigencia de las convenciones colectivas anteriores: Las normas de las anteriores convenciones colectivas de trabajo celebradas entre las mismas partes, que no hubiesen sido derogadas expresa o tácitamente o modificadas, continuarán vigentes, entendiéndose incorporadas a la presente Convención Colectiva de Trabajo” (fl. 73, cdno. ppal.).

Adicionalmente conviene agregar, que por tratarse de la supresión de cargos, no se tiene consagrado convencionalmente para estos eventos el reintegro demandado, según quedó visto, resultando intrascendente en este asunto que en la nueva planta de trabajadores oficiales de la Secretaría de Obras Públicas de la demandada, se hubieran conservado 31 puestos de trabajo.

Por último, como en este cargo no se atacó la absolución de las súplicas subsidiarias, respecto de las cuales el tribunal acogió íntegramente las motivaciones del juez de primer grado, este aspecto puntual se mantendrá incólume.

En definitiva, el tribunal no cometió ninguno de los yerros fácticos atribuidos, resultando infundado el cargo.

IX. Segundo cargo

Acusó la sentencia impugnada por la vía directa, en las modalidad de infracción directa, respecto de los artículos “251, 258 y 174 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables a los procesos laborales por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, lo que condujo a la transgresión de los artículos 11, 46, 47 y 49 de la Ley 6a de 1945, 3º de la Ley 64 de 1946, 51, 52 y 54 del Decreto 2127 de 1945, 1º del Decreto 797 de 1949, 467, 469, 475 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, 37, 38 y 39 del Decreto-Ley 2351 de 1965, en relación con los artículos 1º, 25, 51, 60, 61, 145 y 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, 2, 5, 9, 10, 13, 16, 19, 21, 47 (subrogado por el D. 2351/1965, art. 5º), 55, 56, 62 (subrogado por el D. 2351/65, art. 7º), 64 (subrogado por el D. 2351/65, art. 8º), 65, 127, 488, 489 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 3º de la Ley 48 de 1968, 174, 187, 251, 252, 254, numerales 1º y 3º y 258 del Código de Procedimiento Civil, 63, 1494, 1604, 1609, 1610, 1613, 1614, 2341, 2343, 2349, 2356, 2357 y 1757 del Código Civil”.

Para el desarrollo de la acusación, el recurrente textualmente planteó lo siguiente:

“En contravía de sus propias razones, es decir, desconociendo o revelándose contra la ley así creada, el ad quem no le dio el valor probatorio que contienen los instrumentos visibles a folios 15 del cuaderno principal y folio 77 del cuaderno anexo, en su foliatura inferior o folio 142, en su foliatura superior, documentos públicos a que se remitió la diligencia de inspección judicial practicada el 2 de febrero de 2006, en cuanto respecta al punto cuarto de la misma, visible al folio 305 del primer cuaderno, no los valoró toda vez que el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil advierte que la prueba que resulte de los documentos públicos y privados es indivisible y comprende aún lo meramente enunciativo siempre que tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. De las mencionadas pruebas se advierte sin discusión alguna: que la liquidación de la indemnización de perjuicios por despido injusto del demandante recurrente, ha debido hacerse sobre el salario base de liquidación, establecido en dichos documentos públicos en la cantidad de $ 645.842.50, y por ello no podía el ad quem concluir diferentemente a lo expresado en esos documentos públicos, porque con ello lo que hizo fue transgredir la norma procesal reseñada en la proposición jurídica. Sobre esa base de salario ha debido hacerse la liquidación de la indemnización de perjuicios, actualizándose su valor a la fecha de la solución definitiva de esta obligación dineraria”.

X. La Réplica

Por su parte, la entidad opositora manifestó que este cargo debe desestimarse, porque el recurrente realiza una mixtura indebida de vías de violación, la directa y la indirecta, al aducir la violación de la ley desde el punto de vista jurídico, pero plantear cuestiones fácticas.

XI. Se considera

El debate en este cargo, gira en torno a que se determine jurídicamente que el tribunal incurrió en el error jurídico de negar el valor probatorio a los documentos obrantes a “folios 15 del cuaderno principal y folio 77 del cuaderno anexo, en su foliatura o folio 142, en su foliatura superior, documentos públicos a que se remitió la diligencia de inspección judicial practicada el 2 de febrero de 2006, en cuanto respecta al punto cuarto de la misma, visible al folio 305 del primer cuaderno”.

En lo que atañe a las súplicas subsidiarias, entre las cuales se encuentra la reliquidación de la indemnización convencional cancelada al actor, tomando un salario promedio mensual devengado equivalente a la suma de $ 645.842,50 mensuales, el tribunal acogió íntegramente lo expuesto por el sentenciador de primer grado para su absolución, y por consiguiente es del caso remitirse a lo dicho por el juez de conocimiento.

Al remitirse la Sala a esa argumentación de la primera instancia, se encuentra que en ningún momento el a quo le restó o negó el valor probatorio o eficacia jurídica a la prueba documental reseñada por la censura, ya que para despachar desfavorablemente este pedimento, estableció al apreciar el material probatorio obrante en el proceso, que con el mismo no quedaba acreditado el salario promedio alegado por la parte actora, al decir “ahora bien, como quiera que no aparece prueba dentro del plenario que demuestre que el salario básico del trabajador correspondía a la suma de $ 645.642,50, no hay lugar a reliquidar la indemnización convencional cancelada al demandante” (fl. 400).

Así las cosas, el ad quem no pudo cometer el yerro jurídico enrostrado, descendiendo la discusión al terreno de lo fáctico, toda vez que se hace necesario entrar a constatar el contenido de la prueba para poder determinar si demuestra o no el salario alegado en la demanda inaugural que dé cabida a la reliquidación solicitada, aspectos que no es posible abordar por la senda directa o del puro derecho, en la medida que la equivocada apreciación de esos medios de convicción debió plantearse por separado y por la vía adecuada, que es la indirecta o de los hechos.

En este orden, el tribunal no incurrió en la transgresión de la ley denunciada y por tanto el ataque no puede prosperar.

Las costas del recurso extraordinario serán a cargo del recurrente demandante, por cuanto la acusación no salió avante y hubo réplica, las cuales se fijan en la suma de tres millones de pesos moneda corriente ($ 3.000.000), que se incluirán en la liquidación que para tal efecto practique la secretaría.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 4 de julio de 2008, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario adelantado por Rafael Medina Cediel contra Bogotá - Distrito Capital.

Las costas del recurso de casación como quedó indicado en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».