Sentencia 40079 de mayo 29 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Rad.: 40079

Acta 18

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., veintinueve de mayo de dos mil doce.

EXTRACTOS: «X. Se considera

Previa la resolución de los ataques que formula la censura, dado que el actor estuvo vinculado con el Banco Tequendama mediante un contrato de trabajo, y discute la existencia simultánea de otro de igual naturaleza con la aquí demandada Fiduciaria Tequendama, ambas pertenecientes al mismo grupo empresarial, importa recordar las exigencias que para la coexistencia de contratos de trabajo, ha señalado de vieja data la Jurisprudencia de esta Sala.

Ciertamente, desde el Tribunal Supremo del Trabajo quedó dicho:

“La pluralidad multiplicidad de compromisos no se opone a la subordinación se si(sic) ejecutan sin interferirse en sus modalidades de espacio y tiempo convenidos para cada uno (...) ni antes ni después del código la legislación ha sido opuesta a la pluralidad de patronos” (cas. mar. 10/54. Romero vs. Industrias Oliver).

Posteriormente, el mismo tribunal reiteró:

“No se opone a la existencia del contrato de trabajo el que el actor en varias ocasiones celebrara y ejecutara diversos contratos en forma independiente: la ley permite la coexistencia de contratos con dos o más patronos. Sobre este asunto, en alguna ocasión el tribunal supremo adujo las siguientes opiniones del autor Cabanellas: ‘Hoy se admite la pluralidad o multiplicidad de compromisos, siempre que las tareas a que se obligan no coexistan en la ocasión, momento u oportunidad; vale decir que las obligaciones no sean coetáneas o contemporáneas, pues de serlo, desaparecería automáticamente el elemento subordinación’” (cas. jun. 10/59, G.J. XC, núms. 2211, 2ª parte, pág. 855).

Muchas décadas después, la doctrina citada en precedencia se ha mantenido. En efecto, en sentencia del 12 de marzo de 1992, radicado 4812, enseñó esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente:

“Ha de observarse en primer lugar que no obstante el hecho de permitir el ordenamiento laboral la coexistencia de contratos (CST, art. 26), es indudable también que la multiplicidad de compromisos no deben coexistir ‘en la ocasión, momento u oportunidad’, es decir, que las actividades no sean coetáneas o contemporáneas, pues si ello ocurre desaparecería el elemento subordinación.

Debe, entonces, darse un deslinde que sea suficientemente claro, que no deje duda alguna en cuanto a que el tiempo, energía y dedicación que se vinculan a una actividad sean diferentes a las que se ejecutan en la otra función. Si esa separación no se da en forma concreta, puede deducirse razonadamente que la segunda actividad sea una derivación del desarrollo propio de la primera ocupación.

La jurisprudencia ha expresado sobre el particular que ‘la legislación nacional, ni antes ni después del Código Laboral, no ha sido opuesta a la pluralidad de patronos. No sería lícito aprovechar los servicios de una persona ya obligada con otra, a sabiendas, para luego negarle las garantías y derechos provenientes de su trabajo.

Siendo la jornada de trabajo un límite máximo a la duración del servicio, es permitido sin quebrantar contrato alguno, trabajar para otra persona fuera de ese límite o bien dentro del mismo si uno de los patronos no lo requiere ni lo exige tan completo como lo autoriza la ley’”.

En pasado próximo más cercano, en sentencia del 2 de septiembre de 2008, radicado 31701, insistió la corporación:

“(...) es posible material y jurídicamente que una persona celebre varios contratos laborales con un mismo empleador u otros de diferente naturaleza. Pero cuando coexistan varios contratos de trabajo con un mismo empleador, ‘su deslinde debe ser de tal naturaleza claro, que no ofrezca la menor duda en cuanto a que el tiempo, la energía y la dedicación que se vinculan a la primera sea distinta de las que se brindan a la segunda. De no ser así, es muy probable que quien observa la última pueda juzgarla razonablemente como una derivación o consecuencia de la dinámica propia de las gestiones o establecimientos que han servido y sirven para llevar a cabo la primera’ (sent., dic. 13/54), que fue precisamente lo que sucedió en el sub examine”.

En este orden de ideas, a partir de las reglas jurisprudenciales referidas, procederá la Sala a la revisión de las acusaciones, con el fin de verificar si el demandante ahora recurrente, demostró que la actividad que desarrollaba en el Banco Tequendama era, sin duda, diferente “en la ocasión, momento u oportunidad” a las funciones que desempeñaba en la Fiduciaria Tequendama, y no obstante ello el juez de alzada, erró en su juicio por la “por la equivocada estimación de las pruebas” que relaciona en el primer cargo.

