Sentencia 4011-2003 de julio 13 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Rad.: 25000-23-25-000-2000-3294-01

Número interno: 4011-2003

Magistrado Ponente:

Dr. Alberto Arango Mantilla

Actor: Severo Acosta Tarazona.

Bogotá D.C., trece de julio de dos mil seis.

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en Sala de la fecha debatió el presente asunto y acordó remitir por importancia jurídica la actuación a la Sala Plena de la Sección Segunda.

La Sala Plena de la Sección Segunda en sesión de esta misma fecha asumió el conocimiento del caso y lo resuelve con la mención previa de los siguientes

Antecedentes

Mediante sentencia de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil cinco (2005) la Subsección “A” resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha 21 de marzo de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmándola en cuanto negó las pretensiones de la demanda.

El señor Severo Acosta Tarazona instauró acción de tutela contra las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, el 21 de marzo de 2003 y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” de fecha 17 de febrero de 2005.

Mediante sentencia proferida el 30 de marzo de 2006 la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional revocó las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 8 de septiembre de 2005, y el Consejo de Estado, Sección Quinta, el 21 de octubre de 2005, y en su lugar concedió la tutela al debido proceso del señor Severo Acosta Tarazona. De igual forma, dispuso dejar sin efectos la sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, del 17 de febrero de 2005. Se ordena que en el término de un mes contado a partir de la notificación de la sentencia se profiera “una nueva decisión sobre la demanda presentada por el señor Severo Acosta Tarazona, teniendo en cuenta los parámetros señalados en la parte considerativa”, de su sentencia de 30 de marzo de 2006.

Se decide con fundamento en las siguientes

Consideraciones

El recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue resuelto mediante sentencia de fecha 17 de febrero de 2005, por medio de la cual se confirmó la decisión recurrida que negó las pretensiones de la demanda.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Advierte en esta ocasión la Sala que no es posible admitir el ejercicio de la acción de tutela contra providencias judiciales por cuanto no existen normas constitucionales ni legales que la autoricen.

Así se ha expresado este criterio:

Las normas sustanciales que permitían acciones de tutela contra providencias judiciales, desaparecieron del ordenamiento jurídico. Mediante Sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que establecían:

ART. 11.—Caducidad. La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providencias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la providencia correspondiente.

ART. 40.—Competencia especial. Cuando las sentencias y demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, proferida por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente. Cuando dichas providencias emanen de magistrados, conocerá el magistrado que le siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la correspondiente sala o sección. Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala o sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la Sala Plena correspondiente de la misma corporación.

De acuerdo con el artículo 243 de la Constitución Política, los fallos que la Corte Constitucional dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Dispone, además, tal artículo, que ninguna autoridad “podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.

Es así como lo dispuesto en la Sentencia C-543 de 1992 y en particular la inexequibilidad que la Corte decretó respecto de las acciones de tutela contra providencias judiciales, según lo que acaba de expresarse, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional.

En este orden, por lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta, ni la propia Corte Constitucional puede con base en interpretaciones y criterios plasmados en pronunciamientos o decisiones jurisprudenciales, reproducir las normas declaradas inexequibles por razones de fondo mientras subsistan las disposiciones constitucionales bajo las cuales se hizo el examen de constitucionalidad.

La Constitución Política no permite, pues, acciones de tutela contra providencias judiciales. El texto del artículo 86 de la Carta fundamental es claro y no admite interpretaciones diferentes. Si se analiza el sentido de tal artículo y se hace caso a su tenor literal, la conclusión es indudable en el sentido que no es posible la acción de tutela contra providencias judiciales.

Dispone tal artículo:

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.

“La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la tutela, actué o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional, para su eventual revisión”.

“Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

“En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución”.

“La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.

