Sentencia 40067 de enero 22 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad. 40067

Acta 01

Magistrado Ponente:

Dr. Rigoberto Echeverri Bueno

Bogotá, D.C., veintidós de enero de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Corte

No le asiste razón a la réplica en sus objeciones relacionadas con el cumplimiento de los presupuestos técnicos del recurso, pues al final de la demanda de casación es posible identificar el alcance de la impugnación y, con ello, la intención clara del actor de lograr la casación parcial de la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se reemplace la condena de indexación emitida por el juzgador de primer grado, por la de indemnización moratoria consagrada en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.

En lo que concierne al fondo del recurso, aunque la sentencia recurrida no es lo suficientemente prolija en su argumentación, es posible inferir que la improcedencia de la indemnización moratoria fue fundada por el tribunal en la creencia de que la demandada mantuvo una conducta ajustada a los postulados de la buena fe, durante la ejecución de la relación laboral que se tuvo por demostrada. Dicho aserto se deriva, entre otras, de la cita de la decisión de esta Sala de la Corte del 20 de noviembre de 2007, Radicado 30935, en la que se justifica la mora del Instituto de Seguros Sociales por la “... convicción de que la relación estaba regida por un vínculo distinto al de un contrato de trabajo”.

Los errores de hecho cuya ocurrencia denuncia el censor, se encuentran todos correctamente encaminados a desvirtuar dicho pilar fáctico, atinente a que la conducta de la demandada estuvo ajustada a la buena fe, teniendo en cuenta que el actor cumplía turnos de atención, se sometía a órdenes y directrices, tenía la condición de trabajador oficial y existían varias decisiones precedentes que clarificaban la naturaleza del vínculo que mantenían servidores puestos en iguales circunstancias a las suyas, de forma tal que el Instituto de Seguros Sociales conocía plenamente que las condiciones contractuales estaban apegadas a las cualidades propias de los contratos de trabajo y, por ello mismo, nunca pudo actuar bajo la confianza de que su conducta estaba ajustada a un medio de contratación legítimamente desarrollado.

Una vez examinados los documentos cuya indebida valoración se acusa en el cargo, para la Corte le asiste razón al censor en su reproche, pues de dichos medios de prueba, objetivamente analizados, no se puede inferir que la conducta de la demandada hubiera estado ceñida a la íntima convicción de que la contratación del actor era ajena a la que es característica de las relaciones de trabajo subordinado.

En efecto, en los contratos de prestación de servicios obrantes a folios 6 a 86 puede verse que la relación de trabajo del actor se mantuvo durante más de 9 años, de manera personal y directa, en condiciones de continuidad, por lo que nunca se dieron aquellas situaciones excepcionales y discontinuas que justificaban el recurso a las condiciones de contratación estatal previstas en la Ley 80 de 1993, en las que se escudó la entidad demandada. Adicionalmente, dichos documentos demuestran que el Instituto de Seguros Sociales mantuvo durante largos años un uso inapropiado de contratos de prestación de servicios, a sabiendas de que mantenía una relación con elementos propios del trabajo subordinado.

De acuerdo con los documentos obrantes a folios 69 a 149, el actor estaba sometido a turnos definidos por el instituto demandado, en horarios específicos, y carecía de una plena autonomía para definir las condiciones en las que prestaba sus servicios profesionales. En la certificación obrante a folios 228 a 231 consta igualmente la continuidad de la relación de trabajo que mantuvo y la remuneración mensual que le era pagada por la entidad demandada.

La conclusión del tribunal relacionada con que el Instituto de Seguros Sociales tenía la “... convicción de que la relación estaba regida por un vínculo distinto al de un contrato de trabajo”, no se deriva razonablemente de las pruebas anteriormente descritas que, como consecuencia, fueron indebidamente valoradas.

