Sentencia 40103 de octubre 30 de 2012

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN LABORAL

Radicación 40103

Acta 39

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve

Bogotá, D.C., treinta de octubre dos mil doce.

EXTRACTOS: «VI. Primer cargo

Dice el recurrente:

“La sentencia gravada infringe por la vía indirecta, en la modalidad de aplicación indebida (violación de medio) los artículos 57 de 1 (sic) Ley 2ª de 1984, 28 y 29 de la Ley 712 de 2001, a consecuencia de lo cual dejó de aplicar el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 en armonía con el 36 de la Ley 100 de 1993; artículos 1º, 11, 13, 50, 141 y 142 ibídem. Artículos 48 y 53 de la Constitución Nacional”.

Relaciona como errores evidentes de hecho, los siguientes:

“— Dar por demostrado, sin estarlo, que la apoderada de la demandada, mostró reparo frente al reajuste pensional por razón distinta de los factores tenidos en cuenta para liquidar la mesada pensional.

— No dar por demostrado, que la apoderada de la demandada, solo cuestionó el asunto de la base sobre la cual se hicieron los aportes, pero no que el IBL fuere el 75 (sic) del promedio del último año”.

Indica que fue erróneamente apreciada la documental de folios 90 a 91.

En la demostración del cargo, afirma, en síntesis, que la apoderada de la caja demandada, no cuestionó la decisión en relación con la liquidación del IBL según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues su inconformidad se limitó a que la actora no había hecho aportes sobre la base de todos los factores salariales que devengaba.

Estima que al decidir el ad quem sobre cuestiones diferentes a las planteadas en la alzada, violó el principio de congruencia, actuó sin competencia, e incurrió así en la violación de medio denunciada. Apoya su discurso en la Sentencia 30.030 del 15 de enero de 2001 de esta Sala de la Corte.

VII. Se considera

La jurisprudencia de la Sala Laboral de Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en precisar, que cuando la violación de la ley sustancial se pretende derivar de la equivocada estimación de las pruebas o de su no valoración, como aquí acontece, no es cualquier desatino del juzgador el que le da al traste con su proveído, sino únicamente aquel que tenga la connotación de “manifiesto”.

Ese carácter surge frente a transgresiones fácticas patentes, provenientes de dislates en el examen de los elementos de juicio, lo que no se presenta en el sub judice, en razón a que en el memorial de alzada se lee que la caja recurrente sí impugnó la decisión condenatoria de primera instancia, en lo que a los factores de liquidación de la pensión corresponde, por manera que el tribunal, contrario a lo que sugiere la censura, sí tenía competencia para pronunciarse sobre el particular y no actuó en contrario al principio de consonancia.

En efecto, la sustentación de la apelación, tal y como se lee en el memorial de folios 90 a 91, cuya errónea apreciación se acusa, además de las cuestiones que resalta la censura, dice textualmente lo siguiente:

“(…) las normas han ligado los factores para aportes a cotizaciones a los factores liquidables para la jubilación”.

“La Ley 100 de 1993, prevé régimen especial (…) por lo cual esa norma se debe aplicar al estudiar la petición.”

“No es recomendable que un funcionario que cotizó únicamente sobre asignación básica, se le reconozca la pensión incluyendo los factores recibidos pero de los cuales no cotizó para pensiones”.

Al leer la sentencia, encuentra esta Sala de la Corte que lo trascrito, a más de otras argumentaciones, fue lo que tuvo en cuenta el tribunal para estudiar la alzada; luego no se avizora la configuración de ninguno de los yerros que le achaca la censura.

Adicionalmente, no es ajeno a la Corte que el recurrente acusa, como violación de medio, la infracción de los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984 y 28 y 29 de la Ley 712 de 2001, referido el primero al deber de presentar en el término legal la sustentación del recurso ante el funcionario que profiera la providencia de la que se disiente, y los dos últimos, en su orden, a los diferentes recursos y a la procedencia de la apelación; ninguno de los cuales se relaciona con el discurso demostrativo del cargo.

En tales condiciones, no se configuró la violación de las normas adjetivas denunciadas y por contera, no se demostró la transgresión de las disposiciones sustantivas que consagran el derecho pensional deprecado.

Por lo expuesto, el cargo no prospera.

VIII. Segundo cargo

Lo presenta en los siguientes términos:

“La sentencia gravada infringe por la vía directa, en la modalidad de interpretación errónea los artículos 1º de la Ley 33 de 1985 y 36 de la Ley 100 de 1993, en armonía con los artículos 1º, 11, 13, 50, 141 y 142 ibídem. Artículos 48, 53 y 58 de la Constitución Nacional”.

