Sentencia 40062 de marzo 6 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Julio Enrique Socha Salamanca

Aprobado: Acta 69

Bogotá D.C., seis de marzo de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

La evidente claridad del asunto y la coincidencia en el pedimento de las partes llevan a la Corte a casar parcialmente el fallo, como pasa a explicarse:

La tensión que se presentaba entre el principio de legalidad y la prohibición constitucional de la reforma peyorativa en el caso de apelante único, ambas garantías de raigambre constitucional, ha sido definida por la corporación al dar prevalencia a la segunda sobre la primera.

Así, desde la sentencia de 18 de mayo de 2005 (rad. 22323) la corporación marcó el cambio jurisprudencial que otrora le daba preeminencia al principio de legalidad.

“Comprendía la Sala en forma mayoritaria que irrogar una pena inexistente, pero también dejar de aplicar la prevista por el legislador, o imponerla por exceso o por defecto sin advertir los parámetros legales, conllevaba indudablemente una infracción al principio de legalidad que el superior funcional de quien la impuso, la omitió o la fijó por fuera de los límites prefijados en la ley, podía y debía oficiosamente corregir ajustando la sanción al precepto o preceptos que con antelación a la comisión de la ilicitud la preveían”.

“Una tal situación ha conducido a observar la conjugación o concurrencia de dos garantías superiores que muestran una tensión a la hora de valorar su aplicación; de un lado, el principio de legalidad de la pena, y —de otro— el de la prohibición de agravarla en las condiciones del artículo 31 de la Carta, respecto de los cuales la Sala de Casación se inclinaba por dar prelación al primero de los mencionados bajo el entendido que la limitante sólo puede operar respecto de una pena legalmente señalada e impuesta. Sin embargo, no hay duda que la nueva visión del instituto por parte de la corporación también debe aparejar la expresión de un argumento en contra de lo que se venía sosteniendo.

“En efecto, aparte de que un incremento de la pena impuesta a quien luego se convierte en apelante único constituye un evidente sorprendimiento, respecto del cual ningún reclamo medió ante el superior que conoce de la apelación; y asimismo que emerge como un factor de incompetencia predicable del ad quem, sobre todo cuando ese aspecto no ha sido materia de discusión en el recurso, para la Sala es claro —además— que una decisión en esa dirección por parte del superior no hace más que reconocer que por intermedio de quien lo representa —que no es otro distinto al juez inferior— el Estado ha cometido un error, siendo palmario, igualmente, que en un evento tal la carga de la corrección comporta un ingrediente peyorativo que vendría a recaer con exclusividad en hombros del condenado como único recurrente, quien —como se insistirá— jamás aspiró a la hora de impugnar hallarse frente a una respuesta o una situación más grave que la resuelta en primera instancia”.

(...).

“...la prohibición a la reformatio in pejus se nutre de todos los ingredientes propios de una garantía fundamental y que —en esa calidad— hace parte del debido proceso, sin que su pleno reconocimiento deba ceder ante otro derecho constitucional como el de legalidad, en la medida en que la preservación de éste trae aparejados sus propios mecanismos de garantía, como son -de una parte- los medios de impugnación y -de otra- plurales sujetos procesales por cuya actividad, presencia y compromiso, a través de la activación de aquéllos, pueden evitar la vulneración de la mencionada garantía fundamental”.

(...).

“...cuando una sentencia amenaza o infringe el ordenamiento legal en desmedro de los intereses del Estado o de la sociedad misma, es a la Fiscalía o al Ministerio Público a quienes atañe la restauración del régimen legal vulnerado por vía del ejercicio de los correspondientes medios de impugnación, ordinarios o extraordinarios, sin que le sea dable al juez —a riesgo de derruir la estructura del sistema— asumir oficiosamente las labores que solo a aquellos conciernen”.

“Por eso, si a pesar de la ilegalidad que pueda comportar un fallo, ni la Fiscalía, ni el Ministerio Público en cuanto defensor del ‘orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales’ (art. 122 ibídem), acuden a los medios previstos por el ordenamiento para evitar dicho atentado, no puede tal omisión sino significar su asentimiento con aquél y la renuncia a que el Estado examine su propia decisión, de manera que aun hipotéticamente en el caso de que ninguno de los sujetos procesales recurriere la sentencia del a quo, con todas las falencias que pueda acusar ella haría tránsito a cosa juzgada”.

En similares términos en decisión del mismo día (mayo 18/2005), radicado 22150, la Sala enfatizó que:

“a) Cada modelo de Estado tiene unos valores que le dan sentido como organización política. Si ello es así, el modelo de derecho penal que corresponde a cada modelo de Estado, no puede ser ajeno a esa axiología. El Estado absolutista, por ejemplo, tenía una estructura de valores en la que se imponía el Estado, luego la sociedad, y por último el individuo. El Estado demoliberal, de clara ascendencia formalista, por su parte, trocó la escala e impuso en primer lugar la sociedad, luego el individuo y en tercer lugar al Estado; y en Estado social de derecho al individuo, luego a la sociedad y por último al Estado.