O sea que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, con lo que el propio texto del artículo 86 de la Carta excluye a los jueces del concepto de autoridad pública para efectos de la acción de tutela. Pero, además, esta sección con ponencias del magistrado Alejandro Ordóñez Maldonado se ha pronunciado recientemente, sobre la improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales advirtiendo en términos que esta Sala comparte para aplicar al caso presente, que el artículo 86 permite inferir que la acción de tutela es procedente única y exclusivamente cuando el ordenamiento jurídico no haya contemplado instrumentos para proteger los derechos fundamentales y no cuando se hubieren agotado los existentes. Significa lo anterior, que cuando la citada norma permite su procedencia siempre que se carezca de otro medio de defensa judicial, se está refiriendo a la inexistente posibilidad en el ordenamiento jurídico de iniciar procesos ante las instancias judiciales (ordinaria o contencioso-administrativa); quiere decir lo precedente, que si estos medios existen surge su improcedencia.

Y continúa la Sección en términos que también esta Sala acoge para el tratamiento del caso presente, manifestando que los medios de defensa judicial son las acciones junto con los instrumentos que se otorgan a las partes durante el trámite del proceso en orden a hacer valer sus derechos y en esa medida, los recursos, los incidentes, las nulidades, la contradicción de las pruebas, las recusaciones etc., tornan improcedente la acción de tutela, porque permiten inferir que el ordenamiento jurídico sí previó medios de defensa judicial, vale decir instituyó las acciones y los instrumentos que pueden hacerse valer durante el trámite procesal.

Finalmente, advierte la Sala que la acción de tutela contra providencias judiciales puede quebrantar en materia grave aquellos principios de la cosa juzgada, de la firmeza de las providencias judiciales y, en general, el de la seguridad jurídica, pilares fundamentales de una recta, oportuna y eficaz administración de justicia que, por encima de cualquier consideración, deben no sólo preservarse sino consolidarse y reafirmarse. Garantizan ellos la vigencia de la norma jurídica como base insustituible de la vida civilizada.

La Corte Constitucional tiene a su cargo la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo 241 de la Constitución Política y es el órgano de cierre definitivo dentro de la jurisdicción constitucional. Ejerce por eso su atribución de máximo juez constitucional en el proceso de la eventual revisión de fallos de tutela que la misma Constitución Política le atribuye como lo dispone el numeral 9 del artículo 241 de la Carta. Es decir, respecto de los fallos de tutela que se produzcan en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución. Pero no respecto de otros fallos y providencias judiciales propios de la jurisdicción ordinaria o de la contencioso administrativa, cuyas competencias constitucionales y legales son indiscutibles y se encuentran clara y expresamente determinadas. Dentro de estas dos jurisdicciones y respecto de sus atribuciones y competencias normales, son órganos de cierre definitivo la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, respectivamente.

Las providencias judiciales quedan ejecutoriadas y en firme después de haberse sometido al régimen legal de recursos ordinarios y extraordinarios que establece el ordenamiento jurídico. Es por ello por lo que hacen tránsito a cosa juzgada. No pueden ser tocadas tales providencias judiciales ni siquiera por el mismo juez que las dictó.

Por último, como lo viene sosteniendo la Sección, se reitera que la tesis adoptada por la Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, en la que se elaboró el concepto de acción de tutela por decisión ilegítima, a juicio de la Sala, coarta al juez de instancia en el ejercicio de la facultad interpretativa y so pretexto de la “violación directa de la Constitución” pretende convertir la acción de tutela en la última instancia de todos las decisiones judiciales.

El caso concreto

El señor Severo Acosta Tarazona demandó de esta jurisdicción la declaratoria de nulidad de la Resolución 3 de 3 de enero de 2000, expedida por el Ministro del Interior y por medio de la cual se decretó la insubsistencia de su nombramiento como asesor código 1020 grado 07 de la planta global del ministerio. A título de restablecimiento del derecho pidió a la jurisdicción contencioso administrativa su reintegro al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría y el pago de salarios y prestaciones sociales sin solución de continuidad así como al de los perjuicios materiales y morales en los términos previstos en el Código Contencioso Administrativo.