Al sustentar la acusación, cuestiona en síntesis, que el tribunal al revocar la decisión condenatoria de primera instancia, se hubiere apoyado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Trascribe los contenidos de los artículos 27 y 31 del Código Civil y luego afirma, que el citado artículo 36 es claro y no admite interpretaciones diferentes a las que fluyen de su tenor literal, por manera que en su entender la forma de liquidar la pensión del demandante es con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, mas no como erróneamente lo interpretó el tribunal, con base en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Cita en extenso la sentencia del Consejo de Estado del 13 de marzo de 2003, de la cual omite número de radicación, y luego se extiende en consideraciones, orientadas a variar el criterio reiterado de esta Sala en torno al tema en discusión, que concreta en dos puntos a saber:

“1. Aplicar la tesis que de que a los servidores públicos también se les aplica la figura del IBL es nada más y ni nada menos que violentar el principio de inescindibilidad o conglobamento, reglado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual ‘En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes del trabajo prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad”, por cuanto que se estaría tomando los requisitos para la pensión de dos normatividades distintas, vale decir, la edad y el tiempo de servicios de la Ley 33 de 1985 en armonía con la Ley 6ª de 1945, y el monto de la Ley 100 de 1993, lo que resulta inadmisible, so pena de violentar el referido principio de derecho laboral.

2. Además, liquidar el monto de la prestación de vejez a los empleados públicos con arreglo a la Ley 100 de 1993, violenta, de manera evidente, el principio de igualdad consignado en el cano(sic) 13 superior’, aspecto que luego pasa a exponer en un ilustrativo ejemplo”.

Una vez ilustrado el ejemplo, concluye:

“El empleado del sector público resulta desmejorado en un 15% con respecto a uno del sector privado, aun en el evento en que ambos devengaren, como en el ejemplo propuesto, iguales asignaciones durante los años anteriores a su condición de pensionados, que es el que sirve para cuantificar el ingreso base de liquidación.

Por tanto, si la doctrina de la Corte se ha de mantener, debe aplicarse al pensionado el porcentaje respectivo de acuerdo a la densidad de semanas cotizadas que posea, para cuyo efecto se convertirán en tiempo de servicios y de esa manera garantizar un trato igual de dos personas que se encuentran en similar condición”.

IX. Se considera

Vista la motivación de la sentencia impugnada, observa la Sala que el juez colegiado para revocar el fallo del a quo, consideró que la forma para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión que disfruta la demandante, se rige por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hermenéutica que apoyó con pronunciamientos jurisprudenciales de esta corporación.

Por su parte la censura busca que se determine jurídicamente, que el tribunal le dio un entendimiento equivocado al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al no liquidar la pensión de la actora estableciendo el IBL con la aplicación en su integridad del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir, tomando lo devengado en el último año de servicios, con lo cual se respetaría el principio de inescindibilidad o conglobamento de la norma, máxime si se tiene en cuenta que aquel canon de la nueva ley de seguridad social, expresamente dispone que los beneficios respecto de la transición se traducen en la aplicación del régimen anterior, en todo lo que tiene que ver con el tiempo de servicios, la edad y el monto de la pensión.

Planteadas así las cosas, la controversia gira en torno a definir la norma aplicable para calcular el IBL de la pensión de vejez que viene disfrutando la promotora del proceso.

En ese contexto, de entrada encuentra la Corte que le asiste entera razón al sentenciador de segundo grado. Ciertamente, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 garantiza a sus beneficiarios, la utilización de la normativa que se aplicaba en cada caso, únicamente en lo concerniente a tres aspectos: la edad, el tiempo o número de semanas cotizadas, y el monto de la prestación, entendido este último como el monto porcentual de la pensión. En esas condiciones, el ingreso base de liquidación se regula, por regla general, conforme a lo dispuesto en la mencionada Ley 100.

En conclusión, el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, respecto de quien cotizó o devengó en el sistema de seguridad social integral, en ningún caso permite tomar para conformar el IBL de la pensión, el promedio de lo percibido en el último año de servicios, que es la aspiración principal del demandante recurrente, y desde esta perspectiva no pudo cometer la colegiatura ningún yerro jurídico, por manera que es infundada la acusación.

Finalmente, en lo que corresponde al discurso encaminado a que esta Sala rectifique el criterio jurisprudencial que dejó santeado desde la sentencia del 27 de marzo de 1998, rad. 10.440, ha de señalarse que no ofrece el recurrente reflexiones que conduzcan a su modificación, entre otras razones porque la sustentación se basa, de una parte, en el artículo 21 del Código Sustantivo de Trabajo, inaplicable en su parte individual a los servidores públicos, conforme a lo mandado en sus artículos 3º y 4º, y en tanto lo edifica en la violación del principio constitucional a la igualdad, que como se sabe, acepta un trato diferenciado, que no discriminatorio, entre los desiguales, como sin duda lo son trabajadores del sector privado y los empleados públicos. Así las cosas, el criterio actual recientemente reiterado entre otras, en las sentencias 44238, 37929 y 40961, del 15 de febrero y 10 de mayo de 2011, las dos primeras, y del 24 de abril de 2012, la última, se mantiene.

De acuerdo lo expuesto, el cargo no sale avante.

Como no hubo réplica, sin costas en sede de casación.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala de Descongestión de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 31 de octubre de 2008, en el proceso ordinario adelantado por Paulino Jaraba, contra la Caja Nacional de Previsión Social.

Sin costas, como se indicó en la parte motiva.

Cópiese, notifíquese, publíquese y devuélvase al tribunal de origen».