“Al haber avanzado hacia una organización política antropocéntrica que realza al ser humano como eje de la organización estatal, se replantea la manera de entender y de concebir la idea del derecho y la justicia como conceptos que incorporan la fuerza vital de los derechos humanos. Por esa razón, el derecho penal de estos tiempos, no puede ser sino un derecho limitado por la axiología del Estado y la dignidad humana, de modo que las tensiones que surgen en su interior deben resolverse en el contexto de los fundamentos que inspiran este modelo de organización social y política, para el caso, a favor del individuo.

“b) Por principio, la situación del apelante único puede mejorarse pero no agravarse. Las partes apelan para mejorar su situación, no para empeorarla; solo en ese entendido los recursos adquieren sentido. Permitir, por tanto, que quien recurre en apelación o casación sea sorprendido con una decisión más gravosa de la que pretendió mejorar, constituye un claro desconocimiento de los principios y fines que gobiernan el derecho de impugnación (resaltado fuera de texto).

“c) La prohibición de la reforma en perjuicio es un tema vinculado con la noción de competencia, que como parte del debido proceso material implica que el único juez que tiene competencia plena es el de primera instancia; los demás (juez de apelación y de casación), tienen una competencia condicionada. Esto significa que el primero puede decidir sin más limitaciones que las que le imponen la naturaleza del asunto y las garantías fundamentales, mientras que los últimos solo pueden pronunciarse sobre los aspectos que son materia de impugnación.

Cuando el juez de apelación o de casación decide pronunciarse por fuera de los marcos temáticos fijados por el impugnante, para agravar su situación so pretexto de salvaguardar el principio de legalidad, desborda el marco de su competencia, y por ende su decisión termina vulnerando el debido proceso. (resaltado fuera de texto).

“d) El principio de legalidad, tal como ha venido siendo precisado por la Corte Constitucional, trae aparejados mecanismos propios de protección, como el control por parte del Ministerio Público y la Fiscalía, quienes están en el deber de velar por su integridad, de suerte que, si por descuido o negligencia de los agentes estatales encargados de su salvaguarda, se presentan violaciones al mismo, estos errores no pueden ser trasladados al procesado, para hacerlo víctima de ellos.

“e) El artículo 31 de la constitución nacional, al disponer que el superior no puede agravar la pena impuesta al condenado cuando sea apelante único, no establece diferenciaciones de índole alguna.

“Propender, por tanto, en una diferenciación a partir de distinguir entre la reforma peyorativa que atenta contra el principio de legalidad de la pena, y la que no lo hace, constituye una interpretación odiosa.

“Estas las razones por las cuales la Sala reconsidera su postura tradicional en torno a la prevalencia del principio de legalidad sobre el de reformatio in pejus, y resuelva dar plena aplicación a este último, sin consideración a la legalidad o ilegalidad de la decisión. Por eso se abstendrá en el presente caso de imponer a los procesados la pena de multa que los juzgadores de instancia omitieron aplicar”.

En la misma línea jurisprudencial la Corte en decisión de 14 de marzo de 2006, radicación 440452 señaló que:

“Si uno de los pilares en los que descansa la prohibición de reforma peyorativa es el principio que se expresa en la fórmula tantum devolutum quantum appelatum(1), que impone como obligatoria la sustentación del recurso de apelación al punto que no hacerlo implica forzosamente que la impugnación se declare desierta, es claro que el superior no puede pronunciarse sino sobre lo que es materia de discusión.

“Y como el recurso no se limita a solicitar una determinada decisión sino que debe indicar las razones por las que la petición ha de ser atendida, a esos dos aspectos se debe reducir el pronunciamiento del ad quem porque de lo contrario excedería la competencia que deriva de la inconformidad del recurrente, circunscrita al contenido del reclamo”.

También bajo los lineamientos del sistema de procesamiento acusatorio la Corte ha insistido en que ha de prevalecer el principio de la no agravación o de no reforma en perjuicio sobre el de legalidad, de ahí que la situación del apelante único puede mejorarse pero nunca hacerse más gravosa, en claro acatamiento del artículo 20 de la Ley 906 de 2004 limitante de la competencia del superior.

