Sentencia 4005 de abril 17 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

MONOPOLIO DE LOS ALCOHOLES

COMPRENDE A LOS POTABLES Y A LOS IMPOTABLES

EXTRACTOS:«Sostiene la apelante, en primer término, que la comercialización del alcohol impotable es libre en virtud de lo dispuesto en la Ley 84 de 1916, la cual facultó a los departamentos para que ejercieran solamente la vigilancia sobre su producción, conservación, transporte y expendio.

Sobre el particular, estima la Sala que tal y como lo observó el a quo, el artículo 11 de la Ley 83 de 1925 estableció, en cabeza de los departamentos, el monopolio de la producción del alcohol impotable.

En consecuencia, si bien es cierto que la referida ley para nada se refirió a su comercialización, también lo es que, tal y como lo acepta la demandante, la Ley 84 de 1916 señaló que “La producción, conservación, transporte y expendio de alcohol impotable y de los vinos de que trata esta ley, estarán sujetos a la vigilancia de la autoridad y de sus agentes, mediante las reglas que dicten las respectivas asambleas departamentales con el único fin de evitar el contrabando a la renta de licores destilados...”, compartiendo la Sala lo expuesto por la representante del Ministerio Público, en el sentido de que la exigencia de la obtención de la licencia previa expedida por la empresa de licores de Cundinamarca a la que se contraen algunas de las normas acusadas, tiene respaldo legal en la referida Ley 84 de 1916, esto es, en ejercicio de la vigilancia otorgada por ésta a las autoridades.

De otra parte, considera la apelante que el monopolio de los alcoholes no existe, dado que el artículo 336 de la Carta Política solamente se refirió al monopolio de los licores y de los juegos de suerte y azar.

Al respecto, observa esta corporación que dicha interpretación no es correcta, ya que el mismo artículo 336 en comento establece que los monopolios sólo podrán ser establecidos en virtud de una ley, lo cual no implica que dicha ley no pueda ser anterior a la reforma constitucional de 1991.

Sobre el particular y concretamente refiriéndose al monopolio de alcoholes potables, esta sección en sentencia de 22 de septiembre de 1995, consejera ponente Nubia González Cerón, Exp. 2025, sostuvo:

“Es claro que en los apartes anteriormente transcritos se señaló que el monopolio del alcohol potable existe desde la vigencia del Decreto Legislativo 244 de 1906, aclaratorio del Decreto Legislativo 41 de 1905, que fue ratificado con carácter de ley permanente mediante la Ley 15 de 1905, es decir, que el monopolio del alcohol potable fue establecido por ley (...).

Establecido que sí existe el monopolio del alcohol potable, la sentencia apelada será revocada y en su lugar se dispondrá denegar las pretensiones de la demanda, toda vez que si bien es cierto que la producción y distribución de los vinos espumosos o espumantes, los aperitivos y similares nacionales son de libre producción y distribución de conformidad con el artículo 62 de la Ley 14 de 1983, no lo es menos que como quiera que en la elaboración de dichos productos se utiliza como materia prima el alcohol potable, le asiste razón a la entidad demandada cuando en los actos acusados de nulidad, manifestó que el alcohol para la fabricación de los aperitivos en cuestión, debía ser adquirido al departamento de Cundinamarca” (las negrillas no son del texto).

En síntesis, se concluye que el monopolio del alcohol potable fue consagrado en la Ley 15 de 1905 y el del alcohol impotable mediante la Ley 83 de 1925, sin que la circunstancia de que el artículo 336 de la Carta Política no se haya referido expresamente a los mismos, signifique que no existen.

En cuanto a que no se ha expedido la ley que consagre como arbitrio rentístico el monopolio de los alcoholes, observa la Sala que mediante Decreto Legislativo 16 de 1905, ratificado por la Ley 15 del mismo año, se estableció como arbitrio rentístico el monopolio del alcohol desnaturalizado, es decir, del impotable, y mediante la Ley 14 de 1983, artículo 61, se consagró el de los licores destilados, los cuales, como ya quedó dicho, contienen alcohol potable, por lo cual debe entenderse que dentro del monopolio como arbitrio rentístico de los licores, se entiende comprendido el del alcohol potable, careciendo en consecuencia de exactitud la afirmación de la recurrente de que la Ley 14 de 1983 no es aplicable al caso sub examine.

Considera, de otra parte, la recurrente que el artículo 88 de la ordenanza 26 de 1991, si bien es cierto que concedió facultades pro tempore al Gobernador de Cundinamarca para reformar o adicionar el estatuto de rentas de dicho departamento, no por ello éste puede exceder dicha facultad, contrariando la ley o la Constitución.

Al respecto, la Sala estima que el Decreto 2143 de 1992 “por el cual se adiciona y reforma el estatuto de rentas del departamento de Cundinamarca”, en lo que atañe al monopolio de alcohol potable, simplemente reafirma, como ya se expuso, lo consagrado en el Decreto Legislativo 244 de 1906, aclaratorio del Decreto Legislativo 41 de 1905, que fue ratificado con carácter de ley permanente mediante la Ley 15 de 1905, y respecto de la exigencia de obtener licencia para la introducción y venta de alcohol impotable, también ya se expuso, la misma tiene sustento en la Ley 84 de 1916, es decir, en la facultad de vigilancia concedida por la citada ley a las autoridades.

De otra parte, afirma la apelante que los conceptos de licor y alcohol son diferentes, lo cual no discute la Sala. Sin embargo, existiendo el monopolio tanto de los licores como el de los alcoholes potable e impotable, dicha observación no es relevante en el caso sub examine.

Finalmente, esta corporación procederá a despejar los interrogantes que la parte actora no encontró resueltos en la sentencia de primera instancia.

La Ley 84 de 1916 se encuentra vigente respecto de la libertad en la comercialización del alcohol impotable y de la vigilancia otorgada a las autoridades en su conservación, transporte y expendio, pero no así respecto de la libertad en la producción de dicho alcohol, pues dicha libertad fue derogada por el artículo 11 de la Ley 83 de 1925, que autorizó a los departamentos para monopolizar la producción del alcohol impotable».

(Sentencia de abril 17 de 1997. Expediente 4005. Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola).

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