Pues bien, al revisar la Sala el acta 121 de la junta directiva de la Fiduciaria Tequendama que obra a folios 60 y siguientes del expediente, encuentra que en efecto el actor fue designado por la misma como oficial de cumplimiento, y al confrontarla con la sentencia impugnada, encuentra así mismo que ello fue lo que infirió el tribunal que al punto dijo: “a folio 67 del plenario se encuentra el nombramiento del señor Saúl Forero Amaya como nuevo oficial de cumplimiento”. A esta conclusión también arribó a partir de la documental de folios 233 y siguientes, igualmente acusada de errónea estimación, en la que conforme emana de su contenido, como lo afirmó el sentenciador, “obra referencia de actas de junta directiva, por las cuales designan” al actor, como oficial de cumplimiento de la Fiduciaria Tequendama S.A. Siendo ello así, no incurrió el sentenciador en los errores de valoración que le achaca la censura.

En lo que respecta a la documental que obra al folio 128, ha de señalarse que el tribunal la valoró conjuntamente con el requerimiento que le formuló la superintendencia del ramo a la fiduciaria demandada (fls. 124 a 125), en cuya respuesta adujo la accionada que el actor como oficial de cumplimiento, en virtud de la sinergia corporativa le reportaba al auditor general del Banco Tequendama y contaba con un equipo de trabajo humano y técnico para el desarrollo de sus funciones, en una “oficina debidamente equipada” ubicada “en la dirección general del banco”, entidad que además hacía las apropiaciones presupuestales necesarias para que él y su equipo de trabajo pudieran cumplir cabalmente sus funciones, todo conforme “contrato de sinergia corporativa” suscrito entre las dos entidades.

En la misma comunicación se lee, que el cargo de oficial de cumplimiento se dispuso conforme a lo ordenado en la Circular 46 de 2002 de la entonces Superintendencia Bancaria; que en cumplimiento de la citada circular el actor presentaba informes mensuales, y que el cargo se diseñó en el organigrama del banco y de la fiduciaria, como un empleo de alto nivel y autonomía para la toma de decisiones, que debían ser acatadas por los estamentos de la fiduciaria.

Así las cosas, de manera atendible y razonable el juez de alzada concluyó que “el actor estuvo vinculado mediante contrato de trabajo con el Banco Tequendama desde el 1º de noviembre de 1992 al 1º de mayo de 2003, y que por decisión de la junta directiva de la Fiduciaria Tequendama, fue designado como oficial de cumplimiento”; que tal designación se efectuó en cumplimiento a lo dispuesto en las circulares 46 de 2002 y 25 de 2003 emanadas de la “Superintendencia Bancaria” y que en virtud de tal función “debía rendir informes a la junta directiva de la demandada, sin que por tales hechos se pueda predicar la existencia de la relación laboral deprecada en los términos establecidos en los artículos 22 y siguientes del código sustantivo del trabajo, ya que no se encontró probada la subordinación, elemento necesario para establecer si entre las partes de la litis existió un contrato de trabajo.

De modo que esa documental unida a la de folios 233 y siguientes, en la que también se apoya la censura para señalar que se demostró la subordinación del demandante con la accionada, no dicen nada distinto de lo que infirió el tribunal. Cosa diferente es que esas documentales y otras que no fueron cuestionadas por el recurrente, tales como la certificación laboral emanada del Banco Tequendama, la Circular 25 de 2003 (fls. 170 a 191), y la “misiva obrante a folio 124 a 125”, lo llevaron a deducir de manera razonable que esos hechos no permiten “predicar la existencia de la relación laboral deprecada en los términos establecidos en los artículos 22 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, ya que no se encontró probada la subordinación, elemento necesario para establecer si entre las partes de la litis existió un contrato de trabajo”.

Así las cosas, estima la Sala que el juicio de valor que el tribunal le imprimió a la documental en cuestión, es ponderado y acorde con la jurisprudencia citada a espacio, porque su examen no permite vislumbrar, en forma suficiente, clara e indiscutible, que respecto del actor coexistieron dos contratos, uno con el Banco Tequendama y otro con la Fiduciaria Tequendama, ambas compañías, no sobra decir, pertenecientes a un mismo grupo empresarial.

En lo que atañe a la conciliación suscrita entre el demandante y el Banco Tequendama que obra folios 132 a 133, estima la Sala que la razón está del lado del juzgador y no del recurrente, toda vez que al revisarla sin dubitación alguna se concluye, que la misma fue literalmente acogida en la sentencia, al decir del tribunal que el contrato de trabajo que los ligó estuvo vigente hasta el “1º de mayo de 2003, fecha en la cual el contrato de trabajo terminó por mutuo acuerdo de las partes para lo cual se suscribió el acta de conciliación número 16 ante la inspección 17 del trabajo (...)”.