Se ha insistido en que en un sistema de partes la citada interdicción se refiere no sólo al agravar la situación del procesado, sino cuando se le sorprende con argumentos ajenos a su pretensión, por ejemplo en sentencia de 28 de febrero de 2007 (rad. 26087) la corporación precisó que:

“Comporta violación del principio [non reformatio in pejus] la introducción de una temática nueva por parte del funcionario judicial que desata la apelación, respecto de la cual el recurrente no ha tenido oportunidad de ejercer el derecho de contradicción. Esto porque a partir de un sistema que se caracteriza por ser de partes, quien recurre pone los límites a la competencia de la segunda instancia, de modo que cuando se desborda tales linderos, inexorablemente perjudica su situación(2)”.

Bajo esta óptica, el instituto de la prohibición de reforma peyorativa como garante de los derechos del condenado impide agravar su situación y prima frente a la vulneración de principio de legalidad, porque en el sentenciado no pueden recaer los efectos de los yerros en que incurren los funcionarios en la labor de administrar justicia.

En este caso, el juez de primera instancia al momento de tasar la pena para el delito de extorsión se ubicó en los rangos de 192 a 288 meses contemplados en el artículo 244 del Código Penal, y por la circunstancia de agravación del numeral 3º del artículo 245 incrementó los extremos de 216 a 312 meses, luego de lo cual se ubicó en el primer cuanto punitivo de 216 a 240 meses para fijar la sanción en el límite superior de tal rango, luego a esos 240 meses le rebajó la mitad por razón del grado de tentativa para quedar en definitiva en 120 meses de prisión.

Por su parte, el tribunal evidenció el error del a quo al desconocer los criterios legales del proceso dosimétrico, de un lado porque ante la circunstancia agravante como sólo se trataba de una proporción determinada se debía aplicar sólo al máximo de la infracción básica y no hacerlo también al mínimo, y de otro, en relación con la tentativa no debía reducirse la mitad de la cifra ya cuantificada sino afectarse ambos límites pues la pena se debía ubicar en no menos de la mitad del mínimo, ni más de las tres cuartas partes del máximo.

Para la enmienda, el juez colegiado se ubicó en el ámbito de 192 a 384 meses que corresponde al delito de extorsión agravada y por razón de la modalidad de tentativa al quedar en 96 a 288 meses le arrojó un cuarto punitivo de 96 a 144 meses, tomó éste límite superior al que redujo a la mitad, esto es, 72 meses, tras reconocer la rebaja de la mitad de la pena dada la reparación según las previsiones del artículo 269 de la Ley 599 de 2000.

Así las cosas, como lo hace ver el demandante y lo avalan los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría en su intervención, deviene palmario que al corregir el tribunal los errores dosimétricos de la pena le significó en últimas al enjuiciado un aumento de la pena de 120 meses a 144, es decir de 10 a 12 años de prisión.

Por lo tanto, la Corte deberá subsanar tal dislate dado el desconocimiento de la reforma peyorativa en la que se incurrió en la decisión de segundo grado, el cual tuvo incidencia en la sanción finalmente impuesta, y para ello habrá de disminuirse la mitad respecto del monto fijado por el a quo ante el reconocimiento por parte del tribunal de la figura de la reparación, por lo tanto, de los 120 meses se procederá a rebajar la mitad para quedar en total en 60 meses de prisión, mismo término que cobijará la sanción accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

De otra parte, en cuanto a la sanción pecuniaria, como lo señaló la representante del Ministerio Público en la audiencia de sustentación, no es viable hacer alguna modificación porque con ella no se desmejoró la situación del procesado. Recuérdese que inicialmente el juez de primer grado la fijó en 3100 smlmv en tanto que el tribunal ubicado entre los parámetros que correspondían al delito de extorsión agravado en el grado de 1500 a 4500 smlmv, se ubicó en el límite máximo del primer cuarto punitivo, 2250 smlmv, a los cuales les rebajó la mitad por la reparación para quedar en definitiva en 1125 smlmv.

Además, de atender el pedimento del censor y radicar la rebaja en el monto fijado por el a quo (3100 smlmv), solo se obtendría la reducción a 1550 smlmv, lo cual le eliminaría interés para recurrir y de paso sería una reforma en peor.

Finalmente, como quiera que en las instancias le fue negada al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria al observar que no se reunían los requisitos legales para su otorgamiento, esas consideraciones no pierden vigencia a pesar de la reducción punitiva que se va a hacer en un año de prisión, pues la entidad del delito, así como el monto de pena hacen inviables los aludidos institutos.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CASAR parcialmente la sentencia impugnada en el sentido de fijar en sesenta (60) meses la pena de prisión y la de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, impuestas al procesado Gonzalo Ancízar Rudas Ramírez.

2. DECLARAR que los restantes ordenamientos del fallo impugnado se mantienen incólumes.

Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen».

(1) Tanto se apela, tanto se devuelve. Lo que no ha sido impugnado, no puede ser fallado de nuevo.

(2) En idéntico sentido decisiones de 21 de marzo de 2007, radicación 25862 y de 21 de abril de 2010 radicación 33418.