Las falencias en la apreciación de las pruebas calificadas en casación, legitiman el examen de las declaraciones de los señores Fausto Barajas Forero, Edgar Acevedo Puerto y Alfonso Peñaloza Wilches (fls. 282-284 y 288-290), quienes coinciden en afirmar que el actor prestaba sus servicios personales como médico, en el servicio de urgencias de la demandada, en horarios de atención por ella definidos, que se cumplían en las mañanas y en las noches, de lunes a domingo, que requería de autorización para ausentarse de las instalaciones, que cumplía órdenes de sus coordinadores y que, en general, prestaba sus servicios en las mismas condiciones de los demás servidores de planta.

Todo lo anterior conlleva a concluir que, como lo reclama el censor, el Instituto de Seguros Sociales tenía pleno conocimiento de que las condiciones contractuales en las que se desarrollaba la relación de trabajo del actor se identificaban con las características propias de los contratos de trabajo subordinado, de manera que no podía tener, al mismo tiempo, la fiel convicción de que no estaba obligada al pago de los derechos que se reclamaron en el proceso.

En tal contexto, la intención de la demandada no pudo ser otra que la de eludir las normas laborales que protegen el trabajo subordinado, a través de la simulación de contratos estatales de prestación de servicios, que en realidad cumplían con todas las condiciones para ser catalogados como contratos de trabajo. Dicha conducta así entendida no puede entenderse ajustada a los postulados de la buena fe y, por lo mismo, el tribunal incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura, al inferir que la conducta del Instituto de Seguros Sociales estuvo ceñida a la buena fe y que, por ello, se debía descartar la imposición de la indemnización moratoria prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949. El cargo es fundado.

Como consideraciones de instancia, además de las reflexiones anteriormente desarrolladas, se debe recordar que esta Sala de la Corte ha sostenido de manera reiterada y pacífica que el pago de la indemnización moratoria no puede desecharse por el solo hecho de que el empleador obligado se escude en la existencia de un contrato de prestación de servicios, pues no es posible asumir reglas absolutas ni esquemas preestablecidos en el momento de analizar la procedencia de dicha sanción, ya que corresponde al juez del trabajo examinar las condiciones particulares de cada caso y con arreglo a ellas definir lo pertinente.

En el presente asunto, se insiste, de conformidad con las pruebas recaudadas en el curso del proceso, el juzgador de primer grado no podía entender que el Instituto de Seguros Sociales había actuado bajo la legítima convicción de que la naturaleza de la relación era diferente de la laboral y que, por ello, no estaba en la obligación de pagar los salarios y prestaciones sociales que reclama el actor. Aunado a ello, no existe alguna justificación legítima frente a la mora en el pago de dichos derechos y, por lo mismo, procede el pago de la indemnización contemplada en el artículo 1º de la Ley 797 de 1949.

Vale la pena destacar, por otra parte, que esta Sala de la Corte, en reciente orientación jurisprudencial, ha defendido la imposición de la sanción moratoria a la entidad aquí demandada, por su recurso continuo e inadecuado a los contratos de prestación de servicios, a pesar de que en realidad ejecuta relaciones de trabajo subordinado. En la sentencia del 25 de mayo de 2010, Radicado 37120, manifestó al respecto:

“Para la Corte se equivocó el tribunal al confirmar la absolución dispuesta por el juzgado por indemnización moratoria, en cuanto las pruebas que denuncia el cargo como los contratos de prestación de servicios y las constancias sobre los turnos cumplidos por la demandante, muestran la conducta injustificada del instituto de acudir a la ley de contratación administrativa para simular lo que en realidad son vínculos laborales, y así eludir el pago de derechos de esa naturaleza en perjuicio del trabajador.

Y es que existen múltiples pronunciamientos judiciales en situaciones muy similares a la aquí analizada en que esa clase de vinculaciones realizadas por la demandada han sido calificadas como contrarias a la ley laboral y sin embargo, persiste en acudir a una forma de contratación impertinente para regular verdaderas relaciones de trabajo subordinado donde van a operar signos distintivos de contratación laboral como se evidencia en el sub lite, con los elementos probatorios acusados donde emerge la subordinación a que fue sometida la demandante en el cumplimiento de sus funciones.