De otra parte, en lo que al interrogatorio de parte corresponde (fls. 154 a 155), ha de reiterar la Corte que el mismo no constituye prueba calificada en casación a menos que de su contenido fluya una confesión, la que no se configura en el caso bajo estudio, toda vez que revisada se observa que no contiene manifestaciones que produzcan consecuencias jurídicas adversas a la fiduciaria o que favorezcan a la parte demandante, requisitos legales que al efecto exige el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil.

Ciertamente, esta probanza da cuenta que la demandada designó al actor como oficial de cumplimiento; que en desarrollo de tales funciones periódicamente presentaba informes tanto a la junta directiva de la fiduciaria así como a los entes estatales de control y vigilancia; que las actividades que ejecutaba Forero Amaya no fueron subordinadas ni retribuidas por la Fiduciaria Tequendama, en tanto las ejecutaba en ejercicio del cargo de gerente de división del Banco Tequendama, inferencias estas a las que arribó el colegiado al decir:

“La representante legal de la demandada, absolvió interrogatorio de parte visible a folio 154 a 159, de la cual afirmó que el actor presentaba informes periódicos a la junta directiva de la fiduciaria y al Grupo financiero Tequendama, afirmando que las reportaba igualmente a la Unidad Especial de Información y análisis Financiero UAIF, sin que recibiera instrucciones de la junta directiva, ya que las funciones la Circular 25 de 2003; así mismo afirmó que el demandante no tenía vinculo alguno con la Fiduciaria Tequendama, pues la función de oficial de cumplimiento la realizó conjuntamente con la de gerente del Banco Tequendama”.

Así las cosas, no prospera la acusación del demandante en lo que a esta probanza se refiere, en cuanto según quedó visto, no constituye prueba calificada en casación y en tanto fue valorada de manera sensata por el juez de segunda instancia, quien al unísono de otras pruebas coligió, que entre las partes no se configuró un contrato de trabajo, porque sus funciones las desarrollaba en ejercicio del cargo que desempeñaba en el Banco Tequendama.

En lo que concierne a las actas de la junta directiva 122 a 132, que obran a los folios indicados por el recurrente en el séptimo de los numerales del acápite de pruebas que acusa de errónea apreciación, en criterio de la Corte fueron razonablemente valoradas cuando quiera que de ellas infirió el juzgador, que el actor fue designado por la junta directiva como oficial de cumplimiento y que en ejecución de sus funciones, periódicamente le presentaba a ese organismo y los de control estatal, los informes sobre lavado de activos.

Finalmente, conforme se lee en la providencia atacada, los certificados de existencia y representación legal del banco y de la fiduciaria no fueron soporte de la decisión, por manera que el ataque ha debido enderezarse por su falta valoración, mas no por su equivocada estimación, error, que en lógica consecuencia, no se configuró.

Dimana de lo anterior que el ad quem analizó algunos medios probatorios, unos acusados de errónea apreciación y otros no, de los cuales coligió que procedía la confirmación de la absolución proferida en la primera instancia, conclusión que no constituye error evidente de hecho, en tanto los juzgadores de instancia gozan de la potestad legal para apreciar libremente la prueba y así formar su convencimiento acerca de los hechos en controversia, con base en aquellos elementos que más lo induzcan a hallar la verdad real y no la simplemente formal que aparezca en el plenario, conforme lo dispuesto en el artículo 6º del CPL y S.S. de manera que, mientras sus inferencias sean lógicas y aceptables quedan cobijadas por la presunción de legalidad y acierto que prevalece sobre las conclusiones subjetivas de las partes.

Sigue de lo anterior que los cargos segundo y tercero, no tienen de donde prosperar, en tanto los ataques por indebida aplicación e interpretación errónea del artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, están cimentados en la declaración judicial de la configuración del contrato de trabajo, de modo que si el ad quem coligió su inexistencia, no se equivocó al absolver a la demandada del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones impetradas en la demanda.

A más de lo anterior, y comoquiera que en los dos últimos cargos el recurrente remite a los argumentos expuestos para sustentar el primero que orientó por la vía de los hechos, debe recordar la Corte que en la demostración de un cargo por la vía directa, la censura no puede separarse de las conclusiones fácticas a que haya llegado el tribunal, pues su fundamentación debe girar en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados o aplicado

s(sic) indebidamente, o erróneamente interpretados, pero en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideración que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relación con las pruebas.

En consecuencia, como la censura no logró demostrar los yerros fácticos y jurídicos que le enrostró al tribunal, los cargos resultan infundados el recurso no prospera.

Como hubo réplica, costas en sede de casación será cargo del recurrente, las cuales se fijan en la suma de seis millones de pesos m/cte. ($ 6’000.000.oo).

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de octubre de 2008, en el proceso ordinario que adelantó Saúl Forero Amaya contra Fiduciaria Tequendama S.A.

Costas como se indicó en la parte motiva.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y publíquese».