Se trata en este caso de un empleo de libre nombramiento y remoción que pasó a ser de carrera, desempeñado por un empleado en provisionalidad por cuanto el funcionario no accede al cargo mediante concurso. Por tal razón la situación del señor Severo Acosta Tarazona no podía asimilarse en sus derechos al del desempeño por alguien de un cargo de carrera.

Por cuanto el servidor público en provisionalidad no tiene estabilidad de acuerdo con reiterada jurisprudencia de esta Sección y puede ser removido o desvinculado del servicio de manera discrecional por el nominador o desplazado por quien habiendo concursado tenga derecho a ocupar el cargo, la entidad mediante acto discrecional que no fue motivado de conformidad con reiterados pronunciamientos del Consejo de Estado, declaró la insubsistencia del señor Acosta Tarazona.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda por medio de sentencia de 21 de marzo de 2003 debidamente motivada y fundamentalmente con el desarrollo detallado de los argumentos a que se refiere el párrafo que antecede.

Interpone la parte demandante recurso de apelación contra dicha sentencia, recurso que se surte ante el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” con fundamento en atribuciones y competencias normales de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

La Subsección “A” de la Sección Segunda desató el recurso de apelación y mediante sentencia de 17 de febrero de 2005 confirmó en todas sus partes, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, la sentencia dictada en el caso del señor Severo Acosta Tarazona el 21 de marzo de 2003 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Por cuanto este caso fue definitivamente decidido por el Consejo de Estado, se reitera, como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en desarrollo de sus normales competencias, claramente determinadas como de la jurisdicción contencioso administrativa, no puede ser nuevamente fallado.

Las providencias judiciales quedan ejecutoriadas y en firme después de haberse sometido al régimen legal de recursos ordinarios y extraordinarios que establece el ordenamiento jurídico. Es por ello por lo que hacen tránsito a cosa juzgada. No pueden ser tocadas tales providencias judiciales ni siquiera por el mismo juez que las dictó.

No entiende la Sala cómo casos como este, sometidos a la decisión de los jueces, con jurisdicción y competencia debidamente establecidas y determinadas, definidos con observancia clara del debido proceso, con oportunidades precisas para el debate y la controversia a través de recursos ordinarios y extraordinarios, puedan decidirse más de una vez o decidirse nuevamente, ni tampoco cómo puedan decidirse inicialmente para ser sometidos posteriormente a una o más decisiones adicionales o finales.

Con fundamento en los argumentos que anteceden, considera la Sala que la decisión proferida por la subsección “A” el 17 de febrero de 2005 deberá mantenerse en su integridad en cuanto decidió definitivamente el litigio dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que se surtió con riguroso apego a las normas sustanciales y de procedimiento aplicables al caso concreto.

Tal decisión hizo tránsito a cosa juzgada y es por ello intangible. Nada distinto puede afirmarse entendiendo cabalmente los efectos de la cosa juzgada y el significado del principio de la seguridad jurídica que no puede en manera alguna ni desconocerse ni perderse como garantía de la efectividad del derecho.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

RESUELVE:

1. Abstenerse de proferir nueva decisión sobre la demanda presentada por el señor Severo Acosta Tarazona.

2. Estarse a lo resuelto en la sentencia proferida el 17 de febrero de 2005 por la Subsección “A” de la Sección Segunda de esta corporación y mantener en su integridad la decisión en ella contenida, por medio de la cual se confirmó la sentencia de 21 de marzo de 2003 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda del señor Severo Acosta Tarazona.

Cópiese, notifíquese y cúmplase. Aprobado en Sala de la fecha.

Alberto Arango Mantilla—Jesús María Lemos Bustamante—Jaime Moreno García—Ana Margarita Olaya Forero—Alejandro Ordóñez Maldonado. 

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