Esta situación inocultable ha llevado a la Corte a fijar una posición en el sentido de que el instituto demandado abusó de otras formas de contratación como la prevista en la Ley 80 de 1993, para refugiarse en esa aparente legalidad, con el fin de evadir el reconocimiento de derechos y prerrogativas que la ley reconoce a quienes están amparados por la normatividad que regula el trabajo humano subordinado, y que le resultaban económicamente más gravosas.

En sentencia de 23 de febrero de 2010, Radicado 36506, expuso esta Sala:

‘Y en lo que tiene que ver con los varios pronunciamientos por parte de esta corporación en otros asuntos análogos, donde se consideró en más de un centenar de ocasiones, que los contratos de prestación de servicios celebrados por el Instituto de Seguros Sociales bajo el amparo de la Ley 80 de 1993 eran en realidad laborales y a los que alude la censura en el ataque, la verdad es que, el Instituto de Seguros Sociales ha hecho caso omiso a ellos y persiste en continuar utilizando esta forma de contratación para situaciones como la que ocupa la atención a la Sala, en la cual como atrás se explicó, conforme al acopio probatorio examinado, está plenamente acreditado que el vínculo del demandante de la manera como se desarrolló, en definitiva no encaja dentro de los presupuestos de la citada preceptiva, lo que sumado al conocimiento que tenía la demandada sobre lo que aflora de la realidad en el manejo de esas relaciones, conlleva a considerar bajo estas directrices, que el actuar sistemático del instituto demandado se constituye en burla de derechos fundamentales del operario.

(...).

Así las cosas, y sin hesitación alguna, el material probatorio recaudado deja al descubierto, que el instituto demandado no logró acreditar una conducta tendiente a mitigar o conjurar el incumplimiento en el reconocimiento de las prestaciones sociales al actor, que haga derivar la buena fe y que permita eximirlo en calidad de empleador de la consiguiente indemnización moratoria, convirtiéndose en insostenible la posición asumida de tiempo atrás por dicho accionado y expresada nuevamente en este asunto en la respuesta al libelo demandatorio, esto es, de creer entender que el vínculo se regía por un contrato de prestación de servicios’.

Por las razones anteriores, prospera el cargo, y la sentencia del tribunal será parcialmente casada en cuanto confirmó la absolución por concepto de indemnización moratoria”.

Teniendo en cuenta el alcance de la impugnación y el hecho de que la indemnización moratoria resulta incompatible con la indexación de las condenas impuestas, como se ha definido entre otras en las sentencias del 7 de julio de 2010, Radicado 36897, y 18 de septiembre de 2012, Radicado 44385, en sede de instancia, se revocará parcialmente el literal d) del numeral primero de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta el 29 de enero de 2008, en cuanto impuso la indexación de las condenas allí impartidas, y, en su lugar, se impondrá el pago de la indemnización prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949.

De acuerdo con el salario asumido por el juzgador de primer grado —$ 1.573.305—, que no fue combatido en el recurso de apelación, por dicho concepto se condenará a la entidad demandada al pago de $ 52.443.50 diarios, desde el 1º de octubre de 2003, noventa días después de finalizada la relación laboral, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, y hasta que se efectúe el pago completo de las prestaciones sociales que le fueron impuestas.

Sin costas en el recurso. En las instancias, estarán a cargo de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, casa parcialmente la sentencia dictada el 28 de agosto de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Carlos Hipólito Uribe Guatibonza contra el Instituto de Seguros Sociales, en cuanto confirmó la condena por indexación de las sumas debidas y ratificó la decisión de absolver a la entidad demandada del pago de indemnización moratoria. No la casa en lo demás.

En sede de instancia, se revoca parcialmente el literal d) del numeral primero de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cúcuta el 29 de enero de 2008, en cuanto dispuso la indexación de las condenas allí impartidas, y, en su lugar, se condena a la demandada al pago de la indemnización prevista en el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, en cuantía igual a $ 52.443.50 diarios, desde el 1º de octubre de 2003 y hasta que se efectúe el pago completo de las prestaciones sociales que le fueron impuestas.

Sin costas en el recurso extraordinario de casación. En las instancias, estarán a cargo de la parte demandada.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen».